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La
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, denuncia: 1. A las 20,35 h. del presente día viernes 2 de Febrero de 2001, se dio a conocer mediante boletín de prensa emitido desde el Palacio de Gobierno, que el Presidente Gustavo Noboa Bejarano, amparado en los Arts. 180 y 181 de la Constitución, decretó el Estado de Emergencia y la Movilización de las FF.AA. en todo el territorio nacional, según Decreto Ejecutivo Nº. 1214, mediante el cual faculta a los ministros de Defensa, Alm. (r) Hugo Unda y de Gobierno, Ab. Juan Manrique, que procedan a ejecutarlo a partir de este instante. 2. El Estado de Emergencia es declarado en todo el territorio nacional, al igual que la Movilización de las FF.AA. y la Policía Nacional y se faculta a la Fuerza Pública realizar las requisiciones que se determinan en los Arts. 54 y 55 de la Ley de Seguridad Nacional, así como se suspenden las garantías ciudadanas contempladas en los numerales 12, 14 y 19 del Art. 23 de la Constitución, es decir los derechos de: movilización, libre circulación, libre asociación y la inviolabilidad del domicilio. 3. El Estado de Emergencia fue argumentado con el justificativo de que los indios "decidieron romper el diálogo", en referencia a la resolución de todas las organizaciones indígenas de no entrar a dialogar con el Gobierno sin la presencia del Presidente de la República en la tarde de hoy, demanda previa y ampliamente difundida, al constatarse que horas antes de que ambas partes iniciaran la esperada -y trunca- reunión entre 50 dirigentes nacionales de los indígenas con el Presidente de la República y parte de su Gabinete; éste abruptamente resolviera abandonar la capital y trasladarse a la ciudad de Guayaquil, creando en los indígenas y las organizaciones populares la duda acerca de su real voluntad política de apertura al diálogo y la desconfianza en sus procedimientos. 4. El Estado de Emergencia ha levantado una generalizada ola de preocupación en todo el país, sectores sociales, opinión pública, medios de comunicación, organismos y agencias de prensa internacionales acreditadas en Ecuador, por la incertidumbre y amenazas que multiplica su declaratoria y las posibilidades de que tan sólo logre la radicalización de las posiciones en ambas partes y una aguda represión, cuya escalada ha sido repudiada por amplios segmentos de la Nación. Los ojos del país y de la prensa están atentos, a partir de este instante en la sede de la Universidad Salesiana de Quito, donde se encuentran instalados miles de indígenas, entre mujeres, niños, ancianos y hombres, así como militantes de los frentes populares y movimientos sociales que los han acompañado, temiéndose que el Gobierno ordene el desalojo, dada la escalada progresiva de la represión que se hiciera notoria durante la presente semana en que empezó el levantamiento indígena. 5. La APDH alerta al Gobierno nacional que, si bien la Constitución Política de la República del Ecuador efectivamente faculta al Presidente declarar el Estado de Emergencia como una de sus atribuciones, está impedido categóricamente de ordenar o permitir el uso desproporcionado de la fuerza, los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de prensa. Aún en estados de excepción, la normativa constitucional e internacional en materia de DDHH debe ser acatada y respetada por la Fuerza Pública, que no puede amparar su actual conducta de violencia excesiva con el argumento de las "órdenes superiores", pues ningún funcionario está exento de responsabilidad, y la "orden superior" no les absolverá de las demandas penales que emanen de los actos contempleados como "brutalidad policíaca". 6. Hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional y a los Organismos de Derechos Humanos del mundo, a estar alertas de la preocupante situación del Ecuador, que puede agravarse aún más con el establecimiento del Estado de Emergencia. Solicitamos a todas las entidades del mundo y especialmente a las que hacen parte del Sistema de Naciones Unidas y las ONGs de DDHH, realizar "Acciones Urgentes" y emitir con premura sus pronunciamientos ante el Gobierno del Dr. Gustavo Noboa, para: A) Que se observe el estricto
respeto de los derechos humanos, las garantías ciudadanas y las
libertades públicas, más aún cuando se ha constatado
que desde el inicio del levantamiento indio y la protesta social, la escalada
progresiva de la represión ordenada por el Gobierno nacional, ha
conducido al cometimiento de gravísimos atentados contra esos derechos
y la dignidad humana. 7. Siendo las 12,40 h. de la noche, los indígenas continúan en la Universidad Salesiana, hay alrededor de 350 niños y más de mil mujeres, entre ellos. La APDH mantiene un equipo de tres activistas en el interior de esta casona, y está encargado de monitorear y acompañar la situación y de mantener el enlace con nuestros equipos en el exterior. Los medios de comunicación social continúan llegando, los dirigentes indios han decidido iniciar una huelga de hambre en protesta contra el Estado de Emergencia y para presionar por la reanudación del diálogo; y han llamado a un Diálogo Nacional de la Sociedad Civil en este mismo edificio, para ir construyendo colectivamente el proyecto de país que soñamos. 8. Las acciones urgentes
y pronunciamientos dirigir a: |