APOYO
Y SOLIDARIDAD CON LOS PETROLEROS DE ECUADOR
Federación Nacional
de Trabajadores Petroleros, FETRAPEC (12 de Julio del 2003)
Los trabajadores de
PETROECUADOR (empresa estatal de petróleo en Ecuador), a través de la
Federación Nacional de los Trabajadores Petroleros (FETRAPEC) hacen
un llamado a la solidaridad entre los trabajadores latinoamericanos.
En este momento, los compañeros se encuentran en lucha contra una serie
de medidas que avanzan en la privatización de la empresa y contra la
persecución iniciada por el gobierno de Lucio Gutiérrez contra los dirigentes
de la categoría. Hubo una huelga de los trabajadores de la empresa contra
las medidas privatistas, que terminó bajo una fuerte represión del gobierno,
con la dimisión de decenas de trabajadores. Como parte de este operativo
represivo fue decretado el orden de prisión contra varios sindicalistas
de la categoría. El presidente de la FETRAPEC fue arrestado el día 23
de junio (y libertado el 1º de julio), y hay muchos dirigentes forajidos
en este momento.
El
Gobierno de Gutiérrez persigue a trabajadores petroleros
El golpe de estado en PetroEcuador
La Federación Nacional
de Trabajadores Petroleros - FETRAPEC- denuncia una campaña
de persecución política y policial, despidos masivos de
trabajadores y acoso a las organizaciones laborales de la empresa estatal
PETROECUADOR que protagonizaron el más grande paro hidrocarburífero
de los últimos treinta años en contra de la política
privatizadora del régimen de Lucio Gutiérrez.
El régimen a través del Ministro de Energía Carlos
Arboleda ha desatado una campaña con rasgos fascistas en contra
de la dirigencia del paro, disponiendo juicios penales y ordenes de
prisión por terrorismo y sabotaje en contra de once dirigentes
sindicales: Marcelo Román, Diego Cano, Fernando Villavicencio,
Faustín Valencia, Mario Escobar, Miller Quiñónez,
John Plaza, y otros tres dirigentes del oleoducto; además ha
dispuesto el despido de 52 trabajadores en primera instancia, mientras
se preparan acciones similares para otros doscientos trabajadores.
La mayoría de dirigentes se encuentran en la clandestinidad,
pero la mañana de este lunes fue detenido Faustín Valencia,
Presidente de FETRAPEC, además se denuncia el allanamiento
de varios domicilios, la intervención de teléfonos, violación
de la privacidad familiar, campañas de desprestigio público
y amenazas en contra de familiares de los líderes de la jornada
de movilización.
El frente laboral petrolero fue uno de los sectores más cercanos
a Gutiérrez, fueron pieza clave en el derrocamiento del régimen
de Mahuad junto al movimiento indígena a otros 400 oficiales
del ejército, además apoyaron la campaña Presidencial
del hoy Mandatario y hasta hace 15 días, varios de sus mejores
cuadros coadministraron la más grande empresa estatal del Ecuador...Petroecuador,
pero fueron removidos por una súbita destitución de sus
puestos, en momentos en que se discutían varios contratos millonarios
y la privatización de la empresa a lo que se oponen los trabajadores
y los sindicatos.
La
privatización invisible del petroleo en el Ecuador
Las causas básicas para el golpe de estado
en PetroEcuador
Los cuatro
mil trabajadores/as de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
PETROECUADOR concluyeron una jornada de movilización y paralización
de actividades a nivel nacional, en rechazo a la política hidrocarburífera
del Presidente Lucio Gutiérrez y su Ministro de Energía
y Minas Carlos Arboleda, dirigida a la privatización y concesión
de la más grande y rentable empresa nacional que aporta al año
un 40% del Presupuesto del Estado, unos US$ 2 mil millones anuales.
La propuesta levantada por los trabajadores tenía cuatro puntos
básicos:
1. Oposición a la entrega de los cinco grandes campos petroleros,
refinerías, terminales, oleoductos y poliductos, al sector extranjero
a través de contratos de Asociación, por cuanto esa modalidad
contractual solo es aplicada para proyectos de riesgo. Además
con estos contratos el Estado apenas recibiría una participación
del 40%. Actualmente Petroecuador entrega al Estado el 99.3%. De aprobarse
los contratos de asociación, solo en la producción de
crudo el Estado iba a perder cerca de 11 mil millones de dólares
en 20 años.
2. Que todo el petróleo del Estado de los contratos de Participación,
Prestación de Servicios y Campos Marginales, se transporte por
el oleoducto estatal SOTE con una tarifa de US$ 0,35 por barril, y no
por el ducto privado OCP con una tarifa de US$ 2,00 por barril. La diferencia
representa un ahorro para el país superior a los 45 millones
de dólares anuales. La propuesta técnica de los trabajadores
significa acabar con los perjuicios por las mezclas de crudos, transportando
el petróleo por batcheo: 110 mil barriles día de crudo
de 26.5° API para refinería Esmeraldas con lo cual la planta
mejoraría un 15% la producción de productos limpios; cincuenta
mil barriles día de crudo de 28° API para la Refinería
La Libertad; y el resto crudo mezclado de 24.7° API para la exportación.
El Estado no tiene porque financiar una obra privada como el OCP.
3. Apoyo para que la Filial PETROCOMERCIAL envase y comercialice gas
licuado de petróleo, en sus plantas que se encuentran abandonas
o semi paralizadas, para lo cual deberá conformar una red propia
de distribuidores en los sectores: indígena, campesino y urbano
marginal, la participación de PETROCOMERCIAL en el marcado de
GLP permitiría reducir en 20 millones de dólares anuales
el subsidio estatal, además de regular y controlar el mercado
dominado desde hace 15 años por transnacionales como AGIP Y REPSOL-DURAGAS.
4. Importación de GLP en forma directa a través de un
Convenio con PDVSA, con lo cual el país recuperaría US$
50 millones anuales. Flopec participaría en el transporte y almacenamiento,
hasta que el Estado construya el almacenamiento en tierra.
Este caso aceleró la caída del Presidente Ejecutivo y
de varios miembros del Consejo de Administración que impulsaron
acuerdos con la estatal venezolana PDVSA. Las ex autoridades de Petroecuador
resolvieron no renovar o ampliar el contrato de importación de
GAS con la compañía Trafigura por los altos costos para
el Estado y autorizó las negociaciones con PDVSA, Marcelo Román
del CAD junto al Gerente de Comercio Internacional iniciaron las gestiones
con la empresa venezolana y con FLOPEC. El objetivo era dividir el contrato
en dos: uno el de importación de GLP con PDVSA y otro el de transporte
y almacenamiento flotante con la empresa ecuatoriana FLOPEC.
Un día después de haber adoptado esta resolución
el régimen dispuso la destitución sin proceso del Presidente
de Petroecuador, capitán Guillermo Rosero, y los miembros del
Consejo de Administración: Víctor Hugo Jijón de
Pachakutik, Marcelo Román, representante de los trabajadores
y el capitán Alex Guzmán; y nombró nuevas autoridades,
todas vinculadas el Foro de Opinión Petrolera FOPEC, una alianza
de compañías transnacionales y profesionales vinculados
al capital extranjero.
Las
calumnias del contrato colectivo y las indemnizaciones
En conjunción de
intereses el gobierno, las Cámaras de Empresarios, las transnacionales
y sus parlantes, los autodenominados grandes medios de información,
pretendieron opacar los objetivos de la movilización petrolera
con supuestas demandas laborales, firma del contrato colectivo y millonarias
indemnizaciones.
Respecto al Séptimo Contrato Colectivo, los trabajadores suscribieron
un acuerdo de cogobierno con Lucio Gutiérrez en el cual no se
iba a negociar el contrato colectivo, como se puede evidenciar en al
Ministerio del Trabajo y en la Presidencia de Petroecuador, donde no
se encontrará una sola acta de reuniones desde hace 8 meses.
Lo único que fue aprobado por el Consejo de remuneraciones para
el Sector Público CONAREM, fue un incremento salarial del 8%,
equivalente a 8 millones de dólares para el 2003, lo que no fue
aprobado por el Directorio de PETROECUADOR. En cambio el Ministro Arboleda
sí hizo aprobar US$ 5.6 millones de dólares para 114 funcionarios
de libre remoción que fueron puestos en cargos claves, con sueldos
elevadísimos y sin cumplir con los perfiles profesionales que
manda la Ley.
En la campaña de desprestigio pública en documentos falsos
enviados por el Ministro Carlos Arboleda a los medios se señala
que el incremento salarial para el Séptimo Contrato Colectivo
es de 200 millones de dólares. El incremento que estuvo previsto
por el CONAREM y que finalmente no se dará para este año
era de apenas US$ 8 millones al año. El costo total del gasto
corriente para cuatro mil trabajadores incluyendo todos los derechos
contemplados en la contratación colectiva llega a US$ 100 millones
de dólares, que representa apenas el 4% del presupuesto total
de inversiones de PETROECUADOR.
En contraparte cada trabajador de PETROECUADOR genera una utilidad neta
al año de 352 mil dólares, tiene los costos de producción
más bajos del continente: 2.84 por barril que ubican a la empresa
estatal petrolera como la tercera más rentable de América
según la Revista América Economía.
Respecto a las indemnizaciones, esta fue una política impuesta
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario en el marco de la reducción
del tamaño del Estado y la privatización de PETROECUADOR.
Se trataba de estimular la salida de personal a través de provocativas
renuncias "voluntarias". En ese camino el gobierno de Noboa
a través de Rodolfo Barniol incrementó tres veces la fórmula
de cálculo de las indemnizaciones. Ahora que los trabajadores
quieren comer el caramelo fondomonetarista resulta que éste está
envenenado. Entonces viene la condena.
Pero los comités de empresa han rechazado la mayoría de
renuncias voluntarias que corresponden a ex autoridades de la empresa
que no deben beneficiarse de ese derecho por cuanto no están
protegidas por el contrato colectivo. Es el caso de ex vicepresidentes
que pretenden llevarse 300 mil dólares cada uno, porque renunciaron
con un sueldo correspondiente a Jefe, escala 25 (US$ 2 mil 500) y sobre
esa remuneración se calcula la indemnización. En cambio
para el 90% de trabajadores que están en escalas medias y bajas,
con un salario promedio de 700 dólares, las remuneraciones por
renuncia voluntaria, luego de haber trabajado 20 años, no superan
los 60 mil dólares. En el fondo las renuncias voluntarias se
presentan porque hay una amenaza permanente de privatizar la empresa.
La
impunidad y la corrupción en PetroEcuador
Los casos
de corrupción más escandalosos que fueron denunciados
por los trabajadores petroleros a los organismos de control el año
anterior y que incluso, estuvieron condenados por el candidato Lucio
Gutiérrez, han quedado en la completa impunidad, por el contrario,
los beneficiarios de esos contratos millonarios copan hoy el espacio
íntimo del Ministro Carlos Arboleda.
Palo Azul.- Un informe de la CCCC de marzo de 2003 establece que el
campo Palo Azul de propiedad de Petroecuador con 140 millones de barriles
de petróleo ( 3 mil millones de dólares) fue adjudicado
ilegalmente a la compañía Perez Compac-Ecuador TLC provocando
millonarios perjuicios al Estado. La CCCC exigió al Ministro
Arboleda que suspenda el contrato y revierta el campo a la empresa estatal,
pero el Ministro no solo que ratificó el contrato sino que tiene
a Gonzalo González, representante de Pérez Companc, como
su asesor en materia petrolera.
Contrato con Enap de Chile.- El Presidente Gutiérrez exigió
al gobierno de Noboa no firmar el contrato con Enap para la entrega
de cuatro campos petroleros de PETROECUADOR a la empresa chilena estatal,
por cuanto era ilegal y perjudicial para el Ecuador; sin embargo el
régimen anterior suscribió el convenio y entregó
cuatro campos con 120 millones de barriles de petróleo liviano
(2.500 millones de dólares). El CAD anterior hizo todos los estudios
técnicos, económicos y legales para demandar la ilegalidad
del proceso, pero el Ministro Arboleda exigió que se suspendan
las acciones, con el argumento de que se ahuyenta la inversión
extranjera.
Más de 25 contratos por un monto superior a los 600 millones
de dólares fueron adjudicados ilegalmente en el gobierno de Gustavo
Noboa, pero ninguno ha sido revisado por el Ministro Carlos Arboleda,
todo lo contrario ha dispuesto que no se los toque.
Otros
negocios en disputa que provocaron el Golpe de estado en PetroEcuador
La política
hidrocarburífera en el régimen de Gutiérrez sigue
manejada desde las transnacionales y los bufetes de abogados Pérez
Bustamante y otros; y los contratos con PETROECUADOR son monitoreados
por un grupo de ciudadanos que representan a grandes empresas: entre
los principales contactos figuran José Dapelo, cercano a Febres
Cordero, Miguel Alvarez, quien tiene deudas con la justicia, interesados
en los contratos de Automatización de Terminales y Poliductos
APT, por un monto de 100 millones de dólares, el contrato de
almacenamiento de gas en tierra (US$ 100 millones), construcción
del poliducto Pascuales-Cueca-Machala (US$ 150 millones), la contratación
de torres de perforación y reacondicionamiento, exportaciones
de fuel oil, importación de naftas de alto octano.
Desde la Presidencia de la República, Oficina de Proyectos Especiales,
se remitieron sendas cartas firmadas por el señor Patricio Jhonson,
autorizando tramitar el Proyecto APT al señor Roberto Martínez,
incluso se presentaba directamente como enviado del Presidente Gutiérrez;
el señor Fredy Tapia delegado de la Presidencia a más
de ese proyecto tramitaba el de almacenamiento de gas y también
representaba intereses en el contrato de torres de reacondicionamiento
de pozos con la compañía Drilfor, esta gente a través
de emisarios llegaron a ofrecer 200 mil dólares a un miembro
del CAD para que se abstenga de votar el proyecto de automatización
de los poliductos y terminales, pero el funcionario demostró
que el proyecto no costaba 100 millones sino apenas 20 y que podía
ser financiado en un año y no en quince, que los estudios oficiales
determinaban que las pérdidas de combustibles apenas llegan a
un 0.2 % y que el proyecto iba a controlar pérdidas por encima
de! l 0.3% es decir, no tiene sentido la obra.
Esa fue la razón para que el régimen haya decidido remover
del CAD al funcionario que osó rechazar una ominosa coima, luego
se inventaron que no tenía título académico, cuando
más de 19 funcionarios que han pasado por el CAD no han tenido
título y mucho menos experiencia en el sector.
El Ministro de Energía Carlos Arboleda Heredia, mantiene un juicio
por falsificación de documentos y evasión tributaria,
en la importación de más de 800 órdenes, el caso
está en la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.
Arboleda Heredia es propietario de una fábrica de cantimploras,
chalecos antibala y medallitas, meses atrás vendió chalecos
para los guías penitenciarios, tres guías fallecieron
en una fuga de la cárcel, un informe de mayo del 2003 del GOE
establece que los chalecos no cumplían con las garantías
de seguridad, además se investiga el precio, pues el costo no
superaría los US$ 50 cada uno, sin embargo se habría facturado
a US$ 500 cada uno.
El asesor
de Arboleda Heredia en temas de seguros, es su cuñado Carlos
Albornoz, corredor de seguros vinculado a la compañía
la Unión, el país se va a enterar a quien se adjudica
el contrato de seguros de PETROECUADOR. La subsecretaria y la dirección
de Minas del Ministerio están manejadas por dos ex funcionarios
de la compañía Minera Odin Mining, de la cual es accionista
el ex Ministro Pablo Terán Ribadeneira; Eduardo López,
representante del Presidente de la República al Directorio de
PETROECUADOR es propietario de la compañía de servicios
petroleros SERTECPET que durante años ha mantenido contratos
con PETROPRODUCCION, según el SRI Eduardo López aparece
como evasor de impuestos y en informes técnicos y económicos
de PETROPRODUCCION se evidencia sobreprecio en la venta de bombas y
falsificación de sellos; Gilmar Gutiérrez trabajó
para la compañía "Ney Barrionuevo" que tiene
varios contratos con PETROPRODUCCION; Danny Jarrín, sobrino político
de Lucio Gutiérrez, yerno de Napoleón Villa, es el único
que sobrevivió al golpe de Estado en PETROECUADOR, el sigue en
el CAD pese a no tener título como señala el CONESUP,
apenas presentó la copia de la cédula en PETROECUADOR,
su familia es propietaria de una red de tanqueros de transporte de combustibles;
César Bonifaz, sobrino! del Ministro de Energía, ocupa
el cargo de Jefe Administrativo de PETROCOMERCIAL, no tiene título,
Bonifaz es hijo de Cásar Bonifaz con quien firmó el Ministro
el contrato para reparar una ametralladora de un tanque cuando Arboleda
fungía de Director de la Fábrica Santa Bárbara,
el caso fue denunciado por cuanto se falsificaron documentos; Cecilia
del Pozo Villa, sobrina de Napoleón Villa, ocupa un cargo estratégico,
Subgerente de Comercialización de PETROCOMERCIAL Guayaquil, el
señor Cornejo, vinculado a la señora del Pozo, es quien
autoriza los cupos de combustibles, hay denuncias de cobro del 10% por
cupo que se investigan en PETROCOMERCIAL y en la Presidencia de PETROECUADOR,
el capitán Moncayo que fue posesionado como Jefe de la Gasolinera
de la Eloy Alfaro y Amazonas, a la semana procedió a robarse
una caneca de gasolina, por lo cual fue destituido por el vicepresidente
Alberto Segovia; el hermano del Secretario de la Administración
Patricio Acosta, ocupa un alto cargo en! la Filial Petroproducción,
la señora Verónica Suárez, esposa del Mayor Marín,
implicado en casos de tráfico de migrantes, es la Subgerente
administrativa de PETROPRODUCCION, las dos ex mujeres del mayor Marín
ocupan igualmente altos cargos en Andinatel y la Superintendencia de
Bancos.
Esta es apenas una pequeña parte de las obscuras vinculaciones
familiares e intereses del régimen en PETROECUADOR, no se puede
explicar la persecución del régimen a los trabajadores
fuera de los intereses que están en juego en la más grande
empresa del país. Por ello es importante que se investigue estos
hechos.
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DpT