14 de julio de 2000,  Quito (Ecuador)
 
 Frente al escalamiento del conflicto colombiano y el innegable aumento de la intervención norteamericana, así como por las graves implicaciones y consecuencias derivadas del Plan Colombia en la región andina y particularmente en nuestro país, que acordó el acceso y uso de la Base aérea de Manta para las FF.AA. de EE UU, varias organizaciones sociales y no gubernamentales del país fomentamos el 25 y 26 de noviembre el primer Encuentro Continental por la Vida y la Paz de Colombia, al que llegaron delegados internacionales de 18 países, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, evento que fue una de las primeras alertas de la sociedad civil de la región respecto de sus graves repercusiones que hoy la comunidad nacional e internacional va conociendo de a poco en poco. 
 
2. Una de las derivaciones de dicho Encuentro fue la conformación en el Ecuador del Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador, integrado por las siguientes organizaciones sociales y no gubernamentales de carácter ambiental, social, académico y de DDHH: Acción Ecológica, Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador (APDH), Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.", Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayas, Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM), Red Hermandad Colombo Ecuatoriana y Red de Derechos Humanos y Laborales, REDHS-CEOSL. 

3. Hoy compartimos algunas de las más relevantes inquietudes de este grupo interinstitucional sobre los impactos sociales, políticos, humanitarios, económicos y ambientales de la aplicación del llamado Plan Colombia en la región andina y particularmente en nuestro país. En efecto, el Senado y el Gobierno norteamericanos acabaron de aprobar un enorme apoyo financiero (1.400 millones de dólares) al cual se añadió un paquete de ayuda entregada por la llamada "Mesa de donantes" en Europa, para la aplicación del denominado Plan Colombia, propuesta gubernamental colombiana que en EE UU fuera auspiciada y reelaborada por los senadores Mike DeWine, Charles Grassley y Paul Coverdell, uno de cuyos propósitos básicos, según esas fuentes oficiales, es combatir el narcotráfico y sus consecuencias. 

4. Este Plan que sería aplicado, de manera inmediata, en la región suroriental de Colombia, particularmente la zona fronteriza con el Ecuador, según la perspectiva de numerosos analistas de nuestro país, la región y el mundo, agravará no sólo la fragilidad social y política de la región andina, sino que también la dramática crisis humanitaria por la que atraviesa Colombia, cuya población de desplazados internos era considerada por algunos analistas la segunda en el mundo después de la tragedia en Kosovo (un millón quinientos mil colombianos desplazados en su propio territorio, según algunas fuentes), y que debido a los impactos bélicos y ambientales, desbordaría inevitablemente hacia las provincias fronterizas ecuatorianas. 
 

Informaciones y recomendaciones

En este contexto, las siete organizaciones de derechos humanos, ecologistas y académicas que constituimos el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, entregamos las siguientes informaciones precisas y puntuales recomendaciones a organizaciones y redes de la sociedad civil ecuatoriana, a las instituciones del Estado, embajadas, ONGs de la región, medios de comunicación y, en especial, la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional. Informaciones y recomendaciones que hoy exhortamos a Uds. socializarlas y darlas a conocer en su país y a sus autoridades, referidas a la Base aérea norteamericana en el puerto ecuatoriano de Manta y a los impactos del Plan Colombia en Ecuador y la región:
 
1.- En esta etapa las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana estamos demandando de las autoridades gubernamentales, especialmente la Presidencia de la República y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, la inmediata aplicación de una política de transparencia pública sobre los temas del Plan Colombia y la Base norteamericana en el puerto de Manta, estrechamente interrelacionados entre sí y que hoy se tratan bajo el velo del secretismo; decisión gubernamental en la que se deben incluir las preocupaciones y recomendaciones de la sociedad civil del país y, especialmente, las provenientes de las poblaciones fronterizas que serían afectadas.

2.- El Ministerio de RR.EE. y la Oficina de Enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), deben informar a la opinión pública el contenido del denominado "Plan de Contingencia" (y las denominadas estrategias del "Plan Ecuador" o "Plan Socio-económico fronterizo"), elaborado semanas atrás y que, al igual que la información sobre el Plan Colombia y la Base en Manta, se ha caracterizado por el secretismo oficial. Los ecuatorianos tenemos el derecho a conocer los componentes sociales, económicos, militares y humanitarios de dicho Plan de Contingencia, pues varias ONGs pudimos tener acceso a la lectura del primer borrador oficial y allí, insólitamente, no se registraba, como les constó a los delegados de la Cruz Roja y otras instancias, la situación de los Grupos Humanos Vulnerables (mujeres, niños y ancianos, especialmente), así como sus correspondientes fuentes de financiamiento (se afirma, según datos de prensa, que serían 2 millones de dólares, pero fuentes oficiales no han señalado monto específico alguno).

Este Plan de Contingencia no quiso ser entregado una vez que formalmente el Grupo de Monitoreo lo solicitara a las instancias respectivas. Diseñado por el Estado ecuatoriano -FF.AA., Cancillería, entre otros- para la atención y protección de los ciudadanos colombianos desplazados, inicialmente, y refugiados, posteriormente, en territorio ecuatoriano, debe ser estructurado a la luz del Derecho Internacional Humanitario y en virtud de los instrumentos internacionales de los DD.HH. suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano, a la vez que debe ser informado y tratado con toda la sociedad, especialmente la población fronteriza de Sucumbíos (limítrofe con el departamento colombiano del Putumayo).

3.- En el marco de la grave crisis humanitaria en las zonas de frontera que se originaría por el flujo inicial de aproximadamente cinco mil campesinos pobres (datos comparativos de organismos internacionales, nacionales y humanitarios de frontera), en su mayoría mujeres y niños provenientes de las veredas y municipios del Bajo Putumayo colombiano: Orito, Puerto Asís, Valle del Guamues, La Dorada y Puerto Leguízamo; el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, debiendo contemplar el resguardo de la seguridad en la frontera, no deben ni pueden omitir los principios legales y universales de respeto a los derechos humanos de los civiles refugiados, el acato fiel a las normas del Derecho Internacional Humanitario y el entendido de la seguridad no solo desde lo militar-policial, sino la seguridad alimentaria, sanitaria, psicológica y humanitaria de nuestras poblaciones fronterizas y de las potenciales poblaciones refugiadas de Colombia en éxodo hacia el Ecuador.

4.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), debe realizar el levantamiento de información catastral en las riberas sur orientales del río San Miguel, limítrofe con Colombia, que permita confirmar o desvirtuar la información recogida por el Grupo de Monitoreo en Sucumbíos, acerca de la adquisición de tierras en esa zona de nuestro país por parte de integrantes de las denominadas "Autodefensas Unidas de Colombia" (paramilitares) cuyo cabecilla, Carlos Castaño, admitió públicamente en agosto de 1998 y febrero de 1999, que 75 ecuatorianos participaban en entrenamientos y operativos esporádicos de las AUC en la zona fronteriza ecuatoriano-colombiana.

5.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), en las provincias fronterizas, y en particular la provincia de Sucumbíos, deben intervenir de manera emergente, dada la baja y limitada cobertura de atención social, sanitaria y alimentaria a la población femenina e infanto-juvenil de la zona. Deben tomar en cuenta los estudios epidemiológicos de la violencia que existen sobre esta zona, puesto que la provincia de Sucumbíos ocupa uno de los cinco primeros lugares, a nivel nacional, en tasa de homicidios y suicidios.

6.- Es necesario pedir y analizar los informes estratégicos, geo-políticos y económicos (INFORME ESTRATÉGICO MILITAR) que debieron emitir la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), antes de que se firmara el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de EE UU de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, para actividades aéreas antinarcóticos. 

En caso de no haber sido solicitado por el Gobierno de entonces (administración de Jamil Mahuad), hemos exhortado oficialmente a la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional que proceda a pedir dicho Informe, mismo que debe incluir el Estudio de Costos y Beneficios del Acuerdo de Cooperación y el Informe Técnico Estratégico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, sobre la Base norteamericana en Manta. Solo así se podrá saber si fue o no "pertinente" precipitar dicho acuerdo, sin debatir ni consultar a la nación. Según fuentes técnicas consultadas por el Grupo de Monitoreo, las ampliaciones y adecuaciones que se han realizado en secreto dentro de la pista aérea en Manta, servirían no solamente para los aparatos encargados del monitoreo y seguimiento electrónico y de radar en la lucha regional antinarcóticos, sino que incluso posibilitarían el despegue y aterrizaje de aviones caza y bombarderos de combate. Esto debe ser transparentado, confirmado o desvirtuado pública y técnicamente por el Estado ecuatoriano y el gobierno de EE UU de América.

7.- Debemos presionar por el inicio de un debate público a nivel nacional, con la participación de la sociedad política y la sociedad civil, incluyendo la experimentada palabra de excancilleres y juristas del país, acerca de la constitucionalidad y conveniencia estratégica, política y económica para nuestro país, del mencionado Acuerdo de Cooperación, cuyo contenido es claramente atentatorio a una serie de principios constitucionales y normas internacionales, como el básico Principio de Reciprocidad que debe caracterizar a todo acuerdo o tratado entre Estados soberanos, y que no fue observado a la hora de suscribirse el Acuerdo entre EE UU y Ecuador para el acceso y uso de la Base Aérea de Manta. 

De hallarse meridianamente definida la inconveniencia de este Acuerdo, se debe instar a su inmediata anulación o suspensión o, si las condiciones políticas internacionales lo impiden, por lo menos a su revisión integral. Cabe destacar que el Grupo de Monitoreo, junto a todas las representaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, ciudadanas, de partidos, movimientos democráticos y de izquierda y grupos de base del país, hemos acordado presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del Acuerdo EE UU.-Ecuador para el acceso y uso de la Base Aérea de Manta, puesto que dicho instrumento violenta la soberanía nacional y fue suscrito sin que se haya cumplido la norma constitucional de aprobación previa por parte del Pleno del Congreso Nacional. 

De igual forma, el Grupo de Monitoreo ha resuelto informar y compartir los detalles de aquel Acuerdo de Cooperación a nuestras organizaciones pares de El Salvador y Centroamérica, en vista de la intencionalidad de suscribir un acuerdo parecido entre dicho país y EE UU en la actual coyuntura, tal como lo informa la prensa internacional.

8.- El ministro de RR.EE., Heinz Moeller, debe ser convocado a declarar en la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional y dar toda la información pertinente sobre los sucesos denunciados en los primeros días de julio, en torno a la captura –según fuentes oficiales "en aguas internacionales"- del barco ecuatoriano Elizabeth I, que transportaba 190 emigrantes ecuatorianos ilegales (así como de otras embarcaciones nacionales), en fechas anteriores, por parte de buques de la Armada norteamericana, con apoyo logístico de helicópteros y aviones de rastreo electrónico provenientes de las instalaciones de la Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, tal como lo denunció el embajador ecuatoriano Francisco Suéscum, Director General de Soberanía Marítima de la Cancillería. La aclaración transparente de esta información pedida por el Grupo de Monitoreo a la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional, incluyó la expresa petición de que la Cancillería levante la reserva y haga conocer los textos íntegros de los Memorandos internos 281-DGSMAE, 282-DGSMAE y 283-DGSMAE, de junio 28 y 29 de este año, suscritos por la Dirección General de Soberanía Marítima, Aérea y Espacial de la Cancillería ecuatoriana, donde presuntamente se informaría de la captura de 12 barcos ecuatorianos por parte de navíos de guerra norteamericanos asentados en la Base de Manta. Hay que añadir que, paradójicamente, el Director General denunciante del primer hecho (captura del Elisabeth I) fue suspendido temporalmente en sus funciones por orden del canciller Heinz Moeller, debido a la denuncia que hiciese pública respecto de este incidente.

9.- La embajadora de los Estados Unidos de América en Ecuador, Gwen Clarke, debe ser invitada al Congreso Nacional para que explique los "alcances y beneficios" para el Ecuador del uso de las instalaciones en la Base Aérea de la FAE en Manta para actividades aéreas antinarcóticos, así como el contenido de su Nota Verbal 078-2000, enviada al canciller Moeller el 29 de junio, donde a propósito del incidente con el barco ecuatoriano Elisabeth I, citaría textualmente, faltando incluso a principios diplomáticos elementales, que "EE UU se arroga el derecho de capturar cualquier barco de cualquier país en aguas internacionales", lo que constituiría una flagrante violación de la Convención de Derechos del Mar, que tipifica este tipo de incidentes como acto de piratería.

10.- Debemos exigir a los medios de comunicación social del país y la región, que acojan OTRAS VOCES, distintas a las oficiales, cuyo contenido hasta el día de hoy se caracteriza por ser alarmista, uniformizante y unilateral, tanto en Ecuador como en Colombia. Así como 50 periodistas de la región tuvieron derecho de asistir invitados por el gobierno y las FF.AA. de Colombia, a la Base militar de Tres Esquinas en dicho país, o de ser invitados y visitar -como el Grupo de Monitoreo ha llegado a conocer- la base norteamericana en Manta para conocer sus instalaciones en los próximos días, debe existir apertura democrática y transparencia informativa en los grandes medios de prensa. Así como se prepara, según el cable, la visita de una delegación oficial del gobierno colombiano a Ecuador, para explicar su versión del Plan Colombia y tranquilizar a la opinión pública, exhortamos a que los medios recojan información de otras fuentes alternativas, como es el caso de la Dra. Piedad Córdoba Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Colombia, quien fuera secuestrada por las AUC. Exhortamos que la prensa ecuatoriana aborde con ella y con otras voces sociales y civiles colombianas y de la región, sus puntos de vista para conocer la posición de la sociedad civil colombiana sobre el Plan Colombia y sus impactos en la región. La senadora Córdoba vendrá a Ecuador para participar en un evento académico.

11.- A los más destacados centros de investigación, universidades y politécnicas del país, así como los organismos ambientales prestigiados del mundo (Greenpeace y Sunshine Project, entre otros), la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso y otras instancias deben solicitarles que emitan un informe independiente sobre los impactos ambientales en las provincias fronterizas ecuatorianas y en la región andina, debido a la utilización del hongo Oxyporum Fusaryum en las masivas fumigaciones que se prevé iniciar en el departamento fronterizo del Putumayo, inscritas en el denominado Plan Colombia. 

Estos complejos temas que preocupan al Ecuador y la región, deben ser analizados y debatidos en un ambiente de transparencia, pues las consecuencias de las decisiones políticas que se tomaron o se dejaron de tomar en un momento dado, ponen en riesgo la soberanía nacional ecuatoriana, la seguridad del país y, ante todo, la vigencia y respeto de los Derechos Humanos de miles de hombres y mujeres, niños y niñas, que viven en nuestras provincias fronterizas, en particular, y de mujeres, hombres, niños y niñas que pueden llegar del país hermano de Colombia.

Finalmente, hacemos pública la decisión del Grupo de Monitoreo de ejecutar una estrategia ciudadana de resistencia pacífica y acción civil no violenta a corto, mediano y largo plazo, parecida a la que se usara en Vieques, Puerto Rico, en los últimos meses, y en Panamá en las décadas del sesenta y setenta, con el objeto de visibilizar internacionalmente la cuestionada y perjudicial presencia militar norteamericana en Ecuador, particularmente en el puerto de Manta y la región de El Coca, en la zona fronteriza amazónica, y para oponernos al Plan Colombia y sus consecuencias de regionalización e intervención.

Atentamente,

Por el Grupo civil de monitoreo de los impactos del Plan Colombia: Alexis Ponce, Vocero Nacional de la APDH del Ecuador (<quijote@porta.net>)
 

Documento inicialmente entregado a:
. Dr. Oswaldo Molestina, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional del Congreso Nacional.
. Sr. Rolando Vera, presidente de la Comisión Legislativa de DDHH del Congreso Nacional.
.  Sr. Freddy Ehlers, director del Programa La Televisión.
. Dr. Julio Prado Vallejo, ex-canciller, presidente de la CNDH.
. ONGs de DDHH, FEUE nacional.
. Diario El Espectador de Colombia y otros medios de prensa internacionales.