La
Justicia avala a l@s okupas de Can Masdeu (Barcelona) y
rechaza el desalojo
Agencias,
CGT y Derechos para Tod@s (6
de Octubre de 2002)
La Audiencia
de Barcelona ha rechazado el desalojo por la fuerza de la treintena de
okupas que desde hace un año habitan en la masía de Can
Masdeu, en el barrio de Canyelles de Barcelona, al considerar que es una
medida innecesaria, desproporcionada y la más perjudicial. Los
jueces opinan que antes de enviar a la policía al lugar, como reclamaba
el propietario de la masía, debe haber una sentencia judicial firme,
sea penal o civil.
Los afectados se felicitaron por la resolución, de la que no se
conocen precedentes, porque en la práctica avala la ocupación.
Al menos, por un tiempo. El auto dictado por la Sección Séptima
de la Audiencia de Barcelona desenreda un poco la maraña judicial
del caso y supone una tregua de al menos un año. Ese es el tiempo
que puede transcurrir hasta que haya una sentencia penal firme contra
los 9 okupas a los que el Juzgado de Instrucción número
4 de Barcelona ha abierto juicio oral. El fiscal reclama la absolución,
pero la acusación particular solicita para ellos una multa. Contra
la primera sentencia del caso podrá recurrirse ante la Audiencia,
y si al final los okupas fuesen absueltos, la propietaria del inmueble
debería intentarlo entonces por la vía civil. Pero hasta
que volviera a producirse la nueva sentencia pasaría otro año
más.
Esa reflexión también la hacen los jueces de la Audiencia
de Barcelona en la resolución, y por eso concluyen que ahora no
es el momento de enviar a la policía a la masía. El representante
de la Fundación Sant Pau -en la que están representados
el Ayuntamiento, la Generalitat y el hospital del mismo nombre- pidió
en el mes de mayo que los geos, un cuerpo de operaciones especiales de
la policía, desalojasen a los okupas. El juez del caso lo autorizó,
pero después dio marcha atrás y suspendió el desalojo
después de que 11 integrantes del colectivo okupa se colgasen en
la fachada para evitarlo y entrasen en un delicado estado de salud. La
acusación recurrió contra esa decisión y ahora la
Audiencia ha desestimado de nuevo la petición.
El magistrado Daniel de Alfonso, ponente del auto, asegura: 'Nuestro Estado
no sólo es un Estado de derecho, sino también democrático,
y sobre todo es y debe ser un Estado social'. Por eso, añade, 'la
necesidad de contribuir a la paz social, alterada en esta causa, desaconseja
la adopción de esta medida por no ser en esta fase del procedimiento
en que nos hallamos, necesaria'. El juez también cree que la 'desproporción'
que supondría el desalojo policial 'vulneraría el espíritu
y la letra de la Constitución'.
Los abogados del colectivo okupa han acogido con satisfacción la
decisión de la Audiencia de Barcelona y consideran que, así
las cosas, las instituciones deben sentarse a negociar con voluntad de
llegar a un acuerdo. 'Es el momento de apelar al diálogo y a la
responsabilidad de todos y buscar una alternativa que ayude a reorientar
el conflicto', aseguró el abogado Jaume Asens. En este sentido,
recordó que los jóvenes que viven en Can Masdeu aceptaron
hace meses, en una decisión sin precedentes, que interviniese un
mediador penal, pero sus gestiones no fructificaron por la negativa del
Ayuntamiento.
En cualquier caso, lo que resulta indiscutible es que la sentencia de
la Audiencia de Barcelona paraliza de momento los planes urbanísticos
de la zona. La masía de Can Masdeu, que data del siglo XVII, está
situada en un torrente del mismo nombre, en el barrio de Canyelles, a
500 metros escasos de la Ronda de Dalt. El paraje ocupa 400.000 metros
cuadrados de masa forestal y los planes municipales para la zona prevén
que una parte de esa superficie se dedique a zona verde, en lo que se
pretende un nuevo acceso al parque de Collserola. El resto se venderá
a la iniciativa privada para que lo destine a un equipamiento formativo
o sociosanitario. Can Masdeu acogió hasta 1950 una leprosería
que dependía del hospital de Sant Pau y desde entonces permaneció
deshabitada hasta que el pasado mes de diciembre se instalaron en ella
los okupas.
'Ahora tenemos a casi todo el mundo a favor: al juez instructor, a la
Audiencia, al fiscal y a los vecinos de la zona. Supongo que las instituciones
recapacitarán', aseguró el abogado Jaume Asens. Los okupas
de Can Masdeu, por el contrario, no eran tan optimistas y recordaban sus
irrenunciables planteamientos 'A la okupación, la Audiencia Provincial
ni quita ni da la razón, sino la justicia social, la gente y el
sentido común', afirmaba un portavoz de los okupas, para quien
la resolución judicial no cambia demasiado las cosas. 'Estamos
contentos, pero tampoco es para dar saltos de alegría, porque nueve
personas siguen inculpadas y están pendientes de juicio', aseguró.
'Nos alegraríamos si se hubiera protegido el parque de Collserola
o si se hubiera garantizado el derecho a la vivienda de la gente', añadió
el portavoz de los okupas, quien recordó el desalojo reciente de
otra casa. Se trata de La Torreta, en el número 77 de la calle
Olzinelles, en el barrio de Sants, que estaba ocupada desde hacía
tres años.
La resolución de la Audiencia tampoco es ajena al movimiento okupa
y en un apartado dedica una reflexión poco habitual. Eso sí,
en lenguaje judicial. 'La vigente regulación procesal en esta materia
-la okupación- está demandando una necesaria y urgente reforma,
adecuada a las presentes exigencias sociales derivadas, entre otras, del
notable incremento experimentado en los últimos años en
los delitos contra el patrimonio... Mientras dicha ansiada reforma llega
será siempre preciso acudir a la Constitución', dicen los
jueces. Y eso es lo que hicieron ellos.
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