"La mayoría de la sociedad chilena exige que Pinochet sea juzgado"

Mario Amorós de "Tiempo" entrevista a Carmen Hertz, abogada de la acusación
12 de agosto de 2000

La Corte Suprema de Chile acaba de despojar a Augusto Pinochet de su inmunidad parlamentaria y abre así la posibilidad de que el hoy senador vitalicio sea procesado y juzgado por su responsabilidad criminal en la desaparición de 19 personas en octubre de 1973, en el operativo militar conocido como Caravana de la Muerte. El presidente del alto tribunal, Hernán Alvarez, ha anunciado que el martes 8 de agosto explicará los términos del fallo, filtrado por fuentes judiciales a la prensa la semana pasada.

Una de aquellas 19 víctimas fue Carlos Berger, periodista, abogado y militante comunista de 29 años. Su viuda, Carmen Hertz, forma parte del grupo de siete letrados que el 2 de marzo solicitó el desafuero de Pinochet al juez Juan Guzmán Tapia, instructor de las 154 querellas presentadas hasta el momento contra el ex dictador. Al conocer que la Corte Suprema rechazará el recurso de la defensa, Hertz sintió una "gran satisfacción después de tantos años de lucha para establecer la verdad y lograr justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura".

En una conversación telefónica mantenida pocas horas después de la filtración del fallo, cuyo retraso en hacerse público critica con dureza, Carmen Hertz asegura que el desafuero del general golpista constituye, además, "un homenaje a las víctimas de la política de exterminio implementada por la junta militar". Tras esta decisión de la Corte Suprema, Pinochet sólo podrá eludir el juicio si el examen de salud mental que se le practicará en breve demuestra que padece locura o demencia senil.

¿Cómo valora la decisión de la Corte Suprema?

De acuerdo a lo trascendido, Pinochet está desaforado. Esta gran victoria es la culminación de muchos años de lucha del movimiento de derechos humanos y es fruto también de la acción internacional. Esta logró la detención de Pinochet en Londres, que tuvo repercusiones muy importantes en Chile ya que desbloqueó su blindaje y retornó convertido en un cadáver político, en un personaje patético, haciéndose el enfermo.

¿Cree que Pinochet será juzgado?

Los abogados querellantes tenemos presente que en nuestro país existen los poderes fácticos y éstos, aunque debilitados tras el desafuero del ex dictador, intentan ejercer su influencia para impedir que sea enjuiciado. Nosotros tenemos que luchar también contra estos poderosos intereses.

Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal establece que las personas inculpadas mayores de setenta años deben someterse a un examen de salud mental, que en este caso debe decretar el juez Juan Guzmán Tapia. Dicho examen médico puede practicarse antes o después de la declaración indagatoria del inculpado. No obstante, la defensa y los familiares de Pinochet han señalado que éste se opondrá a su realización, lo que demuestra que el argumento de su mal estado de salud era una maniobra para impedir el desafuero.
El examen de salud mental es obligatorio y, por tanto, si éste lo rechaza, incurriría a mi juicio en desacato de una resolución judicial. Pero es el magistrado quien debe decidir en ese supuesto. Los abogados querellantes exigiremos que se le realicen unos exámenes médicos con garantías, a cargo de especialistas independientes. Además, en cuanto el expediente del caso caravana de la muerte retorne a la competencia de Guzmán Tapia pediremos que Pinochet declare y que sea procesado.

¿Teme que las presiones políticas lo impidan?

Tenemos la esperanza de que con la fuerza moral del movimiento de derechos humanos saldremos al paso de las propuestas de acuerdos políticos que implican la impunidad.
La derecha está embarcada en amenazas o busca acuerdos con otros sectores. También están en ello los poderes fácticos. Además, estas maniobras han encontrado eco en algunos sectores de la Concertación, como por ejemplo en el presidente del Senado, Andrés Zaldívar.

Pero si este país quiere culminar la transición a la democracia, debe lograr, entre otros aspectos, que las Fuerzas Armadas se subordinen al poder político y que se reconvierta la derecha, que aún hoy es filofascista, conspirativa y golpista. Y por supuesto el cierre de la transición tiene que ir acompañado de la verdad y la justicia en materia de derechos humanos.

Además, Lagos y la Concertación deben recordar que en todas las manifestaciones públicas en su apoyo de los últimos meses ha habido un grito unánime y espontáneo: "Juicio a Pinochet".

Este es el sentimiento mayoritario de la población. Pinochet debe ser juzgado. Por ello cualquier arreglo para garantizar su impunidad chocará con el sentimiento mayoritario de los chilenos.

Su marido fue secuestrado, torturado y desapareció en octubre de 1973. ¿Qué siente en estos momentos?

Ésta es la única forma de reparación por nuestro sufrimiento y el de nuestros seres queridos. Pero es una reparación no sólo personal, sino colectiva. El tema de la justicia es una causa nacional. Sólo si los tribunales operan con independencia, una sociedad puede desarrollarse y que la justicia actúe frente a estos crímenes da garantías a la sociedad entera.

Resulta paradójico que la crueldad de la dictadura perjudique a Pinochet...

Sí, la desaparición forzada de personas, que fue parte de la técnica de eliminación de opositores políticos, les ha convertido en vulnerables porque la justicia lo considera ahora como secuestro calificado, un delito que no está cubierto por la ley de Amnistía. Por ello la derecha y los poderes fácticos han puesto el grito en el cielo y han demostrado un desconocimiento grotesco de nuestro ordenamiento jurídico, que establece que para hablar de homicidio debe identificarse antes el cadáver y realizar la autopsia. En su perversión moral la derecha y los militares defienden que aquellos actos son homicidios, es decir que los secuestrados están muertos, para poder aplicar la ley de Amnistía.

¿Cuál es en definitiva el significado histórico del desafuero de Pinochet?

Se está estableciendo la verdad tras tantos años. Hay que tener en cuenta que el trabajo del movimiento de derechos humanos se inició tras el golpe de estado, con la fundación del Comité Pro Paz y la presentación de denuncias y recursos, todos ellos rechazados por la actitud negativa del poder judicial, cómplice de la dictadura.

Y en los años más recientes ha sido tan difícil poder establecer la verdad histórica y hacer justicia porque durante la transición no se ha querido tocar el blindaje de Pinochet, sino que se consolidó su impunidad, por lo que hasta hace poco hemos luchado contra corriente. Si el ex dictador no hubiera sido desaforado, se habría demostrado que tenemos una democracia tutelada y una sociedad civil rehén de los poderes fácticos.