Y Chile inició la transición

Roberto Montoya * (12 de agosto de 2000 )
 

Tras 17 años de dictadura militar, Chile recuperó en el plano formal su vida democrática en 1990, aunque la omnipresente tutela de las Fuerzas Armadas -de las que Pinochet fue comandante en jefe hasta 1998- le impidió durante estos últimos 10 años romper realmente con la página más negra de su historia. 

Sin embargo ayer, al confirmarse el desafuero del dictador vitalicio, Chile pudo finalmente iniciar su transición. Una transición que no hubiera podido comenzar y un desafuero que no habría podido producirse de no haber mediado la ya histórica orden de detención contra Pinochet, dictada el 16 de diciembre de 1998 por el juez Baltasar Garzón. 

Los 503 días que Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres no provocaron una involución en Chile, tal como alertaba en ese momento el Gobierno del país y como advertían, también en España, quienes en realidad temían que la extradición pusiera en peligro importantes inversiones e intereses comerciales entre los dos países. Fue todo lo contrario. 

Esos casi 17 meses de Pinochet retenido en su mansión-cárcel supusieron el golpe más duro que sufrió el alto y grueso muro mundial de la impunidad del terrorismo de Estado desde los juicios de Nuremberg, y no podía repercutir más que positivamente para Chile. 

Pinochet se equivocó una primera vez cuando viajó en 1998 a Londres a pesar de tener una causa abierta en la Audiencia Nacional de Madrid, y se equivocó una segunda vez si creyó que, tras ser salvado «in extremis» por una decisión política del Gobierno británico, volvía al mismo Chile que había dejado 503 días atrás. 

El viejo dictador volvió como un cadáver político, como un apestado del que tomaban distancia muchos de los líderes que hasta poco antes lo alababan. El propio Lavín, el candidato presidencial de la derecha, prefirió no mencionarlo durante su campaña electoral. 

En cuanto a los temidos militares chilenos, pudieron comprobar en carne propia que el dictador ya no podía protegerlos, no podía seguir amenazando a la democracia como había hecho con aquella célebre frase: «Cuidado al que se atreva a tocar a uno sólo de mis hombres». Más de 200 de sus oficiales habían pasado ya por los tribunales cuando Pinochet volvió a Chile, 70 de ellos están procesados y muchos más lo serán previsiblemente tras el precedente abierto con el desafuero. 

El dictador descubrió que incluso las querellas judiciales en su contra aumentaban cada día -157 al día de hoy- y que incluso Estados Unidos terminó desclasificando más de 5.000 documentos comprometedores. La Justicia norteamericana reactivó también, en los últimos meses, sus investigaciones por el asesinato en Washington, en 1976, del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, atentado cometido por la DINA chilena en el marco de la Operación Cóndor, la internacional del terror de las dictaduras del Cono Sur. Pinochet podrá o no llegar a estar sentado alguna vez en el banquillo de los acusados ante el juez Juan Guzmán -quien, en cualquier caso, sólo podría procesarlo por una minimísima parte de sus crímenes-, pero aunque la maraña legal que él mismo creó le permita evitar su juicio, la Justicia chilena, el sistema democrático chileno, la lucha por los derechos humanos en el mundo, habrán dado ya un paso de gigantes. 
 

* Roberto Montoya, corresponsal de El Mundo.  Autor junto a Daniel Pereyra del libro El caso Pinochet y la impunidad en América Latina, Ed. Pandemia.