Indulto
a paramilitares
Un nuevo encubrimiento para lavar unas relaciones
incestuosas: las del Poder con la mafia y los crímenes contra la humanidad
cometidos en Colombia
Gustavo Petro
(2 de Diciembre de 2002)
Una cosa es negociar con los jefes paramilitares
el desmantelamiento pacífico de su organización y otra
muy distinta es indultarlos, como es muy diferente el otorgarles un
indulto y pensar que así se acaba con el paramilitarismo. Desmantelamiento
paramilitar, indulto y fin del paramilitarismo son conceptos diferentes
e incluso contradictorios.
¿ACABAR
CON EL PARAMILITARISMO?
Las elites que gobiernan a Colombia han usado el
paramilitarismo durante todo el siglo XX en función de proteger
sus intereses y expandir su acumulación particular de riqueza.
Quienes asesinaron al general Rafael Uribe Uribe
a principios del siglo XX no eran más sino mercenarios al servicio
de los hacendados que veían en el liberal, único congresista
de oposición al régimen de la Constitución de
1886 instaurado por Rafael Nuñez, un rival de cuidado en la
perspectiva de construir un Estado autoritario de terratenientes.
La misma táctica se uso contra Jorge Eliecer
Gaitán en 1948, quien amenazaba con ganar la Presidencia de
la República a través del voto de la población
artesana de las incipientes urbes colombianas y que prometía
una liquidación de las oligarquías y una
repartición equitativa de la tierra agraria. Tras el asesinato
de Gaitán la insurrección popular que sobrevino urbana
primero y luego rural, obligó a la oligarquía a modificar
la práctica selectiva del sicariato a sueldo por una modalidad
muy parecida al paramilitarismo contemporáneo: los llamados
pájaros; estos eran bandas rurales auspiciadas
y protegidas por la policía del entonces que se dedicaban a
quemar poblados, a realizar masacres, a desplazar violentamente la
población rural contraria al gobierno o de partidos diferentes
al conservador gobernante. Todos sus métodos terminaron siendo,
como en la actualidad, métodos de terror. Se estima en trescientos
mil los muertos dejados por aquel periodo que se extendió desde
1948 hasta 1964 y que es conocido popularmente como la violencia.
Las bandas de pájaros conservadores tenían
como propósito al ahuyentar a la población liberal de
extensas zonas agrarias, permitir que los hacendados conservadores
ampliaran sus posesiones y controlasen la principal riqueza del momento:
los cultivos de café. La reacción armada de los campesinos
liberales originó la formación de guerrillas y algunos
de sus jefes con el correr de los años y después de
nuevas agresiones conservadoras luego de firmado el acuerdo de paz
entre liberales y conservadores: el Frente Nacional, originaron el
actual movimiento de las FARC.
Los pájaros eran verdaderas formaciones
paramilitares y muchos de sus jefes con el apoyo del ejército
colombiano continuaron actuando en la década de los setentas
y ochentas contra las nuevas guerrillas de izquierda siempre al servicio
de los grandes hacendados de las regiones en donde se asentaron.
El modelo de este tipo de bandas blancas
anticomunistas y armadas en muchas zonas rurales fue captado por las
mafias del narcotráfico de cocaína que se habían
convertido en los nuevos propietarios de la tierra en Colombia a partir
de 1985. Con mayor financiamiento, proveniente del lavado de activos,
los nuevos hacendados mejoraron el armamento, la preparación
militar, la extensión geográfica de sus actividades
y consolidaron una alianza con el ejército para destruir a
la guerrilla y a todo lo que pareciese su apoyo. La llamada guerra
sucia asesinó tres mil militantes de la organización
de izquierda Unión Patriótica, además de la muerte
de miles de líderes populares, sindicales, campesinos, intelectuales,
religiosos y políticos de izquierda. La guerra sucia
era un verdadero progrom que durante varios años
generó un genocidio político en el país. La izquierda
legal y las organizaciones agrarias fueron exterminadas después
de treinta mil asesinatos.
La alianza entre el ejército colombiano y
el cartel de Medellín con el visto bueno de la CIA; que había
dado inicio a la operación Iran-Contras por medio
de la cual entregó armas a la contra nicaragüense
comprando armas a Irán con el dinero del cartel de Medellín
proveniente de la exportación de cocaína; permitió
que las antiguas organizaciones rudimentarias de pájaros
rurales y las bandas mercenarias de los narcotraficantes tuvieran
una estructuración mucho más moderna con modalidades
de unidades de ejército. El dinero de la mafia compraba las
armas y los mercenarios traídos de Israel y de Sudáfrica,
y el Ejército ordenaba el asesinato de los rivales sociales
y políticos de la oligarquía colombiana mientras la
CIA dejaba entrar cocaína a EEUU.
El paramilitarismo que ya se había formado
con los nombres del MAS, Colsingue, la
mano negra, los tiznados, los mazetos
y otros tenía como propósito la defensa de la propiedad
rural del narcotráfico en contra de la guerrilla pero prestaba
sus servicios de sicariato político a las elites privilegiadas
de Colombia.
La ruptura de la alianza cartel de Medellín-
Ejercito colombiano-CIA sobrevino después del asesinato de
varios candidatos presidenciales y del pedido de extradición
de los jefes del cartel por el gobierno de los EEUU. Fue reemplazada
por una nueva alianza conformada por el Cartel de Cali, el DAS, Departamento
Administrativo de Seguridad de la Presidencia de la República
y la DEA y se propuso el exterminio del cartel de Medellín
para lo cual organizaron el grupo armado los pepes en
donde participaron todos los actuales jefes del paramilitarismo. El
gobierno de Gaviria entre 1990 y 1994 activó una salida jurídica
beneficiosa para los mafiosos que se entregaran del cartel de Medellín
e inició la legalización y la extensión de las
agrupaciones paramilitares de los campos a través del programa
presidencial de las Convivir con una gran cobertura geográfica
en Córdoba, Urabá, Antioquia, posteriormente gobernada
por el actual Presidente de la República, Alvaro Uribe, quien
además era y es propietario de grandes haciendas en Córdoba
y le dio un gran impulso al programa de conformación de las
autodefensas legales.
Los pepes comenzaron a controlar las
rutas de exportación de cocaína y a dirigir la mayor
parte de las convivir, tenían además el
conducto de comunicación con la DEA para permitir la negociación
de los EEUU con pequeños carteles sobrevivientes de la destrucción
del cartel de Medellín y de Cali. Una nueva alianza se gestaba
después de la efímera alianza entre el cartel del norte
del Valle y la Policía. Los Castaño, jefes de los pepes
y Mancuso jefe de las legales Convivir organizaron las autodefensas
de Córdoba y Sucre y luego la unidad nacional de todas las
autodefensas en las AUC, logrando el mayor desarrollo histórico
del paramilitarismo.
En la medida que el excedente cocainero fue monopolizado
por los paramilitares, su ejército aumentó y logró
victorias contra las zonas de influencia de guerrillas del ELN siempre
con el propósito de aumentar la producción cocainera
y controlar su tráfico. Fueron capaces incluso ante la debilidad
del ELN de sabotear las posibilidades de negociaciones de paz con
el gobierno de Pastrana. Los paramilitares de Castaño a diferencia
del sicariato masivo del paramilitarismo de Gacha y de Carranza en
la época de la guerra sucia, comenzaron a reeditar
los métodos de terror de los pájaros de
mediados de siglo XX, la muerte atroz con sierras eléctricas,
la quema de caseríos, el desplazamiento masivo, la tortura,
las masacres indiscriminadas fueron el método para arrinconar
a las guerrillas del ELN, pero también para concentrar la propiedad
de la tierra en una forma sin precedentes en la historia de Colombia
y para asegurar las rutas de exportación de la cocaina y la
entrada de armas.
Mientras en 1986 el 0.4% de los propietarios de tierra
poseían el 32% de la superficie cultivable en Colombia, para
el año 2000 el 0.4% de los propietarios controlaban ya el 62%
de la superficie cultivable en un proceso bárbaro que dejó
dos millones de desplazados campesinos.
Este mecanismo de acumulación salvaje de riqueza
es el verdadero motor del paramilitarismo de ahora y de antes.
El empuje paramilitar, no solo imitó la barbarie
de los pájaros, o la capacidad de compra de la
clase política que tenía el cartel de Cali, con lo que
penetró en mayor profundidad que éste, al Estado colombiano,
principalmente sus fuerzas de seguridad, de inteligencia, y sus organismos
de justicia y la Fiscalía General de la Nación, sino
que además se apropió de discursos fascistas y anticomunistas
con los que construyó fuertes alianzas internacionales con
las ultraderechas de Europa y EEUU; pero además, conquistó
el corazón de la oligarquía colombiana que ha prestado
sus medios de comunicación para ocultar la barbarie paramilitar
y para construir imágenes políticas de sus jefes, los
ha financiado, los ha protegido contra cualquier intervención
jurídica seria y en últimas ha permitido la paramilitarización
misma de la sociedad y del Estado.
Sin embargo y a diferencia de su propio discurso
antiguerrillero, el paramilitarismo actualmente organizado no es sino
un nuevo cartel mafioso militarizado. Son los principales exportadores
de cocaína del mundo y son los principales violadores de derechos
humanos en Colombia.
Ante este resumen histórico de su desarrollo
que trata de demostrar la implicación del paramilitarismo como
instrumento bárbaro de acumulación de riqueza con la
oligarquía colombiana y sus métodos asesinos de dominio
social, flota la pregunta acerca de cómo terminar con el paramilitarismo?
El fin del paramilitarismo es el fin de una conducta
asumida por las elites nacionales que solo se puede implementar si
primero se conoce toda la verdad sobre él. Si se afirma que
Castaño y sus hombres van a abandonar su accionar esto no será
más que una fase más en el desarrollo de una política
de terror desde los puestos de mando de la sociedad. Jefes paramilitares
ha habido por montones durante todo el siglo XX, unos menos no variarán
la realidad. El fin del paramilitarismo no solo implica recuperar
la verdad sino además un nuevo tipo de relacionamiento entre
los diferentes intereses y fuerzas de los que esta constituida nuestra
sociedad.
Un nuevo relacionamiento democrático de nuestra
sociedad que esta ya descrito en la constitución de 1991 pero
que no se ha implementado porque choca con formas caníbales
y rentísticas de acumulación de riqueza. Solo un Pacto
Social podría garantizar que pacíficamente se construyeran
relaciones económicas productivas y relaciones políticas
y sociales democráticas como fundamento indispensable del fin
de la actividad paramilitar y sicarial en Colombia.
El gobierno de Alvaro Uribe Vélez está
muy lejos de asumir este compromiso de pacto social. Su propuesta
económica profundiza las ganancias rentísticas y mafiosas
y su propuesta política ahonda el autoritarismo y desvertebra
la democracia y en realidad paramilitariza la sociedad y el Estado.
¿Y
ENTONCES, EL INDULTO A LOS PARAMILITARES?
El gobierno de Uribe argumenta y, sin análisis,
la prensa colombiana repite que para otorgar indulto a los paramilitares
solo se necesita quitar la frase estatus político
al artículo de la ley que permite conceder indultos individuales
al Gobierno Nacional. Nada más ajeno a la realidad.
La Constitución de 1991 solo permite conceder
indultos y amnistías por delitos políticos. Y el delito
político en Colombia acorde con lo más avanzado del
desarrollo de los derechos en el mundo democrático parte del
acto de rebelión del ciudadano, débil de entrada, contra
el Estado, fuerte de entrada. En el desarrollo de ese acto de rebelión
se pueden cometer delitos conexos a él, pero el eje central
del delito político es la acción de ciudadanos contra
un Estado y un ordenamiento institucional que por diferentes razones
no aceptan.
Los paramilitares en todas las ocasiones que han
podido han dicho que no atacan al Estado y sus instituciones , por
el contrario, su discurso reza que defienden al Estado de quienes
se han rebelado contra él. Luego, la propuesta de Alvaro Uribe
trastoca por completo nuestra Constitución. Pretende el Presidente
otorgar indulto a quienes delinquen, según los mismos paramilitares,
por defender al Estado. La lectura de la mayoría de los procesos
penales que involucran a los jefes paramilitares, y que duermen el
sueño de los justos en la Fiscalía General de la Nación,
nos mostraría que allí se establecen siempre innumerables
evidencias no solo de las autorías paramilitares de delitos
contra la humanidad cometidos en Colombia, sino que ademas, siempre
se hacen con la complicidad de altos oficiales de las fuerzas armadas
del Estado. Es decir que son delitos cometidos contra ciudadanos indefensos
con el apoyo del Estado mismo supuestamente para defenderlo de los
rebeldes. Así han muerto decenas de miles de humildes campesinos
y líderes populares y políticos todos en estado de indefensión.
Es eso indultable?
Desde la perspectiva de nuestra Constitución
no, en tanto no establece la categoría de delito político
para los crímenes contra la humanidad cometidos en defensa
del Estado. La teoría de Alvaro Uribe no solo es inconstitucional
en Colombia, peor aún, extendida al campo mundial, equivale
a que personas como Hitler, como Eichman, como Stalin, como Pol Pot,
o más recientemente, Milosevic, podrían ser indultables
toda vez que cometieron, sin excepción, crímenes contra
la humanidad aduciendo la defensa de sus Estados. Esta es una teoría
totalitaria que solo tiene parangón en los indultos a los torturadores
y asesinos del cono sur de América Latina.
Aún así, aquí no solo Alvaro
Uribe pretende indultar genocidas y criminales de guerra sino, y esa
es la modalidad de nuestro poder, narcotraficantes.
Ningún país del mundo ha indultado
narcotraficantes, nos aprestamos a ser los primeros, en aras, en mi
opinión, de ocultar la verdad: las relaciones incestuosas entre
asesinato, mafia y concentración de la riqueza en Colombia.
Las relaciones concretas entre los autores materiales de crímenes
contra la humanidad, dineros del narcotráfico y mafiosos y
personas de carne y hueso con nombres concretos que dirigen el Estado,
la Justicia en Colombia, la política y las mas grandes concentraciones
de riqueza en el país.
El indulto propuesto es una nueva forma de lavado
de unas relaciones que deberían tener como castigo la caída
del poder y el procesamiento por tribunales internacionales.
Y ENTONCES
¿POR QUÉ NO DESMANTELAR LOS PARAMILITARES AHORA?
La nueva situación política en los
EEUU y en el mundo, a pesar de la derechización que experimenta,
no puede aceptar la existencia de una organización como la
paramilitar en tanto que terrorista de verdad y narcotraficante. En
los hombres de Castaño y de Mancuso, protegidos por el Estado
colombiano se juntan en una sola organización los blancos escogidos
por la administración de George Bush, que no podría
explicar ante el mundo y sus conciudadanos como los dineros de los
impuestos se invierten en organismos e instituciones controladas por
los paramilitares.
Tal situación ha creado una tensión
de envergadura dentro del Estado colombiano. El Presidente de la República
sabe que enfrentar militarmente y con seriedad la organización
paramilitar implicaría por parte de éstos el descubrir
toda la verdad sobre sus relaciones con el Estado y la oligarquía.
Ya Castaño había dado pasos en ese sentido y el anuncio
de la solicitud de extradición sobre él por parte de
los EEUU parece que lo asustó menos que a los asiduos asistentes
a los cocteles de los clubes exclusivos de Bogotá, Medellín.
Cali y Cartagena.
De hecho los paramilitares no habían vuelto
a actuar desde que Alvaro Uribe era candidato presidencial. En sus
zonas de control presionaron a la población para votar por
él. Y es que en realidad el programa de Alvaro Uribe de lucha
frontal contra la guerrilla recoge el discurso político de
los paramilitares, la idea de la llamada seguridad democrática
del programa presidencial paramilitariza la sociedad civil colombiana
a través de instrumentos como la red de un millón de
informantes, los escuadrones de soldados campesinos, el fortalecimiento
del ejército y la policía, la creación de zonas
llamadas de rehabilitación donde la población
es controlada directamente por las fuerzas de seguridad. Bajo ese
esquema los paramilitares sin desarmarse podrían pasar a ser
formas organizadas de seguridad democrática bajo
control del mando militar y pagados por el presupuesto público.
De exterminar al paramilitarismo pasamos a paramilitarizar
la sociedad ¿qué sentido tienen entonces Castaño
y sus hombres?.