Colombia:
¿Un Estado de Excepción?
Horacio
Duque
(Bogotá, 11 de Agosto de 2002)
No cabe duda. Colombia
inicia el siglo XXI plenamente integrada al marco de la globalización
capitalista impulsada por las Corporaciones Multinacionales del Primer
Mundo y los grupos financieros que controlan el mercado de capitales en
el planeta. En ese contexto, son otros los términos de la acumulación
capitalista y de las políticas economicas. También es otro
el cuadro de la dominación de clase: una burguesía globalizada
-petroleros, narcos, gerentes de compañias extranjeras, tecnocratas,
generales y capitalistas del agro- ejerce la hegemonía política
en detrimento de aquella que prosperó en el último medio
siglo, con la protección y los subsidios estatales y de los dueños
de la hacienda tradicional y que se refugia en el llamado oficialismo
liberal. Tenemos, pues, un bloque dominante homogeneo y bajo el liderazgo
del nuevo Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Velez (AUV).
Estamos ahora en el diseño del nuevo retablo político. Todo
indica que AUV se propone dar forma a un Estado de Excepción. Al
juntar todas las piezas de la nueva estrategia gubernamental, ampliamente
difundida por el Ministro del Interior, lo que se obtiene es una nueva
institucionalidad caracterizada por la represion abierta y profunda. Crecerá
en adelante el poder del Ejecutivo y la acción represiva del Estado,
que se convertirá en verdadera columna vertebral de la nueva estructura
de dominación interna, puesto que sólo con base en este
sistema represivo se puede llevar la explotación de los sectores
asalariados y populares hasta las últimas consecuencias necesarias,
a la vez que sólo por este expediente se puede liquidar la resistencia
de las fracciones burguesas marginadas.
El puzzle uribelesco hacia
el Estado de Excepción comprende: replanteamiento del aparato ideológico,las
redes de inteligencia, el nuevo marco juridico, los aprestos fiscales,
la modificación del modo de representación y de organización
política de clase y la aplicación de una nueva reforma estatal.
El primer paso ha sido esencialmente ideológico. Se ha dado con
tanta precisión que terminó ensamblado con la funcion represiva
del Estado. La version e interpretación de la autoridad dada por
el nuevo Presidente no disimula las garras de un estado policiaco y fascista.
Como por arte de magia aparece a renglón seguido la monstruosa
Red del millón de informantes, que complementará la Central
Nacional de Inteligencia -CENIT- a cargo de quien será nuestro
Vladimiro Montesinos, el señor Pedro Juan Moreno, un espinoso personaje
con turbios antecedentes en el tráfico de drogas y mano derecha
de AUV. Los nuevos frentes del Plan Colombia cuyos recursos americanos
han sido flexibilizados para que se puedan utilizar en la lucha contrainsurgente,
potenciaran toda la tarea represiva y violenta del nuevo Gobierno.
La autoridad, convertida
en eje de la nueva ideología oficial, viene a legitimar la represión.
Un cuarto del discurso de posesión de AUV dedicado al tema de la
autoridad, con lirica evocación a Bolivar y Santander,muestran
la dimensión de la reorganización en curso de la ideología
dominante. La nueva ideologia es represora y la represión tendrá
su escudo ideológico en la autoridad.
Los cambios en el sitema juridico alcanzaran al doble papel del derecho.
De un lado, el Ministro del Interior ha proclamado la revisión
de aspectos sustantivos de la Constitución Política que
regula el ejercicio del poder político por los aparatos de Estado
y el acceso a esos aparatos por medio de un sistema de normas generales,
formales, abstractas, estrictamente reglamentadas. El paquete de reformas
constitucionales es amplio y comprende modificaciones a los estados de
excepción para regresar a la desgastada figura del Estado de Sitio,
la eliminación de la Corte Constitucional, del Consejo Superior
de la Judicatura, del Consejo de Estado, de las contralorias y de la Defensoria
del Pueblo. Todos estos cambios deben regularizar, en el seno de los aparatos
de Estado, las relaciones del bloque en el poder compuesto de diversas
clases y fracciones dominantes, organizando la hegemonia del nuevo nucleo
de la burguesia globalizada sobre las otras fracciones, sin afectar la
esencia del Estado.
Por supuesto, estos cambios constitucionales aseguraran la imposibilidad
del acceso al poder de los sectores populares, a la vez que les crea la
ilusión de que tal acceso es posible. Por la sencilla razón
de que este derecho regula igualmente las formas de ejercicio del poder
respecto de las masas populares: la represión fisica organizada
se realiza de acuerdo con las reglas fijadas.
Del otro lado, los anuncios en materia de recortes a los derechos y libertades
individuales, en el marco de las nuevas teorias de la seguridad como un
bien público según el neoinstitucionalismo en boga, que
implica sacrificios de los derechos fundamentales, auguran el reino de
la arbitrariedad porque el derecho ya no será el que nos regule
hacia adelante.
En medio de la aguda inestabilidad política que propicia la crisis
colombiana, el nuevo grupo dominante preserva asi una gran "libertad
de acción" para restablecer las relaciones de fuerza en el
seno del bloque en el poder, caracterizadas por una alta volatilidad.
La reforma tributaria para pertrechar con 15 billones de pesos al ejército;
el ajuste fiscal, para bajar el riesgo pais y tranquilizar los dueños
de nuestra deuda externa; la reducción de las pensiones y la reforma
laboral para reforzar la explotación laboral, tienen el objetivo
de despejar los terminos de acumulación del capitalismo globalizado
y facilitar mayor concentración de la riqueza.
Hace fila tambien la modificación del modo de representación
y de organización de clase. El 7 de agosto, el propio AUV radicó
en el parlamento, el Proyecto de Ley para convocar un Referendo sobre
un Acto Legislativo que pretende reorganizar la rama legislativa y la
función electoral, que tiene la misma factura conservadora de las
medidas mencionadas arriba.
Parapetado en el descredito del poder legislativo, centro de la vagabunderia
clientelista y de la corrupción desenfrenada, la misma que campea
en el Ejecutivo, el señor AUV, con una larga trayectoria en ese
mismo parlamento como miembro del desacreditado oficialismo Liberal, y
con una tupida red de parientes en esa misma institucion, pretende ahora
reducir el Congreso Nacional y establecer un nuevo sistema electoral excluyente.
El resultado de esta reforma política no será otro que el
fortalecimiento absoluto del poder Ejecutivo y el máximo debilitamiento
del Parlamento, como consecuencia inevitable de una situación en
la que la homogeneizacion del bloque dominante ha determinado el agotamiento
de la institucion parlamentaria como instancia en que fracciones de la
burguesía podían dirimir publicamente sus diferencias. De
hecho, en las condiciones de la nueva modalidad de acumulación,
queda poco o nada por dirimir, puesto que las medidas pertinentes a las
transformaciones que imponen los nuevos objetivos económicos obedecen
a los intereses casi exclusivos del nuevo núcleo burgués
dominante, del cual se excluye toda fracción distinta a la burguesia
globalizada. Por ello, toda la nueva política no puede más
que ser arbitrada por un ejecutivo fuerte y autoritario.
Con la nueva reforma política, en perjuicio del Congreso, aumenta
el poder del ejecutivo y la acción represiva del Estado, que se
convierte en la esencia de la dominación interna.
No es cierto que lo que se quiera es fortalecer la democracia (?) colombiana,
ni mucho menos acabar con la "politiqueria" tan denostada por
el Presidente. El objetivo es tener un parlamento de bolsillo que no interfiera
la gestión política de los grandes negocios anclados en
el Ejecutivo.
Por último, la anunciada reorganización del Estado, para
eliminar Ministerios y fusionar otras entidades, a partir de las facultades
otorgadas al Ejecutivo, hace parte de una política de Estado cuya
raiz no proviene de las necesidades sentidas y manifiestas de la sociedad
colombiana, sino que es una propuesta surgida del acatamiento interno
a las recomendaciones del Banco Mundial, a las exigencias del FMI y a
las propuestas de lo que se ha llamado el consenso de Washington (reunión
de empresarios, políticos e intelectuales de los paises desarrollados
y de los estados dominantes). Esta reforma del Estado, que ya se esta
implementando, esta asociada a tendencias sociopoliticas contrarias al
interés nacional y es tan modernizadora como conservadora. Sus
ejes son mantener a toda costa la estabilidad económica y monetaria
del modelo neoliberal, la inserción acrítica y subordinada
de nuestro país, o parte de él, a la globalizacion del capital,
asi como sostener una gobernabilidad entendida como aumento del control
político y de las políticas de control social de la población.
La nueva reforma neoliberal del Estado, el cambio de sus funciones, su
perdida de proyecto nacional, de la propiedad y del control de empresas
públicas, y la modificacion y reduccion del gasto social se asocia
al desarrollo de tenocracias financieras y administrativas (tipo Hommes,
Junguito, Restrepo, Carrasquilla, Clavijo, etc) fortalecidas por el control
de las instituciones estatales de hacienda, crédito público
y del Banco de la República, las cuales al carecer de proyecto
y responsabilidad nacionalista han desarrollado un interés especial
por dominar el poder político para hacer negocios, para aprovecharse
de distintas formas de acumulacion fácil ligadas a actividades
juridicamente licitas, y otras ilicitas como el contrabando y el narcotráfico.
Dichos grupos de poder han logrado erigirse tambien en ejes de procesos
interno de acumulación via la apropiación de las politicas
económicas del Estado y se han convertido en intermediarios politicos
de los organismos financieros mundiales, de los grupos capitalistas trasnacionales
y de los proyectos de los estados mundialmente dominantes.
Cada operacion de privatización,
de autorización al ingreso de capitales o de préstamo internacional
significa una tajada del 5 o de 10 % para esos tecnocratas y una asociación
patrimonial con nuevas empresas subsidiadas. Por eso la importancia que
tienen ahora los gabinetes economicos y las juntas directivas del Banco
de la República. Se trata de verdaderas oligarquias políticas
autoreferidas que buscan perpetuarse sobre la base de su función
intermediaria y que recurrentemente tienden a desplazar del poder y la
política a grupos de la clase dominante tradicional y de la nueva
oposicion democrática popular. Estas tecnocracias intermediarias
han hecho de la reforma del Estado y del ajuste estructural el eje ideológico
de su política.
En todo caso, la dominación de clase que encarna el señor
AUV, a la que servirá el nuevo aparato estatal que surja de la
reforma, va a determinar, en consecuencia, las caracterisiticas de la
estructura organica de dicho aparato, la dimensión fisica y funcional
de sus dependencias, el número y atribuciones de sus funcionarios
y fundamentalmente, el sistema de jerarquia y subordinaciones en su interior,
lo que equivale decir la organizacion y administracion del poder en el
interior del poder estatal. De este modo la centralización del
poder en manos del Ejecutivo encuentra su mejor expresión en el
aumento cualitativo y cuantitativo de las dependencias bajo su control
directo.
Son, entonces, las piezas del nuevo modelo político del señor
AUV, que reunidas dan forma a un tipico Estado de excepcíón.
El
Gobierno declara el estado de Conmoción Interior
"El
Tiempo.com"
(Bogotá, 11 de Agosto de 2002)
Puede implicar limitaciones a las libertades individuales. Se aprobó
un impuesto al patrimonio que permita recaudar 2 billones de pesos para
los
organismos de seguridad del Estado. El ministro del Interior, Fernando
Londoño Hoyos, retó a la Corte Constitucional y dijo que
"es inimaginable"
la inexequibilidad de esta Conmoción Interior.
El nuevo gravamen equivale al 1.2 por ciento sobre el patrimonio líquido
y recae sobre empresas y personas que declaran renta.
Se busca con esto financiar los gastos de los organismos de seguridad
del Estado contemplados en el proyecto de Presupuesto Nacional en el 2002
y 2003 y que no tenían financiamiento. Esos recursos también
se destinarán para gastos que requiera la estrategia de seguridad
nacional.
Este lunes se firmará el decreto en el que se establece la
asignación de recursos presupuestales.
Al hacer públicamente el anuncio de la declaratorio del estado
excepcional, el ministro Londoño lo justificó "por
la insuficiencia de los recursos y
medios ordinarios que el país tiene en tiempos de relativa normalidad,
para contrarrestar los graves hechos de orden público de las últimas
semanas".
Entre los últimos hechos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc) burlaron la extrema seguridad que se había organizado
para la
posesión del presidente Álvaro Uribe, el pasado 7 de agosto.
Dos cohetes explotaron contra la Casa de Nariño en momentos en
que Uribe ingresaba al Capitolio Nacional para tomar juramento.
Uno de los 15 proyectiles que lanzaron los guerrilleros ese día
contra diferentes sitios de Bogotá estalló en la 'Calle
del Cartucho', en donde
murieron 16 indigentes. Otras cinco personas murieron en diferentes lugares.
Más pie de fuerza
A su vez, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez,
anunció el ingreso de 100.000 nuevos policías y soldados
de apoyo, 10.000 agentes nuevos de Policía y 2 nuevas brigadas
móviles de 2.500 a 3.000 hombres.
Los recursos del nuevo impuesto se emplearán en parte para
esta ampliación del pie de fuerza, para mejorar la dotación
y los mecanismos de inteligencia y ampliar el apoyo de fiscales, procuradores
especiales, defensores de oficio, Policía Judicial y de la Defensoría
del Pueblo.
El proceso
Para declarar el estado de Conmoción Interior, Uribe convocó
desde las primeras horas de la mañana de ayer a un Consejo de Ministros
en el que
inicialmente solo se tenía pensado analizar la conveniencia de
esta medida.
El Presidente decidió no dar más espera para acudir
a esta figura, consagrada en el artículo 213 de la Constitución
para enfrentar la situación
de orden público, agravada por los actos de terrorismo en las ciudades.
El decreto redactado anoche justifica su declaratoria a raíz
del crecimiento del poder ofensivo de los grupos al margen de la ley en
aspectos como el uso de la tecnología para sus actos terroristas.
De acuerdo con la Constitución, Uribe y sus ministros deben
usar argumentos que demuestren que la situación no puede ser controlada
mediante las facultades ordinarias de policía.
El Gobierno cuenta hasta mañana para enviar a la Corte Constitucional
el texto de la declaratoria y de los decretos expedidos al amparo de la
Conmoción, con el fin de que este tribunal evalúe su constitucionalidad.
A través de la Conmoción, la administración puede
modificar el presupuesto e "imponer contribuciones fiscales o parafiscales
para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de la conmoción,
y percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto
de rentas (...)", según el artículo 38 de la Ley Estatutaria
de los Estados de Excepción.
El Gobierno necesita recursos para crear tres nuevas brigadas móviles
del Ejército, implementar la anunciada red de soldados y policías
de apoyo
-integrada por ciudadanos que recibirán una remuneración
inferior a un salario mínimo- y financiar 1,2 billones de pesos
que hacen falta para
garantizar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el presupuesto
del próximo año.
Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno expidió
decretos de tipo económico amparados en la Conmoción Interior.
Con esta declaratoria con la que se estrena el gobierno de Uribe,
son seis los Estado de Conmoción Interior decretados a la luz de
la Constitución de 1991. Hasta ahora, tres de ellos han sido respaldados
por la Corte Constitucional y dos han sido fallados inexequibles.
|