EE.UU., involucrado en lucha contra guerrillas colombianas, según documentos

Diario "El Espectador" de Colombia (Washington, 3 de Mayo de 2002)

La ayuda militar estadounidense para Colombia, restringida por ley al combate antinarcóticos, fue flexibilizada en los últimos años por parte de Washington hasta abarcar la lucha contra las guerrillas, indican documentos del departamento de Estado, la DEA y la CIA recientemente desclasificados.

70 documentos, desclasificados a pedido del Archivo de Seguridad Nacional y que datan de 1988 a 2000, muestran también que el Gobierno estadounidense sabía que parte de la ayuda era destinada a militares que habían violado los derechos humanos y colaborado con los paramilitares de ultraderecha.

El mayor objetivo de Estados Unidos en Colombia y Perú durante estos años, la guerra contra la droga, no podía llevarse a cabo de manera eficaz sin ayudar a dichos gobiernos a cumplir con su prioridad: el combate contra las guerrillas, afirman otros documentos.

El 25 de enero de 2000, un cable de la embajada en Bogotá informa de la firma de una enmienda al acuerdo para limitar la ayuda a la lucha antidroga, en áreas productoras de droga, a fin de que las operaciones financiadas por Washington cubran todo el territorio del país, incluidas sus aguas territoriales y su espacio aéreo.

Poco después, el 26 de abril de ese año, la embajada en Bogotá apoya una propuesta a través de la cual el banco estadounidense Export-Import financiaría la compra de 14 helicópteros Black Hawk UH-60 por parte de las Fuerzas Armadas colombianas.

“La embajada ha recibido garantías del Ministerio de Defensa colombiano de que estas aeronaves serán usadas primariamente en operaciones antidroga y antiterroristas”, dice el cable, sugiriendo que el Departamento de Estado interpretó el lenguaje del acuerdo de 1997 para permitir el uso de la ayuda en operaciones “antiterroristas”. Pero muchos años antes Washington ya había establecido una conexión entre narcotráfico e insurgencia, indica otro documento.

El texto, preparado por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca previo a una cumbre antidroga con los andinos, y fechado el 1 de noviembre de 1989, señala que operaciones antidroga exitosas requerirán que los gobiernos anfitriones “otorguen seguridad contra la habilidad de los movimientos insurgentes para perturbar sus esfuerzos”. Colombia y Perú, sobre todo, “querrán usar nuestra ayuda, al menos en parte, para enfrentar esas amenazas”, agrega.

Otro cable de la embajada, del 28 de mayo de 1997, indica así mismo que mientras se negociaba con el Gobierno colombiano el acuerdo para limitar la ayuda a operaciones antinarcóticos en zonas productoras de droga, el representante republicano Dennis Hastert –actualmente presidente de la Cámara baja– alentó secretamente a militares colombianos a ignorar las condiciones de derechos humanos impuestas por la ley estadounidense.

Hastert prometió a los militares “remover las condiciones a la ayuda” y se quejó de que el Congreso estadounidense estaba dominado por “izquierdistas” que usaban “los derechos humanos como una excusa para ayudar a la izquierda en otros países”, dice el texto.

Un documento de la embajada del 26 de junio del 2000 muestra cómo Washington hace la vista gorda a violaciones de derechos humanos cometidas por militares que recibían ayuda estadounidense para sus operaciones.

El embajador norteamericano en Bogotá, Curtis Kamman, comunica en esa fecha al Departamento de Estado que una primera compañía de soldados del Primer Batallón Antinarcóticos apoyado por Estados Unidos, desplegado en el sur de Colombia, operaba junto a la 24 Brigada del Ejército, una unidad a la que se le denegó ayuda estadounidense en 1999 por su pobre récord en derechos humanos.

El Gobierno de George W. Bush certificó el miércoles que las Fuerzas Armadas colombianas están cumpliendo con los requisitos de derechos humanos reclamados por el Congreso para otorgar ayuda militar antidroga al país andino, decisión que libera la entrega de 62,4 millones de dólares para dicho fin.

A pedido del presidente colombiano, Andrés Pastrana, Bush pidió en marzo pasado al Congreso 35 millones de dólares adicionales este año para Colombia, así como autorización para ampliar la ayuda militar antidrogas a “la lucha contra actividades terroristas”. Desde julio de 2000, Estados Unidos ha entregado a Bogotá 1.700 millones de dólares en el marco del Plan Colombia antidrogas, sobre todo en asistencia militar.