Denuncia de violencia contra Campesinos e Indígenas
Estado de alerta y movilización en Tierras Bajas

Bloque Social - Organizaciones Indígenas y Campesinas del Oriente (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 26 de Noviembre de 2002)

Las organizaciones indígenas, campesinas y campesinos sin tierra del oriente boliviano, reunidas en Santa Cruz el 25 de noviembre, ante la arremetida violenta por motivo de la tenencia de tierras, la impunidad y nuestro derecho a la vida y a la propiedad,

DENUNCIAMOS:
La violencia contra campesinos e indígenas y las instituciones y profesionales que nos apoyan son la respuesta de los acaparadores de tierras, y la colaboración e impunidad son la respuesta del Estado. Los ganaderos y acaparadores ilegales recurren al asesinato y matonaje a través de sicarios contratados y grupos armados para acallar las demandas de los sectores sociales y encubrir sus fraudes. La impunidad de que gozan y la protección por parte de las autoridades políticas, judiciales y policiales, está convirtiendo el crimen organizado contra indígenas y campesinos en el arma preferida para impedir la redistribución de tierras ociosas y fraudulentamente obtenidas.

De los hechos de violencia y la colaboración e impunidad que los acompañan, son ejemplo los siguientes:

- La sentencia por "homicidio en riña", con beneficio de excarcelación a favor de los asesinos que dieron muerte con armas de fuego a 6 campesinos e hirieron a otros 23 en Pananty, zona del Gran Chaco; - La reacción tardía de las autoridades que provocó 4 muertes, en los últimos días en Yapacaní, pese a las denuncias acerca de la presencia en la zona de sicarios armados, asentados en campamentos y provistos además de instrumentos de tortura; - La detención de 4 campesinos del Sindicato Agrario Nueva Jerusalem, cuyas viviendas fueron destruidas y quemadas, con el apoyo de la Policía, por orden del ex Subprefecto de la Provincia Sara;
- La violenta represión contra los campesinos de Canandoa para desalojarlos de sus tierras y favorecer a una terrateniente del lugar en diciembre pasado;
- La total ausencia de investigación y sanción a los responsables del secuestro e intento de asesinato de uno de los asesores legales del pueblo Chiquitano de Monte Verde por parte de ganaderos y personas armadas en septiembre de 2001;
- La quema de casas de la comunidad campesina de la Enconada y el desalojo violento empleando los servicios de sicarios armados, en octubre de 2001;
- La amenaza de muerte que corre en contra de los dirigentes indígenas Mojeños.
- La violenta agresión contra el Reverendo Padre Dr. Enrique Jordá y un funcionario de CIPCA el pasado domingo 24 de noviembre de 2002, en el Municipio de San Ignacio de Moxos departamento Beni, provocado por ganaderos que se oponen al saneamiento de tierras.
- Las constantes y diversas amenazas públicas contra las instituciones y profesionales que nos apoyan en la defensa de nuestros derechos.

La escalada de violencia en el país y en especial en el oriente, es provocada por las constantes irregularidades y la corrupción del INRA en la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, así como en el control de las instancias públicas que administran el proceso agrario, la justicia y los órganos de gobierno en general por parte de los terratenientes. La solución debe trascender a la mera formalidad de sustituir una autoridad por otra.

La inequidad en la tenencia y acceso a la tierra y los recursos naturales está reflejada en la existencia de latifundios ociosos e improductivos frente a cientos de miles de mujeres y hombres que tienen tierras insuficientes o simplemente no las poseen. El Plan Tierra anunciado por el Gobierno no establece soluciones efectivas a la problemática a tal punto que para los sectores indígenas y campesinos representa una amenaza y un retroceso.

EXIGIMOS:

1. Que se aplique justicia en todos los casos de violencia contra indígenas y campesinos, la agresión física contra el Padre Dr. Enrique Jordá y contra un miembro de CIPCA, así como la formación de grupos armados para amenazar, agredir y amedrentar a nuestras comunidades y organizaciones y a las instituciones y profesionales que nos apoyan.

2. Que el INRA sea reinstitucionalizado para garantizar transparencia, legalidad e imparcialidad en la administración y ejecución del proceso agrario. Los funcionarios tienen que ser escogidos en concurso de méritos y exámenes de competencia La re-institucionalización debe contar con la participación de la Iglesia Católica y otros organismos representativos así como con una veeduría internacional.

3. Que las tierras fiscales sean de inmediato destinadas a la dotación y tituladas en el menor tiempo a indígenas y campesinos y de ningún modo a empresarios.

Las organizaciones indígenas, campesinas y campesinos sin tierra del oriente aglutinadas en un bloque social nos declaramos en ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN frente a las agresiones de que somos víctimas y la pasividad y complicidad del Estado frente a los sectores ganaderos y terratenientes causantes de la violencia.

Exigimos que se aplique la legalidad vigente en materia agraria y que impere la justicia.

Bolivia: Indígenas y campesinos reclaman justicia y tierras

Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa (28 de Noviembre de 2002)

Los cocaleros anuncian movilizaciones si no hay acuerdo con el Gobierno

Los productores de Coca del Chapare tras un “ampliado” de emergencia realizado en Lauca Eñe, a 185 kms. de Cochabamba anunciaron la posibilidad de nuevos bloqueos y movilizaciones en los próximos días en el caso de que no se avance en el diálogo con el gobierno. También ratificaron sus propuesta para que sea modificada la Ley 1008 referida a las áreas de cultivo. En las deliberaciones de los representantes campesinos, participaron los principales dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que ocupó el segundo lugar en las recientes elecciones con un número de votos muy próximo al finalmente electo presidente Sánchez de Lozada.

Los cocaleros que lidera Evo Morales, anunciaron que pretenden levantar no solo sus propias reivindicaciones, sino la de otros sectores de la población boliviana. El máximo dirigente del sector afirmó: “La decisión del bloqueo de caminos es una determinación unánime de las seis centrales, porque ya no se aguantan más las postergaciones a las soluciones que el gobierno debe dar al movimiento cocalero; además se decidió coordinar con otras entidades sindicales del país para hacer un bloqueo nacional, puesto que a nuestro planteamiento estamos uniendo los pedidos de muchos sectores sociales.”

Explicó que el plenario rechazó la llamada “nueva política de la Coca” que ofrece el gobierno, y ratificó la disposición de los campesinos al diálogo sobre la base de que se acepte la media hectárea de coca por familia.

Por su parte, el gobierno anunció que tiene fuerzas militares dispuestas para impedir el bloqueo de carreteras en el eje troncal del país. El ministro de defensa, Freddy Teodovic dijo que la Novena División del Ejército está desplegada en el Chapare con un varios regimientos en una fuerza operativa estimada en 1.500 hombres.

¿Quienes son los dueños de las tierras? El Gobierno promete que informará

Mientras tanto, el gobierno, en un intento por descomprimir la presión social, anunció que en los próximos días dará a conocer una lista completa de los propietarios de la tierra en Bolivia. Guillermo Justiniano, ministro de Desarrollo Sostenible, afirmó que antes de 10 días dará a conocer un listado con los nombres de los terratenientes. El diario "La Patria" recuerda que la decisión del gobierno fue anunciada dos semanas después del hallazgo de dos cuerpos de supuestos sicarios contratados por terratenientes en la selva de Yapacaní.

Los incidentes se han sucedido en los últimos meses. Las actuaciones judiciales para esclarecer los hechos han sido muy cuestionadas. Hace un año, seis campesinos "sin tierra" fueron asesinados a balazos por sicarios contratados por terratenientes de Pananty, en Tarija. Las evidencias forenses indicaron que los campesinos habían recibido balazos en partes vitales en lo que podía calificarse como una emboscada. Un juez, sinembargo, sentenció a los responsables a una pena de tres años por "riñas y peleas". En diciembre del año pasado, el diputado Evo Morales (MAS) acusó a su colega Hugo Carvajal de ser propietario de grandes extensiones en Tarija y haber propiciado la "masacre de Pananty".

Como hemos señalado en otros envíos de SERPAL sobre la cuestión, en los últimos años se han sumado denuncias sobre el otorgamiento discrecional de tierras que han realizado sucesivos gobiernos, tanto dictatoriales como constitucionales. El reclamo llegó incluso a El Vaticano, cuando el Cardenal Julio Terrazas denunció ante la sede papal que en Bolivia "existe una distribución injusta de tierras".

El ministro boliviano anticipó que la transparencia oficial va a provocar reacciones de alguna gente, pero que la información sobre los poseedores de la tierra consta en los registros oficiales y se hará pública. Justiniano Morales advirtió de la gravedad que tiene el problema de la tenencia de la tierra y afirmó que puede originar graves conflictos sociales como los registrados el año pasado en Brasil. No dudó en estimar que este problema social es más grave que cualquier otro que haya que afrontar, incluído el tema de la coca en la región del Chapare.