EL
INGRESO DE TROPAS EXTRANJERAS A LA ARGENTINA
Martin
Lozada, Profesor
de Derecho Internacional, Universidad
Fasta- Bariloche
27 de Diciembre de
2000
La futura puesta en marcha del denominado "Plan Colombia", sumada
a la vigencia y regionalización de la guerra contra las drogas
emprendida por los Estados Unidos a mediados de los años ochenta,
llevan a considerar la importancia de cumplimentar debidamente el mandato
previsto en el artículo 75, inciso 28 de la Constitución
Nacional.
El mismo se refiere a que será el Congreso de la Nación
quien autorice el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional
y, asimismo, la salida de nuestras fuerzas armadas hacia el exterior
de él. Tener presente dicho precepto constitucional resulta esencial,
debido a ciertos antecedentes recientes.
Un pedido de informes del diputado del Frepaso Ramón Torres
Molina y una cuestión de privilegio presentada por el senador
Jorge Yoma pusieron de manifiesto la violación constitucional
que permitió el ingreso al país de medio millar de "boinas
verdes" de Estados Unidos, así como de tropas de seis países
sudamericanos para realizar un ejercicio preparatorio del Plan Colombia,
sin la autorización del Congreso.
El gobierno nacional había enviado al Parlamento, en abril
pasado, el pedido de autorización para el ingreso de las tropas
de Estados Unidos, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay
y Chile que participarían en el ejercicio "Cabañas 2000".
El Senado aprobó la solicitud en julio y la remitió a
la Cámara de Diputados, donde obtuvo dictamen favorable de la
Comisión de Relaciones Exteriores. Pero el pedido estaba a consideración
de la Comisión de Defensa antes de pasar a su tratamiento en
el recinto, cuando las tropas ingresaron al país y comenzaron
el ejercicio en las instalaciones del Ejército en Córdoba.
Al plantear su cuestión de privilegio, Yoma recordó
que la última vez que ingresaron tropas extranjeras al país
fue entre el 12 y el 19 de octubre de 1996, para el Operativo Cruz del
Sur, conjunto con Brasil, que se realizó en Monte Caseros.
El Poder Ejecutivo pidió la autorización el 2 de octubre
y el mismo día ambas cámaras del Congreso la concedieron.
Sin embargo, esta vez sucedió lo mismo que con el envío
de dos fragatas a la Guerra del Golfo en 1990: el Congreso convalidó
la salida cuando las naves ya estaban en el teatro de operaciones.
La historia puede volver a repetirse muy pronto, ya que dos mil efectivos
del Ejército de Estados Unidos efectuarán tareas junto
con fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones entre marzo y abril
del año próximo.
Los soldados estadounidenses instalarán su puesto de comando
en Eldorado, a 200 kilómetros de Posadas, y cumplirán
el objetivo imaginario consistente en controlar el río Paraná.
Con ello estarán a un paso de la Triple Frontera, recurrente
preocupación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos,
Israel y otros países.
Marines de Estados Unidos ya estuvieron en el campo de entrenamiento
selvático que la Gendarmería Nacional tiene en la frontera
con el Brasil, aunque entonces se trató de un conjunto de maniobras
acotadas a un espacio territorial.
El apoyo estratégico de este despliegue de efectivos, con
puntas de lanza en Eldorado y en Cruce Caballero, tendrá como
meta cortar el circuito del narcotráfico y del contrabando, incluido
el de armas de grueso calibre y de artillería liviana que comercializan
las mafias instaladas en Ciudad del Este.
De mediar un nuevo escamoteo de la política parlamentaria, se
estará ante otra renovada manifestación de desprecio por
la legalidad constitucional. Tal prescindencia del Poder Ejecutivo adquiere
máxima gravedad en estos tiempos de creciente dependencia militar,
acentuada desde que en el último encuentro de ministros de Defensa
de las Américas el secretario de Defensa estadounidense,
William Cohen, lograra el objetivo de introducir en las mentes militares
hemisféricas la idea de que el narcotráfico constituye
una amenaza de igual entidad que la guerrilla y, en consecuencia, con
idoneidad y suficiencia para afectar la seguridad nacional.
Los dos mil asesores militares que los Estados Unidos desplegarán
en Colombia no constituyen una excepción, sino el núcleo
de la nueva presencia estratégica en la región latinoamericana.
Un claro ejemplo de ello lo constituye el caso centroamericano. Costa
Rica cuenta con guardacostas estadounidenses que patrullan sus aguas
territoriales; Guatemala emplea helicópteros de ese país
para abordar a las caravanas de cocaína, y El Salvador ha autorizado,
el pasado 6 de julio, que pilotos estadounidenses despeguen de
la base de Comalapa con sus aviones espías antidroga.
Incluso Nicaragua, cuyas fuerzas armadas estuvieron estrechamente unidas
al régimen sandinista contra el que combatió los Estados
Unidos en los años ochenta, se dispone a firmar un acuerdo de
cooperación militar para luchar contra las drogas.
Asegurar la vigencia de la Constitución Nacional en una área
tan sensible, como lo es el ingreso de ejércitos
extranjeros en suelo argentino, debe constituir una prioridad de primer
orden. En tiempos de resquebrajadas soberanías y vulnerados principios
de no injerencia en los asuntos internos del Estado, resulta cuanto
menos cuestionable que el Congreso de la Nación sea un "invitado
de palo" allí, justamente, cuando cabe resolver en torno de la
conveniencia o no de la presencia militar foránea en nuestro
país.
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