La futura puesta en marcha del denominado "Plan Colombia", sumada a la vigencia y regionalización de la guerra contra las drogas emprendida por los Estados Unidos a mediados de los años ochenta, llevan a considerar la importancia de cumplimentar debidamente el mandato previsto en el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional.

El mismo se refiere a que será el Congreso de la Nación quien autorice el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y, asimismo, la salida de nuestras fuerzas armadas hacia el exterior de él. Tener presente dicho precepto constitucional resulta esencial, debido a ciertos antecedentes recientes. 

Un pedido de informes del diputado del Frepaso Ramón Torres Molina y una cuestión de privilegio presentada por el senador Jorge Yoma pusieron de manifiesto la violación constitucional que permitió el ingreso al país de medio millar de "boinas verdes" de Estados Unidos, así como de tropas de seis países sudamericanos para realizar un ejercicio preparatorio del Plan Colombia, sin la autorización del Congreso.

El gobierno nacional había enviado al Parlamento, en abril pasado, el pedido de autorización para el ingreso de las tropas de Estados Unidos, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Chile que participarían en el ejercicio "Cabañas 2000". El Senado aprobó la solicitud en julio y la remitió a la Cámara de Diputados, donde obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero el pedido estaba a consideración de la Comisión de Defensa antes de pasar a su tratamiento en el recinto, cuando las tropas ingresaron al país y comenzaron el ejercicio en las instalaciones del Ejército en Córdoba.

Al plantear su cuestión de privilegio, Yoma recordó que la última vez que ingresaron tropas extranjeras al país fue entre el 12 y el 19 de octubre de 1996, para el Operativo Cruz del Sur, conjunto con Brasil, que se realizó en Monte Caseros.

El Poder Ejecutivo pidió la autorización el 2 de octubre y el mismo día ambas cámaras del Congreso la concedieron. Sin embargo, esta vez sucedió lo mismo que con el envío de dos fragatas a la Guerra del Golfo en 1990: el Congreso convalidó la salida cuando las naves ya estaban en el teatro de operaciones.

La historia puede volver a repetirse muy pronto, ya que dos mil efectivos del Ejército de Estados Unidos efectuarán tareas junto con fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones entre marzo y abril del año próximo.

Los soldados estadounidenses instalarán su puesto de comando en Eldorado, a 200 kilómetros de Posadas, y cumplirán el objetivo imaginario consistente en controlar el río Paraná. Con ello estarán a un paso de la Triple Frontera, recurrente preocupación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y otros países.

Marines de Estados Unidos ya estuvieron en el campo de entrenamiento selvático que la Gendarmería Nacional tiene en la frontera con el Brasil, aunque entonces se trató de un conjunto de maniobras acotadas a un espacio territorial.

El apoyo estratégico de este despliegue de efectivos, con puntas de lanza en Eldorado y en Cruce Caballero, tendrá como meta cortar el circuito del narcotráfico y del contrabando, incluido el de armas de grueso calibre y de artillería liviana que comercializan las mafias instaladas en Ciudad del Este.

De mediar un nuevo escamoteo de la política parlamentaria, se estará ante otra renovada manifestación de desprecio por la legalidad constitucional. Tal prescindencia del Poder Ejecutivo adquiere máxima gravedad en estos tiempos de creciente dependencia militar, acentuada desde que en el último encuentro de ministros de Defensa de las Américas el secretario de Defensa  estadounidense, William Cohen, lograra el objetivo de introducir en las mentes militares hemisféricas la idea de que el narcotráfico constituye una amenaza de igual entidad que la guerrilla y, en consecuencia, con idoneidad y suficiencia para afectar la seguridad nacional.

Los dos mil asesores militares que los Estados Unidos desplegarán en  Colombia no constituyen una excepción, sino el núcleo de la nueva presencia estratégica en la región latinoamericana.

Un claro ejemplo de ello lo constituye el caso centroamericano. Costa Rica cuenta con guardacostas estadounidenses que patrullan sus aguas territoriales; Guatemala emplea helicópteros de ese país para abordar a las caravanas de cocaína, y El Salvador ha autorizado, el pasado 6 de julio, que pilotos estadounidenses despeguen de la base de Comalapa con sus aviones espías antidroga.

Incluso Nicaragua, cuyas fuerzas armadas estuvieron estrechamente unidas al régimen sandinista contra el que combatió los Estados Unidos en los años ochenta, se dispone a firmar un acuerdo de cooperación militar para luchar contra las drogas.

Asegurar la vigencia de la Constitución Nacional en una área tan sensible, como lo es el ingreso de ejércitos extranjeros en suelo argentino, debe constituir una prioridad de primer orden. En tiempos de resquebrajadas soberanías y vulnerados principios de no injerencia en los asuntos internos del Estado, resulta cuanto menos cuestionable que el Congreso de la Nación sea un "invitado de palo" allí, justamente, cuando cabe resolver en torno de la conveniencia o no de la presencia militar foránea en nuestro país.