Fernando de la Rúa firmó finalmente ayer el decreto que conmuta las penas de 11  condenados por el ataque guerrillero al cuartel de La Tablada, en 1989.  Así, 9 participantes del copamiento podrían quedar en libertad a mediados  del 2002, y los otros dos recién en el año 2003 y 2005. Dos horas después de que el Presidente estampara su firma en el documento, los condenados levantaron la huelga de hambre que mantuvieron durante 116 días. 
  
Dos de ellos quedaron fuera de la lista de beneficiados: el perdón presidencial no alcanzó al líder del Movimiento Todos por la Patria (MTP) y ex guerrillero,  Enrique Gorriarán Merlo, y a su esposa, Ana María Sívori. Esto es porque  ambos fueron juzgados en 1997 y tuvieron la posibilidad de una segunda instancia judicial, que confirmó sus condenas. 
  
De acuerdo al texto del decreto presidencial firmado aye los 9 condenados a prisión perpetua ahora deberán cumplir 20 años de prisión. Y entonces, podrán solicitar su libertad a mediados del año 2002.  En esta categoría se encuentran: Miguel Angel Aguirre, Luis Díaz, Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Motto, Sergio Paz, Claudio Rodríguez y Claudio Veiga. Los dos restantes que figuran en el decreto tienen perdones diferenciados: Roberto Felicetti fue condenado a reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.  
  
(...)  El otro caso es el de Claudia Acosta, también condenada a reclusión perpetua, por haber sido identificada como otra de las jefas del copamiento. El  Poder Ejecutivo dispuso que cumpla 22 años de prisión como condena. Podría  abandonar la cárcel a mediados del año 2003. 
  
En el Gobierno resaltaban ayer que "el Presidente sólo conmutó las penas, pero será la Justicia la que determine si los detenidos están en condiciones o  no, de acceder a la libertad condicional". 

El decreto presidencial es el resultado de un juego de presiones y negociaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización  de Estados Americanos). El organismo que agrupa a los países del continente  excepto Cuba, había recomendado en 1997 que se revisen las condenas de La Tablada. 

Pero los condenados por el sangriento ataque a La Tablada fueron juzgados  bajo la ley de Defensa de la Democracia, elaborada durante la presidencia de  Raúl Alfonsín. La norma estableció que no existiera una segunda instancia  judicial para aquellos que atentaran contra las instituciones democráticas. 
  
De todas maneras, la OEA amenazaba con enviar el caso a la Corte  Interamericana, con sede en Costa Rica, y pedir una sanción internacional para el Estado argentino, en caso de que continúe sin escuchar sus recomendaciones. 
  
La OEA quería un gesto de la Argentina, y la reducción de penas fue el más potable para De la Rúa, quien no era partidario de conceder por decreto la  segunda instancia judicial a los condenados. 
  
El Gobierno también mantuvo negociaciones con los abogados de  los presos durante los últimos dos días, para asegurarse que estos levantaran la huelga de  hambre después de dictado el decreto. Y así fue como sucedió finalmente.