El diario Clarín del 30 de abril nos informa que en declaraciones radiales el Comisario Inspector Alberto Cánepa, titular de la Jefatura Policial de San Isidro, ponía negro sobre blanco (o viceversa) lo que ocurre con nuestros niños pobres cuando los envían por delitos cometidos (o quien sabe), a comisarías, cárceles o institutos. “Su familia tiene que sufrir por ese hijo preso y el chico tiene que sufrir al estar preso", reclamó el Jefe Policial. Cánepa sostuvo, además, que debe bajarse a 14 años la edad de imputabilidad. Frases que alimentan los miedos urbanos y que instalan en el imaginario un nuevo enemigo: los jóvenes.

Con unas pocas palabras, el Comisario, arrasó el artículo 18 de la Constitución Nacional, solicitando picotas y azotes, con las licencias que le otorgan las impunidades. Foucault nos recuerda que el sistema penitenciario permite convertir en natural y legitimo el poder legal de castigar; más aún, lo naturaliza. Para quien ha sufrido tormentos “la fe en la humanidad, tambaleante ya con la primera bofetada, demolida por la tortura luego, no se recupera jamás”. escribió Jean Améry .

Cuando Foucault analiza los cambios en el castigo del proceso penal a fines del siglo XVIII y comienzos del Siglo XIX, plantea la desaparición de las torturas como espectáculo y la anulación del dolor. A mediados del Siglo XIX la pena ha dejado de estar centrada en el suplicio como técnica de sufrimiento; ha tomado como objeto principal la pérdida de un bien o de un derecho: la ausencia de libertad.

Un ejército entero de técnicos ha venido a relevar al verdugo, el administrador del sufrimiento. Los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores, “Por su sola presencia junto al condenado cantan a la justicia la alabanza de que aquélla tiene necesidad: le garantizan que el cuerpo y el dolor no son los objetivos últimos de su acción punitiva”.

Pero todos sabemos que la mera privación de libertad no ha funcionado jamás sin la punición de los cuerpos y de las almas. La ausencia de alimentos, la tortura, la privación sexual, el aislamiento. Basta leer los informes reiterados de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto a los niños y jóvenes sometidos a torturas permanentes y “alojados en celdas para uso propio de animales”.

El tiempo sin nombre y sin cara se cubre con la máscara del espanto: el Comisario Cánepa que convoca al suplicio de los padres y de los hijos “delincuentes”, a sabiendas de que la cárcel sólo ha servido para intensificar los comportamientos delictivos. Quizás no les otorgue ni siquiera el sueño de “una segunda oportunidad sobre la tierra”. El Jefe Policial hace silencios sobre los Escuadrones de la Muerte, que andan sembrando el fin de la vida en su jurisdicción.

El mundo actual está cortado en dos, como dice Fanon. “La línea divisoria”, la frontera, son los accionistas de los niños descalzos, las buenas casas y los policías, quienes aconsejan a “los otros” a golpes de culata y allanando los barrios de la miseria: cárceles a cielo abierto, “lenguaje de pura violencia”, donde se vive y se muere de cualquier manera. El sufrimiento, entonces, no es patrimonio de prisiones amuralladas.

Lo cierto es que los chicos hambrientos se enfrentan con sus problemas concretos, no les interesa la letra jurídica que no se corresponda con sus vidas. Una sociedad justa no les robaría su infancia, ni les arrancaría a sus padres, ni los enviaría a transitar las calles de la miseria.

Por eso nos interpelan, con su violencia, a quemarropa.

La tierra fértil

Según la información del diario Clarín del 26 de abril de este año, en la Provincia de Buenos Aires funcionan 6561 comedores escolares de lunes a viernes, donde almuerzan 1.800.000 niños de hogares pobres. En la mayoría de los casos su única comida. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sin embargo, no paga los servicios a los prestadores de comida, quienes ya han comenzado a cercenar las prestaciones en muchos distritos. Lo mismo ocurre en distintas provincias.

En 1994 La Convención tomaba rango constitucional en nuestro país, dándole nobleza y humanidad a la letra jurídica. Contemporáneamente y como tributo a las paradojas el hambre anidaba en el cuerpo de nuestros niños. Las obligaciones Constitucionales devienen en deudas magnas. El texto de la Convención reconoce la necesidad imperiosa de asegurar a los niños el derecho a la vida. Entendido esto no como el reaseguro de su existencia física, sino como la sumatoria de los derechos humanos mas esenciales: el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y a una vivienda digna.

Los niños son el principal recurso natural no-renovable de cualquier país. La infancia es la gran oportunidad de la sociedad para mejorarse a si misma, en lo biológico, en los afectos, en lo cultural, en lo económico e incluso en lo político. Un país que victimiza a sus niños, se condena a si mismo.

La Niñez es el terreno más fértil para sembrar otra humanidad: donde unos pocos no crezcan sobre el infortunio de los otros y donde nuestros hombres y mujeres no produzcan para ganar, sino para vivir.

El hambre de nuestro pueblo, que no tiene razones para existir, pero que esta en la piel de millones de niños, es un dolor que se quedo sin voz. Y solo los poetas han asumido la tarea de salvar de los escombros una semilla a la destrucción, recogerla de entre las ruinas, preservándola en lugar seguro no sólo para nosotros, sino para devolverla un día a su campo natural de germinación, allí donde pueda comenzar un nuevo ciclo de la vida.