Info DpT
|
|
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA RUA Madrid, 23 de Octubre de 2000 Excelentísimo señor: Con motivo de su visita a Madrid las asociaciones abajo firmantes le hacemos conocer nuestro reclamo ante las gravísimas irregularidades amparadas o promovidas por su Gobierno en temas de derechos humanos: * Los presos de La Tablada están llevando adelante su segunda huelga de hambre iniciada una vez que comprobaron que las promesas hechas por funcionarios de su gobierno de sacar adelante la ley que les concedería el derecho de apelación no eran cumplidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, viene exigiendo al Gobierno argentino que repare su situación. El Gobierno que usted preside es responsable el incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica. Reclamamos de su gobierno que con celeridad les garantice la doble instancia judicial, y ofrezca a los presos la reparación que corresponda a la injusta situación en que se encuentran actualmente, como ha exigido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. * Continúa retenida por su gobierno la Orden Internacional de Detención, cursada por el Juez Garzón a comienzos de este año, contra 48 militares argentinos. Se trata de una injerencia política en temas de ámbito judicial que no sólo atenta contra el Estado de Derecho, sino que constituye además, una violación grave del Convenio bilateral que regula la extradición entre España y Argentina. Reclamamos que su Gobierno cumpla con los compromisos internacionales contraídos y dé curso de estas actuaciones a la justicia. * Continúa vigente el decreto 111/98, aprobado por el ex Presidente Menem, que prohibe la colaboración de la administración argentina con el juez Garzón. Ya de por sí es sumamente grave que las víctimas tengan que recurrir a tribunales de otros países para obtener el amparo judicial denegados en el país donde se cometieron los crímenes. Reclamamos que el Gobierno argentino anule ese decreto y brinde toda la colaboración necesaria para la consecución de la justicia, allí donde ésta se aplique. * A pesar de los insistentes reclamos populares y de las condenas internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no se han anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos presidenciales que garantizan la impunidad de los responsables del plan sistemático de exterminio. Estas disposiciones convierten a la Argentina en el último y único refugio de personas acusadas de haber cometido crímenes aberrantes. Reclamamos que Argentina cumpla con sus compromisos internacionales también en materia de derechos humanos, anule las leyes de la impunidad y proceda al enjuiciamiento de los responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad. * Creemos que estas violaciones graves a los derechos humanos, así como la presencia en su equipo de gobierno de funcionarios relevantes del pasado régimen militar o el ascenso jerárquico de militares que estuvieron directamente involucrados en los crímenes cometidos, dibujan un panorama sombrío para la consolidación y vigencia de los derechos humanos en Argentina. Estos hechos contribuyen a debilitar la democracia y constituyen, además, un agravio constante para las víctimas y sus familiares. Atentamente, -
Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid (AAPDHE)
|