La resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y hecha pública el pasado día 20 es un triunfo político de la dictadura que desde hace más de veinte años padece el pueblo de Guinea Ecuatorial. Por primera desde 1979 un documento de Naciones Unidas incluye más elogios que reproches o recomendaciones a un régimen que se caracteriza por la corrupción, la arbitrariedad y la resistencia a cualquier cambio democrático.

El texto final de la resolución presentado por la delegación de Kenia (en nombre de los estados del Grupo Africano) e inspirado (en algunas partes literalmente dictado) por la delegación guineana tiene, en nuestra opinión, las características siguientes:

ES UN TEXTO MUY POCO RESPETUOSO CON LA VERDAD

No es verdad que en Guinea se esté garantizando la "libertad de información, la libertad de opinión y expresión y el derecho de la prensa libre" (punto 2.c). No es verdad que el gobierno guineano haya indultado el pasado 30 de abril a 50 presos y reducido considerablemente las penas a otros 85: el número de indultados no pasa de 15 y las reducciones de penas se reducen a dos años para condenas de diez, veinte y treinta años.

Invitamos al gobierno guineano, a la delegación de Kenia o a cualquier otra instancia a que publique la relación de nombres de esos 50 indultados. Es cierto que el gobierno de Guinea celebró elecciones el 28 de mayo de 2000, pero carecían de las mínimas garantías por lo que fueron boicoteadas por la oposición.

No es verdad que el gobierno de Guinea haya adoptado medida alguna para "consolidar la independencia del Parlamento y fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos como institución encargada de proteger y defender los derechos Humanos": el parlamento de Guinea es un parlamento monocolor, una institución títere del dictador, plegada permanentemente a sus maniobras y carente de cualquier competencia. Tampoco es verdad, como veremos más adelante, que el gobierno "vele" por "los derechos sociales y económicos de sus ciudadanos"...

En los distintos párrafos de la resolución se mezclan instituciones fantasmas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Promoción de los Derechos Humanos y la Democracia cuyas actividades son perfectamente desconocidas y se habla con aparente seriedad de un "plan de acción en materia de derechos humanos" y de un "programa de gestión de los asuntos públicos presentado al PNUD": en realidad la oficina del PNUD en Malabo negoció en su día con el gobierno guineano un programa de gobernabilidad completo que fue rechazado por el PDGE ya que suponía una profunda reforma de las instituciones del Estado. La situación de debilidad que ha padecido la oficina del PNUD en Malabo hace suponer que el documento inicial haya sido modificado a voluntad del partido del gobierno hasta permitir su "aprobación" en el año 2000.

Es un texto destinado a coartar las futuras actividades del Representante Especial. Se insiste en varios párrafos en la necesidad de que coordine sus actividades con las del gobierno guineano y sus supuestos planes en torno a los derechos humanos. Se proporcionan así instrumentos para que la administración de Guinea, limite e incluso rechace aquellas gestiones o conclusiones del Representante Especial que no convengan a sus intereses.

Es un texto que asume explicitamente las ideas presentadas por el ministro Ruben Mayé en su discurso plagado de insultos para Naciones Unidas y para su Representante Especial. Se asume la idea central (el pretexto central, dentro de un discurso intolerable) de que las deficiencias en los derechos humanos en Guinea resultan de la falta de asistencia técnica por parte de Naciones Unidas: la administración guineana lleva 22 años (veintidós) recibiendo asistencia técnica sobre estos asuntos sin que se hayan logrado mejoras sustanciales. Las insuficiencias en este ámbito se deben a la falta de voluntad política de las autoridades de Guinea.

Es un texto técnicamente inadecuado. Parece dirigido a un país que asumiese las últimas fases de su transición a la democracia, en la que los distintos agentes de ese proceso hubiesen mostrado su voluntad de confluir en ella. Nada de esto sucede en Guinea.

Es cierto que se han incluido algunos (pocos) párrafos que para algunas de las delegaciones presentes en los debates de la Comisión hacen "admisible" el texto. Se refieren al mantenimiento de la figura del Representante Especial y a las recomendaciones relativas a la adhesión a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a la independencia de la Justicia, a la libertad de desplazamientos y a la mejora de las condiciones de vida (punto 1,h). Sin que nos parezcan despreciables ninguno de estos puntos, estimamos que la resolución en su conjunto está destinada a convertirse en un importante instrumento de propaganda y desinformación de la dictadura guineana.

La responsabilidad política fundamental, de acuerdo con las ONGs que se han representado en los debates, correspondería a las delegaciones de España, Estados Unidos y del Grupo Africano.

Sobre los dos últimos no vamos a insistir mucho. El Grupo Africano sigue empeñado en hacernos creer que confunde la defensa de la soberanía nacional con la protección a regímenes dictatoriales, asentados sobre la miseria y la privación de las libertades mínimas para sus pueblos. Basándose en esta idea las distintas instancias interestatales africanas van convirtiéndose cada vez más en auténticos "clubs de dictadores".

Los Estados Unidos, impulsados por el importante "lobby" pro-Obiang (que integran fundamentalmente empresas petroleras), avalan cada vez con más frecuencia a la dictadura guineana. Nuestra organización ha difundido tomas de posición recientes en este sentido del Departamento de Estado norteamericano. Sin embargo, el pasado fin de semana visitó Guinea, desde su embajada en Yaundé, un grupo de funcionarios norteamericanos. En los contactos con la oposición democrática, manifestaron su intención de inducir en el país un cambio en la legislación laboral.

Apoyándose en un programa con fondos proporcionados por el Senado norteamericano (400.000 dólares USA) analizarán la legislación laboral guineana, formarán cuadros sindicales y aconsejarán a las empresas norteamericanas que implanten un modelo de relaciones laborales "admisible", lejos de la situación actual en la que las contrataciones se hacen mediante empresas intermediarias controladas por miembros del régimen que se apropian, además, de la mitad de los sueldos que pagan las petroleras. Los funcionarios norteamericanos prometieron que la actual situación (tan distinta de la que nos cuenta la Resolución de Naciones Unidas) aparecerá reflejada en el informe anual que sobre los derechos humanos publica el Departamento de Estado de su país. Se comprometieron también a gestionar la visita de una delegación de la OIT para que analice la situación actual y sus posibles mejoras...

¿QUÉ DECIR DE LA POSICIÓN ESPAÑOLA?

El pasado 13 de abril el diario ABC publicaba una amplia reseña de la visita del secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Angel Cortés, a Guinea. En ella se hablaba explicitamente de la intención del Gobierno español de "tratar de que el informe que sobre Guinea Ecuatorial hará público próximamente en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no sea excesivamente desfavorable" (para el gobierno guineano se entiende).

Caben dos posibilidades, o la representación española en Ginebra "no ha controlado" suficientemente la situación o las declaraciones del secretario de Estado eran en realidad un aviso preparatorio de lo que iba a suceder. Nosotros queremos inclinarnos por esta segunda posibilidad.

En los contactos mantenidos en Ginebra por miembros de la oposición democrática con países integrantes de la UE y con representación en la Comisión de Derechos Humanos (Suecia y Holanda, por ejemplo), se les transmitió por enésima vez la idea de los países europeos estaban pendientes de las indicaciones de la delegación española (encabezada por Iñigo de Palacios) para establecer su posición respecto a los temas guineanos. ¿Cuál es la política actual de España hacia Guinea?

Lamentamos decir que la política actual, que se presenta como nueva, tiene todos los rasgos de la peor política de siempre. Se pretende inducir en Guinea "seguridad jurídica" para los inversores españoles mientras se ayuda al gobierno de Guinea a burlar instituciones tan respetables como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Se pretende comprometer a Obiang haciéndole favores (sustituyendo al estado guineano en sus obligaciones básicas, como la sanidad o la cultura; o proporcionándole bazas de propaganda como la resolución objeto de esta declaración) cuando es de sobra sabido que el dictador no respeta este tipo de compromisos. Las referencias a los derechos humanos o a las libertades públicas, aparecen en las declaraciones de los políticos españoles, pero no están en las agendas de sus reuniones con los dirigentes guineanos.

Según nuestras noticias el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) presentó el pasado día 18 una pregunta ante la Mesa del Congreso de los Diputados en la que se pide respuesta escrita a estas dos preguntas: ¿Qué líneas maestras orientan las relaciones del Gobierno con Guinea Ecuatorial? ¿Vincula el Gobierno el incremento de las relaciones con Guinea Ecuatorial, al respeto de los derechos humanos, y de las libertades democráticas, por parte del Gobierno de ese Estado?. El PSOE e Izquierda Unida nos han manifestado también su intención de interpelar al gobierno español en este mismo sentido.

Queremos insitir a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario de nuestro país en la utilidad de los distintos mecanismos de control a su alcance para conocer e influir en la política española hacia Guinea. Nos parecería importante, en este mismo sentido, volver a crear instancias unitarias que favorezcan ese trabajo.

Hacemos también un llamamiento a organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Frontera para que trabajen en el sentido de mitigar la utilización propagandística que hará sin duda el gobierno de Guinea de esta resolución de Naciones Unidas.

Queremos acabar diciendo que nuestra posición respecto de la política española hacia Guinea sigue siendo la de exigir que se incluyan en ella, con una valoración estratégica, medidas que permitan avanzar en la consolidación de un ámbito de libertades en Guinea, que permitan la expresión libre de las distintas manifestaciones políticas del pueblo guineano, de modo tal que estas opciones puedan ocupar la parte que les corresponda en las instituciones de su país.