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África Central

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EL MÁS ALTO TRIBUNAL DE SENEGAL NIEGA LA POSIBILIDAD DE ENJUICIAR AL EX-DICTADOR DE CHAD, HISSÈNE HABRÉ
Las víctimas de Habré prometen continuar la lucha

Equipo Nizkor y Derechos Human Rights (Dakar, Senegal - 20 de Marzo, 2001)


La Corte Suprema senegalesa decidió hoy que el ex-presidente de Chad en el exilio, Hissène Habré, no podría ser juzgado por tortura alegando que sus crímenes no fueron cometidos en Senegal.

Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que las apoyan protestaron por esta decisión, que consideran burla el derecho internacional, y anunciaron inmediatamente que seguirán intentando llevar a juicio a Habré, en Senegal o en otro país. "Este equivocado veredicto no pondrá término a la búsqueda de justicia", dijo Reed Brody, Advocacy Director de la organización Human Rights Watch, una de las organizaciones que comenzó la acción penal contra Habré. "Si Senegal no lleva a Habré a juicio por sus atrocidades, pediremos que sea puesto a disposición de otro país que sí lo haga". "La decisión de hoy es una gran desilusión y un paso atrás en el estado de derecho", dijo el abogado senegalés Sidiki Kaba, presidente de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH).

El presidente senegalés, Abdoulaye Wade, dijo que si hubiera un juicio a Habré, este debería ser en Chad o en algún otro país como Francia o los Estados Unidos, que respaldaron el régimen del ex-presidente durante varios años (1982-1990). Brody dijo que las víctimas están buscando incansablemente distintas formas por las cuales lograr la extradición de Habré para que pueda ser juzgado en otro país. Dijo también que el juicio de Habré en Senegal por cargos relacionados con crímenes contra la humanidad podría todavía ser posible.

El pasado mes de febrero un magistrado inició una investigación por crímenes contra la humanidad en Chad, un caso que continúa abierto. Las víctimas han presentado también una petición ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En su veredicto, la Corte de Casación, el más alto tribunal senegalés, compuesta por un panel de tres jueces, afirmó que Senegal carecía de jurisdicción para perseguir crímenes no cometidos en ese país. Las organizaciones de Derechos Humanos dijeron que esta decisión contradice la obligación legal contraída por Senegal bajo la Convención contra la Tortura de 1984 de las Naciones Unidas, ratificada por este país en 1986, consistente en el enjuiciamiento de todo presunto torturador que entrara en su territorio. Los tratados internacionales, según la constitución senegalesa, una vez ratificados tienen rango superior a las leyes nacionales.

Las víctimas de Habré reaccionaron firmemente contra la decisión de hoy. "Después de mucho sufrimiento y, después, de mucha esperanza, me siento traicionado por la justicia senegalesa," dijo Ismael Hachim, de 42 años, presidente de la Asociación de Chad de víctimas de la represión política y el crimen (AVCRP), que pasó 2 años en una prisión de Habré y fue sometido al "Arbatachar", una forma de tortura muy frecuente en la cual las cuatro extremidades del prisionero son atadas por detrás, a la espalda, provocando un corte de circulación y la consecuente parálisis. "Pero las pruebas son difíciles de borrar, y las evidencias de los crímenes cometidos por Habré son finalmente presentadas al mundo. Hissène Habré no ha visto a la última de sus víctimas." Los grupos senegaleses de derechos humanos también respondieron con consternación. "Mi país perdió la oportunidad de romper el trágico círculo de impunidad," dijo Alioune Tine de la Asamblea Africana por la defensa de los Derechos Humanos con base en Dakar (RADDHO). "Esta decisión es una invitación a los tiranos sin escrúpulos a planear su retiro en Senegal, donde nadie podrá ir a buscarlos." Tine dijo asimismo que actuará en pro de un cambio en las leyes senegalesas.

El caso lo han impulsado siete víctimas de Habré, en calidad de acusaciones particulares, así como la AVCRP, que representa a 792 víctimas de la brutalidad del ex-presidente. En Enero del 2000, las víctimas aportaron detalles de 97 asesinatos políticos, 142 casos de tortura y 100 casos de "desapariciones" cometidas por las fuerzas de Habré durante su régimen, entre 1982 y 1990. En Febrero del 2000, el juez Demba Kandji de la Corte Regional de Dakar, imputó a Habré bajo la acusación de tortura, poniéndolo en arresto domiciliario. Kandji abrió asimismo una investigación sobre crímenes contra la humanidad en Chad. Pero el 4 de julio del mismo año, la corte de apelaciones rechazó los cargos contra Habré alegando que Senegal no ha promulgado legislación interna que implemente la Convención contra la Tortura, y, por lo tanto, no tiene jurisdicción para perseguir los estos crímenes ya que no fueron perpetrados en Senegal.

El freno al juicio desató protestas por parte de las Naciones Unidas, la asociación de jueces senegaleses y los activistas de Derechos Humanos del mundo entero.

Habré, que hoy tiene 58 años, se hizo con el poder en Chad en 1982, tras derrocar a Goukouni Wedeye. El régimen unipartidista de Habré, sostenido en gran medida por Francia y los Estados Unidos, estuvo marcado desde un principio por los abusos desmedidos y las campañas de represión contra las etnias Sara (1984), Hadjerai (1987) y Zaghawa (1989). Habré fue depuesto en Diciembre de 1990 y desde entonces vive en Senegal. El número exacto de víctimas del ex-presidente de Chad es todavía desconocido. La Comisión de la Verdad establecida por el actual Gobierno del Chad acusa al Gobierno de Habré de 40.000 casos de asesinatos políticos y torturas sistemáticas. La acusación de Habré en Senegal ha tenido ya su impacto en Chad.

El 26 de Octubre del 2000, las víctimas de Chad que iniciaron el caso en Dakar presentaron cargos por torturas, asesinatos y desapariciones frente a los tribunales de su país contra sus torturadores directos, muchos de los cuales ocupan hoy en día puestos oficiales, como los que formaron parte de la Dirección de la Documentación y de la Seguridad, la DDS, el órgano represivo del régimen. El caso está ahora en manos de la Corte Constitucional de Chad.