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Migración

 

En España todos somos inmigrantes

Juanjo Llorente, de Reencuentro Comunista (Valencia, 23 de Diciembre de 2004)

El reglamento de extranjería que entrará en vigor el 31 de enero del 2005 no supone ninguna solución para los inmigrantes, ni resolverá la situación económica y del mercado de trabajo actuales, porque se limita a mantener y desarrollar la ley de extranjería 8/2000, pactada en la anterior legislatura por el PP y el PSOE. Una ley, y ahora este reglamento, que se subordinan a las directrices de la Unión Europea sobre cierre de fronteras y control (represión) de los flujos migratorios, al tiempo que infringen los principales códigos de derechos, humanos y sociales, como en particular la libertad de circulación de personas, la no discriminación laboral por razones de sexo o procedencia, o las libertades básicas de expresión, manifestación y organización.

Todo ello no ha impedido, sin embargo, que en torno a este reglamento elaborado de espaldas a los inmigrantes y sus organizaciones, exista un amplio consenso de todas las fuerzas políticas del estado (menos el PP), la patronal y los principales sindicatos. Un consenso que de por sí evidencia la creciente distancia entre la sociedad y las instituciones del vigente régimen político.

Se dice que este reglamento permitirá “regularizar” al más de un millón de “sin papeles” (más de doscientos mil en la Comunidad Valenciana) hoy existente, pero nada apoya este optimismo. El reglamento establece, en efecto, un período único y excepcional de “normalización” de “sin papeles” que cubrirá desde febrero a abril del 2005, pero para acogerse hay que acreditar la estancia en territorio español desde antes del 31 de julio pasado, tener un contrato de trabajo de 6 meses y demostrar carecer de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen. Además, en este proceso que concede autorizaciones de residencia y trabajo para un año sólo puede ser el empleador quien haga los trámites ante la administración, adjuntando a la documentación del inmigrante exigida la de su propia empresa.

Esto implica, en primer lugar, que de partida quedarán fuera los trabajadores por cuenta propia y todos aquellos que no pueden acreditar una relación laboral, por estar en paro, trabajar en la economía sumergida y/o sufrir situaciones más extremas de explotación laboral, sexual, infantil … , mientras que tampoco se puede ignorar que los “empleadores” poco “escrupulosos” contablemente van a estar muy poco interesados en tramitar nada. Supone también, en segundo lugar, restringir la “normalización” a unas circunstancias laborales muy difíciles de cumplir, pues como sabe cualquier trabajador en España –dadas las altas tasas de desempleo y precarización laboral- no resulta fácil conseguir un contrato de trabajo, y menos aún de seis meses (aunque en el caso de servicio doméstico el contrato puede ser de al menos 30 horas semanales durante 6 meses y para los trabajadores del campo 3 meses). Y junto con estas dificultades para la contratación y los problemas burocráticos para conseguir justificantes de estancia en España, también shay que considerar que los tres meses de plazo para la “normalización” son insuficientes para poder obtener certificados de penales en muchos países de origen.

Un segundo tipo de medidas contempladas en el reglamento es que tras la finalización del periodo de “normalización” de tres meses, se abrirá la posibilidad de obtener un permiso temporal de residencia de un año de duración por “arraigo laboral”. Para ello, hay que acreditar la permanencia en el territorio español desde hace al menos dos años y unas relaciones laborales de un año, aportando como prueba obligatoria una sentencia judicial, lo que sin duda tampoco resulta fácil o viable en la inmensa mayoría de casos.

Finalmente, este “cierre de filas” reglamentario en torno a la defensa de una “Europa fortaleza” que, si nada lo remedia, cristalizará tras la aprobación del “tratado constitucional”, acaba con dos únicas medidas supuestamente “para la integración social”: las “oficinas de extranjeros” para la tramitación burocrática de expedientes y una red pública de “centros de migraciones” basada en los centros actuales de internamiento. Esta ausencia de medidas integradoras significa más que una mera omisión, considerando los serios problemas de racismo y xenofobia ya existentes. Al ignorarlos, este reglamento contribuirá en realidad a alimentarlos y a fomentar la crispación y las divisiones en el seno de la sociedad y entre los propios colectivos de inmigrantes.

La valoración que cabe extraer sobre las medidas contempladas en este Reglamento de extranjería es, por tanto, negativa. Porque defrauda a quienes pensaron que el gobierno socialista, tal como prometió en las pasadas elecciones, iba a poner en marcha un política de extranjería progresista, o simplemente acorde con los derechos más básicos de todas las personas. Porque lo único que garantiza, al no ofrecer soluciones para la gran mayoría de inmigrantes, es el mantenimiento de la exclusión y de la sobreexplotación de los extranjeros, contribuyendo así a un mayor deterioro de las condiciones laborales y sociales del conjunto de la clase trabajadora. Y porque no incluye tampoco mejoras sustantivas para la integración social, cultural, educativa, sanitaria y de calidad de vida de los inmigrantes, por seguirles considerando –como ya hace la ley de extranjería vigente- únicamente como mano de obra barata para “usar y tirar”.

Esta “vuelta de tuerca” de la política de extranjería española que se pone en marcha con el nuevo reglamento, subordinada a los dictados de la Europa del capital y la guerra, no podemos ignorar que nos afecta a todos y a todas de uno u otro modo: a los inmigrantes pero también a los trabajadores autóctonos y a las poblaciones en su conjunto. Porque la conculcación de derechos y libertades a los extranjeros es también un recorte de las mismas para los demás. Porque la democracia es incompatible con el sostén de relaciones económicas esclavistas. Porque la criminalización y la exclusión sólo pueden que deteriorar las condiciones de vida de toda la colectividad.

Nuestra principal fuerza para combatir esta política sigue siendo la unidad por la defensa de la democracia y las libertades en este país y continente. Una lucha que hoy y aquí se concretan en la exigencia de:

* Regularización sin condiciones de los sin papeles. No a la persecución y a la criminalización por razones étnicas, de género, culturales o de procedencia.

* Igualdad de derechos y deberes para todos los que viven y trabajan en este país y continente.

* Por una nueva ley de extranjería y disposiciones complementarias que en lugar de excluir integren a los inmigrantes, fomentando su efectiva y plena incorporación a la vida social, política y económica, incluyendo los servicios y equipamientos públicos que todos contribuimos a financiar.

* No al tratado constitucional europeo. No a la Europa de las multinacionales y oligarquías.