La familia de un muerto en el calabozo de Málaga acusa a la policía de tratarlos como animales

"El País" (17 de Enero de 2003)

Los muertos del incendio de los calabozos de Málaga dejaron ayer de ser anónimos. El séptimo de la trágica lista, fallecido el pasado martes, se llamaba Mohamed El Bakali; era carpintero en paro, vivía "sin porvenir" en Río Martín (Tetuán), donde nació hace 26 años, cuenta su familia. Sus tíos acudieron ayer a Málaga para recoger su cadáver, aunque no lograron el permiso judicial para llevárselo. Los familiares acusaron a la policía de tratar "como animales" a los inmigrantes que fueron víctimas de un incendio en los calabozos de la comisaría el 27 de diciembre, que ya ha causado siete muertos.

Mohamed murió tras 18 días de agonía en el Hospital Carlos Haya de Málaga, en donde le amputaron la mano izquierda y varios dedos de la derecha, le trataron graves quemaduras en la cara y le hicieron trasplantes de piel desde el muslo al brazo, aunque nada pudo salvar su vida. Sus tíos Jadiya, Abdesalam y Ahmed El Jaydi, residentes en España, reclamaron ayer en Málaga "que se haga justicia; porque sólo los muertos, Dios y la policía saben lo que ha pasado y la policía no lo cuenta".

Abdesalam, que vive en Mallorca desde hace 32 años y trabaja en la construcción, intentó en reiteradas ocasiones disuadir a su sobrino de su idea de entrar en España clandestinamente. "Cuando le ofrecí por primera vez venir me dijo que me trajera a su hermano Riduan y ahora le dije que el trabajo estaba muy mal en España en la agricultura y en la construcción, pero él en Marruecos no sacaba ni 10 euros, ni seis, ni uno, nada, me decía: aquí no hay futuro, no quiero vivir muerto de hambre".

"No sabíamos que se iba a meter en una patera, si lo llegamos a saber no le dejamos, ni siquiera sabemos cómo consiguió pagar a las mafias, porque él no tenía dinero", afirma Jadiya, que trabaja en una farmacia en Barcelona. Insiste en que la policía "metió a los 17 en un calabozo, como a burros; y nadie les auxilió, ni intentó apagar el fuego y eran personas humanas, no animales".

La madre de Mohamed, Fatima, que vive en Río Martín y no habla español, estuvo ausente de la conferencia de prensa y sus hermanos le han ocultado hasta ahora que su hijo ha muerto. Visiblemente emocionada, Jadiya pidió reiteradamente "saber la verdad sobre lo que ha pasado y justicia; no puedo dormir, estoy quemada por dentro". Abdesalam subrayó que "la policía no quiere decir la verdad y pedimos a la democracia española que haga justicia". En el grupo familiar también estaba, silencioso, el hermano de Mohamed, Riduan, y su tío Ahmed, que lleva 22 años en Huelva, donde trabaja de marinero.

Apoyada por la ONG Málaga Acoge, la familia de Mohamed se va a personar en el procedimiento penal abierto por el incendio para pedir responsabilidades al Estado: "Pedimos justicia, por favor, la ley por encima de todo. Y ya han echado a los testigos; las ocho personas que estaban allí y fueron deportados a Marruecos sin que pudieran declarar". El Juzgado número 9 de Málaga no les permitió ayer llevarse el cadáver del séptimo muerto de los calabozos. Fuentes judiciales precisaron a este periódico que todavía hay pendientes informes forenses solicitados por el juez. El PSOE reiteró ayer que el ministro de Interior, Ángel Acebes comparezca con carácter urgente en el Congreso para informar sobre lo sucedido y pidió la constitución de una comisión de encuesta para evaluar la seguridad en las comisarías españolas

3.600 muertos en cinco años

"Más de 3.600 cadáveres han sido sacados del agua desde 1997, ningún pésame ha sido enviado a las familias, ninguna investigación ha sido abierta para identificar las causas de estos dramas". Ésta es una de las frases de la carta que la ONG marroquí Amigos y familias de las víctimas de la inmigración clandestina (Afvic) ha enviado a la ministra delegada para los asuntos de la Comunidad marroquí en el extranjero, Nezha Chekrouni, para celebrar su iniciativa de "determinar las circunstancias y responsabilidades" del incendio de la comisaría de Málaga. La carta subraya que "el Estado debe asumir sus responsabilidades para parar la inmigración clandestina" y reclama "medidas urgentes para luchar contra este azote y cerrar el paso a las mafias de tráficos humanos". Afvic pide un "arsenal jurídico para criminalizar el acto de hacer pasar clandestinamente personas a través de las fronteras" y "campañas de sensibilización para desmitificar El Dorado europeo". Esta organización no gubernamental sostiene que "jóvenes inocentes, cogidos entre la pobreza, las mafias y la negligencia han encontrado la muerte, abrasados, en un país que afirma ser defensor de los derechos humanos".

En su reconstrucción de los hechos, la ONG dice que los 20 pasajeros del yate que zarpó de Ceuta el 23 de diciembre, con destino a Puerto Banús, pagaron unos 4.000 ó 5.000 euros por el viaje. Entre los datos nuevos aportados por este informe está que el guía de la expedición, Ahmed Ahgane, alias El Rubio, que la policía identificó una semana después de los hechos, tenía como cómplice a un sobrino, Karim Ahgane, que elaboró un plan para evitar la expulsión: atacar al guardia del calabozo y convertirse en culpables de una agresión. Intentaron hacer un fuego para llamar la atención del guardia. Afvic subraya que hasta que llegaron los bomberos la policía no utilizó ningún extintor u otra medida para apagar el fuego. También destaca que a pesar de ser de reciente construcción la comisaría de Málaga "no tiene norma alguna de seguridad ni plan de evacuación.

Repatriación de los cadáveres de los siete marroquíes muertos en la comisaría de Málaga

Asociación Pateras de la Vida (Larache, 20 de Enero de 2003)

Queridos compañeros de España y del Magreb. Os escribimos para informaros que los cadáveres de los siete marroquíes candidatos de la emigración clandestina que murieron en la comisaría de Málaga en España serán remitidos hoy a sus familias en Martil y mañana serán los funerales en presencia de los representantes de la sociedad civil y política de Tetuán. Aprovechamos esta triste ocasión para denunciar todas las políticas de precariedad adoptadas por los gobiernos marroquíes pasadas y actuales, así como el tratado de Shenguen adoptado por la Unión Europea, que han convertido el estrecho en un verdadero lugar de genocidio donde la única víctima es el desesperado joven del sur del Mediterráneo.

Ante la muerte de 7 personas por un incendio en la Comisaría de Málaga
es necesario que las instituciones del Estado relacionadas con los hechos colaboren en la investigación judicial de los mismos

Comunicado de Jueces para la Democracia, sección de Andalucía Oriental (21 de Enero de 2003)

Jueces para la Democracia en relación con la muerte de siete personas extranjeras, al parecer inmigrantes, en la Comisaría de Policía de Málaga como consecuencia de un incendio producido en los calabozos, y considerando que estamos ante una de las páginas mas negras de la historia de la inmigración en España, desea poner en conocimiento de la opinión publica las siguientes consideraciones:

a) La detención de una persona por los cuerpos policiales traslada al Estado el deber inexcusable de velar por su seguridad, asumiendo las personas que lo custodian la responsabilidad de lo que pueda sucederle.

b) La privación de libertad de todo detenido, por las limitaciones que ello supone para autoprotegerse, coloca a estas personas en una situación de especial vulnerabilidad, que exige correlativamente la máxima diligencia en su custodia a fin de evitarle daños externos e incluso autoprovocados. A este respecto el acondicionamiento de las instalaciones policiales de manera específica para evitar tales riesgos, la requisa de todo objeto que pueda ser utilizado para autolesionarse o la separación de detenidos en función de su peligrosidad, son practicas habituales e imprescindibles en los centros de detención.

c) Con las anteriores premisas, a la vista de los hechos conocidos sobre el incendio en la Comisaria de Málaga y del elevado numero de fallecimientos y heridos producidos, surgen serias dudas que ese deber de protección reforzada del estado se cumpliese en este caso con la diligencia debida. La detención en la misma celda de patrones mafiosos con ciudadanos que al parecer eran simples inmigrantes irregulares, la posesión de elementos para hacer fuego en las celdas o la tardanza y dificultades en la evacuación de la zona incendiada, son indicios que apuntan a que los responsables de los detenidos pudieron no actuar con la diligencia que requería su posición de garantes de la vida y seguridad de estos.

d) Jueces para la Democracia exige que las instituciones del Estado relacionadas con los hechos presten al Juez que los está investigando todo el apoyo necesario y concretamente que localicen y trasladen a España para prestar declaración ante el Juez a los inmigrantes que se encontraban en la misma celda y que fueron expulsados con insólita urgencia del país.

e) Sólo una investigación sin zonas de sombra en la que colaboren todas las instituciones y una depuración de las responsabilidades políticas, además de las administrativas y judiciales si las hubiere, permitirá recuperar la confianza en un Estado que no ha sabido garantizar la seguridad de personas detenidas y respecto a las cuales tenía una especial responsabilidad de protección. Lo contrario, la exoneración de responsabilidad a priori, especialmente de las políticas, que se ha propugnado desde el primer momento por el Gobierno, acerca más nuestro sistema policial de detención al de países tercermundistas que al propio del Estado de derecho avanzado que consagra nuestra Constitución, y sobre todo deja abierta la puerta a que hechos tan lamentables como los ocurridos puedan volver a suceder.