Informe sobre la muerte de siete inmigrantes clandestinos
en una comisaría de Policía de Málaga
Amigos
& Familiares de las Víctimas de la emigración clandestina- AFVIC
(Málaga, 11 de Enero de 2003)
La trágica muerte de siete marroquíes en un incendio en
la comisaría de policía de Málaga ha calado en la
opinión pública marroquí. Cada marroquí se
ha sentido herido en su amor propio por su país y sus compatriotas.
El representante del gobierno español en Málaga ha culpado
a las mafias de tráfico humano, considerándolas como únicas
responsables de este crimen.
La prensa europea ha considerado el drama como un hecho más. Las
ONGs españolas, en contra de sus ideas, han preferido el silencio.
El gobierno marroquí se ha comprometido públicamente para
la repatriación de los cuerpos. La Secretaria de Estado para asuntos
de la comunidad marroquí en el extranjero, NEZHA CHEKROUNI, ha
exigido la apertura de una investigación.
Los partidos políticos de Marruecos se han abstenido de hacer declaraciones
oficiales. Un complot de silencio total, donde se busca archivar el dossier
en el plazo más breve.
No echar leña al fuego en las relaciones hispano-marroquíes,
la celebración de las fiestas de Navidades, la muerte de MOROS
convertida en moneda corriente,....Todos estos argumentos se han barajado
para justificar que este drama no haya recibido el interés y reflexión
que merece.
Jóvenes inocentes que han vivido entre la pobreza, las MAFIAS y
la negligencia han encontrado la muerte, quemados, en un país de
derechos humanos.
En la comisaría central de una de las grandes ciudades de España
(construida en el 2000, sin ninguna norma de seguridad ni plan de evacuación)
y bajo la tutela del gobierno español, que se supone debe asegurar
la integridad física y proteger sus vidas, siete seres humanos
han perdido sus vidas.
El incidente de MÁLAGA, además de su carácter dramático,
muestra el poder de las MAFIAS de tráficos humanos, ya que esta
vez la travesía no se efectuó en frágiles pateras,
sino en un yate de lujo.
La Asociación de Amigos y Familiares de Víctimas de la Inmigración
Clandestina (AFVIC) ha enviado a una comisión de investigación
con el fin de informar a la opinión pública sobre lo que
realmente sucedió el 27 de diciembre 2002.
Para poder reconstruir los hechos, Afvic ha dirigido una investigación
en la policía judicial de MÁLAGA (oficial responsable de
investigación), en el Consulado de Marruecos en ALGECIRAS (Monsieur
SAADAOUI), periodistas y ONGs de Andalucía.
Reconstrucción
de los hechos
El yate que transportaba a los "clandestinos" salió de
Ceuta (enclave español en el norte de Marruecos), con destino al
puerto deportivo de Marbella, Puerto Banus, el 23 de diciembre 2002. La
embarcación debía transportar, pasadores incluidos, 20 personas.
Entre ellas, dos menores y una mujer. La travesía, de cuarenta
kilómetros, costó entre 40.000 y 50.000 dirhams (4.000 y
5.000 euros) por persona. Se efectuó en un barco de lujo, matriculado
en Ceuta, de un valor estimado por un periodista español de 380.000
euros. Su propietario está actualmente cumpliendo una condena en
la cárcel de Algeciras.
Según un testimonio recogido por ATIME a una de las víctimas
original de Casablanca (Derb Ghallaf) , Mustafa AZZAR, el pase a Ceuta
se hizo a partir de una cita fijada en Tetuan. El pasador Ahmed AHGANE,
alias ROBIO, a bordo de un Mercedes 250 matriculado en Ceuta, le permitió
pasar el puesto de la aduana bajo la cómplice mirada de los agentes.
Llegado a Ceuta, el alojamiento en un apartamento de la ciudad se le garantizó
hasta el día de partida.
Una vez en el mar, los "clandestinos" debieron hacer frente
a una avería del motor y de la transmisión. El presunto
pasador intentó arreglarla junto a un mecánico, pero sin
conseguirlo. El yate con todos sus ocupantes derivó durante tres
días, sin agua ni víveres. Pudieron avistar un cierto número
de barcos petroleros, pero ninguno intervino para socorrerles.
El 26 de diciembre, por fin un barco turco les localiza. Los primeros
cuidados de urgencia les son prodigados con agua y comida, y su presencia
se indica a las autoridades españolas: La Guardia Civil les conduce
hasta el puerto de Málaga, donde se les lleva al calabozo de la
Comisaría de Policía. El presunto pasador aconseja entonces
a los "clandestinos" declararse argelinos para evitar la expulsión
inmediata.
El interrogatorio de la policía empieza desde el día siguiente,
el 27 de diciembre. La policía no cree sus declaraciones. Se inicia
el procedimiento de expulsión (verificación de documentos
de identidad, interrogatorios y huellas digitales.)
Según el oficial encargado de la investigación, diecisiete
personas son llevadas a una habitación de ocho por cinco metros,
en espera de ser expulsadas a Marruecos. El presunto pasador Karim AHGANE,
sobrino de su cómplice, elabora entonces un plan para evitar la
expulsión. Cualquier ataque a un policía les convertiría
en culpables de agresión lo que atrasaría el procedimiento.
Se toma la decisión de atacar al policía cuando penetre
en la celda para traer a las personas que faltan. Los "clandestinos"
cubren al pasador en la medida en que él les promete que si son
expulsados, se podrán beneficiar de una nueva travesía gratuita.
Pero comprenden rápidamente que su plan ha fracasado: la mujer
es aislada en la celda para mujeres, y los dos menores son conducidos
a un centro de detención de menores.
Siempre con el objetivo de poder pillar a un policía, los detenidos
deciden provocar un incendio para atraer la atención. Los efectivos
estaban muy reducidos aquel día: no hay más que tres policías
de guardia, es la ocasión ideal para aprovecharla. Apilan los colchones
y mantas contra el muro adyacente a la puerta y le pegan fuego. Sin embargo
en el exterior nadie lo advierte. La celda no está equipada de
detectores de humo, aunque el edificio es de reciente construcción.
Para dar la alarma, el fuego es desplazado muy cerca de la puerta de entrada.
El humo escapa por la ventana de la puerta, y el incendio es finalmente
detectado gracias a las cámaras de vigilancia que están
en el pasillo entre las celdas.
A partir de aquí hay varias versiones de lo que pasó. La
policía española, por medio del representante del gobierno
en Málaga, declara haber abierto la puerta veinte segundos después
de que el incendio se detectó. Los bomberos de Málaga afirman,
sin embargo en su informe, haber procedido a la apertura de las puertas
a su llegada, es decir 8 minutos tras el aviso de incendio. Ante la contradicción
de las versiones, el gobernador se explicó al día siguiente.
La puerta principal fue abierta tras algunos segundos. Los bomberos intervinieron
para despejar las otras entradas. Siempre quedará que los extintores
a disposición de los agentes de policía no fueron utilizados.
La asociación española Atime ha podido hablar con Mustapha
Azzar sobre la tragedia. Le comunicó su testimonio. Asustado por
el humo, se acurrucó en el rincón opuesto al fuego y cerró
los ojos. No los abrió hasta que notó los empujones de los
demás precipitándose hacia la salida. Sin embargo, esta
persona se contradijo a sí misma en una entrevista a la prensa
española. Afirmó esta vez que el pasador había tirado
una manta ardiendo sobre el policía que trataba de abrir la puerta.
Tras la apertura de la puerta, los detenidos se precipitaron al pasillo,
pero huyeron en el sentido inverso a la salida. Fueron interceptados por
las fuerzas del orden.
A resultas del incidente, siete personas han muerto, una queda hospitalizada.
Su estado es más grave debido a la asfixia que a quemaduras. Los
dos pasadores perdieron la vida el mismo día del incendio. El 29
de diciembre las autoridades españolas procedieron a la expulsión
de las personas sobrevivientes. Quedan hasta el día de hoy anónimas.
Se ignora aún si han sido interrogadas por las autoridades marroquíes.
La persona que declaró ante los medios españoles, Mustapha
Azzar, se encuentra aún en España. La AFVIC reclama todavía
las identificaciones y pregunta por las razones que han llevado al gobierno
español a alejar a los testigos oculares antes del final de la
investigación judicial.
Hemos ido a Málaga y procedimos a visitar el Hospital Carlos Haya,
donde todavía dos personas recibían cuidados intensivos.
El primero se identificaba como EL BAKKALI. Su cuerpo está actualmente
recubierto de vendajes. La identidad del segundo no ha podido ser establecida.
Se le conocía como C32 UVI.
Hay que señalar que el sindicato de policía español
ha denunciado la falta de normas de seguridad en las comisarías
de España y ha pedido la dotación de materiales no inflamables
en esos edificios.
En Málaga la asociación Atime ha cogido el dossier y sigue
de cerca el progreso de la investigación. Se da prioridad a la
petición de dimisión del gobierno en Málaga.
Para comprender bien el reparto de responsabilidades y la problemática
real de este drama de Málaga, hay que responder a un cierto número
de preguntas.
¿Cómo han conseguido las víctimas
llegar a pasar los puestos fronterizos sin ser molestados?
¿Cómo el presunto pasador Ahmed AHGANE, alias ROBIO, podía
ser recibido con cordialidad por los agentes de aduana, cuando era muy
conocido por sus antecedentes?
¿Cómo un yate del que el propietario está actualmente
encerrado, puede salir de un pequeño enclave como Ceuta y transportar
20 personas sin ser nunca detectado por ningún servicio competente?
¿Por qué los extintores no fueron utilizados? ¿Cómo
se explica que no hubiera detectores de humo en una comisaría tan
recientemente construida?
¿Por qué los testigos oculares han sido expulsados antes
del fin de la investigación?
¿Por qué razón Mustapha AZZAR ha obtenido el derecho
a permanecer en España?
¿Por qué los marroquíes se ven obligados a huir clandestinamente
de su país?
Como resultado de las investigaciones
efectuadas por la comisión de la AFVIC sobre el dramático
incidente de la comisaría de Málaga el 27 de diciembre 2002,
que ha causado la muerte de siete personas e importantes heridas a las
otras víctimas, con dos heridos graves;
- Dado que se ha observado que la comisaría
de policía no dispone de medidas de seguridad, ni de rápida
intervención que pudiera limitar los daños corporales a
que pudieran ser expuestas las personas sujetas a custodia;
- Dado que los funcionarios de la comisaría no ejecutaron ningún
plan de urgencia para luchar contra el incendio (extintores, plan de evacuación
rápida).
- Además de que no respetaron los procedimientos administrativos
de detención (registro sistemático y minucioso);
Se deduce que si la responsabilidad delictiva es difícil de probar,
la responsabilidad civil está confirmada, en vista de la negligencia
observada para asegurar la seguridad de las personas en custodia. Por
lo tanto, el gobierno español es responsable de este drama.
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