Análisis ARGELIA

Las esperanzas de resolución de la crisis se han visto frustradas, mientras se reaviva la violencia y empeora la situación general de la población

Argelia
Una crisis inconclusa

Internacional Crisis Group 
Argel, París, Londres y Bruselas

La crisis que se inició en Argelia con las elecciones de 1991 está lejos de resolverse. En este informe presentado por el ICG se analizan las causas de esa crisis y el papel de los distintos sectores de la sociedad argelina implicados en ella (en especial, el ejército y los grupos islamistas), la difícil situación social del país y el papel que debería adoptar Europa ante esta crisis. Tras una introducción, el ICG  presenta una serie de recomendaciones, tanto al gobierno argelino como a la comunidad internacional, que serán justificadas en el desarrollo del texto. 

Desde diciembre de 1991, Argelia conoce una ola de violencia que entre 1992 y 1998 ha degenerado prácticamente en una guerra civil. Este conflicto opone al régimen sostenido por los militares y una compleja red de oposición clandestina bajo la égida del movimiento islámico, el Frente Islámico de Salvación (FIS). Fue desencadenado por el golpe de Estado orquestado por el ejército, y cuyo objetivo fue bloquear la victoria del FIS en las elecciones legislativas de 1991. Según cifras oficiales, durante este periodo han muerto 100.000 personas, es decir, 120 al mes.
En abril de 1999, se pasó una página en la larga crisis política argelina con la elección a la presidencia de Abdelaziz Bouteflika, candidato de los militares y ministro de Asuntos Exteriores en los años 70 (...). Esta elección suscitó grandes esperanzas e incluso hizo que la violencia reculara por un tiempo. El presidente decretó rápidamente una amnistía limitada para los responsables de la violencia —por medio de la Ley de Concordia Civil— y prometió reformas esenciales cuyo objetivo fuera acabar con la violenta crisis que somete al país desde 1992.
Actualmente estas esperanzas se han visto frustradas. Aumenta otra vez el número de civiles muertos; la amnistía decretada el año pasado ha tenido efectos limitados; la Ley de Concordia Civil ha sido considerada por los islamistas más como una medida policial que como una tentativa política de reconciliación. Dieciocho meses después de la elección del presidente Bouteflika, aumenta entre la elite y los militares argelinos el sentimiento de descontento respecto a él.
En resumen, no ha terminado la crisis del país. Las autoridades de Argel no han tratado de resolver ninguna de las causas principales de la violencia manifestada entre 1992 y 1993. No han aceptado la necesidad fundamental de reestructurar y de dar una legitimidad nueva al Estado argelino, de aceptar el fracaso de la estrategia de erradicación de los islamistas y de emprender un proceso de diálogo político con ellos.
Actualmente es necesario que los islamistas se expresen en el terreno político oficial. Los partidos políticos oficiales deben participar significativamente en la vida política y velar por que políticos electos respondan del gobierno y de las instituciones del Estado; ello permitiría a la vida política argelina volver a empezar sobre unas bases nuevas.  
En este contexto, es fundamental definir bien el papel del ejército en la vida política. El ejército, que se sigue considerando el garante de la estabilidad en Argelia, continúa estando muy implicado en los asuntos políticos del país. Revisar el papel del ejército en la política y someterlo a un control civil debe ser una prioridad de cualquier programa de reforma. Sumar al ejército a la causa del cambio sigue siendo el reto mayor y más urgente. Las posibilidades de éxito de esa empresa dependerán en gran medida de la gestión del cambio y de la capacidad de los líderes políticos de convencer al ejército de que sus intereses fundamentales no se verán perjudicados.
La resolución de la crisis argelina es un desafío intelectual que necesita un nuevo enfoque por parte de la comunidad internacional y, en particular, de los Estados europeos para los hay mucho en juego. Hasta el momento, la actitud europea respecto a Argelia ha privilegiado el mantenimiento de la estabilidad del régimen y la represión de la violencia por medios militares sin prestar atención a las causas profundas del conflicto. El ejército argelino ha sido considerado como el mejor medio de controlar la violencia, de evitar una emigración masiva y eventuales desbordamientos de la violencia terrorista, incluso en Europa, y de garantizar a ésta el aprovisionamiento de petróleo en bruto y de gas natural. Los Estados europeos han aceptado de manera implícita que ellos no tenían papel alguno en la política argelina. Este enfoque ha tenido un éxito parcial: con algunas excepciones, la violencia no ha tenido consecuencias en Europa y ha quedado limitada al territorio argelino; no se ha producido una llegada masiva de refugiados argelinos, y el petróleo y el gas han seguido llegando sin interrupción. Sin embargo, como demuestra este informe, la situación sigue siendo extraordinariamente precaria y con riesgo de que la violencia se intensifique otra vez.

Recomendaciones
Al presidente y al gobierno argelinos:
1) Establecer un gobierno de transición, formado por los partidos políticos que participaron en las elecciones de 1991.
2) Dar una expresión política legítima a las aspiraciones y sentimientos políticos de los islamistas. Eso no implicaría obligatoriamente una nueva legislación sobre el FIS por parte del gobierno, pero podría significar el reconocimiento del WAFA, (...), considerado como sucesor del FIS.
3) Iniciar un diálogo público y transparente con todos los grupos islámicos bajo el liderazgo de WAFA, con ayuda de un tercer partido neutro. Es evidente que cualquier iniciativa de ese tipo deberá tener en cuenta los acuerdos de San Egidio de 1995 (*1).
4) Disolver la Asamblea Popular Nacional  (APN), las asambleas regionales y municipales, y determinar un calendario para nuevas elecciones municipales, legislativas y presidenciales.
5) Establecer un proceso de revisión constitucional que proponga nuevas reglas constitucionales que aseguren una mayor transparencia y la participación libre de todos los partidos. El papel del ejército como parte integrante de la estructura política debe ser redefinido también.
6) Crear una Comisión de Verdad y Reconciliación (...) que incluya observadores internacionales. El proceso de reconciliación debe tener en cuenta las preocupaciones de las víctimas de la violencia.
A la Unión Europea y otros agentes internacionales:
7) Apoyar el diálogo entre el gobierno argelino y los islamistas ofreciendo un marco de encuentro y de reconciliación.
8) Animar a Argelia a aceptar la Carta de Barcelona, que promueve la Asociación Norte-Sur, la liberalización de la economía, el buen gobierno y el respeto de los derechos humanos, como condición para su adhesión a la iniciativa de la Asociación Euromediterránea (conocida como “Proceso de Barcelona”).
9) Apoyar el proceso de reconstrucción política de Argelia, y en especial, el desarrollo de la sociedad civil y las medidas que tienen como objetivo acabar con la violencia.

Una crisis no resuelta

A. Rebrote de la violencia
Desde principios de 2000 la violencia vuelve a aumentar, aunque no haya alcanzado la intensidad de las masacres perpetradas entre 1992 y 1998 (...). Las cifras oficiales son de unos 300 muertos al mes, aunque el número podría ser más elevado. La amnistía ha llevado a unos 2000 combatientes a deponer las armas y a la disolución voluntaria del Ejército Islámico de Salvación (EIS). Pero los grupos armados clandestinos que rechazaron la amnistía —elementos del Grupo Islámico Armado (GIA) (...), y un nuevo grupo, el Grupo Salafí para la Dawa y el Yihad (GSDY) (...)— han sido acusados de ser los responsables de la actual violencia.
Mientras que el GIA sigue perpetrando masacres contra civiles, el objetivo de los ataques del GSDY son las fuerzas de seguridad. La zona de actuación de estos grupos es cada vez mayor: se extiende por el este hasta la frontera tunecina y por el oeste hasta Tipasa. Fuera de los grandes centros urbanos donde un gran número de militares asegura hoy el orden público, la seguridad sigue siendo precaria debido en parte a la presencia de 200.000 milicianos paramilitares. Estas milicias fueron creadas a mediados de los años 90 para apoyar a las fuerzas de seguridad y hoy están bajo control local y a menudo son utilizadas con fines particulares.
B. Un creciente descontento respecto al presidente
Cerca de 18 meses después de su elección, el balance del presidente Bouteflika es cada vez más negativo, en especial para los generales que orquestaron su ascenso al poder. Estos esperaban que el presidente sería capaz de rehabilitar la imagen de los militares ante el pueblo argelino y la comunidad internacional, y de restaurar su credibilidad, fuertemente cuestionada en los últimos años. En efecto, los militares habían sido acusados de pasividad, incluso de complicidad con los terroristas, después de la masacre de centenares de personas en una sola noche en 1997, en las proximidades de un cuartel del ejército. Los militares son cada vez más conscientes de que esta rehabilitación ha fracasado y hacen responsable de ello al presidente Bouteflika, el primer presidente no militar elegido en Argelia, y que se benefició del apoyo de los militares para acceder al poder. Sin embargo, tras su elección Bouteflika trató de romper el tradicional vínculo entre el poder político y el ejército, y de emanciparse de la tutela del ejército. Eso no impidió que los militares impusieran su propia agenda, por ejemplo, imponiendo la Ley de Concordia Civil, cuyo objetivo sería, según la Seguridad Militar (SM), dividir y con ello debilitar la oposición islámica.
Bouteflika también ha fracasado en otros dominios clave, como la reforma económica y en el apaciguamiento de las tensiones políticas y sociales. En los círculos próximos al poder han aparecido claros signos de descontento. (...). Sus únicos éxitos reales han sido sus iniciativas diplomáticas.(...)
C. Una débil movilización internacional
Hasta el momento, la actitud europea respecto a Argelia ha dado prioridad al mantenimiento de la estabilidad del régimen y al control de la violencia, y ha tolerado la estrategia brutal del régimen en su política de erradicación de la amenaza islámica. Se ha prestado poca atención a las causas profundas de la crisis, a pesar de la posición oficial acerca de la necesidad de reformas políticas en los países de la orilla sur del Mediterráneo expresada en el Proceso de Barcelona. Europa, por el contrario, ha guardado las distancias, evitando a toda costa inmiscuirse en los asuntos internos de Argelia y utilizar su influencia para encontrar soluciones a la crisis. El gobierno argelino a su vez se ha comprometido a asegurar que no habrá emigración masiva, ni rebrotes de violencia en Europa, y que a ésta se le seguirá aprovisionando de hidrocarburos.
El problema sigue siendo que sin la ayuda y apoyo exterior, las autoridades argelinas seguirán creyendo que no se necesita ningún cambio fundamental para resolver la crisis. Ahora bien, los gobiernos europeos consideran que su actitud pasiva y su no injerencia de los últimos ocho años ha sido beneficiosa, y están satisfechos de la aparente resolución de la crisis argelina. En ausencia de una acción común por parte de los países europeos cuyo objetivo fueran las causas de la crisis, el gran riesgo de que el conflicto adquiera una forma más viciada y difícil de contener en un futuro próximo sigue estando presente.
D. Catalizadores de la reanudación de la guerra civil
Al menos seis aspectos de la situación actual de Argelia son los factores de la reanudación de la guerra civil. Si la violencia alcanzara de nuevo los niveles de los años entre 1992 y 1998, habría que preguntarse si los métodos que se emplearon en esa época para controlarla siguen siendo eficaces. Es muy dudoso, y por eso es imperioso, que los gobiernos europeos se impliquen en la definición de una política que tenga alguna posibilidad de restaurar la estabilidad y la paz duradera. Las seis fuentes de preocupación principales son las siguientes:
1. El statu quo político.
Una de las causas principales del rebrote de violencia es que las autoridades no han solucionado el problema que desencadenó el conflicto en 1992: el estatuto del movimiento islamista, cuya victoria en las elecciones de 1991 fue bloqueada por un golpe de Estado dirigido por el ejército en enero de 1992. Detrás de este problema se esconde el más importante de la restauración de la confianza de la población en el Estado y en sus instituciones, que sólo será posible si se reconsidera el statu quo político existente desde 1992 y se crea un sistema político verdaderamente abierto y pluralista; ambas cuestiones son diferentes, pero están relacionadas.
Es imperativo dar a los islamistas medios de expresión legítimos en la esfera política oficial. También es necesario dar a los partidos políticos legales la oportunidad de participar de manera significativa en la vida política y situar al gobierno y a las instituciones del Estado bajo la responsabilidad de políticos electos. Ello permitiría a la política argelina volver a empezar desde una bases nuevas, lo que es especialmente importante no sólo porque es necesario romper con la larga tradición de Estado autoritario en Argelia, sino porque el breve periodo de pluralismo y de liberalización política entre 1988 y 1991 alimentó la esperanza de un cambio de sistema.
2. La oposición entre laicismo e islam político.
La crisis de los últimos ocho años ha acentuado la oposición artificial entre laicismo e islam político, lo que ha afectado profundamente a la vida política e intelectual del país. Desde hace tiempo el régimen ha tratado de explotar el sentimiento islámico arabófono para debilitar el lobby reformista, ayudando así a forjar una división entre laicismo e islam político. Los intelectuales, los francófonos en particular, acusados de laicismo y de traicionar a la causa árabe, han sido considerados durante mucho tiempo como los objetivos específicos de la violencia en Argelia. Muchos regímenes sucesivos han explotado y fomentado esta división, y más desde la famosa "Primavera beréber" de abril de 1980 que hizo de la cuestión lingüística y de la reivindicación beréber un problema político.
3. La ilusión de la reforma económica.
La restauración y liberalización de la economía argelina —más allá de la violencia política que les ha acompañado— ha sido  un proceso muy doloroso y que no ha producido resultados capaces de convencer a los argelinos. El paro ha aumentado y se eleva oficialmente al 28% de la población activa, y continúa afectando esencialmente a los jóvenes (el 60% de la población es menor de 30 años). A raíz de las reformas económicas, en 1998 se suprimieron más de 120.000 empleos, y 180.000 en 1999. Se ha controlado la inflación a costa de una moneda extremadamente débil y que sigue perdiendo valor. El cambio fundamental en las estructuras económicas no ha hecho más que empezar, el programa de privatización sigue siendo casi inexistente —las reformas del sector financiero no llegan aún al sistema banquero, el sector de intercambios sigue dominado por las agencias de importación-exportación de prospección de rentas y la economía en general sigue dependiendo de los ingresos del petróleo. Sin embargo, las consecuencias sociales de la reestructuración económica son muy inquietantes. La pobreza aguda propicia una nueva erupción de violencia.
4. Crisis social.
La mala gestión económica y política ha engendrado una profunda crisis social en Argelia. (...) Las deficiencias de infraestructura social, combinadas con una gran pobreza, la exclusión política y la precariedad de la seguridad, alimentan la cólera contra el gobierno y la tentación de la violencia entre los que se sienten excluidos y marginados.
5. Militarización de la sociedad
Se puede imputar también la escalada de la violencia a la adhesión masiva de elementos civiles a grupos de seguridad armados. Se calcula que unos 500.000 argelinos participan en actividades anti-islamistas de ese tipo, incluyendo a los soldados regulares del ejército, policías, milicianos locales armados y miembros de las fuerzas privadas de seguridad. La reconversión de estas personas a la vida civil implica una economía capaz de reinsertarlos. Si la economía es incapaz de ofrecerles empleos, es posible que consideren más provechoso vivir en ese aparato de guerra anti-islamista y recurrir a la extorsión, la venganza y a todo tipo de presiones. Aunque la concordia civil ha fijado las condiciones de reconversión de los grupos armados que acepten entregar las armas, no se ha previsto ninguna medida para desmilitarizar la sociedad.
6. La incertidumbre de la reacción del ejército
En este contexto, el papel del ejército en la vida política resulta todavía más crítico. (...) En el fondo, (...) se enfrenta a la elección entre:
a)	Perseverar en el statu quo: puede continuar con su tendencia actual y tratar de influir en la política argelina, excluyendo las tendencias que desaprueba y animando las demás. Esto implicaría que controla la Presidencia, sin poder esconder verdaderamente su poder detrás de una fachada constitucional o una apariencia democrática, que los argelinos denominan "fachada democrática". Así cada vez sería más impopular, debido a su parte de responsabilidad en los actos de violencia y a su apoyo a unas reformas económicas que tienen dramáticas consecuencias sociales. La visión que se tendría de Argelia tanto en el ámbito interno como en el internacional sería la de un Estado débil, dotado de un ejército incapaz de controlar la violencia política y de impedir que el conflicto se extienda a los países vecinos, Marruecos y Túnez.
b)	Aceptar la necesidad del cambio: los militares podrían admitir que es necesaria una reforma política fundamental, que implicara el fin de la participación directa del ejército en la política y la introducción de un sistema gubernamental adaptado, constitucional, fiable y transparente. Eso significa que las condiciones que había entre 1982 y 1991, cuando Argelia evolucionaba hacia un sistema político abierto a la participación, se habrían vuelto a reunir, teniendo en cuenta la transformación de la sociedad argelina tras los últimos ocho años de guerra. En particular se deben reconsiderar los objetivos y alcance de una nueva amnistía. Semejante enfoque, que recuerda algunas de las hipótesis del proceso de San Egidio, permitiría por lo menos evitar una nueva escalada de violencia a pesar de los graves problemas sociales y económicos (...).
c)	Una vez más los reformadores se enfrentan a un nudo de problemas. La reforma del ejército esta condicionada al statu quo político y a la exclusión de los islamistas del proceso político. Los militares trataron de redefinir su identidad política en 1992 oponiéndose a los islamistas y en particular al FIS. Sin embargo, la futura estabilidad de Argelia depende en gran medida de la aceptación por parte de los militares, en tanto que realidad política, de la opinión popular representada por el FIS en 1991 y 1992, que hoy sigue siendo importante, y de su voluntad de darles una forma de expresión en el sistema político.
d)	También hay que encontrar la manera de solucionar el problema del resentimiento y la cólera legítimos de los centenares de miles de argelinos que han sido víctimas de la violencia, tanto la del terrorismo islamista como la de las fuerzas del orden. Responder a estas expectativas y hacer que al mismo tiempo se acepte la reforma del ejército resulta hoy desafío más difícil.

¿Qué quieren los islamistas?

Dado que el movimiento islámico representado por el FIS fue capaz en 1991 de proponerse como alternativa al régimen de político establecido bajo el presidente Chadli Benjedid, es evidente que desde ese momento cualquier punto de partida político deberá tener en cuenta la existencia y perspectivas del movimiento, aunque éste haya sido oficialmente. Pero el FIS no es la única corriente dominante fuera del régimen, ya que existen otros movimientos y partidos que reflejan la complejidad de la Argelia contemporánea. Sin embargo, en razón de la violencia de los ocho últimos años, el FIS representa hoy la principal fuerza de oposición que tiene que reconocer cualquier régimen que desee construir los fundamentos de una vida política sana. La población argelina podría entonces expresar sus verdaderos sentimientos respecto al partido de oposición que, a causa de la persecución por parte del régimen, ha disfrutando de una verdadera legitimación popular que quizá no hubiera tenido nunca de no haber sido empujado a la clandestinidad. 
La campaña para las elecciones presidenciales de abril de 1998 abrió, quizá por primera vez desde la interrupción del proceso electoral en 1991, la perspectiva de una reconciliación entre los islamistas y el poder militar. Abdelaziz Bouteflika, candidato oficial del régimen y vencedor por defecto, emprendió una enérgica campaña a favor de la reconciliación con los islamistas del FIS. Los responsables del disuelto partido en el exilio no dudaron en calificar la elección presidencial de "verdadero principio de solución política" (*2) Sin duda las condiciones de la elección de Bouteflika (abstención de los otros seis candidatos) subrayaron la debilidad de su legitimidad y, en consecuencia, sus dificultades para librarse del poder militar. El IEFE precisó en un comunicado del 30 de abril de 1998: "el nuevo presidente se ve confrontado a los mismos problemas que supusieron el fracaso de sus predecesores y que pueden llevarle a la misma suerte". En efecto, en 1995 el presidente Zeroual emprendió una política de clemencia (...) a favor de los islamistas que tuvo unos resultados muy limitados debido a las reticencias del Estado Mayor militar. Para reforzar su autoridad y llegar a una auténtica reconciliación con los islamistas, Bouteflika inauguró un nuevo método utilizando el referéndum. (...)
A. ¿Por qué no ha tenido éxito la concordia civil?
El hecho de que continúe de la violencia, aunque ésta sea menor (...), demuestra que la paz civil aún no ha sido restaurada. Desde el punto de vista de los islamistas habría tres factores que contribuirían a explicar el fracaso. En primer lugar, la concordia civil no es un proyecto político de reconciliación sino un proyecto político cuyo objetivo es encubrir jurídicamente la violencia de los protagonistas; en segundo lugar, los islamistas acusan a los militares de utilizar su poder para manipular el orden del día político y frustrar los esfuerzos para restablecer un verdadero proceso de reconciliación; por último, el fracaso se explica por el rechazo de los grupos armados GIA y GSDY a dialogar y negociar con el poder.
1. La concordia en cuanto medida policial
Una de las principales criticas que se han hecho a esta Ley es la prioridad que da a la dimensión jurídica, más que a la política, y que no representa la conclusión de un largo trabajo, como el llevado a cabo por  la Comisión de Verdad y Reconciliación de África del Sur. La concordia civil no trata de identificar a los responsables del drama argelino ni trata de formular perspectivas de paz. De hecho se limita a enumerar las condiciones y reglas de la rendición de los islamistas. (...) 
Sin embargo, como el código civil prevé la pena de muerte, la Ley de Concordia Civil prevé una atenuación de las penas que no pueden exceder de los 20 años de reclusión para crímenes del tipo de masacres colectivas. En tales condiciones, no era lo suficiente atractiva como para atraer a la paz a los grupos armados. Es verdad que ha proporcionado "una cobertura jurídica y política" a las negociaciones entabladas en 1996 entre el Ejército Islámico de Salvación y el ejército argelino. Pero este último había cesado todas sus operaciones militares el 1 de octubre de 1997 y decretado una tregua unilateral y sin condiciones.
Así pues, la Ley de Concordia Civil constituía un proyecto susceptible de incorporar al campo de la paz a las demás formaciones islamistas. Por lo tanto hay que constatar el fracaso del proyecto. Aunque las cifras sean poco creíbles, los islamistas que se habrían rendido en las condiciones de la Ley para beneficiarse del "periodo de prueba" serían unos 2.000, pero no constituirían el núcleo duro de los grupos armados, ya que sólo se habrían rendido los auxiliares y los no combatientes.
2. Opacidad jurídica de la Ley de Concordia Civil
La orientación policial de esta Ley constituye uno de los obstáculos de la vuelta a la paz. En efecto, ¿cómo imaginar la rendición de los grupos armados cuando incluso la toma de decisión sobre las penas es opaca? Para Ali Benhajar, emir de la Grupo Salafí para la Dawa y el Yihad (GSDY) esta Ley "no es clara; ella misma excluye a los que anunciaron por propia voluntad el fin de la acción armada antes de la promulgación de la Ley; en ese caso, ¿con quién se hace la concordia?, ¿con los miembros de los grupos que han proclamado su rechazo a la reconciliación y el diálogo? Desde un punto de vista objetivo, la reconciliación sólo se puede hacer entre dos partes. Eso significa que ambas partes hacen concesiones para llegar a la concordia y al entendimiento. Pero en realidad vemos que esta Ley ha sido dictada por los vencedores contra los vencidos. Los que habían tomado las armas se han convertido en perdidos, criminales, arrepentidos, a quienes se perdona mientras que la otra parte resulta fortalecida; así pues no es una reconciliación, sino un acuerdo de seguridad". En este "acuerdo de seguridad", Ali Benhajar cuestiona la arbitrariedad de los jueces que deciden quien se debe beneficiar de la Ley y quien debe ser excluido sin el menor control exterior (comisión, organización, observador, etc.). En esas condiciones, precisa: "si el poder se contenta con esta Ley, el fracaso es inevitable, dure seis años o seis meses".
3. Ausencia de una solución política
Los comentarios más interesantes sobre la incapacidad de la ley de amnistía de ofrecer una verdadera perspectiva de solución política a la crisis argelina han sido hechos por los mismos portavoces de los movimientos islámicos. En ese sentido, el portavoz de la tendencia islamista reagrupada en el Comité de Coordinación del FIS (CCFIS), Mourad Dhina, declaró en julio de 2000: "la política llamada de ‘concordia civil’ no ha restablecido la paz en Argelia. El FIS siempre ha rechazado esta ‘concordia’ porque ignoraba la naturaleza política de la crisis y su único objetivo era absolver a los generales y a sus aliados de los crímenes de los que se han declarado culpables. El restablecimiento de una paz duradera en Argelia es factible. Pero esta paz no se podrá hacer sin los deberes de memoria, verdad y justicia (...)" Para esta tendencia del FIS, el actual presidente no tiene suficiente autoridad para llevar a cabo la política de la concordia civil (...)
Para Ali Benhajar, la "solución debe ser política... la solución política comporta la liberación de todos los prisioneros, incluidos los dirigentes del FIS, y la amnistía general para los dos partidos sin persecuciones. También comporta la apertura del espacio de expresión mediática, de predicación, de asociación". Para los dirigentes del FIS la Ley de Concordia Civil es un fracaso y es revelador que uno de los responsables históricos del FIS opuesto a esta Ley, Abdelkader Hachani, haya sido asesinado. Para ellos esta Ley no cumple las condiciones de paz, por el contrario, bajo un discurso de reconciliación se esconde otra política de guerra legitimada por un referéndum.
B. Las condiciones de los islamistas para la paz
1. Instaurar un clima favorable a la reconciliación.
Para Abassi Madani, cualquier política de reconciliación depende de la condición previa de que se establezca un clima susceptible de instaurar la confianza: "las condiciones previas a la mejora del clima son garantía y testimonio de buena intención, como la liberación de los prisioneros políticos, la vuelta de los exiliados, el levantamiento del estado de emergencia" (carta del 26 de noviembre de 1999). Sin duda el presidente Bouteflika había empezado a instaurar este clima liberando a 2.600 prisioneros después del referéndum, pero este gesto pronto fue considerado insuficiente.
2. Promover una solución política
Para los dirigentes del FIS, en libertad o en prisión, la paz pasa por una "verdadera solución política". Eso significa para ellos que el poder militar debe dejar de negociar acuerdos secretos militares con los grupos armados, ya sean del EIS, o de otros grupos, para emprender negociaciones directas con los dirigentes del "disuelto partido". (...)
3. La reforma jurídica como medida de confianza
El éxito de todo proceso de reconciliación depende de la existencia de un sistema jurídico imparcial, independiente y no subordinado al libre arbitrio del régimen. Bajo la constitución de febrero de 1989, el sistema judicial se transformó de una "función judicial que sirve a la revolución socialista" en un régimen autónomo que podría por lo tanto contribuir eficazmente a establecer, por primera vez en la vida política y constitucional de Argelia, un Estado de derecho.
Sin embargo, el sistema legal ha seguido siendo en realidad un instrumento bajo el control del ejecutivo y un elemento del dispositivo de represión utilizado para controlar la crisis política y la violencia. Incluso ha servido para los arreglos de cuentas en el seno mismo del régimen.
Desde su llegada al poder, el mismo Bouteflika se ha quejado del sistema judicial. En enero de 2000 creó una Comisión Nacional para la Reforma Judicial, encargada de examinar el conjunto del sistema y de recomendar reformas. Sus conclusiones fueron presentadas en un informe sometido al presidente en junio de 2000. A principios de agosto de 2000, varios jueces fueron cesado por "corrupción". No está claro que eso responda a una verdadera determinación de instaurar la autoridad moral del sistema judicial, o si se trata simplemente de recuperar la confianza de la opinión pública.
Por su parte el ministro de justicia, Ahmed Ouyahia, prometió medidas nuevas, en especial sobre la limitación de la detención preventiva, el control judicial de la policía y la mejora de las condiciones de encarcelación, que él considera el preludio a una reforma judicial a fondo.
C. ¿Un nuevo partido islamista?
La Ley de Concordia Civil no ha logrado responder a las condiciones de los islamistas descritas más arriba. La estrategia actual del régimen, que descansa sobre la disolución del FIS y la erradicación de su recuerdo reemplazándolo con partidos islamistas moderados ya formados, ha mostrado sus límites. Igualmente han fracasado las negociaciones secretas entre el ejército y los grupos islamistas que trataban de dividir el movimiento de guerrilla como medio de acabar con la violencia.
Ocho años y medio después de la disolución del FIS,  sería el momento de reflexionar sobre la hipótesis de la creación de un nuevo partido político islamista susceptible de reagrupar a los dirigentes del antiguo partido para emprender verdaderas negociaciones con el poder. Eso supondría una prueba seria en el marco de una política de reconciliación. El problema de la paz en Argelia sigue siendo ante todo de naturaleza política y las condiciones de su restauración sólo se pueden establecer si la política del régimen respecto a los islamistas cambia radicalmente de orientación. El régimen no ha podido eliminar a los islamistas, por consiguiente, hay que encontrar una forma de garantizar su reintegración. 
El conflicto nació de la disolución del FIS, por lo tanto la paz no se puede restablecer mientras ese partido, o una formación próxima, no vuelva al ámbito político. Para el régimen se trata de establecer las condiciones en las que un partido que no defiende la democracia en tanto que ideal pueda ser admitido. La década transcurrida ha demostrado que el precio que hay que pagar en términos de vidas humanas por haber excluido al FIS de la vida política ha llegado a un punto intolerable.

¿Por qué el ejército no ha logrado crear la paz?

Una vez que el Estado demostró su incapacidad para resolver la crisis política a principios de los 90, el ejército, íntimamente asociado al ejercicio del poder desde el final de la guerra de independencia, derrocó el régimen con el golpe de Estado de 1992. Con esta intervención directa en el campo político el ejército amenazó su propio estatuto en la vida política argelina. En efecto, siempre había ejercido su influencia  sobre el gobierno de una manera indirecta y discreta, excepto en un corto periodo entre 1989 y 1991. Sin embargo, al cabo de ocho años, el apoyo de la clase política al ejército ha disminuido considerablemente y ha crecido la hostilidad de toda la población, lo que ha supuesto el final del acuerdo implícito sobre el papel del ejército durante el periodo de independencia postrevolucionario.
A. Una estructura cada vez menos homogénea 
Cada vez se considera menos al ejército como una estructura homogénea y monolítica. A pesar de un consenso sobre los intereses de los cuerpos del ejército, existen varias líneas de división en su seno:
1.	Rivalidades históricas.
Una primera línea divide a los oficiales agrupados en torno a la guerra de independencia de 1954 y que se consideran los auténticos y legítimos garantes del nacionalismo argelino, y los oficiales que se unieron al movimiento de liberación en su última fase, cuando la victoria del FLN era ya segura. Muchos de ellos eran desertores del ejército francés (...).
2.	Las diferencias generacionales.
La segunda línea separa a la generación de oficiales que participaron directamente en el movimiento de liberación de la generación siguiente. Ésta, demasiado joven para haber combatido al ejército francés, se formó mayoritariamente en escuelas militares del extranjero, en países del bloque soviético o del Mundo Árabe. Ambos grupos tienen una percepción diferente del papel del ejército en la sociedad y de sus responsabilidades políticas. La más joven considera que el ejército es un cuerpo profesional y técnico cuya misión es proteger la soberanía territorial del Estado contra eventuales agresiones exteriores.
3.	Las divisiones regionales.
La tercera división es regional. Al ser un Estado inmenso y, hasta hace muy poco, esencialmente rural, no se pueden subestimar las afinidades regionales, incluso tribales. Los oficiales originarios del este del país, que desencadenaron la insurrección de 1954, se consideran los depositarios de la legitimidad histórica, al contrario de sus camaradas del oeste del país.
4.	Los grupos de negocios.
Los grupos de negocios y de reparto de los beneficios de la corrupción delimitan los diferentes "territorios" explotados por algunos generales y clanes. Esto es especialmente evidente en muchos sectores de la economía rentista, como el de los hidrocarburos.
5.	Las divergencias entre los distintos servicios.
El Estado Mayor y la Seguridad Militar (SM) no utilizan los mismos métodos para luchar contra el terrorismo. La SM sigue siendo el brazo armado del régimen que le asegura unos medios considerables para funcionar. La SM a cambio debe justificar esta confianza evitando cualquier forma de desestabilización, venga de donde venga, incluido el interior del sistema. Su influencia y sus agentes están presentes en todos los sectores de la sociedad: las fábricas, los partidos políticos, pasando por los media. La mayoría de los oficiales superiores de la SM han sido formados en el extranjero. En teoría, la SM está ligada al Estado Mayor; en realidad, ambas instituciones se hacen la competencia.
En época reciente ambas instituciones han tenido un análisis sucesivamente convergente y divergente de la situación y de la respuesta a ésta. Al principio del conflicto, en 1993, ambas partes coincidían acerca de la estrategia de guerra frente a los islamistas del FIS, vencedores de las elecciones de 1991. En 1995, la oposición reunida en Roma bajo los auspicios de la comunidad de San Egidio llegó a un acuerdo denominado "plataforma de Roma", cuyas proposiciones fueron formalmente rechazadas por las autoridades argelinas. Pero después de la elección de Liamine Zeroual, que hizo campaña bajo el lema de la paz, la SM y el Estado Mayor  emprendieron caminos diferentes. El consejero más próximo al presidente, el general retirado Mohamed Betchine, contactó con representantes del FIS con vistas a iniciar las negociaciones. Simultáneamente, el general Samin Lamarri, de la SM, acudieron en secreto al maquis e inició negociaciones con los principales dirigentes del EIS en octubre de 1997. Esta lucha no declarada entre ambos grupos llevó a la dimisión de Zeroual a raíz de una campaña de desprestigio en la prensa contra su consejero, Betchine. En otras palabras, la dimisión del presidente Zeroual marcó una victoria de la SM sobre el Estado Mayor. Como la salida precipitada de Zeroual creó un vacío político, las diferentes facciones militares tuvieron que encontrar una solución y acudieron a Bouteflika.
6.	Percepciones opuestas de la crisis argelina.
Con el empeoramiento del conflicto y la intensificación de la violencia, las percepciones del conflicto se han separado cada vez más. La sociedad se encontró pronto dividida entre los erradicadores, que querían reprimir y eliminar a la guerrilla islámica armada, y los reconciliadores, que consideraban el diálogo y el compromiso con los islamistas como una condición esencial para llegar a una solución política. En los últimos años en el seno del ejército ha habido una lucha de influencia entre estos dos grupos. La tendencia de los reconciliadores ha cobrado cada vez más importancia dentro de la estructura militar, por dos razones. En primer lugar, el ejército está ahora en una posición de superioridad militar de la que puede obtener beneficios en las negociaciones con los islamistas. Además, su credibilidad nacional e internacional se ha visto severamente minada por las acusaciones de complicidad con las masacres y por el enorme coste del conflicto, en vidas humanas y material. Este coste es cada vez más difícil de soportar política y socialmente, tanto a corto como a medio plazo.
La facción opuesta, los erradicadores, está dirigida por el jefe de la SM, el general Mediene, cuya estrategia es dividir a los grupos islamistas para debilitar, e incluso romper, su estructura de mando. La estrategia es negociar un alto el fuego con el EIS, para tratar de fragmentar el movimiento islámico de varias maneras: aislando el ala política (FIS) del ala militar, jugando con la numerosas y complejas relaciones internas del movimiento islámico, ampliando la propaganda internacional y local sobre las masacres perpetradas  por los islamistas en 1997, infiltrándose en los distintos movimientos y tratando de desestabilizarlos por medio de las masacres que se pueden atribuir a grupos rivales.
B. Los fracasos del pasado, la incertidumbre del porvenir
Hasta el momento, el ejército ha logrado contener militarmente el conflicto civil que persiste, con distintos niveles de intensidad, desde 1992, aunque sólo puede enorgullecerse de un éxito pasajero. No está claro que disponga de recursos suficientes en términos de personal, de imaginación y de apoyo popular para hacer frente a un resurgir de la crisis. Tampoco puede contar con las instituciones políticas del Estado para combatir su impopularidad. En ese contexto (...) el mando del ejército se encuentra aislado y sin sugerencias para manejar una crisis eventual. Sigue sin aceptar a los islamistas como interlocutores que participen en la resolución de una crisis que dura ya diez años. Esta actitud se desprende de la negativa del ejército a considerar la crisis como una guerra civil en la que se oponen diferentes visiones de la política argelina. Prefiere por el contrario concebir la violencia como un ataque contra una estructura legítima del Estado, de la que él es el garante incuestionable.
Debido a este creciente aislamiento respecto a la elite política, si el ejército trata de controlar el comportamiento de la administración, se verá obligado a intervenir cada vez más en le ejercicio de la autoridad civil. Además, si se tiene en cuenta la manera como el jefe de esta autoridad, el presidente, ha llegado al poder, esto es, la manipulación fraudulenta del voto popular, está  claro que la administración no podrá escapar a la tutela del ejército. Ahora bien, las tácticas verdaderamente represivas del ejército contribuyen también a quitar toda legitimidad a la imagen de éste como encarnación legítima del Estado argelino. A cambio, eso dificultará a los militares el control de cualquier situación política. En resumen, si vuelve la guerra civil, no está claro que el ejército pueda controlar una situación de inseguridad y violencia urbana, agravada por las consecuencias sociales y ambientales de un cambio económico radical. (...).
Paradójicamente, la actitud represiva del ejército respecto al FIS ha situado a éste en una posición  política dominante, exagerando su importancia real y prestándole una legitimidad de la que no se habría podido beneficiar en otras condiciones.
La intervención militar para impedir la victoria del FIS en las elecciones de 1991 (...) ha impedido a los argelinos dar una  nueva legitimidad a su sistema político después de los disturbios de octubre del 1988. En efecto, desde 1992, el ejército ha impedido sistemáticamente la aparición de cualquier sistema de legitimación en el que no estuviera implicado. Desde entonces, la iniciativa de San Egidio que llevó a los partidos políticos legales a un acuerdo con el FIS, prohibido entonces en Argelia, para asegurar la vuelta a un gobierno constitucional y a la paz civil fue acogida con hostilidad por el ejército y le empujó a ejecutar su propio proyecto. Éste preveía elecciones presidenciales en 1995, la nueva constitución de 1996 y las elecciones legislativas y municipales de 1997. Estas iniciativas han sido bastante impopulares y poco convincentes; la política argelina sigue estando fragmentada por la violencia y sigue existiendo un abismo entre el régimen sostenido por el ejército y las aspiraciones políticas de la población. La situación incluso ha empeorado al imponer el ejército la reforma económica, sobre todo en respuesta a las demandas de los países europeos, para resolver, al mismo tiempo, la crisis de la deuda exterior de los años 80 y para buscar la ayuda europea por medio del Proceso de Barcelona en los 90.
Parece que en la actualidad la estructura de mando del ejército está escasa de opciones e inspiración. Las tensiones entre el ejército y la presidencia parecen demostrar que los generales se arrepienten de su decisión de llevar a Bouteflika al poder, mientras que el presidente por su parte trata de escapar a su tutela. Al mismo tiempo los mandos del ejército se dan cuenta de que van a tener que aceptar la presencia de Bouteflika: es tal la falta de credibilidad de las instituciones del Estado que es imposible prever su salida de la presidencia o su sustitución por vías constitucionales. Además, el mismo ejército abandona cada vez más su papel de defensor del Estado y tiene un papel cada vez más policial para restaurar la seguridad interior.
Pero el ejército también necesita de un sistema de Estado viable para concentrar sus recursos en la modernización del cuerpo militar y la defensa nacional. Su falta de visión para la futura Argelia y su implicación en la gestión diaria de los problemas de control político y de seguridad interior lo refuerzan en un papel esencialmente reactivo en un momento en que es urgente que renueve sus estrategias. El cuerpo de oficiales está dividido respecto al futuro del país. (...). Además, el ejercicio arbitrario del poder, sin que se identifiquen nunca las responsabilidades individuales, ha perjudicado a la integridad del cuerpo de oficiales, mientras que las visiones opuestas del porvenir de Argelia han minado la coherencia de las relaciones del ejército con el gobierno y la sociedad.
C. Pérdida de la confianza en el presidente.
Cuando los dirigentes militares argelinos decidieron apoyar la candidatura de Bouteflika en las presidenciales de 1999 no sabían que se iban a arrepentir tan pronto de ello. Sin embargo sabían lo que les esperaba. Bouteflika se había tomado su tiempo para negociar su vuelta, y sus ideas políticas y económicas eran bien conocidas.
La retirada de los seis candidatos de la oposición antes de la primera vuelta supuso un duro golpe para a su potencial credibilidad como presidente, incluso antes de su toma de posesión. Nada más acceder a la presidencia trató de compensar su aislamiento nacional explotando a los media, en especial a los extranjeros. Concedió numerosas entrevistas en el curso de las cuales declaró repetidamente que el ejército y él aceptaban la división de tareas respectivas. Este acuerdo pareció mantenerse durante los primeros seis meses de su mandato y prácticamente no hubo ningún problema con el ejército. (...)
Las relaciones empezaron a deteriorarse cuando el presidente perdió su discreción diplomática y atacó públicamente a Marruecos y Túnez, y empeoraron cuando a finales de 1999 declaró que el asesinato de Abdelkader Hachani, el único líder islámico en libertad cuya personalidad carismática era respetada por los militantes del FIS (*3), era un ataque contra su proyecto de amnistía. Esta declaración fue considerada como un ataque indirecto al liderazgo del ejército.
El descontento del ejército creció también por otros motivos. A pesar de lo prometido, Bouteflika ha sido incapaz de obtener las importantes inversiones de los países del Golfo con las que contaba para tratar de afianzar la maltrecha economía argelina (...); las nuevas manifestaciones de violencia a principios del Ramadán del año 2000 demostraron el fracaso de sus medidas de concordia civil.(...)
La prensa ha jugado un papel importante en la movilización de la opinión hostil hacia él. Lo considera incapaz de hacer frente a la crisis y a menudo lo describe como un megalómano de personalidad inconstante (...). Afortunadamente para él, la prensa no se atreve a ir demasiado lejos: los propietarios, los editores y los periodistas saben que los militares recurren a la crítica, la manipulación y la intimidación. Al fin y al cabo ellos son los autores de una Ley de Prensa que autoriza a los jueces a encarcelar a los periodistas bajo sospecha de posesión de información relacionada con cuestiones de seguridad.
D. Signos de cambio
Después de la elección del presidente Zeroual en 1995, los militares le presentaron un informe sobre su visión del papel regional y mediterráneo de Argelia tras el desmoronamiento de la Unión Soviética. Parte del informe (...) incluía recomendaciones para resolver el problema del Sahara occidental (...) y sugería encontrar una solución con Marruecos acordando la autonomía al Frente Polisario, y que se replegaran y reorganizaran completamente las fuerzas del ejército presentes en el territorio argelino. Algunos oficiales incluso defendían la tesis de que las amenazas contemporáneas ya no venían del vecino marroquí, sino de la globalización económica, y que era necesario que Argelia repensara su política de defensa en términos tanto económicos e industriales, como militares.
Este informe confidencial nunca se hizo público dadas las tensiones internas y el crítico estado del conjunto de la situación política. Sin embargo, las fuentes que el ICG ha podido obtener permiten clarificar algunas de las tendencias actuales de la estrategia del ejército, aunque no se puedan sacar conclusiones formales. Eso es especialmente importante en el contexto de Oriente Medio y de las relaciones con EEUU, esferas en las que la presidencia ha tratado de tener una posición dominante, pero que en las que se ha encontrado compitiendo con el ejército, que tiene su propia política. A consecuencia de esta revisión de orientación, Argelia se ha incorporado actualmente al diálogo mediterráneo de la OTAN y se prepara para admitir ciertas realidades del Mediterráneo oriental, aunque Bouteflika, que considera la política exterior como una cuestión personal, no esté demasiado conforme.
La evolución de los militares respecto al conflicto arabo-israelí es especialmente interesante. En octubre de 1999 la prensa publicaba la noticia de la visita de una importante delegación israelí que contaba con personalidades militares, economistas, hombres de negocios y varios representantes del Mosad. La postura diplomática argelina ha permanecido invariable respecto a Israel. Argelia no establecerá relaciones diplomáticas con Israel mientras no se concluya un acuerdo con los palestinos sobre su estatuto final. Argelia y Libia son los únicos países del Magreb que rehusan oficialmente  mantener relaciones diplomáticas con Israel, a pesar de estar en una situación periférica respecto al conflicto. Sin embargo, en los últimos tiempos han aumentado los contactos con las comunidades judías en Europa (...). Varios oficiales superiores formados en Europa tratan de limitar la creciente influencia de EEUU y de estrechar los lazos con Europa, en especial en instituciones como la UEO, y a título de observador de la OTAN, a semejanza de Marruecos. Este cambio es testimonio de una voluntad de participar en el pacto de estabilidad del Mediterráneo. La influencia que ejerce el ejército demuestra hasta qué punto fragua la vida política del país y revela la importancia de su papel. El ejército es de hecho parte incuestionable en cualquier resolución política que tenga por objetivo establecer la estabilidad y la paz.
E. El futuro
Hay una nueva corriente dentro del ejército, especialmente entre los oficiales jóvenes (...), conscientes de que la mundialización exige más un conocimiento sutil de la política internacional y de la alta tecnología que de la fuerza militar. Desde el punto de vista de los militares, está claro que el sometimiento de las autoridades militares a las civiles no se podrá hacer sin compensaciones, esto es, sin una amnistía para la corrupción y represión del pasado, y sin el mantenimiento de los privilegios de la casta militar (...). Sin duda habrá que ofrecer condiciones financieras ventajosas para que los militares acepten este nuevo papel o su retiro (*4).
Los oficiales jóvenes que van a asumir en el futuro el liderazgo han evolucionado en condiciones diferentes y tienen sus propias ideas respecto al futuro del país y su lugar en el mundo. En ese sentido, tarde o temprano tendrá que haber cambios. El ejército tiene la costumbre de tomar decisiones tras largos debates a puerta cerrada, lo que en el pasado permitió acabar pacíficamente con las divergencias entre los militares y aseguró la supervivencia del ejército como cuerpo en la vida nacional.

La economía de renta y la perpetuación de la guerra

En 1993, el régimen se vio enfrentado a una grave crisis financiera mientras los grupos islámicos progresaban militarmente sobre el terreno. Al año siguiente, gracias a un programa de reestructuración del FMI, el régimen pudo enderezar la situación a costa de profundas convulsiones económicas y sociales que duraron hasta 1998. Desde un punto de vista macroeconómico, el FMI considera hoy a Argelia como un ejemplo bastante logrado de reajuste económico. Sin embargo, esta consideración no tiene en cuenta el fracaso de las medidas económicas del gobierno destinadas a revisar el papel dominante desempeñado por la elite militar o a remediar los problemas sociales.
A. La economía de renta y la estructura de poder militar
Existen dos factores que han impedido que los militares se impliquen plenamente en un proceso de paz: por un lado, los islamistas ya no representan una amenaza seria para sus intereses; por otro, los grandes ingresos obtenidos por la industria de hidrocarburos aseguran la supervivencia del ejército como institución. Desde principios de los 90 Argelia favoreció el desarrollo del sector del petróleo y del gas aumentando la participación de empresas extranjeras para acelerar el crecimiento, equilibrar su presupuesto y mantener una balanza comercial sana. El petróleo, el gas y los productos refinados representan el 97% de los ingresos de las exportaciones. La balanza comercial ha sido excedente durante toda la última década (con excepción de un año), lo que ha permitido a Argelia acumular importantes reservas de divisas extranjeras, suficientes, según el antiguo primer ministro, Ahmed Ouyahia, para mantener la devolución de la deuda durante los  próximos años. En efecto, aunque el bajo precio del petróleo no ha permitido ingresar en 1998 más que 10.000 millones de dólares en vez de los 13-15 previstos, la actual balanza comercial sigue presentando un excedente de 1.000 millones de dólares.
Desde  el punto de vista macroeconómico, el aspecto general de la economía argelina, dejando de lado los problemas causados por la persistencia de la violencia y de la gran dependencia de las fuerzas de seguridad para mantener el orden público, demuestra que las reformas y el proceso de reestructuración introducidos por el FMI en 1994 han sido relativamente satisfactorios. Argelia presenta hoy los elementos fundamentales de una economía de mercado; se ha establecido un mercado financiero interior para atraer a inversores privados y se ha establecido una estructura legal para acoger las inversiones. El Estado se borra poco a poco de la economía, al menos en lo que concierne a los sectores no petroleros, mientras que el sector externo se ha liberalizado ampliamente en términos de intercambio y de regímenes de cambio. La fiscalidad es lo único que suscita grandes preocupaciones.
La situación no es en realidad tan de color de rosa. Los problemas estructurales siguen obstaculizando el desarrollo de una economía de mercado viable y competitiva. La influencia de los oficiales superiores en la economía es enorme teniendo en cuenta que las reformas económicas más importantes dependen de su aprobación. La economía sufre una falta de transparencia y de fiabilidad, lo que perjudica tanto a las inversiones exteriores e interiores, como a los negocios. Por ejemplo, es difícil de creer que existan 27.000 agencias de importación-exportación en Argelia (...), todas ellas dedicadas fundamentalmente a las importaciones, capaces de encontrar negocios legítimos a los que dedicarse. El sistema jurídico y administrativo tampoco es suficientemente objetivo como para convencer a los inversores privados de que se van a beneficiar de un clima estable  y viable financieramente, dos condiciones que son indispensables antes de cualquier inversión privada en el sector no petrolero
B. La progresión de las reformas económicas.
El FMI ha señalado cinco dominios en los que se deben efectuar progresos significativos si Argelia quiere crear una economía sólida y estable, capaz de integrarse en  la economía mundial y de producir importantes beneficios para su población. Estos dominios son:
1. La reforma de los precios: el control de los precios fue suprimido de manera general en 1996 y en enero de ese año se cortaron las subvenciones a los productos alimentarios y a finales del 97, a los productos derivados de la energía.
2. Las empresas del Estado: el programa de reformas de las empresas públicas se aplicó a 400 grandes empresas y a 1300 pequeñas y medianas, todas las cuales tenían una baja productividad, material obsoleto, gestión ineficaz y excedente de personal. El conjunto de esas empresas empleaba a dos tercios de la mano de obra industrial y a un tercio de la mano de obra de la construcción. Este programa también ha contribuido a la creación de nuevos holdings del sector público, destinados a asegurar la vuelta de los beneficios, a cerrar o reducir el tamaño de las empresas deficitarias y a preparar el sector para la privatización. Sin embargo, el proceso de reestructuración se ha visto retardado por factores económicos y sociales. Más tarde chocó con la inexistencia de un mercado de capitales financieros convenientemente desarrollado (la Bolsa sólo empezó a funcionar en 1999 y los cinco bancos comerciales autorizados a colocar el dinero en los mercados financieros estaban también sometidos a reestructuración).
3. El sector financiero: nunca ha ido fuerte porque hasta finales de los 80 no era más que un instrumento reservado a las inversiones del sector público. En 1998 el sector de la banca era lo suficiente fiable como para que al menos tres grupos extranjeros le prestaran atención y dinero. En el curso de ese mismo año otros tres bancos que agrupaban a socios franceses y árabes fueron autorizados a integrarlo. Esta evolución reflejó una nueva confianza entre los inversores nacionales, factor que el mercado financiero interior, que empezó a operar en 1999, iba a dinamizar.
4. El sector exterior: ha sido el sector menos afectado por las reformas posteriores a 1989, especialmente debido al problema de la devolución de la deuda. Así pues, las reformas posteriores a 1994 inspiradas por el FMI han sido muy importantes, y ya antes de 1995 se levantaron todas las restricciones ligadas a los intercambios internacionales. La empresa petrolera nacional, Sonatrach, recibe la mayor cantidad de divisas extranjeras y domina los intercambios internacionales. Como resultado de sus actividades, la reserva de divisas del Estado se elevaba a finales de 1998 a 7.400 millones de dólares, suma suficiente para que las autoridades decidieran ignorar las recomendaciones del FMI en 1998 para la renovación del préstamo. Sin embargo, a principios de 2000 la cifra bajó a 5.400 millones de dólares debido a los bajos precios del petróleo y al servicio de la deuda. En la actualidad está subiendo a causa del precio del barril.
5. La política financiera: el FMI insistió en que el déficit no deberían exceder del 3% del PNB. Como consecuencia, el déficit presupuestario pasó en 1995 del 8,7% al 1,4% del PNB. Los ingresos por el petróleo son indudablemente cruciales para la salud financiera, por lo que la bajada de los precios de éste en los últimos años ha repercutido gravemente en la balanza presupuestaria. Argelia necesita un excedente presupuestario en parte para prevenirse de la volatilidad de los precios del petróleo, en parte para poder constituir una economía menos dependiente de este sector, así como para reembolsar su deuda. También debe tratar de resolver la crisis de vivienda y de ayudar a que el sector privado se prepare tanto para el desafío de la globalización como para el de su entorno regional, del que el sector del petróleo sigue siendo uno de los elementos determinantes.
C. El sector de los hidrocarburos
El crecimiento regular del sector del petróleo desde 1990 en su capacidad de producción se refleja en que ha pasado de 755.000 barriles al día en 1994, a 850.000 en 1997, antes de descender en el año 2000 a 811.000 debido a la reducción de las cuotas de la OPEP. Ahora bien, incluyendo los gases líquidos naturales (145.000 barriles al día) y condensados (430.000) la producción nacional ha alcanzado 1.4 millones de barriles al día. Las reservas, que avanzan al ritmo de los nuevos descubrimientos, se elevan a 9.200 millones. Sonatrach está inmersa actualmente  una reestructuración. No se modificará su estatuto de empresa del Estado, aunque  las filiales sean privatizadas, y trata de situarse en el mercado internacional con un programa quinquenal de desarrollo, operación evaluada en 19.200 millones de dólares. (...) Sus intereses a nivel nacional siguen centrados en las cuatro refinerías con una capacidad total de 502.665 barriles al día, destinados fundamentalmente a la exportación, la petroquímica y los abonos químicos.
El sector más importante sigue siendo el del gas natural, cuyas reservas de 3.6 trillones de metros cúbicos se sitúan entre los principales productores del mundo. Sonatrach estima que esas reservas podrían pasar a 5,78 trillones. El gas es exportado actualmente por gasoductos o bajo forma líquida. Las exportaciones de éste último son del orden de los 28.000 millones de metros cúbicos  al año y dos gasoductos (transmediterráneo y transmagrebí) exportan 26.000 millones de metros cúbicos al año. Se espera que el objetivo inicial de 60.000 millones de metros cúbicos al año de las exportaciones totales de gas pase a 65.000 millones, cuyo principal destinatario es Europa  —Argelia aprovisiona actualmente el 18% de las necesidades europeas de gas natural, pero ese índice debería ser del 25 % el año que viene. El proyecto BP-Insalah podría tener una importancia crucial en ese contexto.
El gas supone también el 95% del suministro interno en energía en Argelia. En el sector de la electricidad, se constata que Argelia está dispuesta a dejar que se erosione la posición de monopolio de Sonatrach. La legislación de finales de 1998 permitirá el desarrollo de proyectos autónomos en el dominio de la energía, como en Marruecos, y con ese fin se han programado tres iniciativas. Sin embargo, por lo que respecta a la compañía nacional de electricidad, la nueva situación supone ciertas ventajas. Ahora puede tener precios realistas para la venta de sus productos y dentro de poco tendrá que aumentar sus actividades.

D. Las orientaciones futuras
1. Las cuestiones institucionales
Argelia es, debido a su población, un gran consumidor de capital (al contrario, por ejemplo, de los estados del Golfo)  y en tanto que gran exportadora de hidrocarburos, corre el riesgo de ver cómo los abundantes ingresos del petróleo perjudican el desarrollo de actividades no petroleras desde el momento en que las políticas económicas favorecen la producción de petróleo. Esta tendencia podría desfavorecer seriamente el desarrollo de otros sectores económicos.
El reto consiste en transformar esos potenciales círculos viciosos en círculos virtuosos. El Estado podría utilizar los ingresos de los intercambios con el extranjero para estimular el crecimiento y reforzar las estructuras sociales y físicas propicias para el desarrollo y las inversiones. Los ingresos por el petróleo son en efecto una alternativa a la ayuda al desarrollo y a la inversión extranjera en un mundo en el que la ayuda exterior es débil y en el que los países del Mediterráneo occidental han fracasado en atraer las inversiones extranjeras previstas. Es indudable que, en un futuro próximo, Argelia no será capaz de recibir inversiones a gran escala o de recibir una ayuda exterior de envergadura. Sin embargo, los ingresos del petróleo representan el medio de alcanzar los objetivos de desarrollo que se hubieran podido buscar por medio de la ayuda exterior.
2. La oferta de servicios
Es en el campo económico donde el presidente debe ganar puntos si quiere resolver la crisis política a la que se sigue enfrentando el país. La economía sigue siendo profundamente tributaria de los hidrocarburos  y por lo tanto, de sus ingresos exteriores. Argelia se encuentra, como siempre, atrapada entre el irredentismo de su clase política y la delicada realidad de una economía cada vez más dependiente del petróleo, a lo que todavía no ha encontrado respuesta. Existe el riesgo de que el aumento de los precios del petróleo en el año 2000 sirva de catalizador para suspender o ralentizar las reformas esenciales y la promoción de otros sectores económicos, manteniendo una vez más la ilusión de una economía rentista.
El FMI calcula que los países que tienen una tasa demográfica como la de Argelia deben tener una tasa de crecimiento del 5 al 7% de su PNB, y ello solamente para asegurar los servicios sociales en materia de sanidad y educación. Durante esta década la evolución del PNB ha sido negativa hasta 1994, con un crecimiento de 3,95% y de 3,8% en 1995 y 1996 respectivamente. En 1997, y especialmente en 1998, la tasa ha bajado debido a la bajada del precio del petróleo. Por lo tanto es vital que el crecimiento de PNB aumente al nivel de 5 a 7% propuesto la BM debido a la importante demanda de servicios sociales en un país en el que más de un tercio de la población tiene menos de 15 años. Entre los servicios que necesitan imperiosamente nuevas inversiones encontramos:
a)	La educación. La necesidad de un sistema educativo revitalizado se hace sentir fuertemente ante la exigencia de  una economía  en desarrollo que busca integrarse en el mundo económico regional y global. A pesar de que Argelia ha estado a la cabeza de los países en vías de desarrollo en cuanto a fondos destinados a la educación —del orden del 5,7% de su PNB en 1993— habría que saber si esos fondos han sido empleados adecuadamente. La tasa de alfabetización sigue estando baja (57% de la población), y la formación profesional y la educación superior  permanecen por debajo de las exigencias de una economía moderna en desarrollo.
b)	La sanidad: encontramos necesidades similares en materia de servicios sanitarios, en tanto que parte de un contrato social para convencer a la población de que apoye las nuevas iniciativas del desarrollo económico —particularmente si éstas remiten a expectativas a largo plazo.
c)	La vivienda: hay una gran demanda de vivienda dado que la tasa de natalidad ha sido superior al 3% al año hasta los 80, y del 2,6% desde 1985, mientras que la tasa de urbanización es del 4,5% al año. En 1996, 28 millones de personas se repartían 3,6 millones de viviendas, una media de 7,8 ocupantes por casa, eso incluyendo que el 55% de las viviendas fueron construidas  antes de la independencia en 1962 y que un 10% son consideradas insalubres. Se calcula que la demanda de alojamiento es de unos 2 millones, y que la tasa de construcción anual de 100.000 viviendas sólo es ligeramente superior al crecimiento anual de la demanda. Este dominio necesita una intervención prioritaria del Estado, ya sea directa o por medio de socios públicos o privados.
Uno de los factores que más alimentó la oposición al régimen antes de 1988 fue la sensación de que el Estado no dedicaba recursos suficientes a los servicios sociales ni al bienestar de la población. Esta amargura no ha hecho más que reforzarse con los años. Si ahora se trata de convencer a la población para que participe en la reestructuración económica, ésta tiene que recibir pruebas tangibles de una verdadera preocupación por su bienestar. En este sentido, los tres dominios (educación, sanidad y vivienda) son cruciales, como lo son las medidas que se deben tomar para compensar, retener y eventualmente reemplear a las personas que se han vuelto superfluas en sus trabajos, o a los parados de larga duración. La paz social no se podrá establecer a corto y medio plazo si no se presta una atención especial a estos aspectos.
F. La dimensión exterior
La economía argelina no está aislada. Tiene que devolver una deuda importante, de 29.900 millones de dólares en 1998, y depende de su capacidad de exportar petróleo para garantizar el pago de sus principales importaciones. Su régimen monetario será muy importante para determinar la respuesta que obtenga en el mercado mundial. En términos de intercambios internacionales, más del 60% de sus importaciones provienen de la Unión Europea, y a ella destina también más del 70% de sus exportaciones. Los intercambios con los países vecinos, Marruecos y Túnez, representan aproximadamente el 2% de sus exportaciones y el 2,5% de sus importaciones. Es indudable que Argelia depende totalmente de su relación con Europa, en vista de lo cual deberá acelerar las negociaciones de un acuerdo de libre intercambio con  la UE en lo concierne a los bienes industriales y servicios.
Esta situación de dependencia es peligrosa. Aunque están previstos largos periodos de reajuste en  los acuerdos salidos de la Iniciativa de Asociación Euromediterránea (el Proceso de Barcelona) (5), e incluso se le pudiera conceder una ayuda temporal en el marco de los acuerdos MEDA, los efectos inmediatos tardarían en llegar a Argelia. En primer lugar los ingresos del Estado van a disminuir en razón del levantamiento de tarifas, lo que se reflejará en un aumento de los impuestos indirectos a escala nacional. Después, los sectores industriales no petroleros y de servicios emergentes se verán expuestos a una dura libre competencia cuando termine el periodo de transición. Esto conlleva también el peligro de que una vez que se haya establecido la zona de libre intercambio, la asimetría de las demandas del mercado persista en el Mediterráneo, transformado a los Estados norteafricanos en puras economías satélite de Europa (...). Eso significa que sólo algunos sectores conseguirán integrarse y que los demás seguirán estando aislados y subdesarrollados, sin disfrutar de beneficios económicos generales.
Estos obstáculos se pueden superar si se acelera la segunda fase del Proceso de Barcelona —que debería hacerse efectiva después de 2010. Anticipando la integración de las economías de la orilla sur del Mediterráneo en un mercado único, se podrán beneficiar de un régimen económico escalonado, y con ello de su relación con Europa. Este desarrollo aporta también a Argelia la posibilidad de reafirmar su posición geoestratégica de país faro del Magreb.

Conclusión
La opción revolucionaria —laica o islámica— ha fracasado en Argelia y el papel del ejército como garante de la legitimidad revolucionaria ya no funciona. El descontento de la población constituye una amenaza para el futuro político del país. Se debe erigir un Estado moderno con instituciones fiables y una economía sólida si se quiere acabar definitivamente con la crisis argelina y que ésta ceda el sitio a un clima de paz y prosperidad. Europa, en virtud de sus intereses respecto a la energía argelina, de sus preocupaciones en términos de emigración económica y  de rebote de la violencia, debería prestar más atención a la crisis argelina. En caso de que siga la violencia, Europa tiene un papel determinante fomentando la creación de instituciones políticas viables que engendren el cambio. La posición de Argelia como potencia regional también implica que el resto del mundo, en especial EEUU, se interese por la manera de resolver la crisis. Este informe ha tratado demostrar que son necesarias una medidas específicas si se quiere obtener ese resultado. (...)
El programa de reforma es muy ambicioso y presupone que Argelia llega al final de su tradicional reticencia  a las intervenciones del exterior. Sin duda ese será el primer obstáculo que tendrá que franquear la comunidad internacional si desea participar en la resolución de la crisis argelina. Fuera de la esfera económica, a las autoridades argelinas les va a resultar muy difícil aceptar la ayuda internacional. También está claro que en caso contrario, las mejoras serán, en el mejor de los casos, tímidas. Queda poco tiempo para realizar reformas fundamentales antes de que surja una nueva crisis. Así pues, Europa y Argelia tienen intereses comunes en cooperar a través de una reforma económica y política. En próximos informes, el ICG proporcionará detalles más amplios sobre los dominios clave de la reforma, describiendo los pasos que deben dar las autoridades argelinas, los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales implicadas.

(Texto publicado en Informe África núm. 24, de 20 de octubre de 2000. Traducción del francés Beatriz Morales)

Notas.
1- La plataforma de Roma, organizada en Roma en enero de 1995 y que reunía al FIS y a los principales partidos legalizados bajo los auspicios de la Comunidad de San Egidio, reunió a los grupos de oposición argelinos con vistas a encontrar una salida al empeoramiento de la violencia ante el impasse político. En virtud de este acuerdo, los grupos se comprometieron a acabar con la violencia, el estado de excepción y a tratar de establecer un programa para la vuelta al proceso político multipartidista y democrático establecido en 1898 y luego anulado por las autoridades militares en enero de 1992. La Plataforma también estipuló la rehabilitación del FIS como partido con plenos derechos. La Plataforma de Roma no se ha aplicado nunca dado que el régimen militar no la ha reconocido.
2- IEFE, 28 de diciembre de 1998.
3- Hachani fue encarcelado durante ocho años sin fundamento, acusación, juicio o sentencia algunos, y se convirtió en el único intermediario, en Argelia, aceptable tanto para los militares como para los dirigentes del FIS en el exilio. A su muerte fue objeto de un inesperado homenaje por parte de los que le habían combatido y que alababan especialmente su constante rechazo a suscribir la violencia. Había llevado al FIS a la victoria electoral de diciembre de 1991, (...).
4- Como muestran las experiencias en América latina, Grecia u otros países como Polonia, Checoslovaquia y Hungría.
5- La Asociación Euromediterránea se fundó en 1995 entre los 15 estados miembro de la UE y 12 socios de la orilla sur del Mediterráneo. En la Declaración de Barcelona, los países participantes, incluida Argelia, establecieron los tres objetivos principales de la Asociación: 1- Establecer una zona común euromediterránea de paz y estabilidad, que reposara sobre unos principios fundamentales, entre ellos, el respeto a los derechos humanos; 2- La construcción de una zona de prosperidad compartida por medio de una la asociación económica y financiera y el establecimiento progresivo de una zona de libre intercambio; 3- El acercamiento entre los pueblos por medio de una asociación social, cultural y humana cuyo objetivo fuera fomentar la comprensión entre las culturas y los intercambios entre las sociedades.