La reforma del Código Penal.
Los medios de comunicación nos han ido transmitiendo en las últimas semanas que
el Gobierno, en la línea del “cumplimiento íntegro de penas” de los terroristas
de ETA, ha pactado con el PSOE elevar el tiempo máximo de cumplimiento de
condenas de 30 a 40 años, y además, endurecer las condiciones para la
reinserción. El Ministro José María Michavila quiere exigir a los terroristas
una “cooperación activa”, “ayudando con pruebas determinantes a evitar nuevos
crímenes y a detener a otros terroristas o colaborando de manera eficaz y activa
a la desarticulación del entramado terrorista” para obtener una reducción de la
pena o la libertad condicional:
Asimismo, la reforma propuesta pretende endurecer las penas para los delitos
“menores” de hurtos, “tirones”, etc. exigiendo el ingreso en prisión en el
período preventivo.
Esta disposición del Ejecutivo se inserta en el amplio teatro de operaciones de
la “seguridad”, sin duda propiciado por Bush después del 11-S. Es decir, trata
de ofrecer a la sociedad civil más seguridad sacrificando quizá muchas
libertades. Se multiplican leyes, decretos, penas, etc, que ejercen un control a
distintas capas de la población. Se pretende modificar el Código Penal en los
arts. 36, ampliando el periodo de seguridad para delitos graves: el 76 eleva de
30 a 40 años, como límite máximo para los terroristas y delitos graves y el 78
que deben cumplir las condenas sin ningún beneficio penitenciario.
Una vez más tenemos que declarar nuestro rechazo a la violencia, nuestra
inequívoca oposición a todo tipo de terrorismo, incluido el estructural y el
terrorismo de Estado, porque solamente aporta muerte y dolor y tenemos que
declarar que ETA no es ni será nunca un cauce válido para defender las
aspiraciones nacionalistas. Y nos posicionamos también inequívocamente al lado
de las víctimas.
Pero al mismo tiempo denunciamos que la reforma propuesta rompe la filosofía
penal desarrollada al menos desde principios del pasado siglo, según la que el
objetivo de la reclusión es lograr la reinserción del penado Esas leyes no dejan
claro la posibilidad de reinserción de los penados.
Esta corriente de pensamiento quedó reflejada en el artículo 25.2 de nuestra
vigente Constitución, uno de sus logros. Su contenido es el siguiente: “Las
penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia
la reeducación y la reinserción social”.
Creemos que la reclusión de más de 20 años solamente conduce al hundimiento
físico y psíquico del penado. La reclusión de 40 años conduce a una situación
humana irreversible. Nos parece que esta pena de los 40 años, es una figura
equivalente a la pena de muerte, excluida de la Constitución.
Desde luego estimamos que son necesarias las penas de reclusión para los
delincuentes, sean del signo que sean, aunque no estemos de acuerdo.
globalmente, con esta sociedad represiva. Habría que quitar las causas, no los
efectos. Es preferible prevenir que curar. Y en este sentido trabajamos por una
sociedad distinta, más justa e igualitaria, que necesitaría menos cárceles,
menos reformatorios privados, y más cultura y educación para todos.
Finalmente recordamos que la población reclusa de España al 20 de diciembre de
2002 era de 52.162 presos, un 22 % más que 5 años antes, que la mayoría de las
cárceles están saturadas y los programas de reeducación son nulos o totalmente
insuficientes. Se habla de la creación de 7 nuevas cárceles con el coste de los
servicios privados (cocina, enfermería, manteniemiento, etc.) Ya se ha anunciado
que la reforma va a producir una avalancha de reclusos. No creemos que vayamos a
gozar de mayor seguridad por este endurecimiento de las leyes, si no se crean
unas bases para una mayor igualdad y libertad dentro del país. Desde un punto de
vista ético nos mueve a luchar tanto por la inseguridad como por la desigualdad.
Una de las demandas más reiteradas por los ciudadanos es la seguridad, demanda a
la que nos sumamos, pero quisiéramos un estudio sociológico serio de las causas
de la delincuencia para poder atajarla. La cárcel no resuelve nada si no se
superan las motivaciones de los delitos.
Como cristianos nos preocupa profundamente que se lleve a efecto una reforma que
ignora la dignidad humana encerrando a un preso durante 40 años, que no de
prioridad a las vías de reinserción y nos preocupa la avalancha de presos, la
mayoría jóvenes, que ocasionará la reforma de las penas de los delitos
“menores”, avalancha que impedirá todavía más la posible reeducación.
Madrid, 24 de Febrero de 2.003