Contra el Imperio/137                                                                        11 5 04

LA COBARDÍA DE LOS LOBOS

    A raíz de los recientes casos de vejaciones y torturas infligidas por soldados estadounidenses y británicos a prisioneros iraquíes, José Bono, ministro de Defensa, ha declarado, literalmente, que la tortura le produce repugnancia. Y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha pedido que las investigaciones sobre dichos casos sean “extremadamente exigentes”.
    Pues bien, yo les exijo públicamente a estos señores --es decir, al Gobierno al que representan-- que investiguen de forma extremadamente exigente los repugnantes casos de tortura que se producen en el Estado español. Y públicamente afirmo que, si no lo hacen de manera inmediata, estos señores que se rasgan las vestiduras ante las torturas cometidas por otros --así como el Gobierno al que representan-- son unos hipócritas y unos cobardes, amén de cómplices (cuando menos por omisión) de los más repugnantes terroristas, de los más abyectos canallas. Pues no hay peor terrorista --repitámoslo una y otra vez, cada vez que el poder y sus medios de comunicación hablen de “terrosirmo islámico” o de “la banda terrorista ETA y su entorno”--, no hay canalla más vil que el funcionario que tortura al amparo del poder. 
    El TAT (Torturaren Aurkako Taldea) acaba de publicar un espeluznante libro sobre la tortura en Euskal Herria, en el que se incluyen, entre otros documentos, 78 testimonios de torturados y torturadas a lo largo del año 2003. En cada testimonio figura el nombre y los apellidos del o la denunciante (pues de denuncias se trata, y gravísimas), la fecha y el lugar de detención, el cuerpo policial responsable y una descripción de las torturas sufridas.
    Hay dos posibilidades: o los testimonios recogidos en el libro del TAT son ciertos, o no lo son. Si son ciertos (bastaría con que lo fueran unos cuantos), el antiguo director general de la Guardia Civil y otros altos funcionarios deberían estar en la cárcel o, cuando menos, bajo investigación. Si no son ciertos, ¿cómo es posible que se difunda libremente un libro en el que se afirma que las Fuerzas de Seguridad del Estado dan cobijo a los más repugnantes canallas?
    ¿Se permitiría la publicación y venta en los quioscos de un libro en el que, pongamos por caso, varias docenas de personas, firmando sus testimonios con sus nombres y apellidos, contaran con todo lujo de detalles cómo habían sido violadas por Aznar y sus ministros? Es de suponer que no; y de llegar a producirse tal publicación, es de suponer que algo pasaría. De ser falsas las acusaciones, es de suponer que Moncloa las desmentiría categóricamente y emprendería las oportunas acciones legales contra los calumniadores. Y de no ser desmentidas tan graves acusaciones públicas, no tendríamos más remedio que pensar que eran fundadas, y es de suponer que se le exigiría a nuestro “democrático” Gobierno que diera algún tipo de explicación y tomara algún tipo de medida. 
    Pues bien, lo que se afirma en el libro del TAT es, si cabe, todavía más grave. Y sin embargo no pasa nada. ¿Cómo es posible?
    ¿No hay nadie en la Guardia Civil que, ante las gravísimas acusaciones de Anika Gil (vertidas en un largometraje de amplia difusión --La pelota vasca, de Julio Medem--, en varias entrevistas y, ahora, en el libro del TAT), por mencionar un caso concreto y sobradamente conocido, tenga lo que hay que tener (es decir, honor y coraje) para salir en defensa del Cuerpo, si cree que las acusaciones son falsas, o para exigir responsabilidades a quienes deshonran el uniforme que llevan y pisotean la Constitución que juraron defender, si sabe o sospecha que son ciertas?
    En mi artículo El silencio de los lobos (28 12 03), publicado en Gara y en Rebelión, y luego reproducido por numerosos medios electrónicos dentro y fuera del Estado español, expuse análogos argumentos y planteé preguntas similares. Mi artículo fue leído por cientos de miles de personas, tal vez millones. Y no hubo respuesta alguna por parte de las instituciones puestas en cuestión. ¿Es que un director de la Guardia Civil puede permitir que se ponga en entredicho su honor públicamente?
    Ahora tenemos un nuevo Gobierno y un nuevo director de la Guardia Civil, de supuesto “talante democrático”. Tenemos un ministro de Asuntos Exteriores que afirma que hay que ser extremadamente exigentes al investigar a los presuntos torturdores, y un ministro de Defensa al que, según dice, le repugna la tortura. Seamos extremadamente exigentes con ellos. Exijámosles --a ellos y al Gobierno al que representan-- que, de forma transparente e inmediata, sean consecuentes con sus afirmaciones. Y si no lo son, echémosles a patadas por embusteros, cobardes y canallas, como hemos hecho con sus predecesores.

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