Nuestro abrazo partido. Los días 18 de cada mes marcan un tiempo más de la desaparición de Jorge Julio López, tiempo silenciado por intereses anudados en las cloacas del sistema y por una inducida indiferencia social.

Coincidiendo con el 18 de mayo pasado, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos presentó ante la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad -comisión estatal creada en marzo de 2009- un escrito reclamando la divulgación de la situación concreta de los genocidas procesados y condenados.

De acuerdo a los datos hechos públicos por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de estado al mes de abril de 2011: … se registra un total de 816 personas procesadas… destacar que de estas 816, 398 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 66 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. De este modo, más de la mitad (464) de los 816 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o con requerimiento fiscal de elevación a juicio.

De todos los condenados en las causas bajo estudio, 205 son condenados en causas por delitos de lesa humanidad desde el retorno de la democracia hasta la fecha, y de estos, sólo 40 tienen condena firme.

Al mes de abril de 2011 hay 488 personas detenidas, que se encuentran alojadas del siguiente modo: 55.74% en unidades penitenciarias, 38.73% en detención domiciliaria, 3.89% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales), 1.23% en hospitales y 0.41% en el extranjero, en trámite de extradición.

En resumen: 1021 genocidas entre procesados (816) y condenados (205), de los cuáles 533 NO están detenidos. Hay 488 detenidos en distintas condiciones, el 38,73% -alrededor de 200 cumplen detención domiciliaria por diferentes motivos y por antojadizos criterios de los tribunales que de una manera imponen la tolerancia al genocidio, por una parte, y continúan la impunidad por otra.

La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos solicitó a la mencionada comisión que se publique el listado completo de todos los represores condenados y procesados con los datos de su condición de detención (libertad, detención domiciliaria, o en unidades penitenciarias, o en dependencias de las fuerzas de seguridad, o en unidades hospitalarias, o en el extranjero)

Entre tanto porcentaje y cuantificación de represores, se evidencia como una auténtica carrera de obstáculos el camino procesal establecido para llevar a cabo estos juicios con la desmembración en múltiples expedientes judiciales aislados y con tan dilatado horizonte, que resulta funcional a la impunidad y beneficiosa a los represores, ya que:

- Se desdibuja, se diluye una y otra vez el plan sistemático de exterminio, el genocidio.
- Se re-victimiza a los sobrevivientes cuando se requiere cada vez que digan lo que vivieron y sufrieron, banalizándose así su relato, ya que se toma un sólo elemento aislado de un testimonio plagado de crímenes. Se reiteran los padecimientos de los familiares de los desaparecidos que se ven obligados a comparecer una y otra vez ante los estrados de los tribunales para revivir infinitamente sus sufrimientos.
- Se multiplican los esfuerzos requeridos a los querellantes, se violentan los principios de economía procesal y verdad jurídica material impidiendo así una investigación acabada y eficiente de los terribles sucesos ocurridos, provocando una verdadera denegación de justicia.
- Se pierde el significado que estos juicios deberían tener en la búsqueda de la verdad y en la pretensión de obtener el castigo de los responsables del genocidio perpetrado, y, sólo cuando se traspasan las puertas de los juzgados y se plasma en los grandes medios de comunicación, es porque se trata de casos renombrados y de personajes, o por momentos atroces dentro del todo espantoso que se vivía en cada uno de los campos de concentración.

Y esto es lo que depara la negación sistemática del genocidio.

Variadas razones políticas con dogmáticos y parciales esquemas judiciales, cierran el paso a la dimensión de la tragedia desatada por las fuerzas de seguridad argentinas y sus cómplices civiles.

Dos elementos que en esta suerte de balance no debe prescindirse. Por una parte, la consideración que los abusos sexuales y la violación sufrida por las prisioneros, constituyen una forma más de tormento y por ende se encuadra a tales hechos en la figura penal de tortura, constitutiva de crímenes contra la humanidad.
Por otra, cabe señalar en especial a lo que se desarrolla en el juicio de la ESMA donde los genocidas son defendidos por la Armada, los procesados han enfatizado su actitud desafiante y ofensiva, pretendiendo invalidar los testimonios cuestionando a los sobrevivientes, poniendo así en evidencia la continuidad del rol perverso de “dueños y amos” de la vida y de la muerte.

Con una mirada rápida pero indagante, parecería que estos procedimientos judiciales no se desarrollan en el mismo espacio y tiempo donde se ha instalado una suerte de adulteración de los valores y de las palabras que los echan a rodar: los derechos humanos son moneda de cambio por espacios de poder, de negocios, de manipulación…

Y, en paralelo a ello siguen retornando los sobrevivientes a la restitución de los desaparecidos al territorio de la justicia.
Porque de esto se trata, que los desaparecidos no sean ya más vapuleados, y que al menos en cada testimonio se pueda completar el abrazo partido, ese suspendido que se quedó con la promesa de aparecerlos en cada paso, en cada calle, en cada plaza, en cada lucha.

En cada alegato por genocidio, Jorge Julio López vuelve a atestiguar contra la impunidad

Junio 2011