Hay por lo menos cuatro maneras de resistir contra el terrorismo de Estado de los poderes económicos, las Fuerzas Armadas y el gobierno de Colombia que cuentan con la orientación y el respaldo de la Administración Bush: la insurgencia, la oposición política, sindical y de los movimientos sociales y de defensa de los derechos húmanosla denuncia internacional para colaborar en la negociación sobre el reparto de la riqueza y de la libertad y la combinación de todas las formas de lucha.

El sistema criminal que representa el presidente Álvaro Uribe pretende criminalizar las cuatro bajo la paradójica consideración de que son (o colaboran con el) terrorismo. En Madrid y en Bogotá se está decidiendo la consolidación de uno de los procedimientos para esa criminalización. Acusan a Remedios García de colaborar con el 'terrorismo' de las FARC y a Carlos Lozano de formar parte de la guerrilla. En los dos casos la única supuesta prueba son los supuestos correos supuestamente almacenados en el supuesto ordenador de Raúl Reyes supuestamente localizado en el ataque militar en territorio ecuatoriano. Lo único que no es supuesto es la violación criminal del territorio ajeno. En los dos casos, los abogados defensores argumentan que las supuestas pruebas proceden de una operación ilegal y que se habría violado la cadena de custodia en torno al supuesto ordenador. Aunque en la defensa de Remedios se puede abrir una brecha que desemboque en el reconocimiento de la existencia del supuesto ordenador porque en el recurso se dice que "los correos electrónicos (...) reconocidos sólo en parte por nuestra patrocinada".
Si se reconocen, aunque sólo sea parte del texto, se podría deducir que para conseguirlos se ha tenido acceso al ordenador que permitió la comunicación. Pero tal posibilidad no modifica lo fundamental que es el origen ilegal y sin garantías de custodia de los documentos utilizados por la acusación.
En Madrid esperamos la respuesta al recurso y en Bogotá la fiscalía debe decidir si acusa o archiva. En los dos casos, se va a decidir si se aceptan las supuestas pruebas. Y en Madrid sería más importante porque podría desembocar en una sentencia, la primera de un tribunal sobre tan envenenado procedimiento.
Tanto Remedios como Carlos han colaborado, con el reconocimiento de los gobiernos de España y de Colombia, en los contactos con los insurgentes intentando facilitar procesos de negociación. Hasta la revista SEMANA (la más importante de Colombia y de momento no acusada por Uribe de colaborar con el supuesto terrorismo) reconoce que lo que se pretende es "definir penalmente conductas que durante muchos años fueron públicas y permitidas y, aún más, alentadas por el Estado".

En este escenario, hay que mantener con serenidad y firmeza lo siguiente:
> No es terrorismo considerar que el terrorismo de Estado se merece la respuesta de la insurgencia.
> Las FARC no son terroristas porque lo digan el gobierno de Colombia y la UE (que ni siquiera se pronuncia con unanimidad).
> Como se dice en el recurso de Remedios,"para considerar los tribunales españoles a las FARC como organización terrorista, será necesario que previamente un tribunal español haya establecido en sentencia firme dicho carácter de organización terrorista, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido".
> No es terrorismo denunciar el terrorismo de Estado y colaborar en la posibilidad de negociaciones.
> Para demostrar que "la proximidad con las FARC excede su interés pacificador" (acusación contra Remedios) no se pueden utilizar los supuestos correos del supuesto ordenador porque tienen un origen ilegal y no se garantizó la imprescindible custodia.