El gobierno de la Comunidad de Madrid intenta imponer sus objetivos de privatización de la sanidad pública, entregando la gestión sanitaria al sector privado
Las nuevas iniciativas llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad como la división
de las Áreas Sanitarias y la zonificación responden a una estrategia en la que se
pretende acabar por completo con la hegemonía de la sanidad pública. Por eso su
intento de ocultarlo con el eslogan de presentación "Más Sanidad Pública".
Acogiéndose cínicamente a la Ley General de Sanidad y recogiendo una aspiración de mejora de la sanidad pública, como es la disminución del volumen de personas porÁrea Sanitaria -lo que facilitaría la gobernabilidad de las Áreas y una mejora en su gestión, al tiempo que facilitaría la participación al acercar la toma de decisiones
a la población-, el gobierno de la Comunidad de Madrid persigue ocultar la
colocación de hospitales privados en la dirección de múltiples Áreas Sanitarias, y
persigue generar la confusión necesaria para dificultar la unidad y respuesta de los
trabajadores del sector y de la población. De este modo intenta imponer sus
objetivos de privatización de la sanidad pública, entregando la gestión sanitaria de
esas Áreas al sector privado, dificultando o anulando los controles públicos sobre
el sistema sanitario, alejando las decisiones sanitarias de la población, y
dificultando o impidiendo la participación de los movimientos sociales.
Por tanto, no es sólo el deseo de "vender" los nuevos hospitales de cara a las
próximas elecciones. Va mucho más allá y constituye un paso más de una planificación estudiada para acabar con el sistema sanitario público, que en la Comunidad de Madrid tiene una gran legitimidad ante los profesionales sanitarios y la ciudadanía.
Entre las agresiones de mayor calado cabe destacar:
Que el diseño de las nuevas Áreas de Salud que no responde a las necesidades -como por otra parte se insiste- de la población. Ya que se puede comprobar como se rompen barrios, se obliga a desplazamientos más largos, etc.
Que cada Área no contará con un hospital público de referencia, por lo que la
asistencia sanitaria de un millón y medio de madrileños no está garantizada en la
sanidad pública. Esto vulnera el derecho constitucional, y supone un agravio
comparativo con el resto de la población de Estado. A nadie escapa que la
negociación de la Cartera de Servicios no será lo mismo con la empresa privada
Capio que con el gerente del H. de la Paz.
Se introduce la Gerencia única en todas las Áreas, hecho que -dada la actual
estructura sanitaria- va en detrimento tanto del papel que debe jugar la Atención
Primaria como eje vertebrador del sistema sanitario público, como del económico,
ya que el presupuesto se lo llevarán, incluso en mayor medida que en la
actualidad, los hospitales.
Se perfila una estatutarización del personal laboral y funcionario -nada
comparable con el estatuto del que gozan los trabajadores provenientes del antiguo
Insalud - con la promesa de poder acceder a la Carrera Profesional -dada la
pérdida de derechos que ha supuesto la aprobación del nuevo Estatuto Marco-, cuyo objetivo no declarado entre otras cosas es poder obtener la movilidad de miles de trabajadores hacia los nuevos centros privados.
La profundidad de este ataque y el hecho de no ser aún definitivas las decisiones
sobre nueva zonificación, requiere ejercer la máxima presión sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid, respondiendo conjuntamente los trabajadores del sistema
sanitario y los ciudadanos, pues como demuestran los hechos, las agresiones a la
salud de la población van de la mano con el empeoramiento de las condiciones
laborales de los profesionales.
