Rechazo profundamente la violencia de ETA y su desprecio por el derecho a
la vida, tristemente reafirmado con el reciente atentado con bomba lapa
contra un escolta de un concejal del PSE en la localidad vizcaína de
Galdakao. ETA debe abandonar definitivamente las armas y el uso de la
violencia. Su única salida es la auto-disolución. Batasuna, por su parte,
debe tener la valentía para hacer prevalecer la apuesta que realizó en
Anoeta (y durante estos últimos años y meses) y pedir a ETA que retorne a
la tregua y deje las armas para siempre. Pero a pesar de mi repudio contra
este nuevo intento de homicidio, así como contra el atentado de ETA en la
T4 de Madrid, que causó dos víctimas mortales, rompiendo la tregua para
seguir con su nueva sinrazón y causando graves problemas para el
movimiento abertzale (que, por cierto, es más amplio que Batasuna),
sostengo lo que muchas y muchos hemos demandado el año pasado: "Todos los
proyectos políticos se pueden y se deben defender. No hay que imponer
ninguno. Si la ciudadanía del País Vasco desea transformar, cambiar o
mantener su actual marco jurídico-político, todos y todas deberíamos
comprometernos a respetar y establecer las garantías democráticas
necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la
sociedad vasca decida sea respetado y materializado y, si fuera necesario,
tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos" (manifiesto elaborado
por la iniciativa de mujeres de Ahotsak). Además, este no es un problema
que afecte sólo a Euskal Herria, sino que nos incumbe también a todos los
ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la lucha por la paz, la
democracia y la justicia global.
Uno puede estar o no de acuerdo con las posiciones políticas de Batasuna,
pero la detención de sus dirigentes, los registros en las sedes de EHAK y
la repetida intención de ilegalizar al partido ANV, es totalmente
inaceptable. Lo mismo digo de la criminalización, a lo largo de los
últimos años, del movimiento abertzale y la ilegalización de
organizaciones juveniles y sociales, medios de comunicación, etc. Mi más
absoluto rechazo ante el macrosumario 18/98+ contra varios movimientos
sociales vascos y ante la propia Ley de Partidos. Se ha dado un salto
cualitativo en la escalada represiva del Gobierno español y el Poder
Judicial contra la libertad de expresión, el derecho a la reunión y
asociación, así como la libertad ideológica, entre otros. Ante esta
situación los movimientos sociales y políticos de izquierda estamos
llamados a actuar.
Me pregunto entonces: ¿por qué tanto silencio entre la izquierda (salvo
excepciones como Espacio Alternativo, SOC, etc.) mientras el consejero de
Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, denuncia la "hipocresía
política" del PSOE que persigue a dirigentes de la izquierda abertzale
"cuando todavía en el mes de mayo de este año representantes del PSOE y
del Gobierno se reunieron con ellos para hablar del futuro político" de
Euskadi? Azkarraga arremetió contra el juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón, que ha ordenado las detenciones, porque, según dijo, "ha
transformado en delictiva una actividad política y la pregunta que nos
hacemos es hasta cuándo piensa este juez instructor prolongar sus
supuestas investigaciones sin cerrar esta causa". ¿El discurso de un
representante gubernamental es más coherente y tajante que el nuestro?
Estoy profundamente preocupado de lo paralizados que estamos en la
sociedad civil organizada ante el conflicto vasco. No es la primera vez,
pero ante los últimos acontecimientos indago: ¿Qué pasaría si encarcelan a
23 dirigentes de cualquiera de las organizaciones en las que militamos?
¿Acaso no esperaríamos actos de solidaridad y pronunciamiento
contundentes? Hoy más que nunca debemos exigir el sobreseimiento del
macrosumario 18/98, la derogación de la Ley de Partidos y el acercamiento
de los presos vascos a Euskal Herria. Si no nos unimos en la lucha
antirepresiva, la espiral autoritaria seguirá aumentando porque la
represión es utilizada para ganar ventajas ante los próximos comicios. La
dispersión de los movimientos sociales y políticos de "izquierdas" impide
una respuesta contundente lo que nos hará más vulnerables, en el futuro,
ante situaciones parecidas.
Puesto que la reciente ola de represión contra la protesta social en el
País Vasco y la izquierda independentista debe ser analizada en el marco
más amplio de una coyuntura global de las derivas securitarias y
militaristas de los Estados. Estas representan, en el caso español, por
ejemplo las acusaciones contra jóvenes catalanes que han expresado
abiertamente y de forma no violenta su opinión contra un sistema
monárquico que está asentado sobre un pasado histórico anclado en la
explotación feudal de la población para el disfrute de una minoría social,
la injusticia, la guerra, el genocidio de los pueblos indígenas de América
Latina y la dictadura franquista, para solo apuntar algunos de las
verdades históricas de la corona.
Otros ejemplos de la deriva autoritaria son las condenas disparatadas y
del todo punto desproporcionadas de más de 9 años a los cuatro encausados
por su participación en las protestas contra la Ley Orgánica de
Universidades (LOU) en 2001, el uso de armamento prohibido entre las
Fuerzas de Seguridad del Estado, como las pistolas de descargas eléctricas
denunciadas por Amnistía Internacional, o la condena contra dos líderes de
la Izquierda Sindical, Cándido Carnero y Juan Manuel Morala, a tres años
de cárcel acusados por el Ayuntamiento de Gijón de provocar daños en una
cámara de tráfico durante una manifestación. Los hechos se multiplican a
diario como muestra la actuación violenta de la Policía Nacional que
impidió durante el pregón de las Fiestas del Pilar en Zaragoza que se
desplegara una pancarta en contra de la instalación de una base de la
OTAN, confiscó una pancarta de la Asamblea por una Vivienda Digna e
identificó a los participantes de un "Pasacalles anti-Expo".
Un retrato fiel de lo que está sucediendo es también el asesinato de
Osamuyi Aikpitanyi el pasado 9 de junio a manos de dos policías en el
avión que lo deportaba desde España a su país de origen. Crimen que se ha
quedado en la absoluta impunidad. Igualmente quedaron impunes los
fallecimientos en 2005 de al menos 14 personas de origen subsahariano a
manos de las Fuerzas del Orden en el perímetro fronterizo de España y
Marruecos, separado por la valla que delimita las ciudades de Ceuta y
Melilla.
Asimismo estamos observando una constante represión, acentuada en la Unión
Europea substancialmente desde el 11-S en 2001, contra voces disidentes y
movimientos antisistema, antiglobalización, sindicalistas, grupos
ecologistas, campesinos y vecinales. Hablamos de procesos judiciales,
detenciones extrajudiciales, escuchas telefónicas, multas "millonarias",
encarcelamientos, torturas y cargas policiales. Y también hablamos de
asesinatos. En Génova (Italia), durante las manifestaciones contra la
cumbre del G8 en 2001, la policía mató a Carlos Giuliani a balas, torturó
y lesionó gravemente a cientos de activistas. También en Alemania, el
pasado junio, las Fuerzas de Seguridad reprimieron con un descomunal y
desproporcional operativo de seguridad de unos 16.000 efectivos las
protestas multitudinarias y pacíficas de miles de personas contra el G8,
con un saldo de cientos de heridos grave, procesos "rápidos" sin garantías
legales, controles abusivos y detenciones "preventivas". La policía
alemana inició un mes antes una gran redada en varias ciudades del país
contra los opositores a la cumbre del G8, quienes presumiblemente
pertenecían a un grupo terrorista, registrando 400 viviendas y oficinas de
grupos de izquierda.
Recientemente, también en Alemania, se encarceló a un profesor de
sociología, en aplicación de una Ley antiterrorista de 1976, acusado de
ser el celebro de un "grupo terrorista" por ser "intelectualmente capaz de
escribir los textos" de un grupo acusado de "sabotaje". En Dinamarca el
desalojo del centro social Ungdomshuset en Copenhague, con una imponente
precisión militar, fue el comienzo del actual gobierno danés, de una
coalición liberal-conservadora sostenida por la extrema derecha xenófoba y
ultranacionalista, para librar una batalla política y cultural contra todo
tipo de disidencia antisistema. Mientras tanto el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, quien provocó en su día un estallido juvenil en los
guetos metropolitanos por su política represiva de "Tolerancia Cero",
presentó en Francia el nuevo proyecto de ley nº 57, sobre el control de la
inmigración, la integración y el asilo. En junio 111 "sin papeles" fueron
detenidos en Holanda tras una de las redadas policiales más grandes de la
historia reciente del país. La busca de migrantes pretende cumplir con la
cuota fijada del Gobierno holandés para expulsar 12.000 personas.
Igualmente en Marruecos se ha vivido un verano de abusos de los derechos
civiles, con, entre otras cosas, el encarcelamiento de sindicalistas por
gritar consignas contra el Rey.
Decía Eduardo Galeano en el libro Días y Noches de amor y de Guerra de
1978: "Plan de exterminio: arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la
última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la
memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas; para
suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la
comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido
recordar."
¡Recordemos, pues! El mismo juez que encarceló el 4 de octubre a la Mesa
Nacional de Batasuna, acusó en el macrosumario 18/98+ a los miembros de la
Fundación Joxemi Zumalabe, entre ellos Sabino Ormazabal Elola, autor de
"Un mapa (inacabado) del sufrimiento", y Mario Zubiaga, profesor en la UPV
de Derecho Constitucional y Teoría Política, de "impulsar uno de los ejes
de la estrategia de construcción nacional de ETA". Respondiendo a esta
acusación, Zubiaga denunció en una de sus comparecencias ante los jueces
en marzo de 2006 que "por la confluencia de unos mismos objetivos" la
acusación ha dado por hecho la existencia de una relación orgánica entre
organismos sociales, formaciones políticas y la organización armada, en
una estrategia basada en la "presunción de culpabilidad". "Se trata de una
rueda diabólica, kafkiana, macarthyana, porque somos nosotros los que
tenemos que demostrar que somos inocentes".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene, siguiendo la tesis del juez
Baltasar Garzón, que el documento "Piztu Euskal Herria" es un texto que
contiene "el proyecto de ETA para la desobediencia civil", estrategia cuya
implementación atribuye a la Fundación Joxemi Zumalabe. Mikel Zuloaga,
también incriminado del 18/98 por supuesta "pertenencia a ETA", elaboró el
documento «Piztu Euskal Herria» como marco de reflexión para los
colectivos sociales vascos. A su parecer, la teoría del "entorno de ETA",
lanzada por Baltasar Garzón, y que está en la base del sumario 18/98 "es
una teoría perversa", en base a la cual "se dibuja una línea, que nadie
sabe cuándo se cruza y cuándo estás en un lado o en otro". Una línea roja
que «"se ensancha o se estrecha según los intereses políticos de cada
momento", manifestó Zuloaga en su declaración ante el tribunal en marzo de
2006.
Mario Zubiaga, por su parte, afirmó ante la Audiencia Nacional que la
desobediencia civil es típica de los movimientos populares de muchos
lugares del mundo, y que la desobediencia civil que él explica a sus
alumnos en la Universidad, era la misma que se practica en Euskal Herria.
Valoró, asimismo, que se trata de una forma de hacer política, "no sólo
legítima, sino también imprescindible para el funcionamiento de un Estado
de Derecho, para que no se anquilose".
He sido observador en algunas sesiones del macroproceso 18/98 y puedo
testificar que fue un "proceso político", una judicialización de las ideas
políticas. Además, no había garantías para un debido proceso. Los miembros
de la Fundación Joxemi Zumalabe y sus compañeras y compañeros encausados
tuvieron que narrar su trabajo político, cuando la Constitución española
dice que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología".
Por cierto, señor Zapatero, hablando de la Constitución, tengo unas
preguntas para usted: ¿Cree que va a ganar el pulso a la extrema derecha
del Partido Popular por el gobierno más "españolista", nacionalista,
constitucionalista y monárquico, igualándose con sus derivas
"inquisidoras" y apreciaciones autoritarias? ¿Cuántas más concesiones va
hacer al PP por intereses electoralistas? ¿No cree que es tiempo de
cambiar la política "antiterrorista" y buscar una solución democrática y
negociada al conflicto vasco? ¿Cree de verdad que con el encarcelamiento
de dirigentes abertzales va derrotar a ETA? ¿No sería necesario otro
"talante" para distinguirse del PP y ser más inteligente que ellos,
garantizando, por ejemplo, que todas las opciones políticas pueden ser
defendidas?
¿Pero qué se puede esperar del Gobierno español que apoya y recibe con los
brazos abiertos a criminales como el presidente colombiano, Álvaro Uribe
Vélez, implicado en la llamada "parapolítica"? Ésta ha dado cuenta de los
vínculos de congresistas, senadores, funcionarios de la Administración
Pública y de la Justicia, gobiernos regionales y municipales, e incluso de
rectores de universidades con los grupos paramilitares. Estos grupos
cometieron en Colombia, junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado, al
menos 41.400 crímenes como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudicialesentre 1965 y 1988, y 14.814 violaciones de Derechos Humanos
entre 1988 y 2003. Para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado de Colombia, la estrategia paramilitar ha sido diseñada,
operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la
creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas
jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la
impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en
el llamado proceso de "negociación y desmovilización", como la Ley 782/02
y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y
amnistías al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han
concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han
"desmovilizado", sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos
paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica,
política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de
la geografía colombiana. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada "Ley de
Justicia y Paz", y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este
ciclo de impunidad. En el año 2005 el juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón viajó a Colombia para asegurar la viabilidad jurídica de
dicha Ley.
¿Entonces, qué se puede esperar de un juez que alaba a un régimen que
emplea el Terrorismo de Estado para exterminar a la disidencia, un juez
que ha participado en el diseño de la mal llamada "Ley de Justicia y Paz"
y, con ello, ha justificado mecanismos de impunidad en Colombia? Una Ley
que vulnera los derechos de las víctimas, con el objetivo de sustraer a
los paramilitares de su responsabilidad penal internacional a través de
juicios parciales y que no permite un proceso con las debidas garantías
reconocidas por el derecho internacional. Garzón consideró en una visita a
Bogotá en febrero de 2007 que el Gobierno de Colombia está respetando la
independencia de la justicia y la apoya con recursos para que las
investigaciones salgan adelante. La Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), en un informe llamado "Colombia: La desmovilización
paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional", llega a otra
conclusión.
Según la FIDH la nueva posición jurisprudencial por medio de la cual se
aclara que bajo ninguna circunstancia, los miembros de grupos
paramilitares pueden ser considerados como sediciosos, para conseguir
rebajas de penas o para sustraer a los victimarios de su responsabilidad
penal internacional -como estaba previsto en la Ley avalada por el juez
Garzón- ha creado una grave tensión entre la rama judicial y el gobierno
nacional, quién pretende la aprobación de un nuevo proyecto de ley por
medio del cual revive la condición de sediciosos a los paramilitares,
desconociendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la
consecuente separación de poderes. La sentencia Nº 26945 de la Corte
Suprema de Justicia del 11 de Julio de 2007 sostiene que "los delitos
cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso
de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con
el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a
ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales
comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político". El
constitucionalista Rodrigo Uprimny Yepes manifestó que el Presidente
colombiano había descalificado a la Corte Suprema, violando su deber
constitucional de auxiliar a la justicia y hacer cumplir sus decisiones.
Álvaro Uribe Velez declaró públicamente que los magistrados del alto
Tribunal tienen "sesgos ideológicos" y no contribuyen a la paz, al no
colaborar armónicamente con las demás ramas del poder público, así como
contribuyen a la inseguridad jurídica.
Mientras siguen activos 25 conflictos armados en el mundo, España exportó
armas en el año 2006 por valor de 845 millones de euros, el doble que en
el año 2005. Estas exportaciones se siguen caracterizando por su falta de
transparencia, de forma que es imposible saber qué se vende exactamente y
a dónde. Además, en España se sigue fabricando y vendiendo armamento como
las bombas de racimo, especialmente dañinas para las poblaciones civiles.
Por todo lo anterior me sumo a la reflexión de Sabino Ormazabal Elola,
encausado del sumario 18/98: "No sería coherente que se trabaje por evitar
las víctimas en nuestro país y se siguiera subvencionando la lógica de
guerra. Las instituciones deberían declarar su renuncia expresa a la
guerra y a la utilización de la violencia como medio de encarar los
conflictos. Con ese objetivo se debería de prohibir la utilización de este
territorio para maniobras bélicas y rescindir los apoyos a las fábricas de
armamento, procediendo paulatinamente a su proceso de reconversión en
actividades civiles."
Por la Paz y el Dialogo, en mi nombre sí.
Madrid, 9 de octubre de 2007