Informe sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo
La reciente publicación del Informe anual de la Confederación Sindical Internacional sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales pone de manifiesto el deplorable registro de destrucción de sindicatos, leyes antisindicales, intimidación y violencia contra los representantes de los trabajadores y trabajadoras en 2007(*)
La represión de las actividades sindicales legítimas garantizadas por los Convenios de la OIT ha persistido en todos los continentes, incluyendo los asesinatos, la tortura y otras formas de violencia, además de otras prácticas como el acoso, despidos y encarcelamientos.
Así, un total de 91 sindicalistas fueron asesinados en todo el mundo por defender los derechos de los trabajadores/as, siendo una vez más Colombia, dónde 39 personas perdieron la vida, con diferencia el país donde más crímenes se cometieron. En segundo lugar se sitúa Guinea, dónde el régimen del Presidente Lansana Conte ha sido directamente responsable de la muerte de 30 sindicalistas durante la brutal represión de las manifestaciones organizadas por los sindicatos para protestar contra la corrupción y las violaciones de los derechos fundamentales.
El Informe, que cubre las violaciones de los derechos sindicales en 138 países, denuncia la connivencia entre algunos gobiernos y empleadores para privar a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos legítimos a la sindicalización y representación. Se registraron graves y sistemáticos casos de hostigamiento e intimidación en 63 países. Un total de 73 sindicalistas fueron encarcelados en 2007, incluyendo 40 tan sólo en Irán, dónde ha proseguido la sistemática supresión de los trabajadores que intentaron organizarse en los transportes, la educación y otros sectores. En Marruecos 14 sindicalistas terminaron en prisión y 7 en Birmania, donde la junta apuntó a los activistas sindicales como parte de su brutal represión de cualquier movimiento a favor de la democracia y los derechos humanos.
Nuevas medidas legales y administrativas destinadas a restringir las actividades sindicales, vulnerando los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, fueron introducidas en 15 países, principalmente asiáticos, pero que también incluyen a Chad, Ghana, Madagascar, Mauricio, Tanzania y Georgia, donde se estima que unos 20.000 personas fueron despedidas por empleadores antisindicales que se aprovecharon del nuevo código laboral del país que despoja a los trabajadores/as de la protección más elemental. Belarús, en Europa, mantuvo su récord de graves y persistentes violaciones de los derechos sindicales.
En distintos países africanos los empleadores aprovecharon carencias de la legislación laboral para instigar y fomentar escisiones en los sindicatos y para crear organizaciones controladas por la patronal a fin de desplazar la legítima representación de los trabajadores. Una abierta hostilidad a la organización sindical volvió a constatarse en Zimbabwe y Swazilandia, manifestándose igualmente en varios países donde se citan proyectos propiedad de o financiados por empresas chinas, a causa de sus condiciones de trabajo infames y la explotación de la mano de obra. Además de Guinea, el Informe da cuenta de asesinatos de sindicalistas en Etiopía, Mozambique y Zimbabwe.
Las restricciones de las actividades sindicales legítimas continuaron también en diversos países industrializados, donde particularmente los trabajadores/as del sector público se ven privados de sus derechos sindicales. Las sentencias de los tribunales en los casos “Viking” y “Laval” en la Unión Europea constituyen igualmente una amenaza a derechos previamente adquiridos, mientras que los gobiernos de Bush y Howard en Estados Unidos y Australia redoblaron su hostilidad hacia la organización sindical. En Estados Unidos, la “guerra contra el terrorismo” ha sido utilizada como pretexto para recortar significativamente los derechos sindicales de los empleados/as del gobierno.
En todas las regiones los trabajadores/as migrantes han sido víctimas de explotación y abusos, y con frecuencia se les deniega el derecho a la afiliación y representación sindical. Muchos de los peores casos se registraron en Oriente Medio, donde varios trabajadores de la construcción serían deportados por protestar, o incluso perderían la vida como consecuencia de las terribles condiciones de vida y de trabajo que deben soportar, particularmente en Qatar.
Destacan asimismo las violaciones de los derechos sindicales en las Zonas Francas Industriales (ZFI) de Oriente Medio, siguiendo el mismo patrón de las ZFI en el resto del mundo, y el historial de esta región respecto a la explotación de los migrantes empleados en el servicio doméstico ha vuelto a ser el centro de atención
América Latina ha sido una vez más en 2007 el continente más peligroso para desarrollar actividades sindicales, con asesinatos, secuestros, amenazas de muerte y agresiones en numerosos países.
Colombia sigue siendo, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, el país más peligroso para los sindicalistas, con 39 asesinatos. Si bien en 2007 los homicidios disminuyeron, aumentaron sin embargo otras formas de violencia, se duplicó el número de atentados, aumentaron los desplazamientos forzados, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y el nivel de amenazas. El 76% de las violaciones fueron contra trabajadores/as de los sectores de la agricultura, la educación y la salud.
Otro país muy golpeado es Guatemala, donde el 15 de enero fue asesinado Pedro Zamora, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ) que había encabezado una campaña para detener los planes de privatización patronal y protestar por múltiples violaciones a los derechos sindicales, entre ellas el despido ilegal de nueve trabajadores. A pesar de una gran campaña internacional, el asesinato de Pedro Zamora sigue impune.
En las plantaciones bananeras la represión antisindical es un denominador común. En Guatemala, el 23 de septiembre fue asesinado Marco Tulio Ramírez Portela del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI).
En Brasil, fue asesinado en octubre Aparecido Galvão, Presidente del Sindicato de la Construcción en Salto después de haber criticado a las empresas de construcción por la precariedad en que trabajaban los obreros.
En Monterrey, México, en abril, fue asesinado Santiago Cruz del Foro Laboral del Obrero Campesino (FLOC), una organización afiliada a la central estadounidense AFL-CIO que apoya a los trabajadores mexicanos que parten a Carolina del Norte a trabajar como jornaleros agrícolas. El 12 de agosto fue asesinado en Nacozari, Sonora, el minero Reynaldo Hernández González.
En Argentina, la brutal represión de la policía de Neuquén el 4 de abril se saldó con la muerte de Carlos Fuentealba cuando participaba pacíficamente en una manifestación.
En Chile, Rodrigo Alexis Cisternas, un obrero forestal subcontratado, murió el 3 de mayo como consecuencia de la violencia policial, cuando participaba en una huelga.
En Ecuador, los sindicatos vienen denunciando desde hace tiempo las terribles condiciones de trabajo a que se ven sometidos los trabajadores/as de las plantaciones bananeras.
En muchos países los Ministerios de Trabajo no protegen ni la ley ni los derechos sindicales. En Costa Rica, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo lo denunció por obstaculizar la negociación colectiva y la representación sindical.
En el sector de las maquilas o zonas francas también se perpetúa el deterioro de los derechos sindicales. En Honduras, las empresas textiles implementan políticas antisindicales y sigue siendo imposible crear y consolidar sindicatos.
En Nicaragua, las peores violaciones siguen ocurriendo en las zonas francas y se mantiene la hostilidad de los empleadores hacia los sindicatos a pesar de que la nueva Ministra del Trabajo advirtió a estas empresas sobre la obligación del cumplimiento de los derechos de los trabajadores y anunció la revisión de aquellas empresas que impidan la formación de organizaciones sindicales.
En el Caribe, la situación no es mejor que en el resto de América Latina: los derechos de libertad sindical y negociación colectiva son muy débiles, existen restricciones a la huelga, hay injerencia del Gobierno y de los empleadores para poner fin a las huelgas y los empleadores usan estrategias antisindicales para restringir la organización sindical.
En Trinidad & Tobago, los docentes hicieron una huelga y el Ministerio de Trabajo los amenazó con acciones legales, y en Belice los empleadores utilizan tácticas antisindicales tanto en las plantaciones bananeras como en las maquilas. En Barbados, las empresas se amparan en que la negociación colectiva no es exigida por la ley y en Jamaica hace dos años que la refinería de aluminio JAMALCO se opone a la formación del sindicato.
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(*)La edición completa en castellano del informe puede consultarse en: http://survey08.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=0&Lang=ES
