El pasado mes de octubre se inició el juicio oral contra el ex miembro de la Prefectura Naval Héctor Febres, el primero que se ha llevado a cabo en Argentina por los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1983. Un retraso absolutamente injustificable, considerando que hace ya cuatro años que se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y la amplia evidencia existente de la represión ejercida sobre las aproximadamente cinco mil personas que estuvieron cautivas en este campo de concentración paradigmático del genocidio ejecutado durante la última dictadura militar.

El desarrollo de este juicio ha tenido un desenlace inesperado con la muerte del represor Héctor Febres, cuyo cadáver fue descubierto en su celda en la mañana del 10 de diciembre, cuatro días antes de que el tribunal dictara sentencia. Una muerte que las autoridades atribuyeron en primera instancia a causas naturales, pero que posteriormente se ha comprobado que fue debida a envenenamiento por cianuro.

Los organismos de derechos humanos impulsores de este juicio denunciaron desde el primer momento que la muerte de Febres constituyó un asesinato, o mejor, una ejecución realizada con el objetivo de garantizar la impunidad de los integrantes del aparato represivo. Una impunidad que podía verse amenazada si el ex prefecto rompía el pacto de silencio sobre los crímenes cometidos en la ESMA, y muy especialmente sobre el secuestro de los bebes nacidos en el campo de concentración.

En este artículo exponemos una breve síntesis de los principales elementos que han conformado este juicio, remitiendo para una información más detallada y sistemática al blog donde hemos estado realizando un seguimiento constante de su desarrollo(1).

1. La causa contra Febres: un “desguace” funcional a la impunidad

El juicio contra Héctor Febres estuvo marcado en sus inicios por el rechazo del Tribunal Oral Federal nº 5 de Buenos Aires (TOF 5) a la solicitud realizada por los querellantes, que habían planteado que este proceso judicial se sumara a la causa general contra la ESMA.

La razón de ello es que el tribunal instructor había decidido que el ex prefecto iba a ser juzgado de forma aislada únicamente por los delitos de privación de libertad y torturas, y en relación sólo a cuatro víctimas, los sobrevivientes Carlos Gregorio Lordkipanidse, Carlos Alberto García, Alfredo Margari y Josefa Arminda Prada de Oliveri. Este mismo tramo de la causa incluía una víctima más, Raimundo Villaflor torturado hasta la muerte en la ESMA, pero su caso, “casualmente” el que resultaría en mayor pena y castigo para Febres, fue desechado por los jueces.

Los organismos de derechos humanos denunciaron que esta decisión, que en la práctica implicaba la desmembración de la causa general de la ESMA en múltiples expedientes judiciales aislados, reproducía y era funcional a la impunidad ya que:

- Se desdibuja, se diluye una y otra vez el plan sistemático de exterminio, conspirando contra el análisis de los esquemas de responsabilidades de los imputados.

- Se revictimiza a los sobrevivientes cuando se requiere cada vez que digan lo que vivieron y sufrieron, cuando se banaliza su relato tomando un solo elemento aislado de un testimonio plagado de crímenes. Se reiteran los padecimientos de los familiares de los desaparecidos que se ven obligados a comparecer una y otra vez ante los estrados del Tribunal para revivir infinitamente sus sufrimientos.

- Se multiplican los esfuerzos requeridos a los querellantes, se violentan los principios de economía procesal y verdad jurídica material impidiendo una investigación acabada y eficiente de los terribles sucesos ocurridos, provocando una verdadera denegación de justicia.

- Se pierde el significado, la magnitud e importancia que estos juicios tienen para la sociedad toda en su búsqueda de la verdad y en la pretensión de obtener el castigo de los responsables del genocidio perpetrado en nuestro país.

El TOF-5 denegó la petición de los organismos querellantes, como ya se ha señalado, y Héctor Febres fue juzgado de forma individual por dos delitos contra cuatro personas, cuando todos los testimonios presentados pusieron de relieve su participación activa en el plan criminal cometido contra varios cientos de victimas.

Es importante señalar que, posteriormente, la Cámara Nacional de Casación de lo Penal admitió la reapertura de la causa general por violaciones de derechos humanos en la ESMA, reconociendo así la posibilidad de juzgar de forma colectiva y única a todos los represores implicados

Finalmente, otro elemento que ha condicionado este juicio ha sido la reiterada negativa del TOF a otorgarle un carácter público, impidiendo por ejemplo la grabación de imágenes para la televisión. Una negativa que contrasta notoriamente con el hecho que las declaraciones de los testigos fueran grabadas por la Policía Federal, como denunciara el sobreviviente Enrique Fukman, quien antes de comenzar su testimonio formuló el siguiente reclamo a los jueces: A mí se me ha informado que el juicio está siendo grabado por Policía Federal. Una de las personas que me secuestró era de esa fuerza. Estoy denunciando a la institución, la misma institución que me está grabando. Después de haber sido desaparecido Julio López hace ya un año, obviamente a nosotros no nos genera ninguna seguridad. Fuckman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, le exigió al presidente del Tribunal que la Policía no filmara su testimonio, una petición que fue rechazada.<

2. Los testimonios de los sobrevivientes: la aportación fundamental en la lucha por la justicia

La contribución de los sobrevivientes ha sido un elemento fundamental en el desarrollo del juicio, por su inestimable e insustituible aportación para la reconstrucción detallada y sistemática del genocidio desarrollado en la ESMA.

Más de cincuenta testigos prestaron su testimonio, relatando una vez más –con todo el sufrimiento que ello conlleva- las terribles condiciones de desaparición, tortura y muerte que se vivían en este campo de concentración (2).

Las declaraciones pusieron de manifiesto igualmente el carácter sistemático y planificado del genocidio, que contó para su ejecución con la implicación de distintas fuerzas represivas (Marina, Ejército, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal) así como de civiles.

El testimonio de distintos sobrevivientes fue clave, por último, para probar la participación de Héctor Febres en múltiples crímenes. Así, Alfredo Julio Margari detalló el rol de los represores que pertenecían al sector de inteligencia: “ellos -refiriéndose entre otros a los represores Pernía, Acosta, Scheller, Febres- eran parte de la planificación de los secuestros, participaban de los operativos, torturaban y decidían el traslado de los detenidos-desaparecidos”.

Carlos Gregorio Lordkipanidse, al igual que otros testigos, señaló que Febres supervisaba y seguía el trabajo esclavo al que eran forzados varios prisioneros. Asimismo, que Febres era el encargado del sector 4 (sótano de la ESMA donde se practicaban las torturas) y de la sala de embarazadas.

Adriana Marcus relató que Febres la llevó a retirar la denuncia de su desaparición: “El 3 de abril del 79, Febres me llevó a la casa de mis padres, hicieron bajar a mi padre y nos llevaron a la central de policía para levantar la denuncia por mi desaparición. Mi padre reconoció a Febres, dijo que le había dicho que se llamaba “Comisario Lago”, en una “visita” que había realizado a su casa. Al bajar del auto Febres tomo un manojo de documentos y se preguntó con cual de estos entro? Eligio uno y se presento como amigo de la familia, relatando su historia, diciendo a un comisario que me había ido a buscar trabajo a Córdoba, había conocido a un muchacho y se había olvidado de llamar. Con eso quedó levantada la denuncia”.

Graciela Daleo denunció que Febres fue uno de los represores que viajó a Asunción del Paraguay intentando recapturar a Jaime Dri, quien se había fugado mientras esperaba en la frontera. También destacó su papel central en el secuestro de los bebes nacidos en cautiverio. "Supe que Héctor Antonio Febres tenía a su cargo a las embarazadas. El responsable específico era él. Esto no quiere decir que los otros oficiales del grupo de tareas no tuvieran conocimiento de esto".

Mario Villani y Enrique Fukman relataron que Febrés "estaba presente" en el denominado "sector 4", en el subsuelo de la ESMA donde los prisioneros eran sometidos a todo tipo de torturas y tormentos. Enrique Fuckman también destacó que “Febres tenía las posibilidades de influir en las decisiones de si alguien quedaba con vida o no en la ESMA. Formaba parte del grupo que decía quién era trasladado". En ese grupo, participaban los represores que eran responsables de algún sector: Febres ("intendente del sótano"), Ricardo Cavallo (Pecera), Donda (Operaciones), Luis D'Imperio (Inteligencia) y Astrada (nexo entre el grupo de tareas y la Armada). Además, recordó que fue el prefecto que hoy está siendo enjuiciado por sólo cuatro casos quien comandó la lancha y el operativo que llevó a los detenidos a la isla El Silencio del Tigre. Los secuestrados fueron llevados allí para liberar la ESMA frente a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ana María Soffiantini relató cómo Febres golpeaba con una manguera a las monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet, que se encuentran desaparecidas.

Lázaro Gladstein manifestó que era "vox populi" que el ex prefecto Héctor Febres "era uno de los más sanguinarios torturadores","Te salvaste que te tocamos nosotros y no ’Selva’", aseguró que le dijeron sus torturadores al hacer referencia a la crueldad que ponía Febres, a quien apodaban de esa manera por reunir "la ferocidad de todos los animales". También declaró que "a Febres nadie lo obligaba a nada, él elegía libremente ir todos los días a la ESMA para torturar", dijo el testigo quien estimó que, "en los 400 días en que estuve cautivo lo vi 300 ó 350" y se lamentó que "acá se esté juzgando a un solo represor y por cuatro hechos".

El testimonio de Ana María Martí fue especialmente importante a la hora de probar la responsabilidad de Febres en todo lo relacionado con el secuestro de los bebes nacidos en cautiverio. Así, declaró que “Si de alguien puedo decir que lo vi todos los días es a Héctor Febres. Era operativo, hacia compras, torturaba, llevaba a los detenidos a las casas de sus familiares, pero sobre todo fue responsable de la canallada de los bebés (...) Era el que se ocupaba de las mujeres embarazadas. Yo iba cada vez que podía a la sala de las embarazadas. Un día estaba en la pieza de las embarazadas, había 3 o 4 compañeras, entre julio y agosto, entró Febres haciéndose el canchero, traía unas hojas de papel, sobres y lapiceras, se sentó y les empezó a decir que prepararan una carta para el familiar que ellas habían elegido para que cuidara el bebé. Les aconsejaba que pusieran los datos del bebé. Cuando ya se iba, Febres se levantó y dijo –cínicamente-: no se olviden de poner bien clarito el nombre y la dirección de su familiar, a ver si todavía me equivoco y la dejo en una casa con una familia que nada que ver. Vi a Febres con un moisés, con ajuares de lujo, ahí me di cuenta que no los entregaban a las familias (..) Febres sabe dónde están los hijos de las compañeras: ANA RUBEL DE CASTRO (6/77); MARÍA DEL CARMEN MOYANO DE POBLETE (6/77) ; IRIS GARCÍA DE BUSTAMANTE ; MIRYAM OVANDO (7/77) ; SUSANA BEATRIZ PEGORARO (12/77); SUSANA LEONOR SIVER (1/78) ; LILIANA CARMEN PEREYRA (1 ó 2/78) ; MARÍA GRACIELA TAURO (9 ó 10/77); SILVIA DAMERI RUIZ (1980) . Febres es un torturador hoy, las familias siguen torturadas hoy”.

Ana Testa se refirió igualmente al secuestro de bebés y finalizó su testimonio pidiendo por la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados por los represores: “Mas allá de que se lo juzgue en este juicio por torturas, creo poco en la justicia, -a pesar de ello- iré a denunciar cada vez que sea necesario, porque tenemos que encontrar a los 400 chicos nacidos en cautiverio, al menos deberían decirnos donde están, ellos son los desaparecidos de hoy, los desaparecidos de identidad.”

3. Los alegatos de la acusación

Myriam Bregman, abogada de Carlos Gregorio Lordkipanidse (miembro de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos) fue la única que solicitó al tribunal la condena por genocidio de Héctor Febres, a cumplir en una cárcel común

Los abogados de los otros dos querellantes pidieron condena como coautor de los delitos de privación de la libertad y tortura.

La fiscal Mirna Goransky solicitó condena por los delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), centro de detención clandestino, al que consideró "un engranaje" en el marco de "un genocidio" perpetrado en la dictadura militar.

4. La muerte de Febres: un seguro para la impunidad

El 10 de diciembre fue descubierto el cadáver de Héctor Febres, cuatro días antes de que el Tribunal dictara sentencia. La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, junto con otros organismos de derechos humanos, planteó inmediatamente la sospecha de que no la muerte no había sido producida por causas naturales –como se divulgó en un primer momento- exigiendo la participación en la autopsia de peritos independientes.

Así, uno de los querellantes en el juicio, Carlos Gregorio Lordkipanidse sostuvo que: "Si yo interpreto la muerte de Febres como un mensaje, tengo que interpretarla como un mensaje mafioso. La noche anterior Febres se puso en contacto con su familia y dijo que gozaba de buena salud. Y, de golpe, al día siguiente aparece muerto. Hay registros gráficos que permiten demostrar tal situación. Nada indicaba que Febres fuera a sufrir un ataque que no le permitiera asistir el día de la sentencia".

El dictamen forense confirmó efectivamente que la causa de la muerte de no era natural, sino que se había producido como consecuencia de “envenenamiento por cianuro”, una sustancia que se encontró en altas dosis en la sangre de Febres. Asimismo, la contraprueba posterior fue positiva, determinando que “el cianuro fue ingerido por la boca”

Tras unos días, se procedió a la detención de la mujer e hijos de Febres, quienes han sido acusados de la muerte del ex prefecto.

La gravedad de estos hechos ha sido denunciada por los organismos de derechos humanos, que han señalado que un factor clave para su explicación radica en la información que podría proporcionar Febres sobre el secuestro de los bebes nacidos en la ESMA, poniendo en peligro así el pacto de sangre y silencio de los genocidas.

La abogada Myriam Bregman manifestó “Es lo mismo que ocurrió con (el testigo desaparecido Julio) López cuando al principio decían que estaba en casa de una tía o bajo un puente. Ayer era muerte natural y hoy ya hablamos de envenenamiento con cianuro". Por su parte Carlos Gregorio Lordkipanidse afirmó: "Esto es una cuestión de gravedad institucional y confirma lo que sospechábamos que pasaba en su lugar de detención, estos tipos te están mostrando lo matamos y te lo ponemos bien evidente, el cianuro es bien simbólico. La causa ESMA se convirtió en la causa Febres, estaba el gordo solo sentado ahí, sin Astiz, Acosta y los demás, y fue un cabeza de turco, no sólo porque son los que pagan sino porque les cortan la cabeza”.

El desenlace del juicio contra Febres pone de manifiesto, como la desaparición forzada de Jorge Julio López, el contexto de impunidad del que siguen disfrutando los ejecutores y cómplices del genocidio desarrollado durante la última dictadura militar en Argentina.

Este resumen, son aparentemente sólo las crónicas de lo que sucede en las audiencias; pero en verdad es una disputa jurídico-politica, pero es la porfía de los sobrevivientes, peleándole a la memoria cada detalle y cada dolor; es la disputa entre la querencia de los nombres de los compañer@s de cautiverio, y la genuina impiedad con los nombres de los torturadores, de los verdugos. No son sólo las crónicas, son palabras con vocación de transformar las palabras de los silenciados en clamores diáfanos, visibles, legibles.

Y como Andrea Benites-Dumont lo expresara en el juicio a Adolfo Scilingo, es de plena aplicación para este procedimiento y para todos cuantos batallemos :

“Por último, y a modo de devolución de todas y todos cuantos han testimoniado, recordado, a los familiares, y, a los supervivientes de los campos de concentración, quienes fueron objeto de hechos tan aberrantes como inimaginables, la despersonalización, el rapto de la identidad, la capucha, la tortura, la re-afirmación del terror en cada traslado y en cada acto cotidiano, el haber sido colocados en su cautiverio y en forma permanente en la frágil frontera con la muerte, no ha surtido los efectos deseados planificados por los verdugos de continuar el terror en el silencio impune. Muy por el contrario, desde el horror vivido, conscientes de los desgarros incorporados hasta el fin de los tiempos, se presentaron ante el tribunal en su condición humana, la que no perdieron, la que ampliaron desde el compromiso de contar, de no olvidar, y el compromiso entonces son los afectos para la presencia invisible de los miles de desaparecidos que pueblan la memoria colectiva, el corazón común.
Los afectos imprimen humanidad a las personas, los afectos rompieron la noche y la niebla, los afectos liberaron los campos.

Por todo ello fueron las palabras las que corporizaron los sentires, nadie quedó sólo ni olvidado, todos fueron nombrados y traídos”

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