La inmigración constituye junto al cambio climático, el problema global más importante de nuestra época. Decirlo se ha convertido ya en un tópico en el que abundan políticos, periodistas, académicos. Un tópico que lleva el camino de convertirse en una excusa, una monstruosa coartada para que los estados y los partidos políticos “no encuentren” otra solución que cerrar sus fronteras en función de las distintas fases ó coyunturas del ciclo económico.

En España este fenómeno está suponiendo todo un cambio de época que desborda ampliamente la capacidad de los políticos y la “intelligentsia”. Que un país en regresión demográfica hace diez años haya revertido esta tendencia y el 10% de su población sea de origen inmigrante parece que justifica con creces el calificativo de cambio épocal. La sociedad española es, cada vez más, una sociedad multiétnica y multicultural (aunque todas sus culturas sufren, es verdad, el mismo proceso de laminación y uniformización de la “cultura” del capitalismo global) y eso se nota cada vez más en una amplia variedad de campos.

1) En el mundo del trabajo y la economía, desde luego, donde hay sectores enteros en los que la mayoría de la mano de obra es de origen inmigrante, lo que se ha traducido en la existencia de unos salarios reales más bajos que la media de los otros sectores, con efecto de presión a la baja de estos últimos. Esta tendencia de presión a la baja de los costes salariales tiene un importante peso explicativo en el mantenimiento de las tasas medias de ganancia de algunos sectores (construcción, agricultura intensiva bajo plástico, cadenas de distribución alimentaria) y de la supervivencia de otros como el doméstico, gracias a los bajos costes salariales derivados de la todavía muy baja tasa de afiliación a la Seguridad Social. Lo que, dicho sea de paso, ha permitido una fuerte incorporación de mano de obra –fundamentalmente femenina- al mercado laboral, mejorando así la tasa de ocupación, la convergencia con la UE y los ingresos a la Seguridad Social.

2) Pero el mayor aumento de estos ingresos procede directamente de los propios trabajadores inmigrantes cuya contribución ha permitido sanear las cuentas de la Seguridad Social (a las que hace diez años se auguraba inevitable quiebra) alcanzando una dotación del fondo de reserva de unos 27.000 millones de euros, la más boyante de su historia. Es difícil de exagerar la importancia de este hecho que descalifica de un plumazo la política de fomento de los fondos privados de pensiones al tiempo que aligera la carga financiera del Estado y le permite abordar algunas políticas importantes como el incremento de las inversiones en innovación y tecnología para aumentar la productividad del factor trabajo ó la política de dependencia, el famoso “cuarto pilar “ del estado del Bienestar en España.

El Estado español se ha podido permitir el lujo, en una época de atonía de las economías de la UE, con un bajo nivel de competitividad de su economía y un elevado déficit comercial, de financiar incrementos notables de gasto público sin por ello dejar de cumplir las condiciones de convergencia en cuanto a déficit y deuda pública se refiere. El trabajo inmigrante financia estas alegrías y algunas otras más, lo que ha hecho al jefe de la patronal desmentir al Gobierno cuando aducía saturación en el mercado de trabajo para justificar el viraje represivo de su política. En nombre del empresariado de este país (no sólo del grande, por cierto), Cuevas reclama mantener la gallina de los huevos de oro del trabajo inmigrante que tan buenos servicios viene prestando en el mantenimiento de las altas tasas de beneficio y como factor sui géneris de competitividad en relación con otras economías del continente. Y el trabajo inmigrante sostiene, asimismo, alegrías “de izquierda” en otro caso impensable en un gobierno con un ministro de Economía como Solbes.

3) Tampoco puede ser desdeñada la contribución de la inmigración a la expansión del sector de la construcción y del negocio inmobiliario por la vía de la demanda de viviendas. Alimentando un mercado de alquiler en el que se detectan niveles inauditos de explotación de los inquilinos cobrando precios abusivos por viviendas en condiciones verdaderamente infrahumanas, de un lado. Y convirtiéndose en un poderoso factor de demanda en el mercado de compraventa para familias jóvenes y-todavía-numerosas. Doble explotación la que sufre el trabajo inmigrante. Primero a manos del capital de la construcción a través de los bajos salarios y la carencia de derechos laborales. Y, después, por parte del capital financiero ante el que hipotecará el grueso de su vida laboral (si mantiene el ”privilegio” de la explotación laboral) para legar un patrimonio a sus hijos.

4) En el campo del consumo en general la aportación de la inmigración al incremento en el volumen de facturación de algunos sectores de la industria y los servicios, no por desconocida empíricamente, puede dejar de ser evaluada como extremadamente importante. Sobre todo en el sector de la alimentación pero también en el de la ropa menaje del hogar, electrodomésticos, etc. se han beneficiado de las necesidades de una población con una fuerte propensión al consumo.

5) El campo donde más se percibe la influencia de la inmigración es el de la convivencia ciudadana. De pronto las ciudades y pueblos del Estado español se han llenado de otra gente, otras lenguas (incluso cuando hablan en castellano), otra forma de vivir. Existen, naturalmente diferencias muy acusadas entre las culturas de origen pero no creo equivocarme si digo que el rasgo cultural más sobresaliente de la población inmigrante -quizás por el peso dentro de ella de latinoamericanos y africanos- es la presencia de una fuerte componente comunitaria que está revitalizando una cierta modalidad de la vida ciudadana.. Como si estuviéramos antes de su colonización por los coches y las mercancías, las calles y los barrios se han llenado de gente que las puebla con sus tristezas y sus alegrías, con sus temores y esperanzas, con sus odios y sus amores.

Ese vivir colectivo ha planteado ya algunos problemas, como no podía ser de otra forma. Ninguno que no pudiera ser resuelto precisamente por el desarrollo y la potenciación de los lazos comunitarios entre las poblaciones autóctona e inmigrante. En la práctica ya se perciben indicios de estos lazos en campos diversos. Son elocuentes al respecto las muestras de influencia de la música latina en algunos barrios de la periferia de Madrid. Es posible confiar en el desarrollo de estos lazos para producir efectos de integración. Pero no es seguro que puedan neutralizar las actitudes xenofóbicas no tan espontáneamente desarrolladas entre la población autóctona.

La política de inmigración ha estado marcada desde la primera ley de Extranjería por los principios de la “Europa fortaleza” y el fantasma de la superpoblación inmigrante; pero también y en forma no contradictoria sino complementaria, por las necesidades del capital europeo y español de contar con una reserva de mano de obra con la que esquilmar la competencia de otras áreas económicas.

Desde entonces los estados, el estado español en particular, no ha hecho sino poner a disposición de los empresarios una mano de obra forzosamente dócil y sumisa con la que aumentar la tasa de explotación y ganancia al tiempo que producía u efecto de disciplinamiento sobre los trabajadores españoles. En esta tarea y en su complementaria antes reseñada, la de impedir por todos los medios la generación de una comunidad laboral y ciudadana, se han distinguido los gobiernos del PP. Desde que perdiera el gobierno del Estado, el PP no ha hecho sino criticar la política de inmigración del PSOE por su blandura y por los “efectos llamada” provocados por la última gran regularización. La avalancha de pateras y cayucos que de forma incesante llegan a las costas andaluzas y canarias, la inocuidad de la posición de la UE y las insolidarias respuestas de los gobiernos autonómicos, competentes en materia de servicios sociales (sin olvidar la proximidad de un ciclo electoral) parecen haber aconsejado al Gobierno a recuperar las políticas duras, comenzando por la devolución de inmigrantes ilegales a sus países de origen.

La UE no tiene ni medio resuelta la cuestión de la inmigración, como se puso de manifiesto con ocasión del debate sobre el proyecto de TCE, hoy al parecer arrumbado. Pero la UE y sus Estados miembros no pueden volver la espalda a la inmigración. El famoso modelo social europeo ha descansado en muy buena medida en el trabajo habitualmente mal pagado de generaciones de inmigrantes (entre ellos, los trabajadores españoles en lasa décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. La cuestión fundamental reside en la inviabilidad del modelo americanizado de competencia económica que postulan (más allá de declaraciones retóricas) las élites gobernantes europeas. En su lugar, es posible concebir -y consagrarlo constitucionalmente- un esquema de acogida amplio combinado con una efectiva política de cooperación con los países de emigración.

Lo más urgente, sin embargo, es detener el viraje que pretende hacer el PSOE con el apoyo del PP quien le exige entonar el ”mea culpa” por los errores cometidos, pretendiendo así sacar tajada electoral. No son estas las mejores circunstancias para levantar un movimiento ciudadano en contra de las expulsiones pero habrá que comprometerse en la realización de esta tarea. La izquierda anticapitalista tiene una responsabilidad especial que no puede desatender. El buen trabajo realizado por grupos como ATRAIE, Derechos para Todos, etc., no puede perderse sino servir de plataforma -entre otras- para extender el trabajo de autoorganización entre los propios inmigrantes, base fundamental de un movimiento social contra las expulsiones. No puede haber ingenuidad alguna por nuestra parte en un asunto tan complejo como este. Pero no es posible rehuir el comienzo de una lucha que nos parece estratégica y es la que opone los anhelos de una parte creciente de la población mundial por salir de la miseria con los designios del capital y los Estados por administrarla y rentabilizarla.