Son espacios sociales que reflejan ó expresan la huella de la dominación de una amplia coalición de intereses en la vida colectiva de los madrileños. Desde hace casi dos décadas, esta vida colectiva ha sido gobernada y orientada de acuerdo con la lógica de la mercantilización generalizada del tejido que la constituye y por la maximización del valor extraído del conjunto de sus relaciones.
El capitalismo, una modalidad singular de sociedad capitalista, está implantada en el territorio de Madrid. Esta afirmación dista de ser una mera obviedad.. Lo que se postula es la existencia de todo un cambio económico y social en Madrid sobre el que se soportan dos décadas de inequívoca hegemonía de la derecha y las políticas que conocemos como neoliberales. Identificar ese cambio, los vectores que lo impulsan y la estructura social que ha conformado es un requisito indispensable para conocer la realidad social madrileña; identificar las nuevas ontologías sociales y, de entre ellas, las que presentan potencialidades antagonistas es la condición misma de existencia de una política anticapitalista.
LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD MADRILEÑA
En términos muy generales los cambios aludidos pueden resumirse en los siguientes:
Sin dejar de ser nunca una economía de servicios, la de Madrid ha unido una corta etapa-entre los sesenta y los ochenta del pasado siglo- de relativa industrialización (fundamentalmente en las comarcas del corredor del Henares y del Sur), con la emergencia de un proletariado joven y combativo y un hábitat urbano en rápida expansión sobre el que se ha asentado en el período comentado, la fuerza social y electoral de la izquierda.
La política de reconversiones y ajustes de los primeros gobiernos del PSOE en los ochenta han modificado profundamente el paisaje físico y económico de la región. Aquí la dinámica tendencial que se estaba imponiendo en el resto de los países capitalistas- el paso del fordismo al posfordismo- ha coincidido con los objetivos perseguidos por la política del PSOE, disolver las identidades colectivas de un proletariado que nunca había organizado y asentar, en su lugar, una sociedad de clases medias beneficiaria y al tiempo soporte del naciente estado del Bienestar.
Asentados en el apoyo electoral de un proletariado declinante, los gobiernos socialistas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ocupados en el montaje de algo parecido a unas administraciones modernas y al asentamiento institucional, no han sido capaces de contrarrestar ó-al menos- de compensar los efectos sociales de la política de ajuste impulsada por su mismo partido en el ámbito estatal.
Cuando a fines de los ochenta está desapareciendo ó menguando significativamente la base social de los gobiernos municipales y regional de la izquierda, ya ha surgido un potente conglomerado de intereses en torno al desarrollo y la expansión del mercado inmobiliario. Buena parte de las indemnizaciones de los expedientes de regulación de empleo de esta década se han convertido en una fuente de alimentación de este mercado, impulsado por la búsqueda de plusvalías de los gobiernos municipales sin recursos presupuestarios y fácil presa de la mafia de banqueros y promotores inmobiliarios.
Ya desde este momento se hace evidente que la contienda política en la región y en el conjunto de sus municipios va a estar centrada en la gestión urbanística. Con un modelo imperante del PP de maximizar la oferta de suelo con el pretexto de abaratar el precio de la vivienda y sin alternativa real en el campo de la izquierda, limitada a proclamar el destino social de las plusvalía generadas en las operaciones urbanísticas pero practicando similares políticas que las del PP e incurriendo, también con frecuencia, en escándalos e irregularidades múltiples.
Es ese amplio conglomerado de intereses el soporte fundamental de las políticas de derechas de estas últimas dos décadas. En muchos pueblos de la región, cargos públicos de la izquierda y derecha (más la tropa de independientes estimulados por el ejemplo de Gil en Marbella ó generados por riñas de intereses en el seno del PP), han descubierto en la gestión urbanística un filón de riqueza con el que emprender políticas (con frecuencia disparatadas como la siembra de polideportivos permanentemente subutilizados) de otra manera inabordable pero también con el que dar el salto personal al mundo de los negocios y el ascenso social.
EL AUGE DEL NEGOCIO INMOBILIARIO
La industria del suelo es así la primera industria regional tanto por su contribución al PIB regional como en términos de generación de empleos directos e indirectos. La capacidad de presión política de esta industria es grande como se ha podido comprobar en distintas ocasiones, la más conocida de las cuales es el episodio de Tamayo y Sáez tras las penúltimas elecciones regionales.
La política regional de infraestructuras está determinada, en muy buena medida, por las necesidades de la industria inmobiliaria y la diferente capacidad de ejercer presión de sus diferentes focos de poder. El desdoblamiento de la M-501, el tren de alta velocidad a Guadalajara ó la operación de la Ciudad deportiva del real Madrid son todos ejemplos de la forma en la que la expectativa de suculentos beneficios ligados a recalificaciones urbanísticas han determinado, por no decir orientado, el rumbo de la política de infraestructuras.
La industria inmobiliaria es más amplia que el sector de la promoción inmobiliaria. Está vinculada por supuesto a la edificación de viviendas pero no menos a la construcción de obra civil que trabaja en la puesta en valor del territorio, condición de valorización de las inversiones inmobiliarias. La construcción de obra civil opera, además, como una fuente de actividad complementaria de la anterior, muy interesante cuando, por razones diversas, la construcción de viviendas y la” máquina de producir suelo” se paralizan momentáneamente.
El capital financiero ha jugado, asimismo, un destacado papel en el desarrollo de la industria del suelo en Madrid. Tras advertir la imposibilidad de mantener una rentable y potente industria pesada, los grandes bancos, habiendo experimentado ellos mismos un fuerte proceso de concentración, han orientado lo principal de sus operaciones al negocio del préstamo hipotecario, el primero en términos de recursos movilizados y beneficios obtenidos.. La oferta de créditos para la compra de la vivienda crece espectacularmente estimulada por la política fiscal de todos los gobiernos del Estado mientras que el mercado de alquileres (sobre todo tras el decreto Boyer) se cierra para las rentas populares. El resultado de todo ello es la generalización de la condición de propietario de vivienda. Más adelante se mostrará algunos de los efectos políticos de largo alcance de este fenómeno.
Por si todas estas ayudas” fueran poco, las sucesivas (contra)reformas laborales han habilitado una fuerza de trabajo para el sector de una maleabilidad extrema, acentuada por su engrosamiento en los últimos años por trabajadores inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular y, por ello, fácilmente propensos a aceptar altos niveles de explotación, pésimas condiciones de trabajo e inexistencia efectiva de derechos LABORALES. Los sindicatos “de clase”, por su parte, no han dejado de acudir a la cita del festín inmobiliario, legitimando con su silencio la instalación de un marco de relaciones laborales impropio de una sociedad democrática. Cuando no participando directamente en el festín a través sus promociones inmobiliarias cuya utilidad social es más que dudosa pero que han proporcionado fructíferas relaciones con el capital financiero a las cúpulas sindicales
Las condiciones están así dadas para la consolidación de un sector de muy altos beneficios, de sólidos anclajes en las administraciones públicas y profesiones asociadas (notarios y registradores de la propiedad) y con una fuerte base social de apoyo que se expresa en la elección reiterada de auténticos delincuentes para desempeñar cargos públicos.
LA POLÍTICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La pujanza de este sector ha invadido el conjunto de la actividad económica de la región, eliminando actividades tanto en la agricultura como en la industria- desaparecida prácticamente la primera y residualizada la segunda- y subordinado a la mayoría del resto de los servicios que en una alta proporción trabajan directa ó indirectamente para el negocio inmobiliario. Uno de los más importantes efectos derivados de esta hegemonía del negocio inmobiliario y de la construcción es el peso exorbitante que tiene en la sociedad y la economía madrileña. Si los datos oficiales le asignan un 20% del PIB regional, parece fuera de dudas que su repercusión en otros sectores de los servicios e industriales (p.ej. el sector cemento) es muy superior. Eso le concede una influencia social muy notable y una capacidad de presión política inestimable
Y, por supuesto, ha colonizado el espacio todo de la política institucional, incorporando procedimientos y métodos que están dando al traste con cualquier posibilidad, por remota que fuera, de sanear la vida política y revitalizar la ciudadanía. Es este, quizás, el factor de mayor peso entre los que contribuyen a explicar la relación social y política de fuerzas en la Comunidad de Madrid. Esta colonización de la política por la cultura proveniente de la promoción y el negocio inmobiliario desnaturaliza a fortiori el elemento básico, constituyente de la actividad política, la búsqueda del interés general.
Los partidos políticos se han llenado-en proporción a su proximidad relativa a los poderes políticos y administrativos- de una especie muy determinada de afiliado, aquel para el que la política es una forma de vivir ó, mejor, una forma de participar en el mercado en posiciones de ventaja comparativa. En el campo de la derecha política ello no ha supuesto problema alguno sino, más bien, continuidad con los usos y procedimientos de los políticos del franquismo y de la restauración. En la izquierda, por el contrario, se ha asistido a una desnaturalización del “ser de izquierda”de un alcance muy superior a las evoluciones “ideológicas” impulsadas por las direcciones de estos partidos y de devastadores efectos para la histórica tarea de construir contra hegemonía a la del rápido enriquecimiento a costa de los bienes comunes.
Se ha producido, en efecto, toda una mutación en las subjetividades y en el imaginario colectivo en línea con la hegemonía política de la derecha. La hegemonía de los valores del individualismo propietario, de la competencia exacerbada y de la selección y el éxito de los más capaces, en un contexto de bonanza económica que ha estimulado una expansión del consumo y un nivel de endeudamiento de los hogares sin precedentes, ha devastado aquellos otros de la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo, enraizados en las capas sociales laboriosas incluso en el largo período del franquismo. Este es el verdadero problema al que la izquierda debe hacer frente, incluso si sus aspiraciones se limitan a mejorar sus posiciones electorales. Porque sin un “suelo común” de experiencias y valores socialmente compartidos en un amplio sector de la población es sencillamente inútil plantearse el menor tipo de intervención política.
En estas condiciones, no ha sido demasiado difícil a la derecha gobernante el despliegue de una ofensiva de calado contra los servicios públicos y contra los derechos constitucionales proclamados y nunca hecho efectivos como el de la vivienda, el de la salud, la educación ó el medio ambiente. Una ofensiva contra los derechos sociales que forma parte de la guerra contra los bienes comunes, por su desaparición y sustitución por su apropiación privada, único camino, según los ideólogos del neoliberalismo para su puesta en valor y su conservación (la “tragedia de los comunes”. El principal damnificado en esta guerra es el medio ambiente madrileño. La Comunidad de Madrid es, junto a las de Valencia y Murcia, la que presenta la más alta tasa de artificialización de su territorio: Sistemas naturales de gran valor ecológico como la sierra de Guadarrama se encuentran seriamente amenazados por la colonización de las urbanizaciones, las infraestructuras viarias y los grandes centros comerciales y de ocio, sin que su calificación como espacio protegido, aún con el más alto nivel, pueda aportar algo más que una visión “postalera” de la naturaleza madrileña, sin que ello frene de forma efectiva las citadas amenazas.El transporte es la otra gran amenaza para el equilibrio ecológico de la región. Junto a sus efectos sobre los sistemas naturales- y al día de hoy con mayor importancia- debe citarse su contribución al volumen total de emisiones de CO2. El desmesurado aumento del parque automovilístico de la región contribuye a crear un microclima que favorece a su vez la proliferación de incendios forestales al tiempo que eleva exponencialmente la demanda de agua y energía para refrigeración. El déficit de recursos hídricos, en fin, se ha agravado con el incremento de las urbanizaciones “extensas” y las pautas de consumo que les están asociadas.
LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA EN MADRID
El “problema” de la izquierda anticapitalista en Madrid no puede reducirse a una dimensión antropológica. Hay factores estrictamente políticos que explican en buena medida su escasa operatividad y casi nula influencia social. Y, entre ellos, destaca lo que llamaremos” inexistencia política”. En efecto, la izquierda anticapitalista no existe en Madrid. Deberíamos aclarar que por “existencia política” entendemos existir para el común de la ciudadanía. Y, en una sociedad compleja como la madrileña, el común de los ciudadanos conoce de la existencia de un ente político a través de los medios de comunicación y de su presencia, también, en las instituciones.
La afirmación de esta obviedad dista de ser ociosa. Durante décadas hemos albergado la idea, realmente quimérica, de que podía existir una izquierda radical fuera de las instituciones parlamentarias pero alimentada por la savia de los movimientos sociales. “Refugiarse“ en los movimientos sociales ha sido la postura de la izquierda radical desde que las primeras elecciones democráticas evidenciaron la hegemonía del PSOE en el campo de la izquierda. La nostalgia de la ruptura que no pudo ser ha pesado como una losa sobre el ánimo de aquella militancia, vuelta desde entonces de espaldas a la realidad política del país y en situación de permanente espera del ó de los movimientos sociales que habían de redimir el adverso marco configurado por los resultados electorales.
Ha sido claro y reiteradamente evidenciado, por el contrario, que las capas sociales en principio destinatarias naturales de las propuestas radicales no estaban dispuestas a desertar de ó a impugnar la legitimidad del régimen parlamentario. Y que incluso en las ocasiones en que, siguiendo las consignas de los sujetos políticos ó sindicales en los que confían, se han comprometido con una movilización en la calle, han buscado sacarle algún partido a la misma en clave electoral. El más reciente ejemplo es el apoyo al PSOE al término de las movilizaciones contra la guerra en el año 2003; pero aún más importancia relativa revela la aparición de IU al término de las grandes movilizaciones que precedieron el referéndum sobre la OTAN en 1.985. Ambos ejemplos demuestran la imposibilidad de mantener un movimiento social sin anclaje institucional alguno. Inclusive cuando dicho movimiento presenta una impronta inequívocamente insurgente, ha buscado cubrirse las espaldas con alguna forma de institucionalidad que al tiempo que le aporta una cierta legitimidad sistémica (indispensable hasta que puede ser sustituida por “otra”legitimidad), le permite diversificar sus ámbitos de actuación y defenderse mejor de la represión estatal. Si, por lo demás y como ha ocurrido por un largo período en Madrid, la sociedad ha vivido de espaldas a los problemas políticos y no ha habido en su seno dinámicas de ningún tipo, es fácil deducir que la izquierda radical, su discurso, sus señas de identidad hayan desaparecido del imaginario colectivo, especialmente de los más jóvenes(su cantera natural) que carecen de la memoria de experiencias anteriores. Parece corresponder al ABC del leninismo la necesidad de garantizar la continuidad de un movimiento mediante la consolidación de una estructura organizativa que mantenga sus propuestas y las actualice a la primera ocasión de emergencia social que encuentre, al tiempo que asegura algo tan indispensable como el asegurar los relevos generacionales, garantizando que las nuevas generaciones atesoran la experiencia y los conocimientos que les han legado sus mayores.
En Madrid la izquierda radical ha renunciado a mantener ese mínimo de estructura organizativa desde el fracaso de la experiencia de unificación de la LCR y el MC en los años ochenta del pasado siglo, sustituyéndola por ese refugiarse en los movimientos (¿cuáles?) y complementada en algún caso por su incorporación a las filas de IU donde, como era de esperar las diferencias con la cultura mayoritaria de la coalición, la han relegado a un práctico ostracismo. Es verdad que ha inspirado y alentado el nacimiento de los únicos movimientos sociales dignos de tal nombre pero sus carencias políticas y organizativas la condenan, una y otra vez, a regalar el fruto de su trabajo a las izquierdas sistémicas, principalmente al PSOE. Para desesperación de los pocos jóvenes que se le acercan los más firmes de los cuales pasan a engrosar las filas de la amargura y el desencanto político mientras que los más astutos y”realistas” dan el salto a la política “de verdad”rentabilizando el capital de experiencias y conocimientos adquiridos y renovando, siquiera sea formalmente, el discurso de los partidos del sistema.
