No cabe la menor duda. Aparte de Colombia, las mayores violaciones a los derechos sindicales en las Américas se deben a las empresas multinacionales, especialmente las situadas en las zonas francas industriales. La edición 2006 del Informe Anual de la CIOSL sobre las violaciones de los derechos sindicales cita igualmente otros factores que obstaculizan el respeto de estos derechos, como son el aumento de la economía informal, la falta de convicción de los gobiernos y tribunales laborales a hacer respetar la legislación laboral, o el incremento de contratos de trabajo precarios.
Pese a registrar una ligera disminución, las cifras de 2005 siguen siendo alarmantes en las Américas, y más concretamente en el sur del continente. Fueron asesinadas nada menos que 80 personas sencillamente por el hecho de pertenecer a un sindicato e intentar defender sus derechos. 275 sindicalistas recibieron amenazas de muerte, más de 480 fueron torturados, golpeados o lesionados y cerca de 1.700 fueron despedidos injustificadamente.
No sorprenderá a nadie saber que Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para un/una sindicalista. Más de 70 fueron asesinados y otros 260 recibieron amenazas de muerte. Lejos solucionar el problema, la nueva Ley de Justicia y Paz no hace sino reforzar la impunidad de la que gozan los asesinos. En octubre de 2005, una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demostró con toda claridad que los sindicatos son uno de los objetivos de los grupos armados y que la impunidad persiste. La violencia antisindical afectó en su mayor parte al sector de la educación, lo que incrementa el número de mujeres que padecen estas violencias, en continuo aumento.
Desgraciadamente, Colombia no es el único país de América donde resulta sumamente peligroso ejercer una actividad sindical. En Brasil, entre otros, 8 personas que defendían los derechos de los trabajadores/as de las zonas rurales fueron asesinadas, y un trabajador de la industria del calzado murió asfixiado cuando la policía dispersaba una manifestación. En Honduras, Francisco Cruz Galeano, el coordinador regional de una organización sindical hondureña, la CGT, fue acribillado a balazos en diciembre.
La situación no es más tranquilizadora en Guatemala, país donde las amenazas de muerte y la violencia antisindical están a la orden del día desde hace mucho tiempo. Así, los muros de las oficinas de un sindicato del sector de la enseñanza fueron cubiertas de cruces rojas simbolizando amenazas de muerte. Por su parte, los dirigentes de un sindicato de empleados/as bancarios recibieron una esquela de defunción anunciando su propia muerte y la sede de un sindicato de campesinos fue objeto de un ataque perpetrado por hombres fuertemente armados.
Las amenazas de muerte no son el único medio de presión antisindical en América Latina, como han podido constatar en 2005 los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones de banano en Ecuador. En la plantación de San José, 44 trabajadores/as fueron despedidos sencillamente por el hecho de haber formado un sindicato. Cuando los trabajadores/as organizaron una huelga para protestar por los despidos, la policía utilizó gases lacrimógenos para reprimir esa iniciativa legítima. Las fuerzas policiales emplearon este tipo de gases en varias ocasiones, como por ejemplo contra los trabajadores/as de la plantación La Primavera que luchaban por obtener la firma de un convenio colectivo.
En las zonas francas industriales (ZFI), aun cuando las condiciones de trabajo son muy precarias, cualquier intento de sindicalización se ha viso abocado al fracaso. El motivo son las amenazas de despido que pesan sobre los trabajadores y trabajadoras y que los empleadores no dudan en poner en práctica. Precisamente es lo que ocurrió en la República Dominicana, donde una empresa de la industria textil situada en la zona franca de Bonao despidió a 17 trabajadores/as que habían formado un sindicato. Otro tanto sucede en México, donde según los miembros del sindicato de la industria textil, en caso de querer organizarse, no hay que dejar que se entere el empleador.
En Perú, la táctica empleada por la empresa de telecomunicaciones ITETE no afecta solamente a los trabajadores/as despedidos. Después de haber formado un sindicato, 23 trabajadores/as de esta empresa fueron despedidos, otros miembros recibieron amenazas de despido y fueron transferidos a puestos con menor remuneración. No se firmó ningún convenio colectivo en esta empresa. Ajeper y Gloria S.A., dos multinacionales especializadas en bebidas no alcoholizadas, utilizaron el mismo procedimiento de despido y amenazas hacia sus trabajadores y trabajadoras, mientras que el Banco Mundial asignaba un importante préstamo a Gloria S.A.
En el norte del continente, las organizaciones sindicales también son víctimas de maniobras destinadas a debilitarlos. El gobierno de Estados Unidos, claramente antisindical, ha tomado una serie de decisiones a través del Consejo de Relaciones Laborales encaminadas a disminuir la influencia de los sindicatos. Se han organizado numerosas y agresivas campañas antisindicales destinadas a engañar a los trabajadores/as y hacer que desconfíen de sus sindicatos.
En Canadá, los gobiernos provinciales tienden a debilitar los derechos sindicales de sus trabajadores y trabajadoras. Columbia Británica, al oeste del país, impuso por ley a los docentes del sector público un convenio colectivo no negociado. La huelga que siguió a esta medida fue considerada ilegal. El gobierno de Québec hizo lo mismo con sus trabajadores/as. En el sector privado, la cadena de supermercados Wal Mart, ferozmente antisindical, se había visto obligada en 2004 a reconocer a un sindicato en uno de sus establecimientos canadienses, el único en el mundo. No obstante, 2005 fue menos positivo, puesto que la cadena decidió cerrar esta tienda a raíz del éxito sindical. En sus otras tiendas, Wal Mart utiliza métodos que van desde la intimidación hasta el espionaje electrónico para evitar que se establezcan sindicatos.
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