La actual crisis económica ha tenido un grave impacto social, cuya consecuencia más visible -sobre todo, a partir de la segunda mitad de 2008- ha sido una importante destrucción del empleo y el acusado aumento del paro. Este impacto ha sido particularmente intenso en el Estado español, donde el mercado de trabajo ha manifestado una sensibilidad mucho mayor ante el cambio de ciclo que la registrada en otros países del entorno europeo (1).

La magnitud del impacto de la crisis ha generado un intenso debate que, al igual que en períodos anteriores, se ha centrado en la necesidad de una nueva reforma laboral. Una demanda planteada de forma recurrente por las organizaciones empresariales -y algunas instituciones como el Banco de España- que, incluso reconociendo que la crisis no tiene un origen laboral, promueven abiertamente como principal receta para la salida de la misma la modificación del marco regulador del mercado de trabajo, con el objetivo de dotar a éste de un mayor grado de flexibilidad que permitiría mejorar la capacidad de adaptación de las empresas y favorecer la creación de empleo.

Un simple repaso de las estadísticas laborales basta para poner en tela de juicio, sin embargo, el mito de la rigidez del mercado de trabajo español. Así, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA, segundos trimestres) entre 2008 y 2009 se han perdido 981 mil empleos temporales, que suponen casi el 90% del total de puestos de trabajo destruidos en este período. El empleo indefinido por su parte ha mostrado una mayor resistencia en la primera etapa de la crisis, si bien ya comienza a verse más afectado en los últimos meses (sobre todo, en la industria manufacturera).

Otro indicador particularmente relevante es la evolución de los beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, según las causas del derecho. Los datos del Boletín de Estadísticas Laborales muestran un importante aumento del número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) autorizado en los primeros siete meses de este año, multiplicándose por 11 el número de personas afectadas respecto del mismo período en 2008. Un proceso especialmente grave, que afecta sobre todo a empresas de tamaño medio y grande del sector industrial y con serias repercusiones además en un volumen indeterminado de PYMES auxiliares.

Ahora bien, a pesar del notable repunte registrado por los ERE, es importante resaltar que éstos representan una parte muy reducida del volumen de empleo perdido desde el inicio de la crisis (en torno al 3%).En cambio, si se analizan los datos de las prestaciones contributivas por desempleo, se constata que casi el 95% de las personas que han solicitado las mismas han perdido su empleo por otras dos causas: la finalización de contratos temporales; y los ceses por despidos, entre los que la mayoría se encuadra en la rúbrica de “otros despidos”, que se corresponden con aquellos celebrados en función de lo dispuesto en la Ley 45/2002 (cuyo número ha crecido progresivamente en los últimos años, hasta equipararse cuantitativamente con las finalizaciones de contrato).

En suma, es posible afirmar que la mayor la mayor intensidad de los efectos laborales de la presente crisis en el Estado español no tiene su origen en la (presunta) rigidez del mercado de trabajo sino en otros factores. Concretamente: en las características del patrón de crecimiento económico consolidado en la última etapa de expansión, basado en una elevada especialización sectorial en actividades que presentan algunos desequilibrios -tales como un contenido tecnológico bajo o intermedio, la utilización intensiva de mano de obra poco cualificada y un fuerte componente procíclico- que han contribuido a incrementar su vulnerabilidad ante el cambio de ciclo; y en la persistencia de un elevada temporalidad que -en combinación con el aspecto anterior- ha favorecido un ajuste más rápido en el volumen de empleo.

Una premisa obligada para poder abordar el complicado escenario actual es el reconocimiento de que se está desarrollando una crisis sistémica sin precedentes, tanto por la raíz estructural de las causas -más allá del origen coyuntural en el fin de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos- como por su carácter multidimensional (financiera, productiva, alimentaria, social, ecológica) y por la rapidez con que se ha transmitido a escala mundial, a través de diferentes vías.

Afrontar la complejidad de los retos planteados desde una perspectiva crítica implica una labor previa y minuciosa de derribo de los mitos económicos circulantes, que buscan desdibujar las causas de la crisis -enmascarando de paso la atribución de responsabilidades- y legitimar racionalmente la socialización de sus consecuencias (2). El mito de la rigidez del mercado de trabajo es un ejemplo paradigmático de ello, que será necesario combatir para evitar que el coste social de la crisis redunde en una nueva vuelta de tuerca sobre la precariedad laboral.

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(1) Según datos de Eurostat, entre el segundo trimestre de 2008 y el de 2009 la destrucción neta de empleo en el conjunto de la UE27 ascendió a 3,5 millones de empleos, que suponen una variación interanual del -1,6%. En el Estado español, se registró un saldo negativo de 1,4 millones de empleos para este período, que representan una variación interanual del -7,2%. Como consecuencia de ello, el desempleo afecta en el segundo trimestre de 2009 a 4,1 millones de personas, que suponen una tasa de paro del 18% (la más alta de toda la UE).

(2) Como recordaba insistentemente Castoriadis, la principal significación imaginaria social del capitalismo es sustentar el dominio sobre la racionalidad. De ahí que sea tan difícil, pero tan necesario, desmontar los mitos sobre los que se asienta su dominio y que han anclado profundamente en el imaginario social (como la ideología del crecimiento infinito).