La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos en Argentina ha posibilitado, en los últimos años, la apertura de juicios contra los responsables y ejecutores del terrorismo de estado implantado en la última dictadura militar (1976-1983).
Los crímenes cometidos en el marco de la dictadura constituyen delito de genocidio, tal como fuera reconocido judicialmente por primera vez en Argentina en la sentencia de septiembre de 2006 del Tribuna Oral nº 1 de La Plata, que condenó por unanimidad al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua en cárcel común. Esta sentencia ha sentado un precedente histórico que posibilita que otros cientos de represores de toda jerarquía sean indagados, procesados y condenados por este delito. Es el primer paso para superar los procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y para avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y sistemático de la represión ilegal.
En breve, comenzará en la ciudad de la Plata un nuevo juicio a otro represor: el sacerdote Christian Von Wernich, confesor del ex Jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, y que está acusado de numerosos homicidios y múltiples casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas, en diferentes Centros Clandestinos de Detención.
Los organismos de derechos humanos que impulsan este juicio tienen que afrontar diversos obstáculos por la falta de recursos humanos, presupuestarios y de infraestructura a la que están sometidos -por falta de acción del Gobierno en ese sentido- los juzgados federales y las fiscalías. Debido a ello, todo el trabajo de investigación y reunión de pruebas sigue en manos de los querellantes, como si el Estado no tuviese ninguna obligación al respecto; y, como consecuencia, se constata la falta de medios materiales de las querellas en contraste con los afamados estudios jurídicos contratados por los represores que saturan de recursos las causas provocando por un lado, una enorme dilación de las procesos y por otro, la necesidad de intensificar al extremo el trabajo de los abogados.
A ello se suma otros hechos especialmente graves: el secuestro y desaparición de Jorge Julio López -testigo del juicio a Etchecolatz- perpetrado el día anterior a la lectura de la sentencia en ese juicio y aún no esclarecido; y la difícil situación de amenazas e intimidaciones que están sufriendo tanto los testigos, víctimas y familiares, como incluso miembros de la Judicatura y de la Fiscalía que actúan en las causas relacionadas con la represión dictatorial, y cuyo objetivo es seguir preservando la impunidad de la que disfrutan la inmensa mayoría de los criminales.
Por todo lo anterior, solicitamos la cooperación de personas, colectivos y organizaciones, con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos materiales de la realización del juicio. Concretamente:
· Gastos de representación judicial: contratación de 3 abogados a tiempo completo durante 4 meses.
· Desplazamientos y estancia de 36 testigos y 11 familiares de detenidos desaparecidos a la ciudad de la Plata.
· Dotación de equipo informático: 1 ordenador portátil.
· Gastos de documentación, correo y comunicaciones.
Las aportaciones deben ingresarse en la siguiente cuenta corriente de La Caixa
2100-1663-70-0100376023 – Apoyo a Juicios
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Para cualquier aclaración o información complementaria sobre la campaña, dirigirse a:
casapueblos@nodo50.org
Casapueblos (España) - Asociación Ex- Detenidos-Desaparecidos (Argentina)
Mayo de 2007.
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Quién es y qué hizo Christian Von Wernich
Christian Von Wernich, confesor del ex Jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, está detenido desde septiembre de 2003 acusado de numerosos homicidios y múltiples casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas, durante la última dictadura militar argentina, en diferentes Centros Clandestinos de Detención, delitos por los cuáles se ha iniciado su procesamiento en la ciudad de La Plata.
Los delitos cometidos por Von Wernich fueron probados sobradamente en los testimonios de los sobrevivientes de los diferentes centros clandestinos y que fueron recogidos en 1985 en el Informe de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparecidos). No obstante y a pesar de las abrumadoras pruebas de su directa participación, Von Wernich ha permanecido impune debido a las ya mencionadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Gracias a los testimonios aportados por los sobrevivientes, ha quedado probado `prima facie' que el imputado operaba en distintos lugares de detención, entre ellos la Comisaría 5° de La Plata, Brigada de Investigaciones de La Plata, Puesto Vasco, entre otros. Se ha demostrado su participación directa en los homicidios de los desaparecidos María del Carmen Morettini, Cecilia Luján Idiart y Domingo Héctor Moncalvillo, tal como se reseña en el testimonio que brindó ante la CONADEP el fallecido policía Julio Alberto Emmed, quien confesó que Von Wernich y él participaron junto a otros represores en el asesinato de los tres jóvenes cuando supuestamente los trasladaban al puerto de Buenos Aires para que dejaran el país rumbo a Uruguay. Asimismo, está imputado en la coautoría de los homicidios calificados de –además de las personas mencionadas- de María Magdalena Mainer, Pablo Mainer, Liliana Galarza y Nilda Susana Salomone.
Además, mantenía entrevistas con personas privadas ilegalmente de la libertad que se hallaban en dependencias policiales y militares, tratando de captar voluntades con el objeto de obtener –mediante esos tratos- información útil para ser entregada a sus superiores, valiéndose de su servicio sacerdotal que no denotaba sospecha. También realizaba aportes más que considerables para mantener esa situación e imponía tormentos principalmente psicológicos y morales a los prisioneros que, conjugados con las condiciones torturantes de detención y los padecimientos físicos, terminaban por constituir un cuadro decididamente horroroso.
En suma, ha quedado absolutamente probado que Von Wernich tuvo una conspicua intervención en los centros clandestinos de detención, torturas y eliminación de personas desplegados durante la dictadura militar como parte del plan sistemático de exterminio implementado por el terrorismo de Estado.
Los crímenes cometidos en el marco de dicho plan constituyen delito de genocidio, tal como fuera reconocido judicialmente por primera vez en Argentina en la sentencia de septiembre de 2006 del Tribunal Oral nº 1 de La Plata, que condenó por unanimidad al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua. Esta sentencia ha sentado un precedente histórica que posibilita que otros cientos de represores de toda jerarquía sean indagados, procesados y condenados por este delito.
Es el primer paso para superar los procesos judiciales contra imputados aislados y por hechos fragmentarios, y para avanzar en juicios unificados, que reconozcan el carácter coordinado y sistemático de la represión ilegal.
Por todo lo anterior y habiéndose iniciado, a pesar de los múltiples obstáculos, como a las coacciones y amenazas mencionadas, a pesar del secuestro y desaparición del testigo Jorge Julio López contra el represor Miguel Etchecolatz, la posibilidad que las normas jurídicas caminen en forma paralela y coordinada hacia la justicia, demanda un mayor compromiso de solidaridad internacional y de todo tipo de colaboración.
La indiferencia que en momentos históricos tuvo la comunidad internacional, pervive en la conciencia colectiva para que las aberraciones cometidas no vuelvan a repetirse nunca más en ningún rincón del mundo.
