La ofensiva de la derecha y el “problema de España”.

Tras una corta “luna de miel republicana”, el gobierno del PSOE ha chocado súbita y violentamente con un bloque de derechas muy compacto y cohesionado sobre la convicción compartida de su ilegitimidad para gobernar. La elaboración y aprobación por el parlamento de Catalunya del proyecto de Estatuto de Autonomía ha sido la señal para que, enarbolando la consigna de la unidad de España, el PP haya tocado a rebato llamando a una movilización social de derechas que luego ha seguido contra la ley de matrimonios homosexuales y contra la LOE, contando con la inestimable capacidad de agitación y encuadramiento de la Iglesia Católica y de sus medios de comunicación. Armados con las consignas de la unidad de España, la defensa de la familia y de la enseñanza privada (disfrazada de concertada) y moviendo a las organizaciones de la derecha en una estrategia aparentemente muy bien medida, el PP practica una operación de acoso permanente y cotidiana contra el Gobierno que impide a este manejar los tiempos políticos de la legislatura con arreglo a sus previsiones iniciales.

Haría mal la izquierda anticapitalista en despachar el “problema de España “con una desdeñosa descalificación. Aún cuando algunos dirigentes del PP tienen una concepción de España propia del régimen franquista, no es posible desconocer la importancia que entre amplísimos sectores de la población tiene esta identidad. En la época de la globalización capitalista (lo acabamos de ver en Francia), la identificación con la nación aporta elementos de seguridad frente a las incertidumbres de los procesos de desterritorialización. Para amplios sectores de la población trabajadora, la “identidad España” no evoca más una referencia de pobreza, desigualdad e injusticia seculares sino un referente de prosperidad y bienestar relativo (dentro de la desigualdad de riquezas y poder) capaz de atraer la esperanza de los necesitados de otras latitudes. Y, desde luego, un ámbito territorial en el que se garantizan derechos en otros lugares inexistentes. La fuerza de esta identidad descansa en buena medida, en el mito de su unidad. La unidad de España es, para una parte importante de ciudadanos, la garantía de disfrute de algunos derechos sociales.

La dialéctica de nuestro tiempo enfrenta a cosmopolitas y nacionalistas. Pero sería un error de bulto ignorar la existencia de una identidad española constitucionalizada que para muchos puede ser un baluarte eficaz contra la globalización capitalista. El fenómeno de las identidades nacionales se constituye en el ámbito del imaginario colectivo. La identidad nacional vasca ó catalana se han construido, en buena medida, en la experiencia secular de la opresión ejercida por el Estado español. La identidad nacional española actual se ha construido en la experiencia histórica del abandono de la miseria en condiciones de opresión y ausencia de libertades y, posteriormente, en la experiencia de un capitalismo de bienestar con un régimen constitucional.

Desgraciadamente, en el debate actual entre la izquierda defensora de mayores cotas de autogobierno para la nación catalana y la derecha defensora de la unidad de España no se perciben posiciones anticapitalistas. Más aún podríamos encontrarnos, sin forzar mucho la hipótesis, con que la derecha pudiera aparecer como mayor garante de los derechos sociales constitucionales que la izquierda. Es significativo al respecto el argumento principal de la izquierda españolista-en el PSOE, en IU y en los sindicatos-contra el Estatuto de Catalunya, la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, el núcleo de la solidaridad institucionalizada en el actual ordenamiento jurídico.

En el imaginario colectivo de una parte importante de la población trabajadora la seguridad de las pensiones, del seguro de desempleo y del resto de las prestaciones de la Seguridad Social está estrechamente asociada a la identidad España. Razón por la cual las pretensiones catalanistas son vistas como una amenaza a la continuidad de esas garantías, a la existencia misma de la solidaridad institucionalizada. Es fácil advertir las posibilidades de demagogia lerrouxista que enciérrasete discurso “solidarista”. Pero ello no puede hacernos olvidar su notable enraizamiento social y el peligro que los términos en que está planteado el conflicto entre la izquierda y la derecha en lo que concierne al Estatuto de Catalunya pudiera llevar a una parte importante del electorado de la primera a sentirse mejor representado por las demagógicas posiciones del PP. No se podría hacer mejor regalo a la derecha española que situar el centro de su conflicto con la izquierda en el eje del “problema nacional”. No hay otra receta contra este riesgo que abrir otro frente de conflicto. Y ese nuevo frente no puede ser otro que el “frente social”, incluyendo en él la pelea por los servicios públicos. Pero la apertura de este nuevo frente se ve bloqueada por los imperativos dela estabilidad presupuestaria y la continuidad del modelo de crecimiento económico basado, entre otros factores, en un empleo de baja calidad. El diálogo social se encuentra empantanado entre las posiciones gubernamentales, aplicadoras vergonzantes de los postulados de la CEOE, y unas direcciones sindicales que, conscientes de su debilidad, no son capaces siquiera de intentar la presión social que el propio curso de las negociaciones requiere desde hace algún tiempo. Por un mero sentido de la oportunidad política, el gobierno debería estar interesado en abrir este segundo frente; aunque solo fuera eso, le ayudaría a desplazar la atención del debate sobre el Estatuto, proporcionándole un clima mucho más propicio a la negociación y al acuerdo. Pero el PSOE, cada vez más parecido en eso al Labour de Blair, no quiere ni oír hablar de políticas socialdemócratas. Quienes dirigen su política económica, las consideran antiguallas inútiles y peligrosas para la estabilidad presupuestaria que marca los límites en donde puede desenvolverse la política gubernamental.

La dirección del PSOE cree tener suficiente, para mantener el apoyo del electorado, con mantener-modernizados-los fundamentos del “nuevo milagro económico español” y añadirle políticas ciudadaniotas como las de ampliación de los derechos ciudadanos, mejora y modernización de los servicios públicos, etc. Sus análisis no detectan la existencia una demanda social significativa de mayor equidad y justicia social. Confía en que los estabilizadores automáticos de consenso y equilibrio social (derivados de unos niveles de consumo superiores a los del promedio de la UE), junto a la acción de losa estabilizadores institucionales (en primer lugar las direcciones de UGT y CC.OO.) impidan la aparición de bolsas de descontento que puedan estallar como lo han hecho en Francia. En su modelo de “capitalismo compasivo “hay lugar, si las condiciones económicas globales lo permiten, para mantener algunos instrumentos de carácter redistributivo (que no pongan en riesgo las condiciones de competitividad) y algunas instituciones heredadas del viejo Estado del Bienestar como las prestaciones de la Seguridad Social (convenientemente complementadas con instrumentos de mercado para la previsión social).

Son varios y bien afincados los agentes sociales que el PP ha hecho entrar en esta batalla sin cuartel aprovechando al máximo cada oportunidad que la coyuntura le iba deparando. A la cabeza, desde luego, la Iglesia Católica y el magma de organizaciones vinculadas a ella que martillean sistemáticamente sobre los sentimientos más tradicionales de los sectores de clase media, alentando entre ellos una actitud de hostilidad y antagonismo contra el gobierno y su presidente. Los medios de comunicación de derecha y extrema derecha también cumplen su parte, hostigando los flancos más vulnerables del gobierno, especialmente su alianza con ERC a la que presentan como algo no muy distinto de ETA. Y hablando de ETA, la AVT, un brazo ejecutor que lo mismo se querella contra parlamentarios del PNV que contra jóvenes que pretenden recordar a los asesinados por la Dictadura. Sin olvidar a las organizaciones gremiales agrarias (ASAJA), de transportistas, empresarios de la enseñaza religiosa, sindicatos a la búsqueda de financiación para subsistir y un largo etcétera capaz de hacer demostraciones de masas semana tras semana.

Una estrategia política, la del PP, que ha tenido un efecto del que deberían aprender las organizaciones de la izquierda, evitar el ensimismamiento consiguiente a la derrota electoral. Ni el menor asomo de autocrítica sobre las políticas desarrolladas durante el gobierno de Aznar, ni siquiera en sus aspectos más controvertidos como la intervención militar en Iraq. Por el contrario cierre de filas en torno a los discursos dominantes durante ese período, complementado con una idea eficazmente transmitida y machaconamente repetida, que el PSOE ocupa ilegítimamente el Gobierno gracias al atentado del 11M y que es rehén, en su acción de gobierno, de partidos objetivamente situados en el campo del terrorismo y la destrucción de la unidad de España.

Esa idea simple en apariencia, tiene una enorme importancia para la movilización social del electorado de derechas, para el que resulta indispensable sentirse siempre del lado del orden. La idea, pues, de que la acción del Gobierno es una permanente acción subversiva del orden y la prosperidad asentados durante los gobiernos del PP, una ocupación delictiva del poder político contemplado como patrimonio de la derecha, es una poderosa fuente de energía movilizadora de sectores sociales habitualmente poco dados a preocuparse de los asuntos públicos.

Continuidad del modelo

Y todo esto sin que hasta el momento la acción gubernamental haya afectado ó menoscabado la situación de los sectores sociales más privilegiados. Se anuncia, por el contrario, la reducción del impuesto de sociedades del 35 al 30% lo que podría suponer una reducción estimada de tres mil millones de euros en la recaudación tributaria. Lo decíamos en su momento y debemos repetirlo ahora: la lectura hecha por el PSOE del mandato electoral del 14M margina- si no excluye-la política de reformas económicas y sociales sobre el modelo de crecimiento económico implantado por el PP. Esta lectura “republicana” parece partir de que dicho modelo ha funcionado satisfactoriamente (no en vano Solbes podría reclamar su paternidad) y que solo cabe ahora realizarle reformas orientadas a la mejora de la productividad y la competitividad. Con más sociedad del conocimiento, más I+D+i y más infraestructuras del transporte (todavía!) está cerrado el capítulo de las reformas económicas.

Del lado de las sociales poco se puede esperar; no desde luego en temas de empleo y Seguridad Social que no sea el abaratamiento del despido ó el alargamiento de la edad de jubilación y del periodo de cálculo para generar el derecho a la pensión. Sólo en la vertiente más asistencialista (por ej. en lo que se ha dado en llamar el 4to pilar del Estado del Bienestar, la ley dependencias), donde se encuentra un granero de votos que el PSOE quiere disputarle al PP, pueden esperarse iniciativas de alguna sustancia.

Los datos de coyuntura económica parecen alentar la confianza gubernamental en las virtudes del modelo de crecimiento económico y continuar, por tanto, con la agenda política prevista. El crecimiento del PIB volverá a estar por encima del promedio de la UE-15 alimentado por los altos niveles de consumo de los hogares y la continua expansión de la construcción a los que se añade el aumento en la inversión en bienes de equipo. Todo ello favorecido por una situación de los tipos de interés excepcionalmente bajos. Es este el cuadro de situación en el que el PSOE cree posible convencer al PNV y a CiU (este último sin duda su socio preferido) para convencer una mayoría social de centro-centro izquierda en el ámbito estatal que cerrara el paso a la vuelta del PP al poder, a cambio de ceder a ambos partidos el derecho a gobernar sus respectivas nacionalidades una vez reformados, con alguna “generosidad“, sus respectivos Estatutos de Autonomía. Los sacrificios del PSC y del PSE-EE serían tributos fácilmente asumidles a cambio de la consolidación del “proyecto Zapatero” y la eliminación de las fuentes de malestar en los sectores más “españolistas” del PSOE, tranquilizados por la posibilidad de participar en la distribución de los recursos del Estado.

Sería un proyecto político con enormes posibilidades de conseguir un amplio respaldo social. La dirección del PP aliada con la jerarquía de la Iglesia Católica y los medios afines a ambos no pueden tensar hasta el infinito la movilización de su base social en una coyuntura económica prolongadamente favorable. Pero esta condición es “sine qua non“. De no cumplirse y reducirse las posibilidades de distribución -aún con el grado de inequidad actual- de la prosperidad económica, el miedo a la derecha podría ceder ante el miedo a la incertidumbre económica y a las dudas sobre la capacidad del PSOE para “hacer los ahorros” precisos para retomar la senda del crecimiento económico. Es precisamente el posible cambio de coyuntura, con la subida de 0,25 puntos en los tipos de interés por el BCE, lo que podría alterar sustancialmente el idílico cuadro en el que el PSOE esperaba se desenvolviera lo que queda de legislatura. Si a los efectos inevitablemente contractivos que una tendencia alcista pudiera tener en la economía española se uniera un frenazo en la tendencia a la recuperación económica de la UE que comenzaba a apuntarse, con sus consiguientes efectos sobre las exportaciones y el aumento de la contribución negativa de la balanza de pagos al crecimiento del PIB, la situación económica podría cambiar sustancialmente de signo con la reaparición de preocupantes síntomas de desempleo, reducción del consumo, la inversión y la demanda agregada.

En estas condiciones, un programa de ajuste duro de la derecha, con el notable desgaste sufrido en parte de su electorado por el “efecto Catalunya” y los “excesos” en las políticas republicanas, podrían colocar al PSOE en una situación extremadamente difícil para revalidar su actual mayoría parlamentaria, incluso en sus estrechos márgenes actuales. Un escenario del que debe descartarse la posibilidad de que el PSOE contestara apelando a su electorado más de izquierda incluyendo los cientos de miles de votos anticapitalistas que recibió el 14 de Marzo del 2004. Lo hemos dicho al comienzo: la lectura que hizo la dirección del PSOE del 13 y14 de Marzo reducen el mandato del electorado de izquierdas a echar al PP del gobierno, no a derrotar a las políticas del PP con algunas de las cuales tiene llamativas coincidencias. (Véase por ej. su posición en torno a la directiva Bolkestein) La convicción de la actual generación dirigente es que es ocupando el centro político (“no nos echarán del centro político”,Cf responsable federal de política institucional del PSOE) como pueden batir al PP al que intentan empujar por todos los medios posibles a su derecha. Disputándole al PP la herencia de Adolfo Suárez y la UCD y esperando que el desbloqueo del TCE y una cierta recuperación económica aporte fundamento material a su discurso de la democratización de la globalización, el PSOE se apalanca en el día a día de la gestión gubernamental con iniciativas que el PP haría suyas y que están todas marcadas por el discurso de la sociedad del conocimiento y la información y sus efectos en la mejora de la productividad y la competitividad.

¿Y la izquierda anticapitalista, cuál debería ser su posición en este escenario político? Sus condiciones de intervención no son ciertamente muy favorables: - Parece agotado y difícil de recuperar el impulso de las movilizaciones contra la guerra y la globalización de la primavera del 2003, un marco inmejorable para el planteamiento de las posiciones anticapitalistas. - La derrota del PP, el terreno en el que se ha producido y el agente político que la administra (el PSOE apoyado por ERC e IU y ampliado, tal vez a CIU) no favorecen una dinámica social de movilizaciones en la que estas posiciones encuentran siempre más eco. - La posición de las direcciones de UGT y CC.OO., Tal vez una de las más derechistas de la CES, bloquea la posibilidad de enlazar la dinámica de las relaciones laborales con movimientos sociales de importancia como el de la defensa de los servicios públicos. - La sistemática ofensiva de la derecha contra el gobierno y las formas fascistoides que adopta están favoreciendo un reagrupamiento de la mayoría social de izquierdas en torno al “mal menor “(ó “lo único posible“), que condena al ostracismo cuando no la hostilidad, a cualquier posición de crítica a la política gubernamental.

Como ha señalado Claudio Katz en un artículo reciente, la coexistencia delo que para simplificar, podríamos llamar “reformismo sistémico” y “reformismo radical”, socialdemócrata y social liberal frente a anticapitalistas y socialistas se dá tanto en el ámbito global como en el estatal pero no está exenta de conflictos. Más aún, en determinadas coyunturas- y esta que viene puede ser una de ellas-puede resultar inevitable el enfrentamiento y hasta conveniente como ha demostrado el ejemplo del referéndum constitucional en Francia. En el Estado español el conflicto entre la izquierda sistémica y la anticapitalista es indispensable para intentar evitar la consolidación del mapa político de izquierdas que pretende el PSOE básicamente consistente en monopolizar ese espacio en el ámbito estatal, compartiéndolo en las nacionalidades con las izquierdas nacionalistas, cuyo izquierdismo queda subordinado, en la imagen del elector “español “ de izquierda, a ese su carácter nacionalista. Eso supone, en dos palabras, excluir de la escena política a la izquierda anticapitalista y a su “agenda” (lucha contra la precariedad, la desregulación y la privatización de los servicios públicos, políticas consecuentes contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, extensión y profundización de los derechos ciudadanos a los trabajadores inmigrantes, etc, etc.)

Izquierda Unida, con esa ó con otra denominación intentará prolongar su existencia cada vez más pegada al PSOE rebañando votos tradicionales de izquierda necesarios para asegurar la gobernabilidad al PSOE en los Ayuntamientos y en el Parlamento en situaciones apuradas. Un apoyo con el que sabe el PSOE que cuenta y que por tanto, le saldrá prácticamente gratis en términos de más políticas sociales y más justas políticas económicas. La prolongación de la vida de IU- lo hemos dicho en el pasado y debemos seguir repitiéndolo- es un factor de bloqueo a la emergencia de una fuerza de izquierda anticapitalista. El mapa de la izquierda que postula el PSOE relegando a estas formaciones a los ámbitos nacionales ó autonómicos, deja en sus manos la condición exclusiva de referente global de la población trabajadora en el conjunto del Estado español. Y convierte a su proyecto de “capitalismo compasivo” en la única alternativa posible al capitalismo depredador del PP. Pero hay otras políticas posibles. Por mucho que se empeñen sus defensores antiguos y nuevos, el capitalismo no es el único horizonte de las sociedades contemporáneas del norte y sur del planeta. En realidad las políticas hegemónicas en el capitalismo neoliberal realmente existente han fracasado de forma estrepitosa; hasta tal punto que modalidades diversas de políticas keynesianas (en primer lugar, el keynesismo militar USA) han debido venir en su ayuda para mantener el conjunto del sistema a flote. Y eso, al precio de unos desequilibrios que amenazan de forma mucho más grave su propia continuidad.

Una izquierda anticapitalista de nuestro tiempo es necesaria y posible si consigue conectar con las reales temáticas y agentes sociales del conflicto en nuestra sociedad. Deberíamos poder dar por supuesto que esta izquierda portaría, también, las banderas del antiimperialismo, del feminismo y del ecologismo radical, del derecho a la autodeterminación. Y deberíamos dar también por supuesto que la izquierda anticapitalista fuera heredera de la izquierda rupturista de los setenta del pasado siglo. Sin que ello la atara a las tareas no cumplidas de su predecesora, incluso de algunos de quienes en ella militaban, se mantienen en la izquierda anticapitalista. Políticamente es un disparate plantearle a las generaciones presentes tareas no resueltas-ó resueltas en contra de nuestras aspiraciones- por las generaciones anteriores. Es tarea de los historiadores hacer el balance diacrónico de las relaciones de fuerza y proponer el saldo histórico. Pero la política, aprendiendo del pasado es, sobre todo labor de presente. Y la política anticapitalista, en general, y en el Estado español en particular, nunca como ahora ha tenido tantos fundamentos sociales y materiales para su actuación.

La política capitalista en nuestro país, tanto la de la derecha como la de la izquierda, giran entorno a la explotación intensiva de los factores productivos: El suelo-espacio como materia prima de la industria inmobiliaria y del turismo El consumo social basado en los bajos tipos de interés y los altos niveles de endeudamiento La existencia de contingentes de mano de obra inmigrante suficientes para mantener la depresión de los salarios, aportar una fuente adicional de demanda vía consumo y asegurar la financiación del sistema de la seguridad social. La continuidad de ese “triangulo virtuoso no está, ni mucho menos, asegurada. El suelo y la vivienda pueden dejar de ser una inversión rentable en cuanto los tipos de interés recuperen los niveles de hace diez años y la demanda se contraiga a niveles próximos a las necesidades reales de vivienda. El consumo debe verse afectado, asimismo, por la subida de los tipos. Y la fuerza de trabajo inmigrante, empujada por los dos factores anteriores, puede aumentar las tasas de desempleo y el recurso a las prestaciones de la seguridad social, invirtiendo el signo de su aportación.

Envolviendo a todos ellos, existe en el Estado español un factor de crisis que va acelerar y precipitar sus efectos. La crisis ecológica, manifestada sobre todo en los déficits en cantidad y calidad de recursos hídricos y en la pérdida de suelo y diversidad biológica, se está configurando como un límite al crecimiento económico. Si a ello añadiéramos la necesidad de atajar el escandaloso incumplimiento del protocolo de Kyoto y sus efectos sobre la industria y el transporte, el alcance de la crisis ecológica alcanza proporciones alarmantes. Una política anticapitalista lo sería si replanteara los objetivos y finalidades últimas del conjunto de la actividad económica en nuestro país. No se trata de “parar el país” hasta encontrar la senda del desarrollo sostenible auténtico. Pero resulta ya indispensable introducir en el debate público los límites del actual modelo económico. Desde la convicción de que las soluciones a esta encrucijada crítica a la que el capitalismo español ha abocado a la población, solo pueden venir de un largo y probablemente difícil proceso de asunción de responsabilidades por una ciudadanía que lo irá siendo precisamente en el curso de este proceso.

Es obvio que la política anticapitalista tendrá también que aportar propuestas concretas. Ya hay avances serios y fundamentados como el de la Renta Básica de ciudadanía, que podrían ser implementados en cuanto dispusieran del necesario respaldo electoral. Pero no existe razón alguna para precipitaciones ni improvisaciones. No tenemos mucho tiempo, es verdad pero la política anticapitalista debe conceder prioridad absoluta a la fase de “deconstrucción”. La mayor parte de las instituciones vigentes, tanto estatales como de la sociedad civil, están profundamente impregnadas de la lógica de la rentabilidad y el beneficio y sólo representarían obstáculos al funcionamiento no capitalista de la economía y de la sociedad. La tarea deconstructiva es, pues, imprescindible. El reformismo capitalista es imposible pero la inmensa mayoría de la población trabajadora no lo ha experimentado todavía. La bonanza económica vivida estos años acaso puede haber ocultado que el capital hace ya tiempo que perdió interés en la concertación social. Si participa en ella (con evidente desgana) es obligado por el Estado, del que depende más de lo que quisiera, para producir legitimación. Hace ya tiempo que las instituciones de la concertación producen sólo eso y en proporciones reducidas. No se puede seguir engañando a los trabajadores con su utilidad y funcionalidad, solo son funcionales para legitimar al Estado capitalista y el indiscutido poder patronal en la empresa.

Simultáneamente a esta labor de deconstrucción es preciso ir trabajando el imaginario colectivo en la misma dirección. La transición de un imaginario colectivo subalterno a otro autónomo, capaz de prefigurar las instituciones de la sociedad autoinstituída, será el resultado de un proceso de aprendizaje y, sobre todo, de experimentación colectiva. Procesos múltiples en los que se evidencie, además de la irracionalidad inherente a la lógica capitalista, la viabilidad de otras formas de producir y consumir, otras formas de vivir. El imaginario colectivo capitalista se ha consolidado sobre todo, en la época posterior a la promulgación de la Constitución de 1978. Los valores que lo integran- el individualismo propietario, el espíritu de competencia, la rentabilidad como criterio de medida de los procesos sociales etc- se han convertido en hegemónicos en la sociedad española amparados por las lecturas dominantes del texto constitucional asociadas al capitalismo democrático.

En torno al debate sobre la reforma constitucional

Ahora que la Constitución vuelve a ser objeto de debate, es oportuno cuestionársela, también desde una perspectiva anticapitalista que va más allá de las legítimas aspiraciones democráticas truncadas por la reforma del franquismo. La crítica anticapitalista de la constitución del 78 puede ser articulada en los siguientes postulados básicos:

- En primer lugar, la idea del soporte material, el fundamento en el que descansa el proyecto de convivencia constitucionalizada. No la nación-ni esta ni ninguna-sino la comunidad de recursos y patrimonio natural, de trabajo e inteligencia, de comunicación y cooperación. - La constitución de la comunidad no puede ser, por definición una constitución cerrada y terminada sino permanentemente abierta e inconclusa. Una Constitución abierta a las dinámicas de los procesos sociales que define como se adquiere la CONDICIÓN DE PERTENENCIA Y QUE CONSAGRA EL DERECHO DE SECESIÓN. - La naturaleza como el hogar de la comunidad en su devenir continuo, los procesos ecológicos esenciales como límites no traspasables en que se desenvuelven las diversas formas de la convivencia social. - Derechos de uso frente al derecho de propiedad, satisfacción de necesidades sociales frente a crecimiento económico ó generación de empleos. Trabajo social frente al derecho de empresa. - Autonomía y autodeterminación frente a soberanía; autogestión de las comunidades frente a Estado separado y por encima de la sociedad.

Es indispensable que las posiciones anticapitalistas comiencen a explicitarse señalando la posibilidad histórica de reformar, más allá de sus límites, una Constitución cuyos componentes “socializantes” (arts.128, 129,130 y 131) han quedado prácticamente ignotos. No para recuperar ó enfatizarlos sino para incorporar elementos explícitamente socialistas ó redistributivos que garantizaran la efectividad de la ciudadanía. El derecho a la Renta Básica sería un ejemplo notable de estas incorporaciones. La demanialización del suelo y los recursos naturales sería también interesante.

La propuesta de reforma constitucional es una apuesta estratégica para el movimiento anticapitalista en torno a la cual es posible articular un bloque social histórico que avance en la definición, teórica y práctica, de un escenario poscapitalista. Como apuesta de carácter estratégico deberá incorporar el conjunto de propuestas que, articuladas, configuren una alternativa de fondo al régimen político y económico imperante. El nexo de articulación de todas estas propuestas no puede ser otro que la centralidad de las necesidades sociales y su integración respectiva con los procesos ecológicos, así como la igualdad en la satisfacción de las primeras y en el acceso a la riqueza social. Aún a riesgo de usar un recurso tan manido, un nuevo pacto social, un auténtico compromiso histórico por la igualdad y la sostenibilidad debe ser el corazón de esta propuesta constitucional. Esta propuesta no pretende suplantar ni enfrentarse con ninguna otra procedente del campo anticapitalista. Su compromiso fundamental es con los problemas de largo plazo cuyos efectos ya se perciben en el presente. La lucha y la política anticapitalistas tienen hoy un sentido y una base material de la que acaso carecían en el momento de la transición política para la gran mayoría de la sociedad española. Hoy sí que puede visualizarse el antagonismo y la radical incompatibilidad entre las aspiraciones más sentidas como la paz, el bienestar y la conservación de la naturaleza y los objetivos de incesante acumulación por parte del capital globalizado. No restamos ninguna importancia a los temas pendientes de la época de la transición (república, derecho de autodeterminación, etc.) Pero creemos que el desarrollo capitalista los ha situado en una dimensión muy distinta de la que tenían. República sin duda, pero la de la cooperación social, la de la inteligencia colectiva, república del común. Autodeterminación también, como ejercicio permanente de la potencia social de cooperación, como poder constituyente no sólo de los territorios ó los pueblos con historia. Para la izquierda anticapitalista todo está por inventar. Su propia práctica política debería ser, en buena medida, una práctica de investigación y experimentación militante. Es por eso que nuestra propuesta constitucional debe ser entendida en un sentido más material que formal. Las constituciones han clausurado los procesos constituyentes, han terminado los procesos de innovación histórica. La democracia, originalmente un movimiento plebeyo de rebelión y emancipación, se ha convertido, por efecto de las derrotas históricas de ese movimiento, en un catálogo de procedimientos y en un Estado.

Algunos compañeros del campo anticapitalista han introducido (recuperado sería mejor decir, habida cuenta la paternidad aznariana del mismo) el concepto de segunda transición para señalar algunas de las rupturas pendientes de la primera y que, en su opinión, constituirían, junto a otras las tareas fundamentales a impulsar por la izquierda anticapitalista. Desde la asunción personal de sus componentes fundamentales (constituyente, república, derecho de autodeterminación, etc) creo, por las razones apuntadas más arriba, que sería un error para la izquierda anticapitalista aparecer asociada a debates de hace tres décadas. La izquierda antagonista tiene ó debería tener suficientes y actuales motivos de impugnación del orden vigente como para no verse obligada a articular sus posiciones en torno a esas reivindicaciones. Sin renunciar a ninguna, por supuesto, pero situándolas en el escenario histórico de nuestros días, bien distinto del de la época de la transición. La constituyente que reivindicaba la izquierda rupturista de los setenta, por ej. no puede ser la constituyente anticapitalista. Ni por sus objetivos, ni en su contenido, ni por el horizonte histórico en el que debería situarse esta última, podríamos pensar en algún género de equivalencia. Igual pasaría con el derecho de autodeterminación. Por supuesto a favor de su reconocimiento a las naciones secularmente oprimidas por el Estado español. Pero la autodeterminación, hoy, cobra otro sentido, mucho más amplio, de ruptura del orden del capitalismo globalizado (y así sucesivamente).

La reforma constitucional de la izquierda anticapitalista debe estar integrada por contenidos inequívocamente anticapitalistas; ó, por mejor decir, democráticos y socialistas. Democráticos.- La ideología “constitucional” ha conseguido hacer pasar por democráticos los rasgos del régimen liberal parlamentario asentando, de hecho, la primacía de la constitución y sus instituciones sobre la práctica democrática concreta. La democratización del régimen no se agota en una legislación electoral que incorpore más proporcionalidad ni siquiera con el fortalecimiento de los institutos de referenda, con ser ambos extremadamente importantes. La propuesta democrática de la izquierda anticapitalista es incompatible por ej. con el concepto de libre empresa de la Constitución del 78 que consagra de hecho el despotismo y el autoritarismo de los empresarios en el ámbito de la producción y del capital en el conjunto de la sociedad. El trabajo no es un a forma de inserción en la democracia ciudadana en la época en la que el capital regimenta su existencia en la forma subordinada del empleo, expropiando la potencialidad de cooperación social que conlleva. O, dicho en forma más directa, el trabajo bajo el capitalismo es la negación misma de la democracia y la ciudadanía.

La propuesta de Renta ciudadana es una de las formas en las que el trabajo social -y, por lo tanto, cada uno de los seres humanos que lo integran- puede emanciparse de la dominación capitalista. Hablamos naturalmente de la propuesta “fuerte“ de Renta básica, la que instaura un derecho ciudadano incondicionado. Como tal esta propuesta tiene sentido solo en el marco de una propuesta integral de carácter socialista. Socialistas. Afirmando, como cuestión de principio, el carácter social del trabajo y la justificación de la producción social en la satisfacción de las necesidades libre y democráticamente determinadas. Y restableciendo la relación de dependencia entre la sociedad/comunidad y los ecosistemas en los que se asientan. El mercado es una de las formas de sociabilidad en la época de las sociedades complejas. El intento de constitucionalizarlo en forma prevalente y excluyente de otras es una pretensión totalitaria, que empobrece la riqueza y variedad de sociabilidades posibles.

La izquierda sistémica se encuentra atrapada entre la gestión compasiva del capitalismo y la vuelta a un keynesismo cuyas posibilidades objetivas hoy solo parecen asociadas al desarrollo de la industria bélica y al Estado-guerra. Si, como parece, entráramos en una coyuntura económica más desfavorable que la que ha caracterizado los últimos años, es probable que la izquierda gobernante (mientras lo fuera), se inclinara de nuevo por las políticas de ajuste duro sobre los salarios. Y en ese terreno compite con desventaja con la derecha política. Esta es la maldición de la izquierda sistémica: sus oportunidades crecen con las fases alcistas del ciclo económico y están condenados a ser sustituidos en cuanto cambia el signo. Carecen por eso, de propuestas estructurales dignas de tal nombre, fuera de las consabidas recetas de la mejora de la productividad a través de la información y el conocimiento (en forma similar a lo que eran las infraestructuras y los equipamientos durante los “treinta dorados“).

Comprometida en esa gestión del ciclo, su defensa de los derechos sociales y los servicios públicos es cada vez menos creíble. Esta bandera le corresponde, en nuestra época, a la izquierda anticapitalista que debe levantarla consciente del carácter antagónico de su afirmación con la lógica de la globalización capitalista. Es este un campo en el que la izquierda anticapitalista debe combinar las propuestas más amplias posibles de unidad con la confrontación más explícita con la izquierda sistémica, desde posiciones democráticas y socialistas. Por ej., volviendo al tema de la reforma constitucional, estableciendo una relación de servicios públicos básicos asociados a los derechos ciudadanos, también básicos, de salud, educación, vivienda, etc., de carácter universal y financiados con impuestos de carácter progresivo.

Es ciertamente posible la impugnación nuclear del capitalismo en la época de la subsunción del trabajo y la sociedad en el capital. Es objetivamente posible pero es también la época de máxima extensión de la sociabilidad capitalista. La vida cotidiana, nuestra vida cotidiana se encuentra enseñoreada, como en ningún otro momento, por las reglas del mercado y la acumulación de capital. El consumismo de masas, tempranamente denunciado por la escuela de Frankfurt y sus herederos, vino para quedarse. Resulta difícil imaginarse a comienzos del siglo XXI una sociedad compleja de la que hubiera desaparecido el consumo como vínculo central de las relaciones sociales.

Quizás no fuéramos conscientes del alcance del concepto de sociedad de consumo que manejamos desde los años sesenta del pasado siglo. Acaso no hayamos advertido todas las consecuencias que se derivan de la centralidad del consumo en nuestras sociedades. ¿Se puede despachar un fenómeno de tanto alcance como “la expresión generalizada de una conducta social alienada”. La aparición y hegemonía del “hombre consumidor”, ¿acaso no representa toda una mutación antropológica que obliga a replantearse desde el principio todo el entramado teórico de la superación del capitalismo?

Es difícil seguir invocando la alineación ó la falsa conciencia para explicar la conformidad social de masas con el orden capitalista, incluso cuando este ha vuelto a enseñar su faz más terrible en la forma del Estado guerra. Más aún, es difícil encontrar un precedente en la historia en el que un régimen político económico, una formación social ó una civilización (que de todo tiene el capitalismo) haya generado tanta legitimidad cotidiana. ¿Deberíamos acostumbrarnos, si queremos seguir pensando en el socialismo, a asociarlo con esta centralidad del consumo mercantil?. Algunos interpretan esta generalización del consumo, no sin audacia, como una prefiguración del “coger del montón “de la sociedad comunista. En su desarrollo, el capitalismo habría “anticipado” componentes ó rasgos del comunismo, al menos para la población no excluida.

Sería así el hiperconsumo un hilo conductor entre modos de producción distintos?. W. Harich, hace más de dos décadas y ante las evidencias de la crisis ecológica descartaba la hipótesis de un socialismo consumista y advertía a sus conciudadanos de la RDA contra los riesgos de erosión de los fundamentos socialistas por efecto del consumismo entonces emergente.

Sea como fuere, es difícil imaginar hipótesis contemporáneas de sociedad en las que estuviera desterrada esta hegemónica pauta de conducta, sin mediar una catástrofe económica, energética ó ecológica; es decir, sin alguna forma de regresión social y cultural. El capitalismo habría, así, comprometido fatalmente el porvenir no ya del socialismo ó del comunismo, sino de cualquier forma de sociabilidad humana. Esta constatación no debería sin embargo quedarse en la -tranquilizadora desde el punto de vista ético- enésima denuncia del capitalismo

JUAN GIRTZ. Febrero 2006