La política española pasa en estos días por uno de los momentos históricos más intensos de polarización en torno al Estado. Cualquiera pensaría al leer esto que nos estamos refiriendo al debate sobre el Estatuto de Cataluña y acertaría. El proyecto aprobado por el parlamento representa un cuestionamiento nuclear del Estado español tal y como se ha conformado desde 1.714. Es por ello que todas las fuerzas vivas del Estado –desde los partidos políticos nacionales “(¡!) hasta el gobernador del banco de España pasando por la CEOE y los sindicatos UGT y CC.OO. –se han aprestado a advertir del grave riesgo de desmembración de España que representa este Estatuto. Preocupa a este bloque nacional estatal que entre los impulsores del Estatuto (nada menos que como partido gubernamental y el del propio President de la Generalitat )esté un partido que constituye un elemento fundamental del actual partido gobernante en España. Preocupa tanto ó más que el riesgo de que un NO al estatuto haga perderle indispensable apoyo de ERC en el Congreso de los Diputados. Preocupa porque demuestra que el consenso constitucional no ha adormecido del todo las aspiraciones constituyentes explicitadas al final del régimen franquista. Y porque, en consecuencia, los fundamentos del Estado heredado del franquista gozan de menos legitimidad de la que creían.

Los ideólogos de extrema derecha que cada día escupen su rabia y su odio contra el blandito zapatero saben que el problema va mucho más allá de una declaración más ó menos altisonante; y, desde luego, más allá de la discusión sobre las competencias en materia tributaria. Ellos están percibiendo (lo que no han hecho los intelectuales de la izquierda constitucional) un mar de fondo que de manera sorda e imperceptible se ha ido formando en estas tres décadas de aparente conformismo. Un mar de fondo que no solo cuestiona la legitimidad de la monarquía constitucional sino que cuestiona, asimismo, su pertenencia a ese engendro histórico que llamamos España (y algunos con un pudor un poco cursi, Estado español.

Primo de Rivera fue el primero que habló de la antiespaña. Como en otras cosas, aquel señoriíto metido a teórico del fascismo acertó. El devenir de los siglos ha contemplado la aparición, una y otra vez, de una multiplicidad de expresiones de rechazo social de cuantos se han sentido oprimidos por el Estado borbónico, militarista y clerical. Los grupos sociales dominantes en las regiones en donde el desarrollo capitalista ha ido por delante han vacilado permanentemente entre seguir aprovechando su hegemonía en el amplio mercado que la política proteccionista del Estado español les aseguraba ó emprender sendas más abiertas y acordes con las posibilidades y las tradiciones ya experimentadas en el pasado. Solo cuando la globalización ha hecho añicos los fundamentos en que descansaba esa su posición privilegiada, estos grupos han vuelto a preguntarse por el sentido de su pertenencia a España.

Desde un nacional populismo a veces autodenominado “patriotismo constitucional”, se denuncia este cuestionamiento del “nacionalismo burgués “ (¡) y se pretende combatirlo desde los postulados democráticos de igualdad, solidaridad y cohesión que informan la Constitución de 1.978. Los exabruptos de Rodríguez Ibarra y las jesuíticas amenazas de bono son la cara más conocida de esta “izquierda nacional” pero no las únicas. Por razones más espurias de las que confiesan, las direcciones de UGT y CC.OO. forman también en ese monstruoso frente nacional estatal, aportando una cobertura “de clase “. Su desvergüenza burocrática les lleva a ocultar que el funcionamiento normal de la economía capitalista genera permanentes desigualdades sociales y territoriales, que el motor de la economía llamada de mercado es la desigualdad, tal y como sin rebozo proclaman los teóricos del Instituto de Estudios Económicos y los de FAES todos los días. La cuestión que se escapa a estos defensores de la unidad nacional de mercado es que se da en nuestros días una conjunción sin precedentes entre una dinámica subjetiva , de voluntad colectiva por la autodeterminación y unas condiciones objetivas que han relegado al Estado-nación a la función de gestor disciplinario de sus poblaciones y de colaborador en el control de los flujos globales para mantenerlos sometidos en volumen y tiempo al comando del capital globalizado.

Una relegación que en modo alguno puede ser entendida como un proceso de liquidación del Estado. Asistimos más bien a una cierta revigorización del Estado al que se le “encargan “ nuevas funciones ( preferentemente securitarias) mientras pierde otras como las de regulación d mercados y producción directa de bienes públicos. La rechazada Constitución europea es un buen ejemplo de este proceso. No se alumbra en ella Estado europeo alguno. Lo que se consagra es una red de estados ó, mejor, diversas redes de niveles distintos de complejidad e interrelación que van aumentando su densidad institucional según nos acercamos a su núcleo central( las funciones de defensa y seguridad) a través de los mecanismos de cooperaciones reforzadas.

En el desempeño de estas funciones, el Estado-nación se remodela desprendiéndose de su “cáscara social “ y potenciando cada vez más sus funciones policiales y militares –si es que aún se puede hacer esta distinción -, al servicio todo ello de un proyecto global (europeo)) en el que de forma simultánea se desnacionaliza (porque sus funciones principales tienen que ver cada vez menos con la “nación española “) y se transnacionaliza como agente ejecutor de los designios del capital trasnacional. Hasta los últimos restos de su política económica nacional “ (el apoyo descarado a las trasnacionales “propias” en pugna por los mercados emergentes evidencian esa función de agente subalterno del gran capital, mucho más evidente que cuando lo proclamaron los clásicos del marxismo. Esta política de asistencia al capitalismo nada tiene que ver con la característica de la segunda posguerra: ninguna vuelta al capitalismo de Estado, -si es que tal cosa existió en algún momento-. Sin el menor disimulo, el estado se pone al servicio de las ETN creadas sobre la desamortización/privatización de los mejores patrimonios públicos y lanzadas a la guerra por los mercados de los servicios públicos en aquellos países previamente sometidos al tratamiento de choque del FMI- pérdida de los derechos sociales y desmantelamiento del estado benefactor, por pequeño que fuera, desarme arancelario y economía volcada a la exportación etc-.

No veremos, por tanto, la “suave desaparición del Estado sino el robustecimiento de sus funciones más represivas y la extinción creciente- esta sí- de sus funciones sociales, de la cara blanda del Estado social. La inmigración está evidenciando este papel privilegiado de la violencia y la represión en el estado contemporáneo. Azuzado por la derecha y la extrema derecha (¿hay alguna diferencia ¿) y envalentonadas ambas por el amparo del monarca (¡), el gobierno del PSOE no ha sido capaz, ante las oleadas de africanos que huyen del hambre, la guerra y la muerte, que levantar más vallas, sembrar de alambradas la tierra de nadie y mandar al ejército para proteger las fronteras nacionales. Otra vez las fronteras vuelven a mostrarnos su condición de límites de la civilización. En sus confines ninguna existencia social es posible y por eso las alambradas cubren ahora el espacio entre las dos vallas. Allí donde termina el Estado, allí donde se termina la legitimidad en el uso de su violencia, donde, por ende, no puede haber “súbditos-ciudadanos “, solo puede haber espacios vacíos, “no-lugares “, ausencia de sociabilidad.

Las alambradas cierran hacia fuera pero también hacia adentro. Expresión de la sociedad, administrador de su convivencia, el Estado se presenta ahora como el origen, el creador mismo de la sociedad. Toda esta polarización sobre el Estado tiene una expresión social en la (re)aparición de un fascismo societario que sirve de complemento ideal al reforzamiento de las funciones securitarias del Estado. El 11S ha sido el comienzo de una nueva forma de hegemonía política, ó, mejor, de una nueva forma de legitimidad a través del miedo. El Estado-guerra se responsabiliza, antes que nada, de la producción de miedo y, a continuación, de una seguridad basada en la aceptación de una restricción generalizada de las libertades, en la renuncia al núcleo de la ciudadanía... Lo paradójico de esta nueva forma de fascismo es que se justifica en nombre de la defensa de la democracia... Es para salvar la democracia de sus enemigos-externos e internos-que el Estado se convierte en estado-guerra y solicita de la sociedad una movilización de adhesión a los objetivos de la guerra. Esta dinámica de movilización es el fascismo democrático; que en poco o nada recuerda al del período de entreguerras en sus manifestaciones externas pero que tiene, objetivamente, la misma naturaleza y se orienta a producir los mismos resultados.

La aparición de esta modalidad de fascismo se acelera con los síntomas de las crisis del Estado-nación en la época de la globalización. La inseguridad, la incertidumbre, la pérdida de referencias en un mundo en cambio incesante y acelerado despiertan un pánico de masas, provocan reflejos xenofóbicos y estimulan procesos de identificación colectivos con un líder ó un jefe. Todos ellos, como se ve, ingredientes básicos para el surgimiento del fascismo. Su conjunción en nuestra época con la reaparición de las grandes pandemias y epidemias, las catástrofes naturales y, en fin, una crisis ecológica que parece acelerar su ritmo, no hace sino añadir condiciones favorables de desarrollo a este fascismo societario y al reforzamiento de los mecanismos del Estado-guerra. Podríamos, tal vez, abandonar el plano de la abstracción en el que se han desarrollado estos comentarios, para situarlos en la coyuntura histórica concreta que los ha inspirado; abandonar las tendencias de largo plazo para observar su comportamiento práctico aquí y ahora, encarnadas en los agentes que ocupan la escena política cotidiana... El PSOE está comprometido con los dos ejes centrales en que se articula su proyecto de gobierno, la extensión de los derechos civiles y la reforma territorial del Estado, en la confianza (cuestionada por los datos económicos más recientes) de la favorable situación económica. Un proyecto asociado a la perspectiva estratégica de asentar las condiciones materiales que hagan posible la sostenibilidad de mayorías electorales de carácter progresista. Ninguno de los dos ejes suponen riesgo alguno para los fundamentos de la “constitución material “ de España, esto es, el dominio de una economía capitalista trasnacionalizada bajo la hegemonía del capital inmobiliario y financiero, la inserción en la construcción de la “potencia Europa “y la fidelidad a los compromisos con el imperio USA.

Pero sí representan amenazas para la continuidad de los privilegios de determinados estamentos sociales que perviven desde el régimen franquista asociados a la alta burocracia del estado, a los grandes negocios inmobiliarios y urbanísticos y a las grandes corporaciones trasnacionalizadas cuyas fuentes de ganancias han estado tradicionalmente asociados a sus relaciones con la cúspide del Estado español. Y sin olvidar, ya que mencionamos la cúspide, a la propia institución monárquica, referente unificador de todos estos estamentos y enemigo irreconciliable de la democracia y la autodeterminación de los pueblos. Pero no solo existe temor entre los sectores dominantes. También entre las capas subalternas los cambios asociados al gobierno del PSOE pueden inspirar incertidumbres. Las relacionadas con la inmigración, desde luego. En el ultimo Barómetro del CIS aparece como el tercer problema que más preocupa a los españoles y los recientes acontecimientos en Ceuta y Melilla seguro que van a acentuar esta percepción ciudadana. Si, como parece, el aumento de la inflación va a exigir la adopción de políticas monetarias restrictivas con sus consiguientes secuelas recesivas, es de esperar a medio plazo, un empeoramiento de la situación económica; en cuyo marco, las tensiones xenofóbicas, ya muy marcadas en la opinión pública, podrán desarrollarse con un alcance imprevisible.

Si a eso le añadimos los efectos de la difusión mediática del discurso sobre el egoísmo y la insolidaridad de los catalanes que el largo ciclo de tramitación del Estatuto va a propiciar, tenemos las condiciones favorables para el desarrollo de un movimiento social de carácter reaccionario muy parecido al fascismo societario que describíamos más arriba. Es verdad que este tipo de análisis, en la tradición de una cierta izquierda, han sólido producir un efecto de simplificación de la realidad y –lo que es peor- de paralización de las potencialidades antagonistas. El antifascismo ha sido, a lo largo del siglo XX, un bloqueo para el desarrollo de esas potencias antagonistas. Demasiadas veces la invocación del peligro fascista ha sido utilizado por los aparatos para frenar movimientos de posibilidades transformadoras.

Nosotros no nos reconocemos en esas tradiciones antifascistas ni pensamos que quedan posiciones intermedias ni bases objetivas para “amplios bloques interclasistas contra la amenaza fascista “. Pensamos que el movimiento anticapitalista está inexorablemente destinado al enfrentamiento con el Estado-guerra y, por eso, a dirimir en el terreno social una lucha sin cuartel contra su proyecto en la sociedad, contra el fascismo. No hay orden de prelación entre estas luchas porque son la misma, la lucha contra el Estado-guerra, que es la forma de la ofensiva del capital globalizado en cada uno de los antiguos espacios estatales. ¿Cómo se desarrollará ese fascismo societario y democrático entre nosotros? Es difícil precisar las formas que puede adoptar este fascismo posmoderno. No es previsible, pese a las apariencias superficiales, un proceso de “fascistización “del PP, ni siquiera en el medio plazo lo que no quiere decir que no juegue un papel destacado junto a la Iglesia Católica y sus ONGs (las de ambos) en una movilización continuada “contra los ataques a la unidad de España y de la familia “. Y que esas movilizaciones y ese ambiente actúe como el “nido de la serpiente” para un movimiento de objetivos explícitamente fascistas.

Pero no se pueden descartar, asimismo, componentes fascistoides que se detectan en el discurso del “españolismo de izquierdas” y en algunos nacionalismos. No se nos ocurre insinuar que Bono ó Rodríguez Ibarra puedan convertirse en caudillos de un movimiento fascista. Pero la fetichización de la Constitución(una constitución con pasajes tan edificantes como el que atribuye a las FF.AA. La condición de último garante de la unidad de la patria contra cualquier dinámica de autoinstitución- al fin y al cabo, la esencia de la democracia-, alimentada por el tradicional rencor hacia la periferia del más rancio españolismo, no permite ser excesivamente optimista sobre la deriva de una parte importante de l PSOE, un partido de aluvión con escasas conexiones con el partido hegemónico entre los trabajadores españoles en 1.936-39. Lo importante es subrayar la transversalidad de este fascismo democrático a los dos principales partidos del arco parlamentario. La victoria del PSOE el 14M del 2004 y el desempeño del gobierno Zapatero ha detenido por momentos la configuración del estado-guerra en nuestro país, pero los acontecimientos políticos unidos al posible empeoramiento de la situación económica y la amenaza del terrorismo islamista podría favorecer un vuelco brusco de la situación en la que se activaran algunas de las posibilidades descritas.

El movimiento anticapitalista debería estar preparado para esta contingencia, mucho más dura que todo lo conocido hasta ahora. Y comprenderla como una manifestación de la crisis del Estado y la dominación capitalista. Eso no hará más benigna la violencia inherente al proceso de fascistización pero al menos permitirá evitar errores tácticos como en el pasado. Es legítimo y correcto impulsar un movimiento por la libertad y la democracia radical, un movimiento de ciudadanía anticapitalista que, por todo ello, sabemos que será un movimiento de lucha contra el fascismo societario. Y es legítimo invocar la memoria de la lucha antifascista a condición de que se desvele la naturaleza y los rasgos del fascismo contemporáneo.

La lucha contra el fascismo de nuestros días no puede atrincherarse en una “defensa de las instituciones democráticas” porque esa es precisamente la consigna central en torno a la cual se configura el fascismo democrático.

Congeladas en su forma constitucional, las “instituciones democráticas “son enfrentados a los procesos reales de constitución democrática. Su defensa por los medios y portavoces de la derecha y la extrema derecha ilustra con claridad la perversión de la que son objeto y la desnaturalización a la que están condenadas por causa de la crisis del capital y del Estado. El movimiento democrático, movimiento de lucha contra el fascismo, se perfila en forma creciente como un movimiento antiestatista porque el Estado, en esta época, está cada vez más al servicio del capital globalizado, es un Estado en guerra contra la democracia.