En torno al conflicto vasco.
NUEVO ESCENARIO, VIEJOS PROBLEMAS.
Jaime Pastor

La declaración de “alto el fuego permanente” de ETA el pasado 22 de marzo ha abierto indiscutiblemente una nueva etapa en la que parece que por fin será posible abordar los problemas de fondo que subyacen en lo que se ha venido a denominar “conflicto vasco”. No obstante, un balance del tiempo transcurrido desde entonces obliga a reconocer que los obstáculos que surgen en el camino de su resolución son poderosos, sobre todo cuando están ya a la vista nuevos procesos electorales.

Son varias las dimensiones que tiene este conflicto y conviene recordarlos brevemente. La más vieja es sin duda la que tiene que ver con la persistencia de un choque de identidades entre, por un lado, un sector amplio de Euskal Herria que se siente única o preferentemente vasco y exige su derecho a la autodeterminación y, por otro, un Estado español que se niega a reconocer ese hecho y ese derecho. La “transición” del franquismo a una democracia liberal, plasmada en la Constitución monárquica de 1978, supuso una reafirmación de la “unidad de España” que frustró la oportunidad abierta entonces. Casi 28 años después no ha sido superado el déficit de legitimidad que aquélla tuvo en Euskadi, pese al margen de autogobierno alcanzado mediante el Estatuto de Gernika, siendo buena prueba de ello los sucesivos resultados electorales obtenidos por las fuerzas políticas nacionalistas vascas.

La segunda dimensión afecta a la agravación de la primera a medida que ETA fue intensificando su actividad armada y sus atentados mortales, llegando a sus peores manifestaciones durante la etapa de “socialización del dolor” a lo largo de los años 90 y culminando negativamente en el verano de 1997. Fue esa orientación la que contribuyó a la configuración de un amplio movimiento dentro y fuera de Euskadi que, bajo la hegemonía del PP, combinó el rechazo del “terrorismo” de ETA con la reafirmación de un nacionalismo español en confrontación abierta con el nacionalismo vasco, llegando a su paroxismo tras el 11-S de 2001 y viéndose acompañado de un arsenal jurídico (Ley de Partidos) y represivo que todavía sigue (recordemos que en estos momentos se está celebrando el juicio de los procesados en el macrosumario 18/98, triste ejemplo de la extensión arbitraria del calificativo de “terroristas”).

La tercera dimensión alcanza al interior mismo de la sociedad vasca a medida que en su seno se ha ido desarrollando también una tensión creciente entre las fuerzas políticas que representan a quienes se sienten preferente o exclusivamente vascos y las que lo hacen de quienes se sienten preferente o exclusivamente españoles. Esa dinámica de polarización se ha reflejado en los procesos electorales recientes y en los debates sobre el llamado “Plan Ibarretxe”, pero sin poder ocultar la existencia de una mayoría de la opinión pública vasca favorable al reconocimiento de su derecho a decidir su futuro.

La cuarta, en fin, se da en el seno de las fuerzas políticas, sindicales y sociales favorables al ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo vasco entre, por un lado, quienes aspirarían a un “modelo” de relaciones con el Estado español y la UE que no cuestionaría el paradigma neoliberal dominante y, por otro, las que impugnan el mismo y aspiran a “construir Euskal Herria desde la izquierda”.

Ahora, el “alto el fuego permanente” permite distinguir las tareas de superación del clima de violencia y el debate político de fondo, aunque sin duda ambos procesos estén relacionados. La propuesta de dos mesas de diálogo iría en ese sentido, puesto que no hay ya razones que impidan adoptar medidas de distensión relacionadas con el acercamiento de los presos y la puesta en libertad de muchos de ellos limitándose a aplicar la ley, el reconocimiento del dolor y el daño sufrido por todas las víctimas o, en fin, la legalización de Batasuna; simultáneamente, debería facilitarse la discusión sobre las distintas propuestas de solución política buscando la vía jurídica más apropiada para que la última palabra, la decisión sobre su futuro, recaiga en la sociedad vasca.

Sin embargo, la estrategia que desarrolla el PP, aferrado a asociar estrechamente ambos procesos y, por tanto, a unir “antiterrorismo” y “defensa de la unidad de España”, manipulando demagógicamente para ello a un sector de las víctimas de ETA, se presenta como el primero y principal obstáculo en el camino abierto por el “alto el fuego permanente” y la disposición al diálogo mostrada por Zapatero. Porque de esta forma se impide tanto dar modestos pasos adelante hacia el cese definitivo de la violencia como un nuevo ensayo, tras el frustrado Plan Ibarretexe, para encontrar un nuevo marco de convivencia entre identidades en conflicto.

Dado que esa orientación de confrontación se ha ido reflejando también en las actitudes mantenidas por la dirección del PP ante el “Nou Estatut catalán” (pese a haber quedado bastante “descafeínado”) y la reforma estatutaria andaluza o, más en general, en su adaptación creciente a los sectores de extrema derecha de su propio partido y de los “media”, difícilmente cabe esperar un giro de este partido antes de que pase por la prueba de las urnas. Sólo entonces se podrá verificar hasta qué punto esa política le está suponiendo una pérdida de apoyo social que probablemente redunde en un mayor beneficio para Zapatero y sus expectativas de renovar su mandato de gobierno, con mayor razón cuando fuerzas como CiU ya han anunciado su firme rechazo a volver a apoyar al PP en el caso de que necesitara de sus votos para poder acceder a la Moncloa.

Sabemos también que por parte de Zapatero existe el interés electoralista en iniciar el “proceso de paz” con el fin de hacerse valer como la única fuerza capaz desde el gobierno de llevar a buen puerto el mismo, definido constantemente como “largo, duro y difícil”. Esos mismos calificativos hacen temer que los ritmos de avance en ese terreno sean más lentos de lo deseable, teniendo en cuenta además el papel de freno que puede ejercer el poder judicial. Tampoco cabe esperar del actual presidente del gobierno una disposición a ir en el plano político más lejos de una solución “a la catalana” –contando con el PNV para ello-, salvo que haya una mayor capacidad de presión por parte de las fuerzas soberanistas y de izquierda en Euskadi.

Es aquí donde entra en juego la última dimensión del conflicto antes mencionada, ya que sin la configuración de un bloque social, político y cultural amplio y plural en Euskadi –y sin, al menos, unas redes de apoyo al mismo fuera de esa Comunidad, en toda Euskal Herria y en los Estados español y francés- que articule lucha por la paz, por la soberanía y el derecho a decidir con un proyecto social distinto, difícilmente se podrá acabar con la herencia de la “transición” y superar los límites de una Constitución sometida a una lectura fundamentalista en su “núcleo duro” tanto por parte de los grandes partidos como del poder judicial. Es en este terreno donde la responsabilidad de Batasuna es clave, ya que una apertura de la misma al diálogo con otras fuerzas de izquierda anticapitalistas y defensoras de la soberanía de los pueblos, sin hegemonismos ni falsos triunfalismos, dentro y fuera de Euskadi, contribuiría a contrarrestar las tendencias al seguidismo respecto al gobierno de ZP –como ocurre en el caso de IU- o al sectarismo –como sucede en otras de ámbito más local-, hoy predominantes. Por ese camino, y mirando más a medio plazo, sí se podría hablar de la necesidad de avanzar hacia un verdadero proceso constituyente y una “segunda transición”, tanto en el plano político –apostando por un nuevo republicanismo democrático radical- como en el social –reinventando un proyecto socialista.

En cualquier caso, a corto plazo el reto más urgente se encuentra en hacer frente al bloque reaccionario hegemonizado por el PP mediante una amplia movilización a favor del inicio efectivo del proceso de paz y de la resolución política del conflicto vasco. Para ello no vendría mal recordar que no tienen ninguna legitimidad para negarse al diálogo con ETA y Batasuna las mismas fuerzas que continúan oponiéndose a exigir responsabilidades por los crímenes del franquismo o por los que se siguen cometiendo diariamente en Iraq tras la guerra injusta, ilegal e ilegítima que Aznar y Rajoy apoyaron contra ese pueblo.