La Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010) bloquea definitivamente la posibilidad de un deseable equilibrio que nunca existió entre el mercado, el servicio público y las iniciativas sociales. Produce melancolía recordar lo que establecía hace treinta años (1980) el Estatuto de la Radio y la Televisión: "La radiodifusión y la televisión, configuradas como servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado, se conciben como vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas".

Ahora, según la Ley General de la Comunicación Audiovisual, lo público es sólo "un servicio de interés económico general".

El primer párrafo del preámbulo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual ya indica de lo que se trata: "La industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en un sector cada vez con mayor peso y trascendencia para la economía". La nueva ley es en realidad un código comercial para el mercado audiovisual. Reconoce lo que se propone:
"Dar seguridad jurídica a la industria y posibilitar la creación de grupos audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo y la apertura regulada de nuevos modelos de negocio, garantizando también el pluralismo y la protección de los derechos ciudadanos". Garantizando también...

¡En primer lugar la industria y los negocios! ¡Después, los derechos constitucionales!

Hemos pasado en treinta años de considerar a la radio y la televisión (pública y comercial) un "servicio público esencial" a regalarle la impunidad de los negocios a la radiotelevisión comercial y a definir la comunicación audiovisual pública como un "servicio de interés económico general". Descendemos desde un "servicio público esencial para la calidad de la democracia" a un "servicio de interés económico".

Mientras los gobiernos progresistas de América Latina (Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay) intentan establecer un democrático equilibrio entre el mercado, el servicio público y las iniciativas sociales, recuperando el servicio público, controlando el mercado y abriendo el imprescindible espacio para las iniciativas sociales (garantizando un tercio de las licencias para cada sector), en España se reduce el servicio público, se regala la impunidad a los negocios audiovisuales y se bloquean las iniciativas sociales. Lo peor es que las leyes recogen el mandato constitucional sobre el derecho de acceso (que reserva un espacio del servicio público para las iniciativas sociales) pero el Consejo de Administración de RTVE lo bloquea desde hace treinta años.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual reconoce un derecho que no garantiza:
"el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios (públicos, comerciales y comunitarios) que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad".
No se establece la obligación de los tres tercios como en América Latina. Al contrario, se entrega el 75% de la televisión y el 65% de la radio a los negocios audiovisuales.
La ley limita la televisión de servicio público a no más del 25% en la cobertura estatal. Para la radio, 35%. Lo demás, para los negocios. Porque las iniciativas comunitarias probablemente no serán autorizadas en el ámbito estatal, limitándose su desarrollo a los escenarios autonómico y municipal, donde las licencias dependen de la afinidad política con el gobierno territorial. Lo anuncia la disposición transitoria decimocuarta: "Tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley".

¿Es posible una televisión o una radio estatal de los sindicatos, de las ONG o de las universidades con el límite presupuestario que establece la ley de 100.000 y 50.000 euros anuales, respectivamente?

Sobre la calidad de la información, resulta muy significativa la diferencia que se establece entre los negocios y el servicio público al establecer lo que debe vigilar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA):

- "La transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual".
- "La independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio y televisión".

¿Por qué no hay que exigir la independencia y la imparcialidad también en la información de los negocios audiovisuales? El gobierno conserva el poder adquirido en la transición: determinar según su voluntad la concesión de las licencias, lo que influye sobre el comportamiento político de las empresas de comunicación audiovisual. Con el visto bueno del gobierno (negocios a cambio de complicidad política), las empresas consiguen la impunidad económica e informativa. El CAME tiene una capacidad de intervención y sancionadora muy limitada por la propia ley. La Ley General de la Comunicación Audiovisual sólo regula la de cobertura estatal pero deroga la Ley del Tercer Canal de Televisión (1983) y las radiotelevisiones de las comunidades autónomas quedan colgadas de la disposición transitoria segunda:

"Los prestadores de titularidad pública del servicio de interés económico general de comunicación audiovisual de ámbito autonómico mantendrán su actividad de acuerdo con el régimen previsto en las correspondientes normas de concesión".

Es lo único que impide su privatización. Pero no la producción externa de sus contenidos.

Como en RTVE, que no cumple lo que manda la ley:

- "No podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos".
- "Impulsará la producción propia de su programación de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas".

Las comunidades autónomas pueden ahora eliminar o mantener y gestionar casi al borde de la privatización sus radiotelevisiones públicas, con financiación pública, comercial o mixta. Una mayoría parlamentaria que elimine la disposición transitoria, les permitiría hacer lo que quieran con sus hasta ahora servicios públicos de comunicación audiovisual.

Esa mayoría no se ha alcanzado hasta ahora porque el PP no ha conseguido el acuerdo de CiU y del PNV que no quieren perder las televisiones con idioma propio.

Pero nada garantiza que no se pueda llegar a un entendimiento del PP con CiU y el PNV (o del PSOE con esos dos partidos o de los dos grandes, el PP y el PSOE) que abra la posibilidad de la radiotelevisión autonómica a la carta: desde la licencia comercial al servicio público pasando por la gestión mixta, con la garantía para los nacionalistas de que no perderán la posibilidad de conservar sus radios y sus televisiones.
Es absurdo que no haya una ley general para el servicio público audiovisual en el triple ámbito estatal, autonómico y municipal. Es como si el Código de la Circulación fuera distinto en las autovías nacionales y en las carreteras regionales y locales. En lugar de la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal (2006), se tendría que haber conseguido un Pacto de Estado para una Ley General de la Comunicación Audiovisual que controlara mucho más los negocios, facilitara el desarrollo de las iniciativas sociales y estableciera unas reglas y características compartidas para todas las radios y televisiones de servicio público. Esa ley general (diferente y democrática) quedó bloqueada porque los partidos nacionalistas se enrocaron en la defensa del control autonómico sobre el servicio público territorial de la comunicación audiovisual y el gobierno de Zapatero mantuvo una larga negociación para adaptar la nueva legislación a los deseos e intereses de las grandes corporaciones comerciales mientras al mismo tiempo imponía (con sus aliados parlamentarios) la falsa y tramposa democratización de RTVE.

La propuesta de un Pacto de Estado para la democratización del servicio público audiovisual (estatal, autonómico y municipal) fue una iniciativa de la organización de CCOO en RTVE, asumida sucesivamente por el PCE e IU y tenía un lógico desarrollo por etapas: establecer en el Parlamento las características y luego el presupuesto del servicio público para al final negociar con los sindicatos en la empresa la plantilla que se necesitaba para aplicar la decisión parlamentaria. Zapatero lo hizo al revés: primero la plantilla (ERE), después el presupuesto y al final las características del servicio público: impuso la reducción a la mitad de la plantilla de RTVE, después el modelo de financiación (en el 2006 con publicidad, mediante la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, y en el 2009 sin publicidad, con la Ley de Financiación de la Corporación de RTVE) y al final la nueva definición, descendiendo desde el "servicio público esencial" al "servicio de interés económico general".

El ERE descapitalizaba profesionalmente a TVE, la reducción del tamaño de la empresa limita su capacidad de competir y producir para facilitar el gran negocio de la elaboración externa de la mayoría de sus contenidos y el modelo de financiación (sin publicidad) establece una chapuza también transitoria que reducirá a la mitad su presupuesto cuando las televisiones comerciales y las empresas de telecomunicaciones se nieguen a financiar el servicio público.
Zapatero está desbaratando el servicio público cuya credibilidad había arruinado González al pagar la gubernamentalización de la información con deuda pública.