El ataque realizado a finales del mes de mayo contra la Flotilla de la Libertad que intentaba romper el inhumano bloqueo de Gaza ha vuelto a poner de manifiesto, una vez más, la impunidad de la que goza el estado de Israel para ejercer la violencia quebrando la legalidad internacional.
La gravedad de los hechos -cuyo resultado más trágico fue el asesinato de 9 activistas que viajaban a bordo del Mavi Mármara (1)- desencadenó una ola de indignación a escala mundial que, junto a la firmeza del gobierno turco, posibilitó la pronta liberación del resto de activistas secuestrados ilegalmente tras el asalto. Asimismo, se sucedieron los pronunciamientos, las declaraciones, las (tibias) condenas de algunos gobiernos e instituciones internacionales y las exigencias de investigaciones y responsabilidad. Sin embargo, y como siempre, poco tiempo después las aguas han vuelto a su cauce e Israel ha vuelto a salir inmune con la complicidad y protección de demasiados gobiernos.
Michael Warschawski analiza en el texto que publicamos el sentido de este ataque, que enmarca en la estrategia de fuerza potenciada por el dúo mafioso Netanhayu-Barak. Una estrategia “autista” en la medida en que, al igual que sucedió con la masacre de Gaza cometida entre finales de 2008 y principios de 2009, le ha granjeado a Israel el repudio y rechazo de la comunidad internacional. Algo que a ambos mandatarios les preocupa más bien poco mientras sigan contando, y nada parece indicar lo contrario, con el respaldo de la Administración estadounidense, la inoperancia cómplice de la UE y la indignación retórica y estéril de la Liga Árabe.
La hipocresía de la comunidad internacional respecto al terrorismo de estado ejercido por el gobierno de Israel es puesto de manifiesto por Roberto Montoya, que en su artículo plantea irónicamente la diferente actitud que habrían adoptado los distintos gobiernos si el agresor hubiese sido Chávez y no Netanhayu.
La composición del actual parlamento y gobierno de Israel es un reflejo de cómo su sociedad se ha escorado progresivamente a posiciones conservadoras en la última década. No obstante, y aunque sean minoritarios, persisten segmentos de población que adoptan una postura crítica frente al poder. Una de estas voces de disenso es la de Breaking the silence, un colectivo integrado por ex soldados del ejército israelí que a través de sus testimonios dan fe de la violencia cotidiana ejercida contra los palestinos en los territorios ocupados.
Un segundo eje al que prestamos especial atención en esta edición tiene que ver, lógicamente, con la crisis económica. Tras una primera etapa en la que se escucharon mensajes en el ámbito de la UE sobre la necesidad de impulsar políticas de corte neokeynesiano, o incluso proclamas populistas sobre “refundar el capitalismo”, ya ha llegado el tiempo de despertarse del sueño y descubrir que el neoliberalismo –como el dinosaurio de Monterroso- seguía allí.
La ofensiva lanzada por los gobiernos europeos para renunciar a las políticas de demanda y situar la reducción del déficit como estrategia de salida de la crisis ha supuesto el retorno de las viejas recetas neoliberales: reformas laborales precarizadoras del mercado de trabajo, recortes de la protección social, privatización de los bienes y servicios públicos. Unas recetas que suponen la consagración de la “economía del dolor”, en acertada expresión de un economista tan poco sospechoso de izquierdismo como Krugman, por sus terribles efectos sobre el bienestar de los trabajadores, desempleados y en general de todos los segmentos más vulnerables de la población.
Con la presente crisis como telón de fondo, el texto que proponemos de Robert Castel plantea una reflexión de más largo recorrido sobre las transformaciones producidas en las últimas décadas en el mundo del trabajo y la regulación social, y que ha contribuido a potencia una mayor fragilidad de las relaciones sociales y los derechos de los ciudadanos.
El texto de Miguel Ángel Sandoval ejemplifica la realidad de la crisis con el caso de Grecia, donde el schock generado por las directrices económicas europeas se ha sentido con mayor crudeza. Pero también un ejemplo por las luchas populares emprendidas para oponerse a estas políticas de miseria. Agustín Moreno, por su parte, incide en la necesidad de construir resistencias colectivas frente a la aplicación de estas políticas en el Estado español, que tienen en el recorte salarial de los empleados públicos y el decretazo de la reforma laboral su expresión –por el momento- más relevante.
La aplicación por los gobiernos europeos de políticas neoliberales como estrategias de salida de la crisis está siendo acompañada, en el plano mediático, por ataques sin contemplaciones a cualquier atisbo de resistencia planteado por los trabajadores. La campaña de criminalización desatada contra las huelga emprendida por los trabajadores del metro de Madrid, que ha llegado a ser calificada de agresión salvaje a los derechos de los “usuarios”, es un caso paradigmático de este proceder (2). Es por ello más urgente que nunca recordar lo que significa y ha significado históricamente la huelga para la defensa de los derechos de los trabajadores. Una cuestión que le sirve a Andrea Benites-Dumont como punto de partida para abordar en su texto la necesidad de preservar y contraponer los valores de solidaridad, memoria y compromiso, frente al nihilismo derrotista propagado cotidianamente desde el poder.
El valor de la memoria activa como base indispensable para construir una sociedad decente también es revindicado por Daniel Goldman, en un texto que recoge el discurso pronunciado con motivo del 16 aniversario del atentado a la AMIA en Argentina (3). Una reivindicación que consideramos especialmente oportuna para el contexto español, donde en los últimos meses ha cobrado una renovada intensidad la lucha contra el olvido y por la justicia para las víctimas del genocidio franquista desencadenado a partir de un –también- nefasto 18 de julio de 1936.
En otro orden, José Manuel Martín Medem aborda las implicaciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual, contraponiendo la política de Zapatero en este ámbito con las desarrolladas por algunos gobiernos latinoamericanos. Luis Mattini, por su parte, realiza una crítica lúcida a la forma en que el actual gobierno argentino se está apropiando de la memoria y las luchas populares, alertando sobre la necesidad de no dejar que estas sean completamente cooptadas desde el poder.
El pasado mes de mayo tuvo lugar en Madrid la Cumbre de los Pueblos organizada como por la Red Enlazando Alternativas, en la que participó un amplio número de organizaciones y colectivos tanto europeos como latinoamericanos. Este Encuentro se planteó como respuesta alternativa a la Cumbre de jefes de Estado UE-América Latina, y en el mismo se desarrollaron en torno a 70 talleres donde se abordaron los diversos problemas y realidades de los pueblos latinoamericanos, desde la resistencia a la violencia ejercida por los gobiernos y empresas, a la problemática indígena, el feminicidio o las luchas contra la impunidad de los genocidios ejecutados por las dictaduras militares.
El Encuentro finalizó con una Asamblea de los movimientos sociales donde se aprobó una Declaración que incorporamos en esta edición. Asimismo, incluimos la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos; un tribunal impulsado por la Fundación Lelio Basso, cuyo jurado está integrado por juristas e integrantes de organizaciones populares, y que en esta edición se centró en la violaciones de los derechos de los pueblos latinoamericanos cometidos por las empresas transnacionales europeas.
Latinoamérica registró en 2009 un número impresionante de asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones y hostigamiento a los trabajadores, como queda reflejado en el informa anual de la Confederación Sindical Internacional del que incluimos un breve resumen. El clima prevaleciente de extrema violencia costó la vida a 89 sindicalistas y activistas pro derechos laborales, lo que convierte Latinoamérica en la zona más mortal del mundo. El ranking de países lo ocupó un año más la Colombia del narco-para-presidente Uribe. Así, en 2009 no sólo fueron asesinados 48 activistas sindicales, sino que además el clima antisindical que prevalece desde hace años en el país parece haberse asentado aún más firmemente.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que lamentablemente sigue siendo vulnerado en un amplio número de países. Es por ello que la sentencia absolutoria del diario vasco Egunkaria constituye un hecho indudablemente positivo, a pesar de los daños irreparables cometidos (incluyendo la tortura a algunos de sus responsables, como queda recogido en la propia sentencia). El artículo de Carmen Lamarca analiza esta resolución judicial, felicitándose como es lógico por la misma pero expresando al mismo tiempo su sospecha que no se trate de un cambio de giro jurisprudencial de la Audiencia Nacional sino de una excepción en la aplicación de la excepcional legislación antiterrorista.
La salida a la luz de este número coincide con el final de la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid, planteada como respuesta ante la agresión ejercida por el gobierno de la Comunidad, que tomando como excusa uno de los decretazo de Zapatero ha roto unilateralmente el convenio colectivo firmado hacía un año con todos los sindicatos.
La decisión inicial adoptada unitariamente por todos los sindicatos de no respetar los abusivos servicios “mínimos” impuestos por la dirección de la empresa generó la demonización por parte de los medios de comunicación y la mayoría de los partidos políticos, que no dudaron en calificar la huelga como salvaje y lesiva de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, también somos muchas las personas que hemos tratado de contrarrestar este ataque manifestando, de todas las maneras posibles, nuestra solidaridad con los trabajadores en huelga y nuestro respaldo a su lucha. Este proceso ha finalizado con la firma de un acuerdo entre la dirección de la empresa y cuatro de los sindicatos que conformaban el comité de huelga, ratificado posteriormente por la mayoría de la asamblea de trabajadores.
La única excepción ha estado protagonizada por el sindicato Solidaridad Obrera, que no ha rubricado este acuerdo por entender que su contenido –a pesar de haberse suavizado las pretensiones iniciales de la Comunidad de Madrid- viola el convenio vigente en lo referente a cuestiones como las horas de formación y el mantenimiento de la plantilla. Desde aquí, queremos manifestar nuestra solidaridad y respeto a la “Soli” por haber sabido mantener su compromiso de dignidad y lucha frente al salvaje ataque perpetrado por el gobierno de Esperanza Aguirre contra los trabajadores.
Queremos finalizar este editorial recordando la figura de José Saramago; un magnífico escritor que aunó el talento literario con el compromiso solidario y efectivo. Fueron muchas las causas que respaldó a lo largo de su vida. Nosotros querríamos recordar especialmente una en la que estuvimos directamente implicados: la lucha de los presos de la Tablada (Argentina), que hace una década desarrollaron una huelga de hambre de 116 días para exigir su libertad. Fueron muchas las personas que se sumaron a pedirle al gobierno argentino por esta libertad; también fueron muchas las que rechazaron ejercer la solidaridad. Saramago no dudó en situarse en el primer grupo, y en marzo de 2000 escribió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir la libertad de los presos de la Tablada.
Por ese gesto y por tantos otros, que la tierra le sea leve Don José.
Madrid, julio 2010
(1) Ibrahim Bilgen; Nedet Yildirim; Ali Haydar Bengi; Cevdet Kiliçlar; Çetin Topçuoglu; Farih Yaldiz; Cengiz Songür; Cengiz Akyüz; y Furkan Dogan.
(2) No digamos ya la valoración realizada sobre las huelgas y acciones desarrolladas por los trabajadores griegos frente a la brutal política adoptada por el gobierno con la bendición de la UE.
(3) El 18 de julio de 1994 tuvo lugar un atentado contra la sede de la Agrupación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que causó 85 muertes.
