El Jefe del Estado Mayor Conjunto lo ordenó, el presidente Cristianí lo consintió y la CIA lo sabía Sus compañeros les llamaban Verdugo y Satán. Asesinaron a cinco de los seis sacerdotes en la matanza que les ordenaron bajo la bandera negra del Batallón Atlacatl que se adornaba con una calavera y una serpiente. Aquel día estrenaban botas de montaña y uniformes de camuflaje del ejército estadounidense. A las dos de la madrugada, el sargento Antonio Ávalos, Satán, ordenó a los jesuitas de la UCA que se tirasen al suelo y el cabo Oscar Amaya, Verdugo, disparó contra Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes. Desde muy cerca y a la cabeza. Era el único que utilizaba un AK-47 (el arma del FMLN) para aparentar una operación de la guerrilla. Pero la ansiedad también apretó el gatillo de los M-16 de Satán y del cabo Ángel Pérez que mataron a los sacerdotes Juan Ramón Moreno,Amando López y Joaquín López. Sin dejar testigos, era la orden que habían recibido. Y el sargento Tomás Zarpate la aplicó contra Julia Elba, la empleada de la residencia de la UCA, y su hija Celina, que murieron abrazadas. A Satán no le pareció suficiente y empujó al soldado Jorge Sierra para que las rematase. El 16 de noviembre de 1989, cuando los insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asaltaron San Salvador, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas encargó a especialistas en contrainsurgencia del Batallón Atlacatl la barbaridad que llevaban mucho tiempo planeando: la unidad de comandos, entrenada por los asesores militares estadounidenses, asesinó a seis jesuitas de la Universidad Centroamericana (cinco de ellos españoles), a los que los oficiales implicados y el gobierno de ultraderecha de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) acusaban de ser "consejeros y estrategas del FMLN".
El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, que ha pedido la extradición de veinte militares salvadoreños, considera en el auto de procesamiento que se trata de un crimen de Estado premeditado para el que se aprovechó la ofensiva de la guerrilla como una cobertura apropiada. Según Velasco, el motivo fundamental de su asesinato fue que los jesuitas de la UCA habían asumido el liderazgo para presionar hacia una negociación que resolviera la guerra civil en El Salvador. Aunque el auto de procesamiento no incluye ni al presidente Alfredo Cristiani ni a los funcionarios estadounidenses del Pentágono y de la CIA, las informaciones que el juez maneja sugieren que se podría avanzar más hacia esas posibles responsabilidades.
Querella contra la impunidad
Según el auto de procesamiento, el Alto Mando tomó la decisión de enviar a los criminales del Atlacatl contra los sacerdotes en una reunión realizada al mediodía del 15 de noviembre en la Escuela Militar. Mientras Benavides transmitía la orden a la unidad de comandos, Larios se reunía con el presidente Alfredo Cristiani. Al mismo tiempo, el general Bustillo convocaba a los oficiales más importantes de la Fuerza Aérea para informarles en la base de Ilopango de que "se ha tomado la decisión de matar a Ellacuría aunque el presidente Cristiani no lo apruebe".
La amnistía para los dos únicos oficiales condenados y el bloqueo de los procedimientos judiciales llevan al juez Velasco a la conclusión de que "la inefectiva justicia por el mecanismo de la simulación de procedimiento penal terminó en impunidad absoluta". La querella planteada en el 2008 en la Audiencia Nacional incluía también al presidente Alfredo Cristiani pero el juez Eloy Velasco lo deja fuera. El Faro asegura que un informe de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, enviado a Washington el 16 de diciembre de aquel año, confirma que el gobierno de la ultraderechista ARENA envió una delegación a Madrid para analizar con un fiscal de la Audiencia Nacional y con Trinidad Jiménez, responsable entonces de la política en América Latina del ministerio español de Asuntos Exteriores, la posibilidad de impedir el procesamiento de Cristiani.
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