EL CURSO NEO-DESARROLLISTA (parte I)
Al cabo de cuatro años de intenso crecimiento comienza a perfilarse un nuevo modelo de sesgo neo-desarrollista. Este patrón de acumulación combina el énfasis industrialista que tuvo la sustitución de importaciones (1930-75), con la estrecha asociación con el capital extranjero que presentó el breve experimento desarrollista (1958-62). Pero el esquema en gestación presenta, además, puntos de contacto con el régimen agro-exportador (1930-75) en la centralidad de la actividad agraria y un parentesco con el curso neoliberal financiero (1975-2001) en la regresividad social.
El término modelo tiene una acepción de largo plazo si se lo utiliza para aludir a esos antecedentes. En cambio tiene un significado más acotado si se alude a ensayos cambiarios, aduaneros o fiscales (tablita de Martínez de Hoz, convertibilidad y apertura de Cavallo). En el primer sentido, es decir como un curso estructural de varias décadas, la nueva configuración constituye solo una tendencia.
El neo-desarrollismo es un proyecto actualmente compartido por todas las clases dominantes. Pero su comando recae sobre las grandes empresas argentinas que han internacionalizado su actividad. Estas compañías se han entrelazado con capitales foráneos, adoptaron un perfil exportador y tienen muchos negocios en el exterior. No priorizan el mercado interno, la acumulación endógena, ni la redistribución de ingresos. Propician un rumbo industrialista que es aceptado por los sectores más poderosos del agro-negocio y también alentado por las empresas extranjeras, que afianzaron su liderazgo en numerosas rubros.
Kirchner estimula esta orientación en un marco de nítida recuperación económica. El PBI ya supera el nivel de actividad que precedió a la crisis y el auge continuaría durante el 2007. Este avance tiene varios motores, pero ha sido especialmente estimulado por el viento de cola aportado por el encarecimiento de los productos básicos que exporta el país. El repunte productivo obedece, además, a la magnitud de la depresión previa, que desvalorizó masivamente el capital y la fuerza de trabajo, creando condiciones óptimas para un rebote de la producción.
El curso de la economía argentina sintoniza con el sendero adoptado por muchos gobiernos latinoamericanos. En toda la región, la apertura comercial, la privatización de los servicios públicos y la desregulación financiera de la década pasada afectaron severamente la competitividad de los capitalistas. Este impacto induce a un generalizado viraje. ¿Pero cuáles son las características del nuevo esquema? ¿Qué intereses beneficia y cuáles penaliza?
Neo-desarrollismo industrial
El esquema en curso comparte con la sustitución de importaciones un origen semejante, ya que ambos brotaron de una crisis de envergadura histórica (1930 y 2001). En los dos casos la clase dominante comandó un giro hacia la industrialización que derivó en fases de alto crecimiento. (1)
Pero el viraje manufacturero actual ya no cubre las simples carencias industriales que predominaban en los años 30. Irrumpe luego de un dramático proceso de regresión fabril que desarticuló la estructura productiva.
La reversión de esta demolición ha comenzado con una la recuperación industrial, luego del mayor dinamismo que tuvieron los servicios durante los 90. Este resurgimiento manufacturero es un resultado directo de la devaluación, el abaratamiento de la fuerza de trabajo y la capacidad ociosa precedente y no conduce a reconstruir el viejo tejido industrial centrado en el mercado interno. (2)
El efecto más visible del giro industrialista es la modificación del ciclo económico. Si la recuperación en curso no se detiene, la periodicidad de una crisis cada 6 o 7 años (1975-76, 1982, 1989-90, 1995, 2001-02) quedaría sustituida por otra secuencia de la acumulación.
La revitalización industrial es auspiciada por el gobierno a través de subsidios a los industriales. Para financiar promociones, desgravaciones y rebajas de cargas patronales, el fisco autorizará este año exenciones por 14.892 millones de pesos, es decir el 10% de la recaudación. Esta subvención incrementa en un 12% el auxilio ya concedido en el presupuesto anterior.
El sostén a los industriales es una prioridad para los recursos obtenidos por el Ejecutivo por encima del superávit fiscal. Como resultado de a los superpoderes que delegó el Congreso, varios ministros disponen de 20 fondos fiduciarios para solventar los negocios empresarios. (3)
Algunos partidarios del gobierno argumentan que el engrosamiento del superávit fiscal y la acumulación de reservas permiten al gobierno confrontar con el establishment. Señalan que la solidez de la caja es indispensable para neutralizar el poder de fuego de los grupos dominantes, que precipitaron la hiperinflación de los 80 y la corrida bancaria en los 90. (4)
Pero si el presidente estuviera enfrentado con los grandes grupos no les giraría auxilios tan millonarios. Estas empresas son los destinatarias del incremento de la inversión pública, que ya se ubica un 50% por encima del inicio de la crisis en 1998. Es cierto que el estado atesora más fondos que en pasado, pero la finalidad es afrontar eventuales tormentas financieras. Este mismo resguardo adoptan todas las economías capitalistas para socorrer al sistema en las grandes crisis. El propósito de esta protección es salvaguardar al régimen y no confrontar con sus beneficiarios.
El manejo de la deuda
La finalidad neo-desarrollista ha guiado también el canje de la deuda y el pago anticipado al FMI. Ambas medidas incrementaron la autonomía de clase dominante frente a acreedores, para permitir a los capitalistas locales manejar la política cambiaria sin presiones externas. Por esta vía se redujo, además, el control que ejercían los financistas sobre los subsidios estatales a los empresarios del país.
Esta finalidad patronal es omitida por los autores que presentan ambas iniciativas como actos de independencia nacional. Evitan aclarar que los beneficiarios de estas medidas han sido los grandes grupos concentrados y no el grueso de la población. Qué estas acciones hayan permitido “crecer sin financiación, deuda u ahorro externo” no es tampoco una peculiaridad argentina, ya que la misma tendencia se verifica en numerosos países. El des-endeudamiento con el FMI es tan generalizado que este organismo se ha quedado sin clientes y busca prestar dinero por cualquier medio. (5)
Los oficialistas justifican esta operación con argumentos de ocasión. A veces recuerdan el carácter fraudulento de la deuda y en otros momentos consideran que este desfalco pasó a segundo plano con el canje. (6) En todos los casos siguen la conducta oportunista de la justicia, que ahora investiga el escándalo del megacanje (2001) sin indagar las irregularidades más recientes. Los magistrados solo destapan las ollas que no salpican a capitalistas locales. Hay vía libre para despotricar contra el FMI, pero están bloqueadas todas las denuncias a los grupos nacionales que lucraron con la estafa de la deuda.
La regulación de las privatizaciones
La estrategia neo-desarrollista oficial alienta la regulación de los servicios privatizados, que es reivindicada por muchos analistas como un gran mérito del gobierno. (7) Kirchner optó en este campo por un curso igualmente alejado del servilismo menemista y de la re-estatización. Ha evitado la reimplantación de la propiedad pública porque aspira a transferir una porción de este negocio a los capitalistas industriales.
La desprivatización del Correo y del espectro radioeléctrico fueron excepciones prolongadas con el desenlace de la crisis de Aguas Argentinas. El gobierno solo transfirió la gestión de esta empresa a funcionarios amigos y burócratas sindicales, cuándo se cayó la concesión y fallaron todas las tratativas para encontrar nuevos socios. Aquí radica una diferencia importante de Kirchner con Perón. (8)
La política de servicios públicos sigue un lineamiento empírico basado en renegociar los contratos, para abaratar los costos de los industriales sin deteriorar la rentabilidad de las compañías privatizadas. Esta orientación exige discutir caso por caso y recurrir tanto al socorro como a la penalización de los concesionarios.
Este zigzagueo explica porque el proyecto inicial de establecer un marco regulatorio único fue sustituido por negociaciones puntuales, que dejan abiertas todas las opciones. Se ha preservado la división neoliberal del trabajo -que asegura negocios al sector privado y transfiere pérdidas al estado- pero se ajustó este principio a la prioridad de subsidiar la acumulación industrial. Esta política incluye muchos favoritismos en el otorgamiento de licencias monopólicas (teléfonos), salvatajes de concesiones (Aeropuertos), rescates de balances turbios (Aerolíneas) y autorizaciones de mayores tarifas sin contrapartidas de inversión (peajes).
Pero todas las acciones apuntan a reducir costos empresarios y abaratar gastos salariales. Con este último objetivo se subsidia el transporte ferroviario. Las empresas ganan fortunas, pero los fondos son aportados más por el estado que por los usuarios. (9) La meta neo-desarrollista es sostener las ganancias del conjunto de los industriales, sin crear un bache fiscal y limitando la renta extraordinaria que percibían los concesionarios.
La dinámica regresiva
La política social regresiva constituye el punto de mayor continuidad entre el rumbo económico actual y su precedente neoliberal-financiero. El PBI ya se ubica en un nivel superior al comienzo de la crisis (1998), pero ningún indicador social ha recuperado ese plafond. Los defensores del gobierno reconocen “esta deuda social”, pero elogian el gradualismo de Kirchner. Afirman que primero ha favorecido la recomposición de los salarios frente al desmoronamiento padecido durante la depresión. (10)
Pero comparan dos situaciones radicalmente opuestas, olvidando que los salarios del auge y la recesión siempre divergen. Lo que corresponde contrastar son períodos similares de reactivación y computar, además, tanto los avances de la productividad como el repunte de los beneficios. Si se mira este último parámetro salta a la vista el abismo que separa el incremento de los salarios con el récord de rentabilidad que tuvieron las empresas. En el 2005 el 77% de las compañías que cotizan en Bolsa declararon incrementos muy significativos y los beneficios de las 500 principales empresas del país duplicaron los obtenidos dos años antes. (11)
Las cifras de la productividad son más contundentes y se ubican en un tope de los últimos 15 años. Actualmente se fabrican más productos con menos trabajadores, porque los costos han caído entre un 16% y 30% por debajo del 2001. (12) El modelo bloquea la transferencia de estas mejoras a los salarios, que en promedio se ubican un 20% por debajo del nivel prevaleciente antes del inicio de la crisis.
La política económica obstaculiza la recuperación de los sueldos a través de distintos techos a esta recomposición. Mejora a cuentagotas los salarios estatales y pacta con la burocracia de la CGT estrictos límites en las negociaciones colectivas. El año pasado logró acotar los incrementos en estas tratativas al 19% y encapsuló el salario mínimo cerca de canasta básica (857 pesos). Este piso se ubica a una distancia kilométrica del monto requerido para solventar la canasta básica familiar (2205 pesos). Para asegurar la continuidad de este compromiso, Kirchner rescató recientemente a Moyano del escándalo mafioso de San Vicente.
El gobierno trata de impedir que la rentabilidad sea amenazada por las demandas de los trabajadores, en un período de reingreso a la normalidad capitalista. El desahogo creado por la devaluación ha quedado atrás y los empresarios afrontan la clásica puja competitiva por la reducción de los costos. Para esta labor cuentan con el respaldo de una política neo-desarrollista.
Informalidad, explotación y desempleo
El esquema regresivo de los salarios afecta más duramente a los trabajadores informales. Existe un terrible abismo entre el ingreso medio de los precarizados (391 pesos) y los formalizados (1072 pesos). En el primer segmento se ubica el 44% de la fuerza laboral, el 60% de los ocupados que no cubre la canasta de pobreza y el 30 % que padece la indigencia. (13)
El empleo en negro no es una actividad marginal. Se encuentra ampliamente difundida en ramas de alta rentabilidad (como el agro y la construcción) e incluye al propio sector público, que mantiene a un 11,7% de sus empleados sin formalizar.
La preservación de esta dualización del mercado de trabajo es una tendencia del capitalismo contemporáneo que alienta el nuevo modelo, porque esta segmentación disuade el aumento de los salarios. La reactivación no ha reducido la gran polarización que se gestó durante la década pasada. Mientras que en 1992 el ingreso de los precarizados rondaba el 72% de los formales, en la actualidad solo cubre 37% de esa suma. (14)
Los voceros de Micelli argumentan que esta fractura se atenuará a medida que aumente el salario mínimo. Pero este avance se concreta a paso de tortuga y no arrastra a los informales. Con un ingreso universal significativo podría remediarse inmediatamente este flagelo, pero el gobierno prioriza los beneficios patronales.
Los precarizados son las principales víctimas actuales de la pobreza. Este tormento se ha reducido estadísticamente como consecuencia de la reactivación. Ha decaído del 40,2% (2005) al 31%, pero sin llegar luego de cuatro años de alto crecimiento al 24 % que promedió en la década del 90. La pobreza -que fue sinónimo de desempleo durante la depresión de 1998-2002- se ha convertido ahora en un mal de los asalariados informales, que podría perdurar durante el largo tiempo. (15)
Esta gravitación obedece también a la magnitud del desempleo, que presiona a trabajar a cambio de ingresos de subsistencia. Los defensores del modelo afirman que la desocupación bajó desde un pico de 17,8% (2003) al 10,4% actual. Pero considerando los planes que disfrazan el paro la reducción fue del 23 % al 12,8%. Estas caídas siguen el patrón habitual de las fases ascendentes del ciclo, aunque en la actualidad se registra un nivel más elevado de la subocupación (11,9%).
Existe una evidente dificultad para perforar el núcleo duro del desempleo. La baja inicial fue rápida porque se concretó absorbiendo la capacidad ociosa de la industria con poca inversión. Pero actualmente la elasticidad-producto (aumento de la ocupación por cada punto de crecimiento de la economía) no reacciona tan favorablemente. La normalización capitalista impone aumentos de la productividad que conspiran contra la expansión del empleo.
Estas tendencias incrementan a su vez la tasa de explotación. De 14 millones de asalariados hay 5,3 millones sobreocupados, que trabajan más de 45 horas semanales y triplican el número de los desempleados. (16) El grueso de los convenios colectivos firmados durante el año pasado convalida este padecimiento, ya que incluyen numerosas normas de flexibilización laboral. El gobierno coquetea con la reversión de contra-reforma laboral de los 90 pero también limita esta iniciativa, porque sus socios de la UIA exigen polifuncionalidad, períodos de prueba, pasantías y subsistencia de la oprobiosa la ley de riesgos de trabajo.
En el caso extremo de la indumentaria la explotación alcanza ribetes de servidumbre. Se pagan centavos a los trabajadores extranjeros para fabricar las prendas que se venden en los shoppings. Los burócratas sindicales miran para otro lado o avalan los atropellos con discursos de empleo a cualquier precio. (17) Estrujar a la fuerza de trabajo es una necesidad competitiva del capitalismo neo-desarrollista.
El cimiento de la desigualdad
Los ricos incrementan su apropiación del ingreso a medida que el aumento del PBI también amplía la brecha que separa al 10 % más acaudalado del 10% más empobrecido de la población. Existe una compleja discusión técnica sobre la evolución de esta fractura. Algunas estimaciones destacan que en el primer trimestre del 2006 esta distancia se ubicó en 29,2 veces, luego de alcanzar 26,4 (2005) y 24 veces (2003). Otro coeficiente que mide esta evolución (Gini) indica una mejora, que reflejaría cierto alivio de la alta clase media en un marco general de polarización. (18)
Pero incluso en la medición más favorable el 10% de la población se queda con la tercera parte de la torta, especialmente luego de una devaluación que succionó 10 puntos de la participación de los salarios a favor de los beneficios. (19) La polarización social es un rasgo de un modelo neo-desarrollista, hostil al retorno a los menores desniveles de 1974 (10 veces de diferencia entre los ingresos del decil más rico y más pobre) o al distribucionismo de los años 50 (mitad la participación de ingreso en manos de los asalariados).
El esquema en curso moderniza la miseria. Permite acceder al celular pero no a las cloacas, especialmente en el norte del país dónde un tercio de la población carece de inodoro o desague. Es cierto que el consumo ha resucitado y se ha convertido en un motor de la reactivación, pero se desenvuelve en forma segmentada y favorece a los sectores de mayores ingresos en desmedro de los necesitados.
Los jubilados encabezan el ranking de los afectados por esta polarización social. El gobierno otorgó moratorias para asegurar una pensión a 8 de cada 10 adultos mayores, pero encubre con asistencialismo la degradación de las jubilaciones. El 65 % de los retirados cobran un haber mínimo equivalente al 42,5 % del salario medio, un porcentaje muy alejado del 82% móvil que corresponde a los pensionados.
Todos los incrementos se sancionan en función del calendario electoral, ignorando retroactividades, acentuando el achatamiento de las escalas y evitando introducir una fórmula de ajuste futuro. Hasta ahora se han ignorado varias propuestas legislativas para regular las subas en función de la evolución del salario y los recursos de la previsión social. Mientras que el ANSES rebosa de excedentes, el gasto de seguridad social cayó del 7% del PBI (2001) al 5,4% actual. (20)
El gobierno se limita a socorrer a los desprotegidos para evitar el colapso potencial que ha legado la privatización de las jubilaciones. Kirchner mantiene el sistema de las AFJP, aunque abrió el corralito que impedía los traspasos del sector privado al estatal (y viceversa). En los hechos publicita una libertad de elección que es ficticia, porque nadie puede decidir que sucederá durante décadas con su ahorro en uno u otro régimen.
El esquema privado es una comprobada estafa de comisiones y malversaciones que el gobierno acotó por varias razones. En primer lugar, el sistema deja en la vía a los afiliados que no aportan lo suficiente, obligando al estado a una sustitución asistencial. En segundo término, el régimen conspira contra las cuentas fiscales, al sostenerse en una rebaja de aportes patronales que ya le costó al erario público 80.000 millones de pesos. En tercer lugar, el modelo neo-desarrollista exige una gran corriente de subsidios estatales a la industria, que el gobierno apuesta a respaldar manejando una porción creciente del ahorro de los trabajadores. (21)
El gobierno mantiene el régimen de capitalización para evitar un conflicto con un poderoso lobby financiero que tiene maneja un cuantioso volumen de títulos públicos, pero trata de ejercer cierto control sobre sus inversiones.
Esta herencia se mantiene en pie también en el área de la salud. La mitad de la población carece de cobertura médica y se atiende hospitales públicos colapsados, mientras cuatro grandes empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus y Omint) controlan el mecanismo de las prepagas y se han quedado con la crema del sistema (pacientes jóvenes y de altos ingresos). Como este negocio incluye a muchos funcionarios y burócratas sindicales, nadie apura los cambios.
Impuestos regresivos
Como ha ocurrido siempre con los proyectos de reforma impositiva, los planteos progresistas que se formulan desde el llano quedan licuados con el ejercicio del gobierno. Ya ningún funcionario habla de cambios significativos y solo evalúan tímidas propuestas. El ensayo neo-desarrollista favorece a los capitalistas y es incompatible con la equidad impositiva. (22)
Como resultado de la reactivación y los gravámenes introducidos durante la crisis (impuesto al cheque y retenciones) la recaudación ya alcanzó un máximo histórico. Los ingresos se ubican todavía muy lejos del 30-45% del PBI predominante en los países avanzados, pero aumentaron del 16,1% (2002) al 23,2% (2006). No está claro aún si en este resultado incluye también una disminución de la evasión. Los técnicos de la AFIP y los especialistas privados divergen en esta evaluación. (23)
Pero nadie habla de repartir esta mejora en un país dónde los asalariados aportan el 50% de la recaudación y reciben el 25% de la riqueza. Las escandalosas exenciones impositivas a la actividad financiera (rendimientos de títulos públicos, intereses de los depósitos, compra-venta de acciones) no se han modificado y le restarán 5.500 millones de pesos al presupuesto 2007. Esta cifra alcanzaría para financiar un aumento inmediato del 20% a los jubilados. Bajo el sistema actual un rentista no paga impuestos por sus ingresos financieros, pero un trabajador que gana 3500 pesos mensuales debe tributar. Tampoco los jueces y las fundaciones afrontan obligaciones impositivas, pero la clase media está penalizada por un gravamen a los bienes personales que mantiene el bajísimo piso anterior a la crisis. (24)
El año pasado se registró una intensa lucha social contra el reducido tope al impuesto a las ganancias que afecta a 500 mil asalariados. Un trabajador que a fines de los años 90 ganaba 11 veces y medio el salario mínimo estaba exento de esa tasa, pero en la actualidad el mismo gravamen es pagado todos los asalariados que perciben tres veces y medio ese básico. Se han negociado ciertos alivios, pero hasta ahora el presupuesto 2007 no contiene ningún cambio del mínimo no imponible.
Agro-capitalismo para pocos
El esquema neo-desarrollista apuntala a los capitalistas industriales a costa de la mayoría popular. Este modelo incluye además un estratégico cimiento en el sector agrario que rememora el esquema agro-exportador. Pero existe una diferencia sustancial con ese período: la época dorada de Argentina en el comercio mundial ha concluido y las ventajas naturales de la Pampa Húmeda ya no le otorgan al país un lugar privilegiado en la división internacional del trabajo. Por eso el agro persiste como un pilar básico de la economía, pero sin las glorias del pasado.
A diferencia de la industria, el PBI de esta área ha crecido en forma ininterrumpida en los últimos quince años a una elevada tasa del 5,7%, sin afrontar ningún freno significativo. La devaluación del 2001 incentivó este avance al generar un nivel de rentabilidad que ya bordea los máximos históricos y supera los promedios de la convertibilidad. (25)
Pero este impulso consolida un esquema basado en la preeminencia de la soja, la destrucción de los cultivos regionales, el desplazamiento de los campesinos y la concentración de la tierra. Profundiza la modernización capitalista que generó un gran salto de producción, con ganancias para pocos y tecnologías que amenazan la fertilidad de la tierra. (26)
Esta modalidad del agro-negocio estimula el mono-cultivo y alienta la expulsión de mano de obra del campo, que ha decaído del 24% de población activa (1970) al 8% (2001). Ha impuesto, además, la destrucción de las estructuras agroindustriales del interior (azucareras, vitivinícolas, yerbateras) e impulsa la expropiación de los pequeños productores. (27) También quedó afectada la ganadería que mantiene el mismo plantel de animales de hace 50 años, con bajos niveles de rendimiento por hectárea. Este estancamiento provoca el brusco encarecimiento de la carne cuándo repunta la demanda local o extranjera.
El gobierno apuntala específicamente a los grandes grupos del sector (agrupados en la SRA, CONINAGRO y CRA), en desmedro de los pequeños productores (FA). Regula precios para favorecer a los pulpos frigoríficos o cerealeros y descarta todas las iniciativas progresistas de reforma impositiva o refinanciación de deudas. Esta actitud empuja a los desfavorecidos al alineamiento con las elites del campo. A pesar de los elevados lucros del sector, el ruralismo ha retomado su periódica beligerancia contra el gobierno de turno porque se considera propietario de toda la renta agrícola. No está dispuesto a compartirla con el resto de la sociedad, especialmente en los períodos florecientes. Durante todo el siglo XX ha resistido el pago de las retenciones, que identifica con una inadmisible la interferencia impositiva del estado a sus beneficios. (28)
El conflicto actual se acrecienta, además, por la regulación oficial de ciertos precios. Como en Argentina se come lo que se exporta, solo la intervención estatal puede neutralizar el impacto inflacionario que provoca el encarecimiento internacional de los alimentos exportados.
Este control ha recreado la vieja pulseada que mantuvieron los ruralistas con todos los ministros de economía. Micelli ha restringido las exportaciones y aumentado selectivamente las retenciones. No afectó seriamente las ganancias del campo y tampoco morigeró las quejas de este sector. Estas tensiones persistirán, en la medida que el ensayo neo-desarrollista apuntale tanto la re-industrialización como cierto freno de la carestía. Pero los conflictos que genera el modelo son múltiples y requieren un análisis específico que abordamos en la segunda parte de este texto.
Notas:
1) Entre 1949-1975 PBI creció 127% y PBI industrial 232%. Rapaport Mario. “Etapas y crisis en la historia económica argentina (1880-2005)”. Oikos, n 21, julio 2006, Santiago de Chile.
2) Varios estudios destacan este cambio de perfil. Por ejemplo: “El nuevo patrón de crecimiento y su impacto sobre el empleo”. CENDA, septiembre 2006.
3) El presupuesto del 2007 fue nuevamente diseñado con números ficticios que subvalúan el crecimiento, impiden la discriminación de partidas y garantizan esta delegación de facultades. Página 12, 30-12-06, 25-10-06.
4) Barrios Alejandro “¿Todo es igual? ¿Nada es mejor?” Revista de Ciencias Sociales. UBA. 2006.
5) Los defensores de esta operación afirman, por un lado, que se logró reducir el ahogo de la deuda con menores tasas y plazos más prolongados, pero por otra parte destacan la ausencia de otra opción de refinanciación. ¿Pero la transacción fue ventajosa o un mal menor? No puede reunir ambas cualidades. O fue conveniente o fue una concesión obligada a los banqueros. Si se defiende el primer argumento hay que silenciar el segundo. Esta contradicción se evidencia en: Del Pont Mercedes, Vanoli Alejandro. “Debate: cancelación anticipada con el FMI”. Página 12, 31-12-05.
6) Es el caso de: Rudnik Isaac. “El final de una etapa”. Página 12, 15-1-06.
7) Por ejemplo: Wainfeld Mario. “La política del paso a paso”. Página 12,18-6-06.
8) Quiénes trazan una analogía entre la nacionalización de los ferrocarriles y el canje de la deuda desconocen esta divergencia. Ambas operaciones comparten el malgasto del erario público (equipos amortizados en el primer caso y pasivos fraudulentos en el segundo). Pero la nacionalización formaba parte de un proyecto nacionalista y redistributivo, que no está presente en la gestión actual. Esta diferencia es omitida por: Auzmendi Eduardo. “La cancelación de la deuda” Questión, enero 2006.
9) Las compañías embolsan 43 pesos para afrontar un costo de 18 pesos por kilómetro-tren y obtendrán este año incrementos del 30-38% de los subsidios oficiales. Página 12, 30-12-06.
10) Barrios “¿Todo?”.
11) Página 12, 15-1-06 y 27-1-07.
12) El resultado varía según se comparen los precios con los salarios de cada sector industrial o los incrementos de la productividad física. Clarín, 28-6-06 y 12-4-06.
13) Clarín 22-4-06.
14) Página 12, 29-7-06.
15) Se estima que en junio del 2009 habría 10 millones de pobres y 4 millones de indigentes sobre 40 millones de habitantes. Los trabajadores pobres que cobran por debajo de la línea de pobreza aglutinarían a la mitad de la fuerza laboral, un porcentaje dramáticamente superior al 5% que predomina en Estados Unidos. Página 12, 20-9-06 y 19-09-06.
16) Clarín 23-2-06.
17) “Lo mejor que nos puede pasar a los trabajadores es tener un patrón”, afirmó Juan Carlos Schmid del Sindicato de Dragados. Página 12, 20-10-06.
18) “Menos pobres, más desigualdad”.Página 12, 10-2-06. “Volvió a crecer la brecha entre ricos y pobres”. Página 12, 4-7-06. “La engañosa distribución”. Página 12, 7-7-06.
19) Este recorte medido en términos de la distribución funcional del ingreso ha sido apenas compensado con la reactivación posterior. Se requerían transferencias de 50.000 millones de dólares extras al año a favor de los empobrecidos para contrarrestar esa exacción, que el modelo de ninguna manera contempla. Clarín 29-10-06. Página 12, 22-10-06.
20) Clarín, 6-11-06.
21) No hay que olvidar, además, que la decreciente participación de la Nación en el superávit fiscal (del 90% en el 2002 al 67% actual) es compensada con mayores aportes de la previsión social (del 2% al 26%). Estos fondos generan una fuente de financiamiento barato al estado, que permite contrarrestar la caída del excedente fiscal en las provincias (del 1,4% en 2004 al 0,3-0,4% actual), Clarín, 7-1-07.
22) Un ejemplo de estos titubeos son las iniciativas de Gaggero Jorge. “Un tema tabú”. Página 12, 15 10-06.
23) Clarín 7-2-06.
24) Página 12, 25-10-06
25) Las ganancias se ubican un 33,6% por encima los niveles de la década pasada. Rodríguez Javier. “Rentabilidad extraordinaria”. Página 12, 23-7-06.
26) La cosecha de cereales y oleaginosas pasó en quince años de 35 a casi 80 millones de toneladas con las nuevas formas de cultivo. Se ha generalizado la “siembra directa” (que elimina la preparación del suelo antes de la siembra), la “agricultura de precisión” (riego asistido y fertilización diferenciada) y el uso de semilla transgénica (en la mitad de producción de granos y el 90% de la soja). Estos procedimientos adoptan formas semejantes a los métodos extractivo-mineros. Díaz Susana. “Agricultura minera”. Página 12, 30-7-06.
27) Giarraca Norma “Avance del agro-negocio”. Página12, 30-7-06.
28) El total de las tierras fiscales se redujo por ejemplo en el Chaco de 3,9 millones a 660 mil hectáreas (1995-2006), barriendo a las comunidades indígenas que habitaban esa zona. López Benigno. “Buscamos una política de soberanía alimentaria”. Página 12. Página 12. 26-12-06.
29) La raíz de esta beligerancia es la matriz terratenientes que signó el desarrollo agrario. Barsky Osvaldo.”Miseria de un país ganadero”. Clarín-Ñ, 30-12-06.
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LAS CONTRADICCIONES DEL ESQUEMA ACTUAL (parte II)
Muchos economistas proclaman su confianza planea en el modelo. Estiman que la vieja crisis externa y fiscal que bloqueó otros ciclos del ascenso ha sido superada y consideran que la prosperidad está garantizada por un largo período (1). Acostumbrados a evaluar el grado de estancamiento de la economía nacional han quedado desconcertados por la intensidad de la recuperación. Del pesimismo inercial han girado a un entusiasmo sin críticas que desconoce los límites del auge actual. Las frecuentes analogías con China constituyen un indicio de esta actitud.
En general se pierde de vista el enorme trecho que faltaría recorrer para recuperar décadas de regresión. Si el PBI continuara creciendo al 8% durante un decenio se alcanzaría en el 2011 un ingreso per capita de 11.000 dólares, un promedio todavía inferior al vigente en Eslovenia, Portugal o Grecia, la mitad de la media de Australia y un tercio del nivel prevaleciente en Dinamarca (2).
Es cierto que el esquema en curso contiene desequilibrios diferentes a los modelos precedentes. Pero la intensidad de estas contradicciones es muy significativa en seis terrenos.
Los motores de la inflación
Un punto particularmente crítico del modelo es la carestía. Luego del impacto inflacionario provocado por la devaluación de 2001, la economía se desenvolvió con incrementos moderados de los precios. Estos aumentos alcanzaron el 8,8% en el 2003 y el 6,1% en el 2004, pero al año siguiente se registró un saltó al 12,3%. En el 2006 el gobierno no pudo evitar una suba del 9,9%, es decir un porcentaje muy elevado en términos internacionales.
El impacto social de la carestía tiende a ser temporalmente variable. Hasta abril del año pasado la canasta básica de indigencia subió por encima de los precios minoristas y golpeó a los sectores más empobrecidos. En la segunda mitad del año esta incidencia fue mayor sobre los consumos de la clase media (servicios, colegios privados, expensas, alquileres). También se ha registrado una aguda divergencia entre los precios mayoristas –que desde la devaluación hasta fin del año pasado subieron 195%- y los minoristas, que en el mismo lapso treparon 91%. Esta divergencia anticipa nuevos ajustes en los precios de mostrador.
El efecto real de la inflación está disimulado por un obsoleto cómputo oficial de una canasta de productos que subvalora ciertos rubros (alimentación) y sobrevalora otros (como turismo) (3). Como todos los antecesores Miccelli se irrita con las cifras que le disgustan e intenta forzar cambios en la forma de cálculo para disimular la carestía. Pero esta pretensión coyuntural choca con la necesidad de preservar estadísticas internacionalmente confiables, que permitan a los capitalistas decidir inversiones. Esta contradicción suscita permanentes tensiones.
El trasfondo del problema es la tendencia de la inflación a desbocarse como consecuencia de tres procesos combinados: la devaluación, el oligopolio y la baja inversión. Cuándo uno de los tres motores se atenúa, los restantes operan con mayor intensidad. El impacto de la devaluación persiste por la continuada apreciación internacional de las materias primas, mientras los oligopolios acentúan la brecha entre precios mayoristas y minoristas y la insuficiencia de la inversión empuja los costos hacia arriba (4).
El gobierno intenta atenuar esta presión inflacionaria con mecanismos de regulación. Logró cerrar el índice del 2006 por debajo del 10% negociando las cotizaciones de ciertos productos de la canasta (el 20% de estos consumos solo aumentaron 2,5%). Esta intervención es exhibida por algunos oficialistas como un logro contundente, pero se olvida los conocidos antecedentes de estas regulaciones. La experiencia indica que los ministros cuentan con un margen limitado para actuar en este campo. Pueden condicionar muchos precios, pero no afectar la rentabilidad del grueso de los capitalistas durante un período prolongado.
Micelli reproduce el sueño de todos los keynesianos. Aspira a manejar los precios durante la etapa necesaria para corregir los desacoples que generó la reactivación entre el ascenso de la demanda y el retraso de la oferta. Pero en algún momento enfrentará los límites de esta acción. Bajo el capitalismo los controles de precios están necesariamente acotados por la competencia, que impone cierto equilibrio de ganancias entre todos los concurrentes. Como el sistema funciona sin reglas de planificación, no puede operar en el mediano plazo con digitaciones estatales de los precios. Estas variables deben ser fijadas por los capitalistas, en función de sus costos y sus expectativas de ganancia.
El principal objetivo de los controles actuales es garantizar un techo salarial. Miccelli ha buscado situar el índice por debajo del 10% anual para facilitar la acción de la burocracia sindical en las negociaciones paritarias ya que todo el edificio neo-desarrollista se asienta en disuadir la lucha social. El segundo propósito estratégico del control es preservar un tipo de cambio alto para las exportaciones, que está amenazado por el sistemático repunte de los precios internos.
Un bache de largo plazo
Nadie sabe cuál es la tasa necesaria sostener el crecimiento en curso, pero todos los analistas sitúan este nivel en torno al 25-26%. Aunque el porcentaje actual (21-23% del PBI) es superior a las reactivaciones anteriores, no alcanza para mantener el ritmo de la recuperación.
Basta recordar que China invierte el 42% del PBI para crecer al 9% y Corea del Sur el 30% para sostener un ascenso del 6%, para notar cuán insuficiente es la tasa actual si se quiere preservar el repunte post-crisis del 7-8-%. La renovación sustancial de la dotación del capital es indispensable para evitar que esa tasa caiga al 4-5% (5).
El problema no es solo en el monto de la inversión, sino también en su perfil. Esta variable se encuentra muy concentrada en la oferta exportable y en la construcción. Este último sector absorbe el grueso de los fondos en desmedro de los bienes durables. También la reducida inversión extranjera se dirige a los segmentos de exportación que generan poco valor agregado.
La ortodoxia derechista resalta esta limitación y convoca a incrementar las concesiones a los poderosos para incitarlos a invertir (“seducirlos”, “garantizar la seguridad jurídica”, “estabilizar las reglas de juego”). El gobierno evita este discurso, pero trabaja en la misma dirección. Necesita hacer buena letra con el establishment porque el esquema neo-desarrollista depende de los aportes capitalistas. A medida que el modelo confronte con la competencia global, su consistencia dependerá de la disposición de los empresarios locales para radicar dentro del país, los fondos tradicionalmente giraron al exterior.
El nubarrón energético
Otra amenaza que afronta la reactivación es un freno impuesto por las carencias energéticas. La demanda de electricidad ha subido al compás del repunte productivo, agotando las fuentes de aprovisionamiento. Ya se verifican apagones e interrupciones en el transporte de energía, porque la falta de inversión ha estrechado el abastecimiento. El cronograma de mejoras avanza lentamente y la amenaza de un parate energético se prolongaría hasta el 2011.
En el terreno de la electricidad se ha producido una típica desproporcionalidad. La generación se mantiene estancada frente a un aumento del 36% del consumo en solo cinco años. Las redes de transporte y distribución están saturadas y el cuello de botella es muy agudo en las zonas metropolitanas (5).
Edenor y Edesur invierten poco a la espera de mayores tarifas. El gobierno elude el problema y mantiene intacto el esquema irracional de provisión segmentada que impuso la privatización. Niega la crisis y negocia los ajustes que reclaman las empresas, pero elude tarifazos masivos que encarecerían los costos industriales. Busca introducir formas indirectas de aumento (cargos específicos), que obliguen paulatinamente a los usuarios a solventar las inversiones omitidas por las empresas.
En el sector del petróleo y el gas la situación es más grave. Aquí la falta de inversión ha conducido a una nueva baja de las reservas (8,2 años de consumo frente a los 13 años vigentes a principios de los 90 en el primer caso y 8,6 años frente a 35 años en el segundo). Kirchner improvisa medidas de emergencia. En lugar de recurrir a la nacionalización que se instrumentó en el Altiplano firmó un acuerdo de provisión de gas con Bolivia. Por otra parte, impulsó una escandalosa ley que otorga exenciones impositivas a compañías que no exploran, mientras obliga a tributar a los trabajadores petroleros.
El gobierno aliado a Repsol ni considera la opción de la nacionalización, a pesar del gran sustento latinoamericano que tendría esta medida. Algunos funcionarios argumentan que esta alternativa no es viable, porque desde la privatización la propiedad del subsuelo pertenece a las provincias. Pero incontables leyes se han cambiado para favorecer a los capitalistas y resulta inadmisible que el patrimonio de la nación sea manejado por funcionarios locales asociados con las empresas.
La derecha propone afrontar la crisis energética aceptando todos los pedidos de las compañías y culpa a la clase media por los padecimientos de los humildes. Denuncia las encarecidas garrafas que pagan los pobres y propone penalizar el consumo de gas natural en las áreas urbanas. Pero no se le ocurre que lo equitativo es anular los subsidios a las compañías del sector, que operan con bajos costos de producción por garrafa (7 pesos) y altas ganancias de venta (25-32 pesos).
Los costos de la deuda
La deuda ya no ocupa la tapa de los diarios pero continúa afectando seriamente a la mayoría de la población. Es el principal destino del superávit fiscal e impone una gran acumulación de reservas improductivas como garantía de pago. El grueso del excedente logrado por la Tesorería fue derivado en los últimos años a cumplir con los acreedores. Este sobrante bordeó en el 2004 los 3.000 millones de pesos, alcanzó al año siguiente 9300 millones y promedió en el 2006 cerca de 8.800 millones. La deuda sigue pesando duramente sobre el gasto público, como lo prueban los compromisos asumidos por el presupuesto 2007. Se han comprometido con ese destino erogaciones por 13.800 millones de pesos, es decir tres veces más del total asignado a la universidad y 3,5 veces más de lo otorgado a los planes sociales que financia la Nación (7).
También persiste el lucrativo negocio de los banqueros, que en diez meses de especulación con títulos argentinos logran ganancias equivalentes a lo obtenido con la administración de bonos estadounidenses durante 7 u 8 años. La deuda es el cimiento de una nueva relación de Argentina con Venezuela que asegura altos rendimientos a los intermediarios financieros.
Pero el mayor problema se plantea en el mediano plazo. El gobierno apuesta a reducir la gravitación del pasivo mediante una sucesión de cancelaciones, que faciliten la gestión estatal de esta carga al servicio de la clase dominante. Algunos promotores de esta estrategia ya cantan victoria y estiman que la deuda está decreciendo, porque habría decaído del 73% del PBI (2004) al 70% (2005) y luego al 66% (2006) (8).
Pero no es sencillo continuar por este camino, especialmente a medida que algunos balances del canje indican que el recorte del pasivo ha sido más reducido que lo esperado y se mantienen pendientes de resolución montos muy elevados de pasivos (9).
Ciertas evaluaciones de mediano plazo ilustran las dificultades del des-endeudamiento. Si la tasa de interés externa no sube por encima del 5%, se requería un incremento perdurable del 4% anual del PBI -junto a un persistente superávit fiscal del 3%- para reducir significativamente la gravitación del pasivo hasta el 2030. La convergencia favorable de estas tres condiciones durante tantas décadas es poco imaginable (10). En cualquier escenario el condicionante de la deuda seguiría pesando sobre la economía.
Los bancos y el crédito
La recuperación de los últimos cuatro años se concretó en un marco de estrechez crediticia, como consecuencia del caos legado por la confiscación de los depósitos. Pero una tasa de crecimiento del 8% anual no puede sostenerse sin préstamos. El volumen del crédito que alcanzó el 24% del PBI en la década pasada se ha reducido en la actualidad al 11 % (11). La evolución futura de esta restricción es materia de controversia.
Durante el año pasado se registró una notable recuperación del sector financiero. Los bancos duplicaron las ganancias del 2005 y embolsaron 4100 millones de pesos de utilidades. Este sector logró el segundo lugar entre las actividades de mejor comportamiento del período y se espera que una evolución semejante durante el año en curso (12).
El gobierno ha contribuido activamente a este repunte, a través de su impulso al fallo de la Corte que convalidó la pesificación de los depósitos. Por esta vía se legitimó la expropiación de los pequeños ahorristas y quedó legalmente consagrado el socorro fiscal a los bancos. Pero lo que más redujo la convalecencia financiera fue el inesperado crecimiento de PBI. La intensa reactivación achicó radicalmente el plazo habitual de cicatrización de un colapso bancario de la magnitud que presentó en Argentina.
Este continuado crecimiento explica también porque los préstamos se están incrementando a un ritmo del 35-40% anual, en un contexto de bajas tasas y ampliación de los plazos. Como el volumen del crédito es aún pequeño, la recomposición integral del sistema financiero es todavía incierta, en un país con bajo nivel de bancarización de la población (13).
Pero lo más problemático no es la herencia de la crisis, sino la forma en que se reconstruyen las finanzas. Ya se observa una nueva concentración de la estructura bancaria en torno a 11 entidades que absorben el 72% de los préstamos y 90 % de los depósitos. Este nivel de monopolización refuerza una tendencia originada en los 90, cuándo 20 grandes bancos terminaron manejando el 82% de los depósitos. Actualmente menos de una decena de entidades controlan casi todo el sistema, reavivando la concentración que detonó el estallido del 2001.
Las flaquezas del comercio exterior
El gobierno exhibe el aumento de las exportaciones como su gran logro productivo, disimulando que este avance ha sido solventado por la mega-devaluación que padeció la población. Se ha pasado de 27.000 millones de dólares de ventas externas (2002) a 46.500 millones (2006), pero la canasta de bienes comercializados continúa mayoritariamente integrada por productos o manufacturas de origen agropecuario (68% del total).
La mejora de las exportaciones no compensa todavía la escasa la participación del país en el comercio mundial. Esta incidencia alcanza al 0,39%, es decir la mitad de la tajada prevaleciente hace cuarenta años y la séptima parte del porcentaje predominante durante la primera mitad del siglo pasado (14).
Las limitaciones del sector externo se verifican también en el aumento de las importaciones que ya bordean los 26.600 millones y crecen más rápido que las ventas externas, con una composición más desfavorable. Mientras que el 70% de las exportaciones son bienes primarios, el 85% de las importaciones están conformadas por productos de alto valor agregado. Con este esquema exportador no se emula el modelo de los países avanzados y tampoco el patrón industrial asiático. Solo se ratifica el bajo nivel de competitividad de la industria argentina.
Por cada tonelada exportada el país recibe 460 dólares, pero paga 1500 dólares por su equivalente importado (15). Esta desventaja es muy notoria en la relación comercial con Brasil. A pesar del menor crecimiento y el tipo de cambio apreciado que predomina en el principal socio de Argentina, el nivel de importaciones provenientes desde ese país aumentó de 25 % (antes de la crisis) a 34% (en la actualidad) (16).
Argentina ha quedado situada en una compleja situación intermedia en la competitividad global. Cuenta con un mercado interno estrecho y de bajos ingresos promedio, no puede rivalizar con las grandes potencias y tampoco se encuentra en condiciones de disputar terrenos con los países que detentan un gran reservorio de mano de obra barata. Esta limitación obstaculiza la implementación de una estrategia “neo-desarrollista hacia fuera” (exportador industrial), y “neo-desarrollista hacia adentro” (industrializar apuntalando el consumo doméstico). La gran ventaja comparativa del país continúa localizada en el vulnerable potencial de su producción primaria.
En este cuadro Kirchner busca mantener el tipo de cambio, como si bastara contraponerse a la convertibilidad para evitar sus efectos. Pero ni siquiera es sencillo preservar la cotización del dólar. El gobierno hace lo imposible para contrarrestar la revalorización del peso comprando divisas e incrementando las reservas, pero el tipo de cambio real sigue cayendo por el reingreso de capitales externos, que constituye otro impacto imprevisto de la recuperación. Este flujo afecta también la paridad cambiaria, confirmando que no se puede contrarrestar la reducida inversión y la frágil competitividad con maniobras monetarias.
El ensayo neo-desarrollista está socavado por seis contradicciones: rebrote de la inflación, estrechez de la inversión, vulnerabilidad energética, gravitación del endeudamiento, restricción crediticia y primarización del comercio exterior. ¿Pero cómo debe analizarse conceptualmente el modelo? Abordamos este problema en la tercera y última parte de este trabajo.
Notas:
1) Es la opinión de Frenkel Roberto. “Crecimiento sólido. El debate del nuevo modelo” Página 12, 24-4-06.
2) Página 12, 24-12.06.
3) Página 12, 3-06.
4) Hemos analizado este problema en: Katz Claudio. “La inflación del modelo”. Realidad Económica n 213, julio-agosto 2005.
5) Ferreres Orlando. “De dónde venimos y adónde vamos”. Clarín 1-10-06.
6) Clarín, 24-12-06.
7) Clarín, 7-7-06.
8) Clarín, 20-8-06.
9) Todavía se negocian 47.400 millones de dólares de compromisos irresueltos y los balances del canje están indicando quitas efectivas muy inferiores al 75% que anunció Lavagna. Esta poda pierde cuantía, si se computa la nueva deuda emitida para cancelar la anterior, el costo de los bonos indexados y los desembolsos adicionales por crecimiento. La Nación, 1-12-06.
10) Schvarzer Jorge, Orazi Andrés “Un escenario de vencimientos que sigue presentando dificultades”. Página 12, 28-5-06.
11) Clarín, 19-10-06.
12) La Nación, 16-1-07.
13) Es la opinión de: Vicens Mario. “Balance auspicioso y mucho por hacer” Clarín, 18-6-06.
14) Página 12, 22-10-06.
15) Clarín.2-12-06
16) La Nación, 10-12-06. Muchos analistas estiman que ese desequilibrio se corregirá con el repunte de la economía brasileña que producirá el mega-plan de inversión pública anunciado por Lula. Pero esta iniciativa contempla un objetivo de crecimiento moderado y no será viable si persisten altas tasas de interés.
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COMO EVALUAR EL MODELO (parte III)
El ensayo neo-desarrollista es un intento de recomponer la acumulación que retoma la centralidad agrícola del modelo agro-exportador. Pero en el período actual ya no se verifican las condiciones favorables de esa etapa. No existe un flujo internacional preeminente de capitales hacia el Cono Sur, ni tampoco un aluvión de inmigrantes. Al cabo de una década de liberalismo menemista, tampoco es factible reproducir el endeudamiento descontrolado que predominó a principios del siglo XX.
El ensayo actual retoma en nuevas circunstancias la prioridad industrial de la sustitución de importaciones. No utiliza la renta agrícola en gran escala para financiar la industrialización y tampoco recurre a las estatizaciones para construir un sector industrial en oposición al capital extranjero. Ha dejado de lado la apuesta prioritaria por el mercado interno y no reaviva los viejos mecanismos de redistribución progresiva de los ingresos.
El ensayo neo-desarrollista preserva la regresividad social de su precedente neoliberal. Pero le ha quitado protagonismo a la especulación financiera, que signó la dinámica económica desde Martínez de Hoz hasta Cavallo. El desmoronamiento del 2001 recreó la prudencia bancaria en desmedro de los negocios fáciles y el endeudamiento de corto plazo. También ha perdido relevancia la oleada importadora y la primacía de los servicios. El esquema en gestación se perfila como una configuración novedosa asociada con las transformaciones que se procesan en la elite capitalista.
Problemas de las clases dominantes
Todos los grupos dominantes participan del viraje actual, pero los grandes industriales son el segmento privilegiado por la política oficial. Este sector arrastra una historia de grandes fracasos. A pesar de contar con el favor de muchos gobiernos, nunca logró sostener un proceso de acumulación competitivo. Algunos teóricos neo-desarrollistas sostienen que esta inoperancia es un dato del pasado. Cuestionan el tradicional retrato de los industriales como un sector rentista y atribuyen sus viejas limitaciones a la fragilidad institucional del país. (1)
Es cierto que los industriales actúan como los burgueses de cualquier país y no cargan con mayores defectos intrínsecos que sus colegas de otras regiones. Pero surgieron asociados a una matriz latifundista que bloqueó el desarrollo agrícola y conforman la clase dominante de un país periférico y dependiente. Si se olvida este condicionamiento resulta imposible comprender el tradicional apego a las finanzas de este sector y su despilfarro de los cuantiosos subsidios que recibió del estado.
Muchos defensores del kirchnerismo sostienen que esta dificultad será superada con la intervención gubernamental. Estiman que los ministros y legisladores enmendarán las debilidades de las clases dominantes, como si los funcionarios estuvieran vacunados contra los males que padecen a sus socios capitalistas.
Luego de una década de desprecio neoliberal por la ingerencia estatal se está magnificando el alcance de esta acción y se olvidan sus límites o efectos perversos (corrupción, irracionalidad, despilfarro). Este generalizado elogio a la regulación ministerial contribuye a justificar la marea de subsidios que reciben los patrones.
Pero existe un problema adicional con el destino de estas subvenciones. Los viejos desarrollistas proponían canalizarlos prioritariamente hacia el capital argentino para reforzar (al menos en sus propuestas teóricas) a la burguesía nacional. Este propósito ha perdido nitidez. Nadie sabe en la actualidad que significa exactamente apuntalar “una presencia más activa de capitalismo nacional”. El modelo actual favorece a una burguesía local, que ya no es nacional en la vieja acepción del término. (2)
La reconfiguración neo-desarrollista se procesa en un escenario de gran mutación de la propiedad del capital signado por el avance de dos sectores: las compañías locales internacionalizadas (cuyo prototipo es Techint) y las grandes empresas foráneas.
El alcance de la desnacionalización
La desnacionalización de la economía argentina condiciona el giro neo-desarrollista. La venta de empresas a propietarios foráneos no es una rémora de la convertibilidad, sino un efecto directo de devaluación que abarató los activos y acentúo las dificultades de las compañías endeudadas en dólares. Los traspasos han incluido a grupos tradicionales como Quilmes, Loma Negra, Swift, Acindar, Perez Companc o Grafa.
El peso de las empresas extranjeras ya es abrumador. De las 500 mayores firmas hay 337 extranjeras y solo 163 nacionales, mientras que en 1993 esta relación era 219 y 281 respectivamente. La pérdida de posiciones de las compañías nacionales se verifica también en la diferencia de utilidades, que favorece en once veces a las corporaciones foráneas y en el valor de la producción, que las sitúa 5 veces por encima de las nacionales. El capital extranjero controla tres cuatros de la alta estructura empresarial y maneja un tercio del valor agregado de toda la economía. (3)
La brasileñización es un aspecto clave de esta transformación. Los capitales de ese origen ocupan ya un rol dominante en el sector petrolero (Petrobrás), cervecero (Brama), cementero (Camargo Correa), frigorífico (Friboi) y preparan una gran llegada al acero. Este copamiento no solo refleja la política financiera expansiva del poderoso banco BNDES, sino que además ilustra la conducta agresiva de la burguesía más poderosa de la zona.
Es cierto que la presión extranjerizante convive con una tendencia inversa en ciertas actividades. Grupos locales asociados con los fondos de inversión están adquiriendo paquetes accionarios de varias compañías de servicios (telefonía, energía y centrales eléctricas). Han decidido ir a lo seguro, porque en esta franja la rentabilidad dependerá de los ajustes de tarifas que cada lobby negocie con los funcionarios de turno. Pero la argentinización está limitada por los nexos internacionales que mantienen todos los fondos financieros.
La extranjerización introduce un gran descontrol local sobre las actividades más estratégicas. Por ejemplo, recientemente Respsol vendió a otro grupo español el 9,2% de su paquete accionario para bloquear una compra hostil por parte de accionistas norteamericanos y europeos. El gobierno argentino ni siquiera fue consultado en un traspaso que afecta tan directamente los intereses del país.
Otro ejemplo de esta inconsistencia se verificó con el caso Sancor. Las clases dominantes y el gobierno exhibieron poca preocupación por evitar la extranjerización de la empresa. La transferencia a Soros solo fue bloqueada por la decisión de Venezuela de capitalizar una compañía de interés para su provisión de productos lácteos. El socio estatal latinoamericano sustituyó en este caso la falta de acción local frente a otra desnacionalización.
El peso de las corporaciones foráneas limita el ensayo neo-desarrollista, en la medida que los capitales trasnacionalizados distribuyen sus inversiones entre un amplio número de países. Esta restricción es omitida por los teóricos industrialistas que reivindican la estrategia de globalización parcial ensayada por algunos grandes grupos locales, como Techint. Suponen que la mixtura capitales extranjeros y nacionales no obstruye el afianzamiento del modelo, ni recrea los viejos conflictos entre ambos grupos. (4)
Pero lo que está en juego es el destino de los subsidios que sostendrían esa estrategia y una mirada condescendiente hacia el capital foráneo implica incorporarlo al listado de beneficiarios del auxilio estatal. El neo-desarrollismo contemporáneo ignora las tensiones que genera esta orientación, porque ya no razona reconociendo la existencia de un conflicto centro-periferia. Ha olvidado las contradicciones específicas de las economías subdesarrolladas y sugiere que Argentina no afronta ningún obstáculo estructural para convertirse en una economía avanzada. Esta visión le impide registrar los límites del esquema actual.
Vulnerabilidad latinoamericana
La creciente gravitación de las compañías foráneas no es una peculiaridad argentina. Más del 50 % de las 100 principales empresas latinoamericanas y el 62% de sus ventas se encuentran bajo control extranjero. (5) El marco regional es muy semejante al contexto local en innumerables aspectos. En los dos escenarios se procesa una reactivación sostenida en altos precios de las materias primas exportadas, es decir en un cuadro de evolución futura muy incierta. Resulta difícil dirimir si el ascenso actual de las comodities es episódico o estructural, ya que este repunte puede constituir una burbuja especulativa o una reversión de dos décadas de retroceso de las cotizaciones de estos insumos. (6)
Es cierto que a diferencia de los 90 el centro de desequilibrios mundiales no se ubica en la periferia, sino en el déficit gemelo (fiscal y comercial) de Estados Unidos. Pero una resolución traumática (desplome del dólar) o paulatina de esta tensión (“aterrizaje suave”) repercutirá seriamente sobre la América Latina. El imperialismo ha demostrado en reiteradas oportunidades su capacidad para transferir desequilibrios a los países periféricos. Y frente a esta eventualidad, el grueso de la región carece del sustento industrialista que detentan otras zonas dependientes -como una porción de Asia- para hacer frente a esta presión. (7)
Un viraje global desfavorable podría perforar los escudos que Argentina ha levantado el esquema neo-desarrollista (menores vencimientos próximos de la deuda, superávit comercial, elevadas reservas). Pero las limitaciones del modelo se ubican también en el plano interno.
Los costos del capitalismo
El ensayo actual no puede caracterizarse en forma adecuada comparando sus “luces y sus sombras”. Al contrastar “lo positivo con lo negativo” o “lo ya ha hecho con lo que falta”, solo emergen connotaciones valorativas (“mejor o peor que el neoliberalismo previo”) que no clarifican la dinámica del modelo.
Con esa mirada se puede elogiar, aconsejar o crucificar a los funcionarios de turno, pero no señalar cuáles son clases sociales beneficiadas y afectadas por el proyecto actual. Tampoco se pueden detectar contradicciones o clarificar tendencias que nutran de argumentos a la batalla de los movimientos populares por mejoras sociales. El logro de estos propósitos exige resaltar el carácter capitalista del modelo. Solo esta visión esclarece los nexos que vinculan la dinámica económica actual con la lógica de un sistema basado en la explotación y en la competencia por la ganancia.
Kirchner es un protagonista decisivo del modelo neo-desarrollista y no carga con ninguno de los tintes adversos al capitalismo, que le asignan sus enceguecidos rivales de la derecha o sus despistados partidarios progresistas. El presidente explicitó categóricamente sus elogios a este sistema durante el reciente viaje Estados Unidos. Concurrió a Wall Street y presidió el simbólico inicio de las operaciones bursátiles, afirmando que “Argentina nunca debió abandonar ese lugar”.
Cristina expuso con mayor crudeza el mismo mensaje y no ocultó su fascinación por un régimen que enriquece a los poderosos y esquilma a la mayoría. En sus reuniones con el lobby empresario del Partido Demócrata explicó que “el capitalismo es mejor idea que el comunismo por su idea del consumo” (8). Pero se olvidó que la mayoría de los argentinos no puede participar de este gusto por la compras.
Muchos autores neo-desarrollistas comparten esta idealización del capitalismo y promueven la reivindicación del empresario en su rol dirigente de la economía. Militan contra el rechazo social a este grupo y alientan la erradicación de los cuestionamientos populares al beneficio. (9)
Pero un generalizado rescate de los patrones no se traduciría en mayor bienestar general. Solo reforzaría ganancias surgidas de la explotación ajena y propiciaría la resignación colectiva frente a los privilegios de las elites. Cuánto mayor sea la aceptación de esta inequidad, más difícil será revertirla. Por esta razón los signos de rebeldía contra los capitalistas no constituyen adversidades, sino promisorias reacciones de los oprimidos.
Ilusiones intervencionistas
El ensayo neo-desarrollista es promovido con insistentes convocatorias a incrementar la “regulación”, el “control” y la “intervención” del estado, como si esta acción tuviera un efecto igualmente positivo para todos los miembros de la sociedad. Ciertos analistas ponderan especialmente el activismo estatal que siguió al desplome del 2001, subrayando la contraposición existente entre esta acción y la pasividad neoliberal que sucedió al desplome hiperinflacionario de 1989-90 (10). Pero lo diferencia ambas situaciones es la forma de este intervencionismo y no la presencia o ausencia del estado. Esta institución jugó un papel protagónico en los dos momentos.
Es cierto que la política económica de Lavagna y Micelli ha diferido significativamente de la orientación ministerial precedente. Ha combinado ortodoxia fiscal- monetaria con heterodoxia industrialista para facilitar la continuidad del crecimiento. Con retórica conservadora o progresista se ha propiciado un “keynesianismo pasivo” tendiente a evitar la desaceleración que imponen los torniquetes financieros. Sin encender el motor de la expansión disuadieron el freno monetarista. (11)
Los destinatarios de este curso no han sido las mayorías populares, sino los grupos empresarios dominantes que emergieron victoriosos de la crisis. Pero el conjunto de los capitalistas está satisfecho con el rumbo elegido. Algunos desconfían del estilo político del Presidente, pero todos elogian la recomposición del funcionamiento del estado. Esta restauración ha generado el mayor nivel de rentabilidad de las últimas décadas.
Los dueños de Argentina exhiben gran optimismo. En sus reuniones cumbres resaltan la “oportunidad histórica que tiene el país”, es decir su posibilidad de amasar crecientes fortunas. Este entusiasmo se verificó también al comienzo de la convertibilidad, pero las elites avizoran en la actualidad un ciclo más prolongado de vacas gordas. En los picos de optimismo se olvidan de los flancos críticos que presenta el modelo en las áreas de la inflación, la inversión, la energía, la deuda, el crédito y el comercio exterior.
Actitudes de los economistas
La resistencia social constituye un obstáculo más significativo para el ensayo neo-desarrollista que las tensiones estrictamente económicas. Kirchner actúa en el contexto político legado por la rebelión popular del 2001. Ha recompuesto los resortes de la dominación capitalista, pero enfrenta serias restricciones para acompañar los atropellos patronales.
El gobierno apuesta a deshacerse paulatinamente estas limitaciones. Pero su gradualismo choca con la necesidad capitalista de remontar aceleradamente varias décadas de regresión y ubicar a la economía en algún nicho del mercado mundial. Esta exigencia recreará tendencias empresarias agresivas, que por el momento están contenidas.
Los conflictos del modelo son abordados de distinta manera por cada grupo de economistas. Un sector neo-desarrollista adoptó la tesis del derrame y confía en las mejoras populares que generaría la acumulación. Especialmente el joven equipo de Micelli (Kulfas, Abeles) se dedica a ponderar los beneficios de este rumbo, exaltando la capacidad del esquema en curso para crear empleo. Reconocen “las asignaturas sociales pendientes”, pero suponen que el crecimiento capitalista remontará esta adversidad. Estiman que un buen timón estatal alcanzará para impulsar un círculo virtuoso de beneficios empresarios y avances sociales, como si el sistema pudiera sustraerse de golpear a los trabajadores.
Otros neo-desarrollistas de mayor peso saben que el modelo depende del techo salarial y de la limitación de los gastos sociales. Este realismo es plenamente compartido por sus adversarios neoliberales. Entre ellos disienten en la forma de contener la inflación o manejar el tipo cambio, pero no en los objetivos prioritarios de la clase capitalista. (12)
Existe una tercera corriente de economistas alineados con el distribucionismo, que cuestiona el carácter social regresivo del modelo (13). Postulan introducir ciertas reformas sociales sin alterar el marco capitalista, suponiendo equivocadamente que el sistema puede operar en forma humanizada, conciliando el crecimiento con la equidad.
En esta misma línea se ubica actualmente una vertiente del Plan Fénix, que ha tomado cierta distancia de su anterior identidad con los industriales. Han elaborado un plan 2006-10 que promete resolver los dramas sociales con pocos cambios laborales (eliminación de los contratos precarios), asistenciales (cierto ingreso universal), previsionales (ajustes en el sistema de las AFJP) e impositivos (gravamen a la herencia y cierta reducción del IVA) (14). Esperan remontar la tragedia social de Argentina con tímidas modificaciones del status quo, ya que idealizan al capitalismo y olvidan la incompatibilidad de este régimen con la reducción de la explotación o la desigualdad.
Todos los economistas de izquierda (y entre ellos los miembros del EDI) postulamos un cuarto enfoque, que propugna transformaciones radicales inmediatas y planteos estratégicos socialistas. Esta línea de pensamiento -que desenvuelve su acción en el campo de las organizaciones populares- difiere del distribucionismo en el alcance de las propuestas a concretar en forma perentoria y en la explícita perspectiva anticapitalista de estas medidas. Los distintos programas que ha expuesto el EDI en últimos cuatro años constituyen ejemplos de esta postura.
Pero la vitalidad de un planteo económico de izquierda depende de su actualización. El contexto del 2007 es completamente diferente al marco que prevalecía en el 2001-02. El colapso económico ha sido reemplazado por un modelo neo-desarrollista en gestación. Caracterizar el funcionamiento y las contradicciones de este esquema es el desafío intelectual del momento. Esta reflexión transita por dos caminos: la batalla de ideas contra los opresores y el intercambio de conocimientos en el campo popular. La comprensión y crítica del modelo exigen recorrer ambos senderos.
Notas:
1) López “Empresas”
2) Hemos analizado este problema en: Katz Claudio. “Que burguesía hay en Argentina”. Enfoques Críticos, año 1, n 1, noviembre-diciembre 2005, “Burguesías imaginarias y existentes”. EDI-Publicación de los Economistas de Izquierda, número 1, abril 2005, Buenos Aires.
3) Página 12,18-11-06, Clarín, 1-3-07.
4) López “Empresas”.
5) Caputo Orlando. “La economía mundial y América Latina a inicios del siglo XXI” Seminario REDEM 2006. ¿Hacia dónde va el sistema mundial? Buenos Aires 4-7-06.
6) Un informe reciente que analiza ambas alternativas se inclina por la segunda opción. Subraya las restricciones de oferta (hubo poca inversión en 1980-90) y la gravitación de la nueva demanda de China e India. Señala que desde 1975 las fases de ascenso de las materias primas duraron un promedio de 28 meses, mientras que la suba actual se ha prolongado 56 meses. También observa que en promedio las alzas de estos ciclos eran de 35% y ahora acumulan el doble de incremento. The Economist. “Los mercados están inquietos ante la racha alcista de los comodities”. La Nación, 22-7-06.
7) Estas economías han logrado ubicarse mejor porque en un período de creciente mundialización, erigieron estructuras exportadoras a través de mecanismos que condicionaron el acceso empresario al crédito al cumplimiento de ciertas metas de competitividad. Además, ningún país América Latina logró nunca las asiáticas de tasas de ahorro e inversión del 30% del PBI. Por eso la zona continúa mal plantada a escala global y no saldría más airosa que en el pasado de un aluvión externo Palma Gabriel, “Diferenciarse de China, India y Brasil”. Página 12, 9-7-06.
8) Clarín 19-9-06.
9) López Andrés. “Empresas, instituciones y desarrollo económico: un análisis general con reflexiones para el caso argentino”. Boletín informativo Technit, n 320, mayo-agosto 2006.
10) Muller Alberto. “Lecciones”. Página 12, 6-08-06.
11) Esta caracterización plantea: Kregel Jan. “Subir salarios públicos y los planes sociales”. Página 12, 23-6-06.
12) Esta convergencia se verifica en las coincidencias del primer grupo (Miguel Bein, Eduardo Curia, Mercedes Marcó del Pont) con el segundo (Pablo Rojo, Juan Llach, Miguel Braun). “Diez economistas proponen medidas para 2007”, Página 12, 7-1-07.
13) Claudio Lozano, Rubén Lo Vuolo, Leonardo Blejer. “Diez economistas proponen medidas para 2007”, Página 12, 7-1-07. También Hourest Martín. “De que signo es el gobierno”. Página 12, 11-6-06.
14) “Plan Fénix, segunda versión”. Página 12, 20-10-06.
