Hay un viejo podrido
que quemó el jardín florido
y tiene un hijo imbécil
con la cara de asesino
(León Gieco – Ídolos de barro, del CD Bandidos Rurales)
Cuando han transcurrido más de 33 años del comienzo de la peor de las dictaduras vividas en Argentina, los debates no solo no se cierran, sino que aún hoy no han madurado lo suficiente en la necesidad de revisar nuestro pasado reciente. Claro ejemplo del proceso histórico fallido es la larga transición vigilada que vivió (y vive) Argentina desde el 10 de diciembre de 1983, cuando el extinto dirigente del Partido Radical, Raúl Alfonsín, diera comienzo a la nefasta primavera alfonsinista. Si una provincia se destaca en el proceso de garantía en el afianzamiento de la impunidad a los dictadores esa es sin lugar a dudas Tucumán. Situado en el corazón del Noroeste argentino, el llamado Jardín de la República tuvo en su historia reciente (y aún hoy lo tiene), todos los condimentos particulares que lo convierten en un jardín de impunidad.
La sentencia y la infamia
El jueves 4 de septiembre de 2008, el día en que los jueces leyeron las sentencias contra Bussi y Menéndez, quedó una doble sensación en la garganta de los militantes de las organizaciones de Derechos Humanos de Tucumán. Se condenaba a los represores (que hasta el debate acerca de si Genocidio sí o si Genocidio no, parece marcado por la transición vigilada) por delitos de lesa humanidad a reclusión perpetua. Pero siempre aparecen peros en estas sentencias: prisión domiciliaria para ambos. La furia de las organizaciones de derechos humanos y de los partidos de izquierda no se hizo esperar, tanto dentro como fuera de la sala del juzgado. Bussi seguiría con arresto domiciliario en un country de lujo de Yerba Buena, al pie del Cerro San Javier. Tantas garantías para los represores es una clara señal que la impunidad se ha afincado incluso en las esferas judiciales. Pero ¿es solo la impunidad la que se ha instalado en los juzgados? ¿O es la impunidad sostenida desde la derecha más retrógrada que añora con cierta nostalgia la vuelta de la mano dura? Y en Tucumán sabemos muy bien lo que significa que el “aparato represivo siga intacto”. Porque los represores han tenido incluso la impunidad de decidir ellos mismos sobre su propia vida y su propia muerte. La del Malevo Ferreyra es solo un ejemplo. Pero otros como él siguen amedrentando zonas del interior de la provincia creyendo que la dictadura no ha acabado. El ex comisario Camilo Orce sigue moviéndose por el interior como en los años más oscuros del gobierno de facto. En “¿democracia?” los represores siguen actuando e implantando el miedo. Dos de las manifestaciones de las dictaduras argentinas: impunidad y miedo. La primera garantiza el segundo para sostener un modelo económico y social determinado.
La justicia inconclusa
Muy a pesar de los Kirchner, quienes usaron a su antojo el discurso de los derechos humanos, bastardeando en algunos casos la propia memoria de los desaparecidos de la última dictadura militar, la justicia camina lenta, como si presintiera que los juegos del poder político tampoco quieren, pese a la retórica oficial, avanzar más de prisa en la revisión del pasado más oscuro de nuestro país. El doble principio de “Verdad y Justicia” levantado como banderas históricas por el movimiento de Derechos Humanos parece no caber en las esferas políticas y judiciales. Pensemos que la verdad refiere a saber con exactitud qué ha pasado en la dictadura, quiénes son los represores, quiénes fueron las víctimas, qué ha sido del circuito represivo de muerte implementado tras el Operativo Independencia en febrero de 1975, un año antes de instaurarse el gobierno de facto, entre otras cuestiones. La justicia por su parte era (y es aún hoy) la primordial exigencia por importantes sectores sociales y no solo para sentar en el banquillo de los acusados a dos o tres viejos decrépitos llorosos a punto de morir, sino para condenar a todos los represores, a todos los que han participado de la represión ilegal y parapolicial de los años 70 y comienzo de los 80. La Verdad nos convoca a mirar permanentemente al pasado y la Justicia es el ideal que debemos perseguir en el presente. Verdad para saber qué paso y Justicia para condenar a los “genocidas”. Pero insisto en la idea que de que ciertos sectores no quieren volver al pasado y mirar el horror dictatorial y prefieren vivir en este presente marcado, como ya expresamos, por la impunidad que les da el poder.
Tucumán otra vez sirve de ejemplo para sostener esta hipótesis. Desde que Néstor Kirchner asumió el poder el 25 de mayo de 2003 a la fecha se ha llevado a cabo en la provincia un solo juicio contra los represores. No es casual tampoco que el primer juicio a la dictadura haya sido por un caso renombrado, como el del senador peronista desaparecido Guillermo Vargas Aignase. Las megacuasas por Jefatura y sobre todo la del Arsenal Miguel de Azcuénaga han quedado relegadas, siempre con el peligro que las mismas no se concreten estableciendo un nuevo punto final (esta vez definitivo) en la provincia. Cuando algunos abogados de derechos humanos, Laura Figueroa entre ellos, sostenían la importancia de los juicios por centro clandestino para determinar el circuito represivo, muchos miraron a otro lado. Lo que la letrada pretende demostrar es la consumación del “Genocidio” a partir del plan sistemático en lo que ella denomina el circuito de la muerte y donde el Arsenal, amén de ser un centro Clandestino de Detención más, era también un centro de extermino, en palabras de Figueroa, el Auschwitz tucumano, destino final de cientos de desaparecidos.
Pero la justicia no solo demora las causas hasta pretender hacer olvidar a la ciudadanía el pasado, sino que a los luchadores sociales que persiguen todavía el doble principio de Verdad y Justicia se los intenta apartar del camino por medio de la cooptación, al mejor estilo Kirchner o bien por medio del amedrentamiento, las amenazas y los aprietes, como sufrieran algunos abogados y querellantes de Tucumán. El caso más reconocido es el de la propia abogada Laura Figueroa.
1987, el año del regreso del chacal
Pero volvamos atrás en el tiempo para comprender el origen de todo, cómo y cuándo se ha sellado el pacto definitivo de impunidad y como la transición alfonsinista consiguió traicionar todos los planteos de las organizaciones de derechos humanos, echando al traste las pocas conquistas del movimiento. Al enviar a la papelera de reciclaje el Juicio a las Juntas con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la administración radical encabezada por Raúl Alfonsín, dio vía libre para que un Bussi, no solo no fuera juzgado sino que reapareciera un día de 1987 de la mano del Partido Ultrafascista de Tucumán “Bandera Blanca” y junto a un grotesco personaje de la derecha más rancia y reaccionaria del país, Ezequiel Ávila Gallo. En esa oportunidad los militantes del movimiento de Derechos Humanos de la provincia, e incluso algunos referentes nacionales, reclamaban a los partidos tradicionales (al peronismo y al radicalismo) que le impidieran a Bussi ser candidato a Diputado por el Partido liderado por Ávila Gallo. Los dirigentes radicales y peronistas subestimaron el potencial de Bussi y desestimaron las conjeturas de las organizaciones respecto a las posibilidades del represor de triunfar por medio de elecciones “democráticas”. El resultado fue un ascenso meteórico de Bussi hasta conseguir el triunfo en las elecciones para gobernador de la provincia en agosto de 1995. El resultado ya lo conocemos, una lucha permanente de la memoria entre el Estado provincial, esta vez con el genocida en el poder (insistimos en usar la palabra genocida entendiendo que en Argentina si hubo un proceso genocida) y con los organismos de derechos humanos a lo largo de los años noventa resistiendo en las calles. Hoy, las marcas territoriales de aquellos años son claramente visibles en las calles tucumanas.
La desmemoria en la historia reciente
Todo está escondido en la memoria,
refugio de la vida y de la historia.
(León Gieco – La Memoria, del CD Bandidos Rurales)
Mucho se ha reflexionado sobre la memoria y el olvido en la historia de las sociedades que han vivido pasados traumáticos. Quién impone la historia oficial, quién determina los fastos del calendario, quién dispone qué recordar y qué olvidar. Son las cuestiones que nos preocupan a los cientistas sociales, sobre todo a los historiadores, que como en mi caso, la preocupación por hacer visible la historia de las luchas sociales de los años 70 y la resistencia a las distintas dictaduras es tema de permanente estudio. Debo reconocer que si bien puedo ensayar alguna respuesta releyendo los trabajos de la socióloga Elizabeth Jelín, de Emilio Crenzel, Inés Izaguirre o Daniel Feierstein, entre otros, todavía me cuesta encontrar una explicación racional al constante regreso de un personaje siniestro como Bussi en Tucumán o a otros personajes igualmente siniestros como Patti en Buenos Aires. Sin embargo creo que parte de la responsabilidad por no haber sabido contar la historia y no haber sabido instalar estos temas en la sociedad la llevan los intelectuales, que en algunos casos por acción y en otros por omisión, se han convertido en sordos cómplices de los genocidas, sin contar a aquellos que durante la dictadura eran voceros de los represores y luego se travistieron en demócratas de toda la vida. Por suerte los archivos nunca dejan mentir.
Basta volver a Tucumán para comprender de qué estoy hablando. Me he formado en la segunda mitad de los años ’90, cuando Bussi llegaba al poder. En el mismo 1995 yo ingresaba en la carrera de historia y para mi sorpresa no existía (y aún hoy no existe) una asignatura denominada “Historia de Tucumán” y la Historia Argentina terminaba en 1955 con la caída de Perón. El qué había sucedido después del ’55 era cuestión de los estudiantes autodidactas, ávidos por conocer más de nuestra historia reciente. La teoría de los dos demonios no nos satisfacía y necesitábamos comprender la década de los 70 para saber el por qué de la dictadura de 1976. Fue así como en mi caso particular me involucré en el proyecto del documental “El Tucumanazo” en el que narramos la historia de la generación que tras el golpe de Videla, Massera y Agosti sufrió la persecución y la desaparición, y aún antes cuanto se instaló en la provincia el Operativo Independencia bajo el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Comprendiendo que si la academia, por medio de la propia Universidad Nacional, formadora de profesores de historia e historiadores, olvida el pasado reciente de la provincia, ¿no es lógico que el conjunto social no solo olvide si no que periódicamente se vuelque a proyectos de corte netamente autoritarios? ¿Quién le explica a nuestras sociedades qué pasó? ¿Quién educa en historia a los adolescentes, quienes al terminar el colegio no solo desconocen su propia historia, sino que además provienen de familias que tampoco les han explicado lo sucedido? El ensordecedor silencio de la academia le ha convertido en cómplice involuntaria de los ascensos del bussismo en Tucumán. La impunidad ha quedado resguardada también los claustros universitarios. Por suerte en los últimos años son las jóvenes generaciones de historiadores quienes comienzan a revisar la historia reciente de la provincia y a poner en evidencia quién fue Bussi y todo lo que esto ha implicado en el atraso estructural de nuestra región.
Epílogo o la necesidad de romper el cerco de la impunidad
Algunos pensarán que mejor dar vuelta la página y mirar hacia adelante. Pero insistimos en que no podemos dar vuelta la página hasta que no cerremos con Verdad y Justicia uno de los capítulos más negros de la historia de este país. No se puede dar vuelta una página en blanco, porque de lo contrario la historia volverá a repetirse. Suena a cliché, pero es tan cierto el refranero popular que dice que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Y ya tuvimos una repetición de Bussi no una sino varias veces en Tucumán. Y cuando digo Bussi también me refiero a la forma que adoptó el autoritarismo en el Noroeste Argentino, con un estilo caudillesco que nos recuerda y mucho a los años en los que la fuerza se imponía sobre la razón. Y hoy, en 2009, y más allá de los discursos pro derechos humanos de algunos políticos que ocupan los cargos de turno, tenemos “la fuerte presencia de la ausencia” de Jorge Julio López. Y es una señal que la impunidad triunfa más allá de pequeñas batallas judiciales. Y vuelvo a Tucumán. Porque si hace unos meses nos preocupábamos por la ausencia por unas horas de un testigo, los amedrentamiento de los represores, dentro y fuera de los tribunales, sigue persistiendo. Debemos entonces romper el cerco de la impunidad. Castigar no solo a los viejos decrépitos y enviarlos a cárceles comunes a que terminen allí sus días, sino a todos los culpables y responsables de los crímenes de genocidio cometidos en nuestro país; debemos señalar a los que por acción o por omisión han mirado y miran a otro lado; debemos pedirles que rindan cuenta los autores intelectuales, los empresarios y distintos personajes de la sociedad civil, que mientras se torturaba y asesinaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga o bien hacían la vista gorda o bien aplaudían al ejército argentino; pero también debemos exigirle a la Iglesia Católica Oficial que rinda cuentas sobre qué han hecho sus sacerdotes mientras muchos de sus miembros eran también perseguidos y asesinados; desde los claustros universitarios debemos profundizar nuestros estudios para determinar qué pasó y desde los despachos jurídicos los abogados deberían emular el ejemplo de los abogados por los derechos humanos y prestar servicio para sentar en el banco de los acusados a los genocidas. Y debemos, hoy más que nunca volver a levantar las banderas históricas del movimiento. La de aparición con vida también, porque mientras Jorge Julio López esté desaparecido, nuestra “democracia” seguirá enferma de impunidad.
Tucumán, diciembre de 2009
