Las recientes actuaciones judiciales que han llevado al cuerpo del
"Seprona" de la Guardia Civil a entrar en casa de las mujeres para
citarlas a declarar, ha generado una situación de indignación, estupor y
alarma social. No sólo porque representa una vulneración de su intimidad,
sino por la criminalización que supone el tratamiento como delincuentes a
mujeres que lo único que han hecho es ejercer un derecho que las asiste:
interrumpir un embarazo no deseado dentro de los supuestos que establece
la ley.
Ante todo, queremos manifestar nuestro total apoyo y solidaridad con estas
mujeres, y con la situación de indefensión y temor que han vivido. Vemos
en la persecución y el atropello que han sufrido un ataque a todas, una
amenaza al derecho a decidir de las mujeres.
Lo ocurrido nos retrotrae a siniestras épocas en las que la libertad
brillaba por su ausencia, y creemos que requiere una respuesta contundente
e inmediata de los distintos poderes públicos para preservar la integridad
de las mujeres.
Estos hechos, así como otras actuaciones judiciales, las amenazas que
sufren las mujeres por parte de las organizaciones anti-elección, las
agresiones tanto físicas como verbales a las y los profesionales de las
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, responden a una violenta
campaña orquestada por sectores ultraconservadores y fundamentalistas
religiosos. No han dudado para ello en utilizar la intimidación, la
violencia, la mentira y el insulto, todo para intentar imponer su modelo
de familia que conculca la libertad de las mujeres y se basa en el control
de su sexualidad.
Esto adquiere mayor gravedad al estar estos grupos apoyados por el
gobierno de la Comunidad de Madrid, que los financia con dinero público y
permite y alienta sus actuaciones. Asimismo el gobierno de la Comunidad se
desentiende de la prestación pública del aborto y obstaculiza de forma
sistemática el trabajo de las clínicas autorizadas para su práctica.
Exigimos a todas las instituciones el respeto a los derechos fundamentales
de las mujeres y que apliquen medidas que los garanticen.
Exigimos al Gobierno y a los partidos políticos un compromiso claro y
decidido para modificar la actual despenalización parcial del aborto, de
modo que deje de estar considerado como delito en el Código Penal,
acabando con la inseguridad jurídica que la ley actual ha generado.
Además, exigimos que la nueva normativa garantice y respete el derecho de
las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, asegurando que
estas interrupciones se realicen de forma normalizada en la red sanitaria
pública.
Exigimos que este cambio vaya acompañado de medidas que garanticen la
educación sexual en los centros escolares y el acceso a los métodos
anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia a cargo de la
Seguridad Social.
Organizaciones feministas de Madrid