La reciente sentencia de la Audiencia Nacional absuelve a los procesados
de las graves acusaciones que pesaban contra ellos, dejando en muy mal
lugar al juez instructor y a la guardia civil, que construyeron supuestas
pruebas con el único fin de clausurar el periódico.
Han transcurrido 7 años en los que los procesados han sufrido torturas,
años de cárcel, acusaciones infundadas, cuantiosas pérdidas económicas.
Los trabajadores del diario perdieron su puesto de trabajo, y la sociedad
vasca se vio privada del derecho a recibir información en su propia
lengua. Desde aquí exigimos la reparación e indemnización por todos los
daños causados por los poderes públicos y que las personas que aplicaron
de forma ilegal una legislación ya de por sí injusta asuman sus
responsabilidades.
La sentencia desautoriza a la Delegación del Gobierno en Madrid, que
prohibió una manifestación con el lema "Por la libertad de expresión,
contra el cierre del diario Egunkaria" por considerar que tenía un fin
ilícito, y también al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratificó
dicha prohibición. Ambas instituciones deben reconocer con claridad el
grave error cometido y el daño causado a los convocantes, incluyendo los
costes del recurso, o en caso contrario dimitir.
Triste papel, por ser benévolos, el ejercido por la mayoría de los
responsables de crear opinión pública, que han condenado durante estos 7
años sin esperar el fallo del tribunal, y que criminalizan toda muestra de
solidaridad, en particular hacia la lucha del pueblo vasco. Pero no
parecen darse por aludidos, ya que, de nuevo, en operaciones realizadas
estos mismos días, vuelven a asumir como única versión y verdadera la que
ofrecen los cuerpos policiales, conculcando la presunción de inocencia de
las personas afectadas.
Porque nos preocupa lo que pasa a nuestro alrededor y porque a todas y
todos nos afecta el recorte de las libertades, es por lo que hemos querido
contribuir con nuestra movilización al restablecimiento de los derechos
vulnerados, y nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido entre todos.
Pero sabemos que no podemos, que no debemos abandonar la lucha, pues
muchas personas siguen sufriendo las consecuencias directas de estos
atropellos cometidos por unos poderes públicos que, en lugar de estar al
servicio de la ciudadanía, en la mayoría de los casos actúan en defensa de
los intereses de los poderosos, amparando sus injusticias.
La solidaridad entre los pueblos es un deber para todas las personas que
aspiran a un mundo en paz y con justicia social. Las personas y
organizaciones que hemos luchado porque se haga justicia con Egunkaria y
sus procesados, continuaremos luchando por estos valores, allí donde nos
encontremos, y animamos a ello a quienes compartan estas aspiraciones.
Parece que hemos llegado al final (pendiente de posibles recursos) de una
pesadilla que nunca debió dar comienzo. Esperamos que esta sentencia pueda
significar el punto final de una política de represión generalizada que ha
vulnerado no pocos derechos, amparada en el uso y abuso de una legislación
excepcional e injusta. Una legislación que, desarrollada con la excusa de
la lucha anti-terrorista, ha dado lugar, entre otros atropellos
inconstitucionales, a cierres de otros medios de comunicación como Egin,
Egin Irratia y Ardi Beltza, y que se aplica, cada vez más, contra
cualquier brote de disidencia respecto del poder establecido a lo largo y
ancho del Estado español.
Queremos que esta sentencia contribuya también a alumbrar un futuro de
esperanza y de paz, basada en el derecho a los pueblos a decidir su futuro
y a desarrollar su cultura y valores propios.
VIVA LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS
EGUNKARIA AURRERA (ADELANTE)
Plataformas de apoyo a Egunkaria de Zaragoza, Valladolid, Asturias,
Catalunya y Madrid
Abril 2010