Las vecinas, vecinos y comerciantes de los barrios de la periferia de Madrid llevamos varias semanas de lucha para impedir que se implante un Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) que nadie ha pedido y que sólo pretende recaudar dinero para beneficio de unas concesionarias a costa de causar perjuicios a los residentes y pequeños comerciantes de esos barrios.

Ya el pasado 9 de marzo en una gran manifestación conjunta por estas mismas calles, decíamos que nos declaramos favorables a medidas que fomenten el transporte público en la ciudad y reduzcan la utilización del vehículo privado, sobre todo en el centro de una ciudad como Madrid. Entre esas medidas debería figurar la construcción de aparcamientos para residentes, otros disuasorios en la periferia, y políticas de fomento del pequeño comercio de barrio.

En lugar de todo ello, se favorece la construcción de urbanizaciones y grandes superficies comerciales a las que sólo se puede acceder en vehículo privado. Además, el SER que quiere extender el Sr. Gallardón con mentiras y engaños a barrios residenciales y periféricos es, según el propio ayuntamiento, "un sistema rotacional de vehículos que asegure su utilización por todos los ciudadanos". Es decir, se crea un nuevo impuesto a los trabajadores por una actividad que hasta ahora era pública y gratuita. El objetivo de este sistema, en lugar de defender al residente frente al visitante (se reducen las plazas disponibles, ya de por sí insuficientes) es hacer que los vehículos se muevan para generar sustanciosos beneficios a las empresas concesionarias que, curiosamente, son de los amigos del Sr. Calvo y de las grandes constructoras que participan de las faraónicas obras emprendidas por el Sr. Gallardón.

Estas obras de coste extraordinario (ampliación de la M-30, vías rápidas de Carabanchel, pretendido túnel de la M-30 bajo Monforte de Lemos, etc.) no son para mejorar el transporte público en la ciudad, sino para aumentar la capacidad de circulación de vehículos privados, fomentando su uso, destruyendo el medio ambiente y endeudando al municipio de Madrid por varias generaciones. Además, en lugar de incentivar el uso del transporte público, el Ayuntamiento de Madrid eleva las tarifas por encima del coste de la vida. Lo que Gallardón y Calvo están haciendo, disfrazado de un discurso demagógico, es fomentar el uso del vehículo privado y generar beneficios para sus amigos constructores.

La lucha de los vecinos y vecinas de estos barrios de trabajadores ha conseguido paralizar, por ahora, la implantación que se pretendía de este servicio, demostrando, una vez más, que con la lucha podemos frenar los atropellos que nos quieren imponer. Y estamos dispuestos a resistir hasta el final, hasta que retiren definitivamente estos parquímetros de nuestras calles.

Las últimas semanas nuestros barrios han aparecido literalmente tomados por la policía (nacional y municipal, incluso con unidades camufladas), tratando así de criminalizar una protesta legítima y democrática. El Sr. Calvo está utilizando la represión y la venganza para imponer una medida injusta e impopular. Denunciamos que se tengan inmovilizados decenas de vehículos y patrullas para la vigilancia de bienes privados (los parquímetros), en detrimento de las funciones de seguridad ciudadana y movilidad, propias de la policía municipal. Los madrileños no nos merecemos este despilfarro de recursos y apelamos a la dignidad de unos agentes cuyas funciones están siendo degradadas por esta política represiva del equipo de gobierno del alcalde Ruiz Gallardón. Al igual que el pasado 9 de marzo, a los barrios de trabajadores a los que quieren imponer esta medida injusta, se han sumado cientos de vecinos y comerciantes de otros barrios, tanto de zonas más céntricas como, sobre todo, de la periferia, que saben que serán los siguientes en verse afectados por esta voraz política recaudatoria y privatizadora. Nos sentimos permanentemente olvidados por unas autoridades centralistas que recortan las inversiones que son necesarias para atender a una población de la que sólo se acuerdan para sacar dinero.

Pero además se han sumado a nuestra lucha otros sectores sociales madrileños, que consideran justas nuestras reivindicaciones y con los que compartimos plenamente el rechazo a la prepotencia como método de administrar los asuntos públicos que afectan a la ciudadanía.

30 años después de la histórica concentración vecinal de la calle Preciados, las vecinas, vecinos, comerciantes y otros sectores populares de Madrid hemos vuelto a ocupar esa emblemática calle madrileña para poner freno, tanto ayer, en situación pre-democrática, como hoy, a la prepotencia de unos gobernantes autoritarios.

Los colectivos representativos de los vecinos que durante las últimas semanas estamos luchando contra la implantación de este sistema en nuestros barrios, apoyados por los vecinos y comerciantes de otras zonas y los sectores sociales antes mencionados exigimos lo siguiente: