Abril, 2006
La vida política en el Estado español se desarrolla entre el propósito del PSOE de articular un bloque político y social para la gobernabilidad alternativo al dominante entre 1996 y 2004 y la voluntad del PP de prolongar el estado de crispación que alimenta desde el momento mismo de conocer los resultados electorales del 14M del 2004. La dirección del PP y el coro de obispos, dirigentes empresariales, poderes mediáticos y funcionarios civiles y militares que les secundan no cejan en su acoso contra todas y cada una -hasta las más nimias- de las iniciativas gubernamentales. Hasta el momento, la respuesta del Gobierno ha consistido en una gestión en frío de los sucesivos conflictos (investigación de los atentados, LOE, matrimonios homosexuales, Estatuto Catalán, proceso de paz en Euzkadi), confiando en la imposibilidad de mantenimiento de la estrategia de la tensión para la dirección del PP.
Si se mira en términos de intención de voto, no parece que el desgaste sufrido por el PP haya sido excesivo. La situación de empate técnico se prolonga desde hace un par de meses pero la dirección del PSOE (¿toda?) parece confiada en los saludables efectos que se derivarán del anuncio de tregua permanente junto a la continuación de la favorable coyuntura económica para, consumado el pacto con CIU, revalidar el apoyo del electorado en el 2008. Mientras en política económica sigue el inequívoco rumbo neoliberal impreso por Solbes desde 1994, indicando los límites del republicanismo de Zapatero y lo pintoresco de su Ministro de trabajo calificando la ley de dependencia como una auténtica revolución social.
La remodelación del gobierno, con el cese de Bono y la designación de Rubalcaba como ministro de interior y Alonso de Defensa, apunta a que -una vez cerrado el acuerdo de la reforma estatutaria de Cataluña- el nuevo escenario político en Euskadi será el eje central de la segunda parte de la legislatura. El desarrollo del proceso abierto con el alto el fuego de ETA presenta diversas incertidumbres, especialmente en relación a la situación de Batasuna; una organización actualmente ilegalizada cuya participación en las futuras negociaciones constituye, sin embargo, un elemento imprescindible para la viabilidad de todo el proceso.
Otro frente abierto para el gobierno era el de la nueva reforma laboral cuya negociación se ha alargado de que tenía previsto y que probablemente se cerrará en breve con el acuerdo de los agentes sociales mayoritarios. La negociación de la reforma se ha centrado en algunas cuestiones como la regulación de los contratos indefinidos, e luso de los contratos temporales en las contratas y subcontratas, la responsabilidad empresarial en la cadena de subcontratación o la modificación de las causas y procedimientos de los despidos.
La postura intransigente de la patronal, reacia a firmar cualquier pacto que no pasara por la eliminación de los costes económicos y al tutela judicial de los despidos, y la posición del gobierno y UGT -que han presionado para cerrar la negociación como sea- han decantado finalmente a la aceptación del acuerdo por parte de CCOO cuya dirección ha privilegiado una vez más, el mantenimiento de la "sagrada" unidad de la acción sindical sobre cualquier otra consideración. La reforma laboral inicidirá finalmente según ha anunciado el propio gobierno, en aspectos como la ampliación de los colectivos a los que se puede hacer el contrato de fomento del empleo, que tiene una indemnización por despido de 33 días por año; la ampliación del período de cobro de las bonificaciones que reciben los empresarios: una rebaja de las cotizaciones por desempleo de todos los trabajadores fijos.
La lectura hecha por la dirección del PSOE del mandato del 14M del 2004 alimenta esta su gestión en frío de los conflictos con una derecha en extremo beligerante. Más allá del talante personal de Zapatero, es posible encontrar una línea de continuidad histórica con la gestión de su antecesor en el período 1982-1996. Estos días se han comparado ambas situaciones pero no se ha destacado suficiente la forma en la que ambas experiencias de gobierno han sido feudatarias de una generalizada voluntad de cambio político, administradas al servicio de sendos proyectos de modernización e inserción en el capitalismo globalizado.
En las sucesivas crisis del siglo XX en España, el PSOE ha estado presente. Como partido, es tal vez el único testigo de importancia en todas ellas. El balance que de las mismas ha sacado su dirección, renovada tras la restauración del régimen parlamentario, parece le hubiera llevado a una conclusión por encima de las demás: la imperiosa necesidad de excluir al pueblo del centro de los acontecimientos históricos, de relegarle a espectador pasivo de los mismos, todo lo más refrendando las orientaciones emanadas del estado y los partidos. Acaso irreversiblemente traumado por la crisis de 1931-1936, ha incorporado como primer axioma de su sentido común colectivo que la confrontación social fatalmente se salda siempre en perjuicio de los de abajo. Y han entronizado el voto como la ocasión en la que los de abajo, ciudadanos por un día, pueden intentar imponer la razón de su numero para equilibrar ó contrarrestar a través de las instituciones, el poder de los de arriba cotidianamente ejercido. La consecuencia ha sido la creación de una forma de concebir la política, de toda una "antropología política" de marcado carácter institucionalista, en la que se ha dejado la llamada sociedad civil, esto es, el espacio en donde se materializan los conflictos de clase, género, poder, etc al libre juego del mercado -esto es, al arbitrio de una relación de fuerzas absolutamente desequilibrada a favor de los poderosos-. Mientras que la derecha política y social ha recuperado el gusto por la calle y practican una suerte de campechanería vitalista con parentescos inequívocamente fascistas, la izquierda institucional se va haciendo cada vez más reticente y temerosa del pulso callejero, cada vez más pálida y encogida detrás de la protección institucional.
La dirección del PSOE parece convencida de que atesoran mejores títulos que la del PP para conducir la transición del modelo castizo de capitalismo español (construcción, consumo interno) a otro más acorde con los objetivos de la Agenda de Lisboa del 2000 más competitivo, y con menos déficit exterior, con más peso de la I+D+i y menos de la construcción, con la mejora del capital humano. Así lo ha intentado consagrar el gurú económico de la Moncloa Miguel de Sebastián en el Programa Nacional de Reformas para el periodo 2005-2010.
En el seno de la UE pasadas los primeros fervores junto a Francia y Alemania, España se ha alineado e las posiciones más liberales, por ejemplo en la Directiva de liberalización de aranceles portuarios ó en la Directiva Bolkestein ansiosa como está de encontrar oportunidades de negocio para las grandes corporaciones españolas de la construcción, estas últimas a la cabeza en el negocio de la construcción y gestión de infraestructuras en régimen concesional.
Combinando así su condición de partido de los derechos civiles de la tolerancia con su pretensión de ser el partido moderno del capital (la secreta y gran aspiración de González desde comienzos de la transición), el PSOE evita el enfrentamiento civil con las huestes reaccionarias enloquecidas por los panfletos sediciosos de los medios afines al PP.
Y así, de forma sorprendente después del fracaso del proyecto capitalista de TLC y en pleno empantanamiento de las perspectivas capitalistas globalizadas, la escena política española parece obligada ó condenada a elegir entre dos escenarios o modalidades de política neoliberal ambos aquejados por graves signos de incertidumbres de carácter estructural como la excesiva dependencia energética de la economía española, el agotamiento de la industria turística ó de las amenazas derivadas del déficit crónico de recursos hídricos.
El acuerdo parlamentario mediante el que se ha cerrado la reforma del Estatuto Catalán ha despejado cualquier duda sobre la política de alianzas del gobierno, abocando a la izquierda nacionalista catalana a la disyuntiva de elegir entre sus reivindicaciones en materia territorial y la participación institucional en un gobierno tripartito cuyos días de existencia parecen cada vez más contados. Y los cientos de miles que movimos la situación en la segunda legislatura del PP, los del Prestige, los de la Huelga General, los de las movilizaciones contra la guerra lamentando permanentemente la ausencia de una opción propia anticapitalista, radicalmente democrática, radicalmente ecológica.
Alimentados por la rebelión de las banlieures primero y por el rechazo al CPE de Villepin ahora, en Francia bullen las discusiones en torno a la formación de un frente antineoliberal que recoja la fuerza social del NO al TCE y dejara una salida a las crisis recurrentes de la Vieja República. Se podrá criticar por mimetismo la invocación del país vecino y añadir además que aquí el TCE fue aprobado por el electorado. En cuanto a éste último baste con recordar como este referéndum, como en su día el de la OTAN, ha conseguido ser planteado por el PSOE como la disyuntiva entre Europa y la "España negra". En todos los momentos instituyentes desde 1975, la posición del PSOE ha decantado a la mayoría social en la dirección del capitalismo global.
Y en cuanto al mimetismo no hay tal, sino una necesidad objetiva que se expresa desde hace años en el hecho por ejemplo de que pequeños grupos de izquierda, varios de ellos a punto de la desaparición, hayan cosechado en las últimas elecciones apoyos superiores al 10% del electorado en Francia. Y que se expresa, sobre todo, en el resurgir de los debates sobre el socialismo, especialmente en América Latina.
El encuentro celebrado a primeros de abril en Madrid es sintomático de las potencialidades y carencias que animan en estos momentos a los movimientos sociales. Entre los aspectos positivos destaca un programa de actividades amplio y diverso, en el que abordaron temas tan dispares como la precariedad laboral , la privatización de los servicios públicos, la importancia creciente de las multinacionales españolas, las alternativas al modelo de ciudad dominante, o los debates sobre inmigración, racismo y género. Asimismo, se abordó la criminalización de los movimientos sociales, incidiendo particularmente en el desarrollo del macroproceso 18/98 que se está celebrando actualmente en la Audiencia nacional.
La escasa presencia de ciudadanas/os ajenas/os a las propias redes convocantes constituye una de las falencias más significativas del encuentro, que pone de manifiesto la "vuelta a la normalidad" tras el último ciclo de movilizaciones masivas. Por otra parte, el encuentro se nutrió fundamental de organizaciones y grupos procedentes del espectro de la izquierda plural, con una escasa participación de colectivos más radicales del ámbito comunista y la práctica ausencia del movimiento libertario. A ello se suma el insólito despliegue de grupúsculos relacionados con la secta humanista, que no encontraron límite alguno por no haberse fijados criterios de mínima tolerancia ética y política.
Las políticas neoliberales han sido ampliamente experimentadas en nuestro país y en la UE. Su continuidad no se explica por su éxito sino por la presión de las grandes corporaciones y por la incapacidad de los dirigentes políticos de imaginar escenarios distintos. El avance hacía la colonización del todo social por el mercado no va a solucionar los peores problemas de las sociedades europeas pero puede permitir una cierta recuperación en las tasas de acumulación y ganancia del capitalismo europeo.
En España la pugna entre las distintas fracciones del capitalismo es sorda pero despiadada. Y está por ver la necesidad de que el movimiento anticapitalista tome partido. Gas Natural no es mejor que Endesa ni Ferrovial mejor que ACS (por más que con unas el PSOE puede salir más fortalecido que con otras). No hay escenarios verdaderamente alternativos para los de abajo resultantes de la hegemonía de unos ó de otros. Cada vez más unos y otros determinan el rumbo de la política económica del Estado (y, a través de las organizaciones empresariales europeas como UNICE y la de la UE) marcando los límites de la "autonomía relativa del Estado" cada vez más Estado del capital ó Estado-capital.
Estas tres décadas pasadas desde la muerte de Franco han visto el desarrollo de un auténtico capitalismo en nuestro país, del proyecto capitalista consagrado en la Constitución del 78, en la adhesión a la UE y a la OTAN, en los Tratados de Maastricht y Ámsterdam.
Un número indeterminado pero amplio de ciudadanas y ciudadanos del Estado español nos identificamos, por el contrario, con otro proyecto de sociedad y necesitamos un instrumento político que conduzca nuestros anhelos y nuestras voluntades, consiguiendo el peso que les corresponde para la organización futura de la convivencia social.