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Ley de “seguridad ciudadana”, negocio estatal y mafia policial.

by C.N.A. on agosto 1st, 2014

El 11 de julio aprobaron el anteproyecto de la ley de “inseguridad ciudadana”, uno de cuyos motes es “ley mordaza”. Ante todo, os recomendamos que actuéis antes de que la impunidad policial-estatal vaya aún a peor. Y lo primero antes de actuar, es conocer, así que os recomendamos echéis un rato aquí. Recordamos: la lucha es el único camino.

Hemos recibido un aluvión de información de una fuente muy poco común: un empresario. Nos encantaría compartirla aquí con vosotr@s, pero antes deberíamos realizar una amplia consulta, con lo cual, os vamos a realizar un minúsculo resumen telegráfico, no podemos, de momento, pasar de ahí. Después, pasamos al tema de la ley de “seguridad ciudadana”.

Secretas en Málaga que campan a sus anchas por los lugares de ocio, denunciando a cualquier persona que vean consumiendo cualquier droga, aún sin estar de servicio. Las incautaciones de dichas drogas, se las consumen posteriormente. La denuncia, la tramitan.

La expresión del empresario, cuyos amigos son estos “seres”, es: “Esta gente se pone cachonda jodiendo a quien pueden”. Un día les salió el tiro por la culata. Episodio de violencia de género. En una ciudad de Castilla León, los secretas malagueños, de treinta y pocos años, contemplan un episodio en el cual un corpulento “señor” agrede a su pareja. Con el objetivo de multar y agredir al “señor”, los secretas malagueños se aproximan al agresor, con su maravillosa placa, “muy cachondos ellos”. Desagradable sorpresa: el corpulento agresor muestra una placa similar. Es un superior. Como diría Rajoy, fin de la cita. Por supuesto, con la impunidad del agresor.

Los cupos de denuncias represivo-recaudatorias también sería un tema a tratar. Sin embargo, no hace muchas fechas, la “benemérita” tuvo un bajón. ¿Por qué no estaban jodiendo a la gente en las carreteras? Estuvieron un tiempo sin disponer de boquillas…

Ahora información cuya fuente es la prensa burguesa. La actual ley orgánica 1/92 sobre “Protección de Seguridad Ciudadana”, considera una «infracción grave» el consumo de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos aunque no estuviera destinado al tráfico de estupefacientes, y aunque realmente el consumo sólo afecte a la salud de quien consume. El ministerio del interior, según datos recabados en este organismo, remitió 7.108 sanciones por consumo o tenencia ilícita de drogas el pasado año en Granada y su provincia, lo cual supone multas por valor superior a los dos millones de euros. El cálculo está hecho sobre la cantidad de dinero mínima que supone este tipo de multas cuya cuantía oscila entre los 301 euros y los 30.050 en función de parámetros como el lugar donde se coge al infractor, la cantidad y el tipo de drogas.

La proximidad a un lugar donde haya menores –parques, institutos o colegios de enseñanza– aumenta la cuantía de la sanción, así como si en lugar de una droga blanda como el cannabis es un estupefaciente como cocaína, heroína o ‘speed’, por citar solo los más conocidos. La guardia civil denunció durante 2013 a trece jóvenes por tenencia o consumo de drogas en puertas o aledaños de institutos de enseñanza secundaria. En la práctica totalidad de las ocasiones se trataba de sustancias vinculadas al hachís y la marihuana, incautadas en cantidades ínfimas. La policía nazional presenta una media de 300 a 400 propuestas de sanción por consumo de drogas en la vía pública cada mes, hablamos en todo momento sólo de Granada.

La mayoría de las infracciones son por consumo o tenencia de cannabis y un mínimo porcentaje, (que no ha sido especificado por las fuentes represivas consultadas por la prensa burguesa, que no suele tener dificultad para acceder a estas cuestiones) se refiere a tenencia de cocaína y drogas de diseño principalmente.

771 personas denunciadas decidieron cambiar la multa por una terapia para evitar el consumo de drogas. Para recibir ese tratamiento en lugar de pagar los 301 euros de sanción administrativa lo primero que tiene que hacer la persona multada es demostrar que es un consumidor habitual de esa sustancia. Para eso tienen que ir al “Centro Provincial de Drogodependencias” y pedir una cita. El centro hace un justificante de esa cita, y el paciente debe de auto declararse consumidor habitual. Con esa cita, acude a la subdelegación del gobierno y se le suspende temporalmente la sanción. A los seis meses, la subdelegación pide un informe al centro que ha de acreditar que la persona en cuestión ha hecho el tratamiento, y es entonces cuando definitivamente se le retira la sanción.

A todos los que participan en las terapias se les suministra una información  de la sustancia que están consumiendo. El cannabis es una droga menor, pero es una droga con efectos nocivos para la salud, según “los expertos”, y puede generar desde daños pulmonares hasta episodios psicóticos, sobre todo, en adolescentes.

En los seis meses que dura la terapia, se hacen pruebas de orina para comprobar que no se ha fumado. El cannabis permanece en la orina hasta más de 20 días, es diferente a otras sustancias, que no dejan rastro a los cinco días.

La subdelegación del gobierno dice que “no dispone de datos sobre lo recaudado por motivo de estas sanciones” ya que es hacienda la responsable del cobro de las mismas, que siempre se puede pagar en dos plazos. «Cada vez hay más gente que decide recurrir estas sanciones y hasta que no es firme no se remite para su cobro», apuntan con penilla desde la subdelegación del gobierno a su prensa cortesana.

La próxima ley de “seguridad ciudadana”, endurecerá las penas por el “consumo de estupefacientes en la vía pública”.Las “infracciones graves”, como la tenencia de pocas dosis o su consumo, se castigarán con un mínimo de 600 euros, aunque dentro de la gravedad habría subtipos, “más baratos”. Entre toda la asquerosidad que es esta ley ultrarrepresiva, la vigente y la futura (si no lo impedimos), como siempre, la ideología que subyace (además de perpetuar la dictadura capitalista) es el dinero.

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