La represión contra el Consejo Indígena Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magón" se sufre constantemente desde en las comunidades hasta en la casa del CIPO-RFM en la ciudad de Oaxaca. Nos reprime el gobierno, los grupos armados, los policías, el ejército, pistoleros pagados, presidentes y agentes municipales aliados con el gobierno por exigir justicia por las ordenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros, resolución de conflictos agrarios, vivienda.
La represión la sufrimos de distinta manera, desde la intimidación de los policías y soldados yendo a nuestras comunidades, al andar en la ciudad y como ya nos identifican cuando nos encuentran solos nos golpean, nos torturan física y psicológicamente, nos amenazan diciendo que si no dejamos de participar en el CIPO nos van a matar, como ejemplo, en la jornada de lucha del 19 al 21 de noviembre del 2001, para exigir el
cumplimiento de los Acuerdos de
san Andrés, no a la Ley Indígena de Fox y el incumplimiento de las demandas políticas, jurídicas y sociales, ante la Cámara de Diputados se hizo una protesta con pintas de sangre denunciando a Murat, gobernador del estado de Oaxaca, por no respetar los derechos humanos.
El día 20, amenazaron con desalojarnos y para demostrarles que estábamos manifestándonos pacíficamente las mujeres y los niños les regalamos unas flores blancas y no tuvieran motivos para
Integrante de la junta organizadora
desalojarnos. Ya estaba preparado un operativo impresionante de policías antimotines.
Ante toda esta intimidación no nos vencen, logramos todo lo que nos proponemos realizando nuestras actividades políticas, las conferencias de prensa, coordinar las marchas entre otras.
Al ver que no nos vence el gobierno, al ver que no logra intimidarnos a pesar de sus múltiples amenazas e intimidaciones, se enojan más e inician a investigar la vida privada de los compañeros y las compañeras que coordinan las actividades, para después demandarlos e intimidarlos en el lugar donde nos encuentren. Tal es el caso cuando atacaron 600 paramilitares en la comunidad de San Isidro Aloápam, el 11 de agosto del 2002, cuando llegaron a atacar a nuestras compañeras, los paramilitares comandados por Cayetano López Santiago y Conrado García Cruz.

En todos los casos se hizo saber a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, derechos humanos nacionales e internacionales entre ellas la Organización de Naciones Unidas. (ve «LA BRONCA DE LAS TIERRAS»).
En el caso de Tanetze de Zaragoza, el delito es detención arbitraria, tortura psicológica y ejercicio indebido de la función publica a 46 compañeros por defender el proyecto comunitario de autotransportes. Los secuestraron y los amenazaron de que los matarían y los golpearon constantemente, que si no dejaban de trastocar intereses del gobierno cada 24 horas, cuando se apagaran las luces y sonaran las campanas,
estarán matando a uno por uno. Se hicieron las denuncias correspondientes a la Comisión Estatal
de Derechos Humanos y a la Procuraduría General
de Justicia, pero esta institución desapareció la
: denuncia presentada por nuestros compañeros. Se
realizó la Jornada de Lucha de Mujeres del 8 al 12
: de mayo del 2002, con la participación de 800
compañeras, exigiendo castigo a responsables del secuestro y tortura psicológica a nuestros compañeros, campaña de denuncia a nivel nacional e internacional entre otras.
A raíz de múltiples actividades se logra la Recomendación Estatal de Derechos Humanos 15/2002 sobre detención arbitraria, tortura psicológica y ejercicio indebido de la función publica,
el día 5 de junio enviándolo a la Procuraduría para que procediera. Se logró la detención del jefe paramilitar Jacobo Chávez Yescas, deteniéndolo por abuso de autoridad. Era muy obvio que no cumplirían con la recomendación ya que este señor es el enviado especial del gobierno para controlar la zona de la sierra. Hasta el momento dicha recomendación no ha sido cumplida. (Ve «TRADICIONES DE LUCHA»)
Siempre cuando se le detiene a un compañero o compañera del CIPO-RFM lo hacen de la misma manera: emboscarnos, nos secuestran y matan; las amenazas de muerte es más continua. Por vía telefónica o por escrito, el gobierno se encarga de investigar donde vivimos y lo dejan en nuestras casas, entran a nuestras casas a robarse materiales de información sobre el CIPO-RFM, a pesar de las denuncias y con pruebas que hemos presentado en Derechos Humanos, ante el Ministerio Público para que se aplique la justicia. Ellos mismos son los que archivan estas denuncias o los desaparecen.
La única manera que hemos podido hacer para contrarrestar la- injusticia es por la fuerza de la organización y con el apoyo internacional. Hemos logrado también destituir a Ministerios Públicos de su cargo, a un funcionario que se aplicara una sanción administrativa por desaparecer la denuncia presentada por nuestros compañeros cuando los secuestraron y torturaron en la sierra norte. Pero sólo eso, ya que no hemos logrado que se castigue a los paramililitares o destituir funcionarios mayores que dan las órdenes.
Lamentablemente, en todos los casos los medios de comunicación no dicen la verdad. Por todas las condiciones ya expuestas que imperan en el estado, tememos por la vida de cada uno de los integrantes de nuestra organización, ya que el estado a agudizado en últimas fechas la represión
contra los movimientos sociales, pero en particular en contra de nuestra organización ya que las amenazas de muerte continúan, así como los intentos de detención a nuestros compañeros representantes.
Sabemos perfectamente que a través de una lucha muy larga se logra que se aplique la justicia, es por eso que a pesar de muchos atropellos, no nos vencerán.

 

 

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