La
represión contra el Consejo Indígena
Popular de Oaxaca "Ricardo Flores Magón" se sufre constantemente
desde en las comunidades hasta en la casa del CIPO-RFM en la ciudad de Oaxaca.
Nos reprime el gobierno, los grupos armados, los policías, el ejército,
pistoleros pagados, presidentes y agentes municipales aliados con el gobierno
por exigir justicia por las ordenes de aprehensión en contra de nuestros
compañeros, resolución de conflictos agrarios, vivienda.
La represión la sufrimos de distinta manera, desde la intimidación
de los policías y soldados yendo a nuestras comunidades, al andar en
la ciudad y como ya nos identifican cuando nos encuentran solos nos golpean,
nos torturan física y psicológicamente, nos amenazan diciendo
que si no dejamos de participar en el CIPO nos van a matar, como ejemplo,
en la jornada de lucha del 19 al 21 de noviembre del 2001, para exigir el
cumplimiento de los Acuerdos de
san Andrés, no a la Ley Indígena de Fox y el incumplimiento
de las demandas políticas, jurídicas y sociales, ante la Cámara
de Diputados se hizo una protesta con pintas de sangre denunciando a Murat,
gobernador del estado de Oaxaca, por no respetar los derechos humanos.
El día 20, amenazaron con desalojarnos y para demostrarles que estábamos
manifestándonos pacíficamente las mujeres y los niños
les regalamos unas flores blancas y no tuvieran motivos para
Integrante de la junta organizadora
desalojarnos. Ya estaba preparado un operativo impresionante de policías
antimotines.
Ante toda esta intimidación no nos vencen, logramos todo lo que nos
proponemos realizando nuestras actividades políticas, las conferencias
de prensa, coordinar las marchas entre otras.
Al ver que no nos vence el gobierno, al ver que no logra intimidarnos a pesar
de sus múltiples amenazas e intimidaciones, se enojan más e
inician a investigar la vida privada de los compañeros y las compañeras
que coordinan las actividades, para después demandarlos e intimidarlos
en el lugar donde nos encuentren. Tal es el caso cuando atacaron 600 paramilitares
en la comunidad de San Isidro Aloápam, el 11 de agosto del 2002, cuando
llegaron a atacar a nuestras compañeras, los paramilitares comandados
por Cayetano López Santiago y Conrado García Cruz.
En
todos los casos se hizo saber a la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
organizaciones no gubernamentales, derechos humanos nacionales e internacionales
entre ellas la Organización de Naciones Unidas. (ve «LA BRONCA
DE LAS TIERRAS»).
En el caso de Tanetze de Zaragoza, el delito es detención arbitraria,
tortura psicológica y ejercicio indebido de la función publica
a 46 compañeros por defender el proyecto comunitario de autotransportes.
Los secuestraron y los amenazaron de que los matarían y los golpearon
constantemente, que si no dejaban de trastocar intereses del gobierno cada
24 horas, cuando se apagaran las luces y sonaran las campanas,
estarán matando a uno por uno. Se hicieron las denuncias correspondientes
a la Comisión Estatal
de Derechos Humanos y a la Procuraduría General
de Justicia, pero esta institución desapareció la
: denuncia presentada por nuestros compañeros. Se
realizó la Jornada de Lucha de Mujeres del 8 al 12
: de mayo del 2002, con la participación de 800
compañeras, exigiendo castigo a responsables del secuestro y tortura
psicológica a nuestros compañeros, campaña de denuncia
a nivel nacional e internacional entre otras.
A raíz de múltiples actividades se logra la Recomendación
Estatal de Derechos Humanos 15/2002 sobre detención arbitraria, tortura
psicológica y ejercicio indebido de la función publica,
el día 5 de junio enviándolo a la Procuraduría para que
procediera. Se logró la detención del jefe paramilitar Jacobo
Chávez Yescas, deteniéndolo por abuso de autoridad. Era muy
obvio que no cumplirían con la recomendación ya que este señor
es el enviado especial del gobierno para controlar la zona de la sierra. Hasta
el momento dicha recomendación no ha sido cumplida. (Ve «TRADICIONES
DE LUCHA»)
Siempre cuando se le detiene a un compañero o compañera del
CIPO-RFM lo hacen de la misma manera: emboscarnos, nos secuestran y matan;
las amenazas de muerte es más continua. Por vía telefónica
o por escrito, el gobierno se encarga de investigar donde vivimos y lo dejan
en nuestras casas, entran a nuestras casas a robarse materiales de información
sobre el CIPO-RFM, a pesar de las denuncias y con pruebas que hemos presentado
en Derechos Humanos, ante el Ministerio Público para que se aplique
la justicia. Ellos mismos son los que archivan estas denuncias o los desaparecen.
La única manera que hemos podido hacer para contrarrestar la- injusticia
es por la fuerza de la organización y con el apoyo internacional. Hemos
logrado también destituir a Ministerios Públicos de su cargo,
a un funcionario que se aplicara una sanción administrativa por desaparecer
la denuncia presentada por nuestros compañeros cuando los secuestraron
y torturaron en la sierra norte. Pero sólo eso,
ya que no hemos logrado que se castigue a los paramililitares o destituir
funcionarios mayores que dan las órdenes.
Lamentablemente, en todos los casos los medios de comunicación no dicen
la verdad. Por todas las condiciones ya expuestas que imperan en el estado,
tememos por la vida de cada uno de los integrantes de nuestra organización,
ya que el estado a agudizado en últimas fechas la represión
contra los movimientos sociales, pero en particular en contra de nuestra organización
ya que las amenazas de muerte continúan, así como los intentos
de detención a nuestros compañeros representantes.
Sabemos perfectamente que a través de una lucha muy larga se logra
que se aplique la justicia, es por eso que a pesar de muchos atropellos, no
nos vencerán.