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Relaciones Internacionales
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Los tentáculos del imperio: déficit democrático e inmunidad (III) Wilbert van der Zeijden Con contadas excepciones, las bases militares extranjeras operan al margen de los procesos democráticos habituales. Los gobiernos, sean o no democráticos, establecen acuerdos que se caracterizan por la exención de responsabilidades. Así, las autoridades de las bases estadounidenses están autorizadas a desempeñar sus actividades en secreto, y toda pregunta sobre sus prácticas militares, esté dirigida a las propias bases o a los gobiernos locales y nacionales, choca irremediablemente con un muro de silencio o con una nube de confusión. Las actividades de las bases militares estadounidenses, sencillamente, no parecen ser compatibles con el derecho de los ciudadanos a saber qué sucede en sus países. Las normas por las que se rigen las bases estadounidenses suelen disponerse mediante los denominados Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA en inglés), tratados que se negocian de forma bilateral entre el Gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del país de acogida. En muchos casos, los términos concretos del acuerdo son materia reservada pero, por lo general, eximen al personal militar estadounidense de la legislación local vigente en materia de visados, impuestos y jurisdicción penal, y otorgan a las fuerzas extranjeras espacio para actuar al margen de las leyes del país. Aún mayor es el secretismo que rodea el despliegue de armas nucleares estadounidenses en Europa. Según investigaciones recientes, los Estados Unidos siguen teniendo 480 bombas nucleares en seis países europeos: Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y Turquía. Sin embargo, no existen registros oficiales de estos datos, y los gobiernos de los Estados Unidos y los países de acogida se niegan incluso a confirmar o desmentir su existencia. En Gran Bretaña, los activistas en contra del centro de espionaje de Menwith Hill llevan mucho tiempo exigiendo respuestas sobre las actividades estadounidenses en estas instalaciones que, oficialmente, están clasificadas como base de las Fuerzas Aéreas británicas. No obstante, prácticamente todo el personal del centro es estadounidense, y se dedica a controlar las comunicaciones por teléfono e internet de Europa, África septentrional, Oriente Medio y el antiguo bloque soviético. Aunque la base está situada en Gran Bretaña, el Gobierno del país sólo recibe información de ella a través de sus servicios de seguridad; información suministrada a discreción de los Estados Unidos según estimen “necesario”. Las autoridades estadounidenses de la base han intentado utilizar a oficiales de enlace británicos para desalojar el campamento pacifista instalado en las cercanías de la base, distanciándose así de una posible violación del derecho a la protesta. Las iniciativas de activistas de toda Gran Bretaña para obtener respuestas concretas de diputados y ministros del Gobierno no han recibido más que evasivas. Otra base parecida, ubicada en Pine Gap, Australia, en la que se controlan las comunicaciones del hemisferio sur, ha sido también objeto de campañas por parte de ciudadanos australianos que desean saber qué es exactamente lo que su Gobierno está permitiendo hacer al ejército estadounidense y que, de nuevo, han chocado contra un muro de silencio. Filipinas Filipinas acogió dos grandes bases estadounidenses (y varias instalaciones de menor dimensión) hasta 1991, cuando, en respuesta a décadas de oposición popular, el Gobierno filipino decidió no renovar el derecho del ejército estadounidense a operar en el país. Sin embargo, en 1999 –y a pesar de que la opinión pública seguía siendo muy contraria– se firmó un Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA en inglés) entre los Estados Unidos y Filipinas, un tipo de acuerdo SOFA que permite a las fuerzas militares estadounidenses realizar ejercicios militares conjuntos en las Filipinas. Desde entonces, Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses han participado en acciones contrainsurgentes, y las tropas estadounidenses desplegadas en el país están exentas de los trámites legales habituales. Roland Simbulan, destacado activista pacifista que lleva trabajando contra la presencia de las bases militares estadounidenses desde los años ochenta, explica la larga historia de lucha contra la militarización estadounidense del país:
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