Los tentáculos del imperio. (VIII)
Delincuencia e impunidad: Corea

TNI
TNI / CEPRID
18 - IX - 07

En virtud de los Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA en inglés) por los que se rige el establecimiento de bases militares estadounidenses (véase el apartado “Déficit democrático e inmunidad”, página 14), el personal estadounidense está protegido contra toda acción legal, incluso en el caso de los delitos más graves. En determinados casos, los soldados estadounidenses no pueden ser procesados por actos cometidos mientras están de servicio o contra otros empleados militares estadounidenses, mientras que, en otros, están completamente a salvo de todo procesamiento judicial emprendido por el país de acogida, incluso por delitos perpetrados mientras no están de servicio.

En los casos más extremos, como sucede con el SOFA negociado entre los Estados Unidos y Timor Oriental para regular las bases que se están construyendo en este país, se concede al personal militar estadounidense plena inmunidad diplomática ante la justicia local. Esto significa que, haga lo que haga un soldado estadounidense en Timor Oriental, las autoridades nacionales no podrán arrestarlo ni retenerlo, acusarlo de ningún delito, extraditarlo por delitos cometidos en un tercer país ni responsabilizarlo económica o legalmente por asuntos civiles, como sería el pago de la pensión alimenticia para los hijos.

Incluso cuando las condiciones establecidas por un SOFA permiten que los soldados sean juzgados en el país de acogida, como ocurre en Japón, la protección ofrecida puede resultar polémica. Así, aunque los soldados pueden ser procesados, no son entregados a las autoridades japonesas hasta que no se presenta la acusación formal. Esto puede dificultar la investigación de los delitos y el interrogatorio de los sospechosos, y es motivo de controversia en un entorno en que, al parecer, los delitos cometidos por personal y contratistas militares estadounidenses –desde infracciones de tráfico a robos y asesinatos– están aumentando. Las autoridades estadounidenses arguyen, por su parte, que las diferencias entre los tribunales estadounidenses y japoneses (en Japón, por ejemplo, los juicios ante jurado son menos frecuentes) harían imposible esperar que los soldados cumplieran condena allí.

Lo que es motivo de especial preocupación es que muchos de estos acuerdos de protección cubren también a empleados de empresas subcontratadas por el ejército estadounidense. Puede que el ejemplo más notorio de este hecho se revele en el fracaso de las autoridades –estadounidenses o europeas– para llevar ante la justicia a una serie de trabajadores de Dyncorp que, tal como se demostró, participaron en el tráfico de niños y mujeres como esclavos sexuales en Bosnia. Además, muchos acuerdos recientes sobre las bases militares estadounidenses –incluido el tratado con Timor Oriental– han incorporado cláusulas específicas por las que el personal estadounidense no puede ser transferido al Tribunal Penal Internacional, una iniciativa a favor de la protección de los derechos humanos en todo el mundo que el Gobierno estadounidense se ha negado repetidamente a ratificar.

Corea

En noviembre de 2002, un tribunal militar estadounidense emitió un veredicto de inocencia en el caso de dos soldados, un tanquista y un copiloto, que aquel junio habían asesinado a dos jóvenes que se dirigían a una fiesta de cumpleaños. Los soldados fueron enviados a los Estados Unidos inmediatamente después de que se dictara el fallo y el ejército pagó a las familias de las jóvenes una indemnización por responsabilidad civil. Estas absoluciones despertaron protestas en toda Corea, como la ocupación por parte de estudiantes de una base militar estadounidense a la que accedieron cortando las alambradas. La disculpa del presidente Bush poco hizo para apaciguar la indignación de los coreanos, que se vio multiplicada por el rechazo de una solicitud presentada por las autoridades coreanas para que los dos hombres fueran juzgados en los tribunales locales.

El caso de estas dos jóvenes fue el más prominente de los al menos 52.000 delitos que los activistas coreanos afirman que han cometido soldados estadounidenses entre 1967 y 2002.

Según la Campaña nacional por la erradicación de delitos cometidos por tropas estadounidenses en Corea, estos delitos incluyen tiroteos, agresiones, violaciones y asesinatos. Civiles coreanos han sido asesinados por militares estadounidenses por hechos tan menores como fumar demasiado o intervenir en peleas, o por celos de origen sexual.

El asesinato injustificado de coreanos a manos de soldados estadounidenses empezó con la muerte a tiros de dos personas que habían acudido a los muelles de Incheon para dar la bienvenida a la Marina estadounidense, en 1945, pero fue el asesinato en 1992 de una empleada de un bar cercano a una base estadounidense lo que provocó una gran conmoción, sobre todo después de que se conocieran los detalles de la truculenta tortura a la que fue sometida por un soldado estadounidense. Una plataforma de la sociedad civil reunió a un gran número de organizaciones para exigir justicia por la mujer asesinada, Yoon Geumy. Lucharon durante un año para denunciar los términos del SOFA en Corea y para que el soldado en cuestión pudiera ser juzgado en el país. Finalmente, el Tribunal Supremo coreano lo condenó a 15 de años de prisión, aunque los integrantes de la campaña consideraron que se trataba de pena simbólica teniendo en cuenta la extraordinaria violencia del crimen.

La plataforma temporal que surgió a raíz de este caso acabó derivando en la creación de más organizaciones y campañas, que han generado una mayor concienciación sobre las elevadas tasas de delincuencia registradas en torno a las bases estadounidenses, vinculándolas al hecho de que los estadounidenses no deben rendir cuentas tampoco sobre otros problemas derivados de la presencia de las bases, como el que los soldados tengan hijos con mujeres de la zona y la tremenda contaminación medioambiental y los accidentes con agentes químicos tóxicos.

Estas organizaciones han conseguido que se revisen los términos del SOFA y se eliminen algunas de las cláusulas de impunidad concedidas a los soldados estadounidenses, pero siguen movilizándose por los derechos de las víctimas y, en última instancia, por la desaparición de las bases militares estadounidenses en Corea.