CEPRID

Bolivia: acaparadores de tierra se oponen al referendo

Domingo 20 de abril de 2008 por CEPRID

Cedib 20 - IV - 2008

La determinación del tristemente célebre Consejo Nacional Democrático (CONALDE) con el objetivo de continuar impulsando la aprobación de los Estatutos Autonómicos en los departamentos de la “media luna ampliada”, ratifica la tendencia más nefasta y conservadora del “proceso autonómico”, nos referimos al fraccionamiento del país. Al margen de las declaraciones más separatistas o no, que ya son costumbre en todos los encuentros gestionados con el patrocinio del Comité Cívico de Santa Cruz, lo cierto es que a partir del proceso abierto con la Asamblea Constituyente (AC) la tendencia divisionista de la oligarquía boliviana se ha ido afincando cada vez más.

Veamos, todo el accionar de los sectores y partidos opuestos al gobierno de Evo Morales, desde los inicios de la AC, estuvo dirigido a hacer fracasar la misma. Aunque habrá que reconocerles algunas victorias en este campo, lo cierto es que los constituyentes, con muchos tropezones, trabas y amenazas de por medio, entregaron el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado (NCPE).

Independientemente de lo que pensemos del nuevo texto constitucional, es indudable que el sólo hecho de su existencia se ha convertido en una derrota para la oposición y los sectores a los que representa.

Si bien la NCPE incorpora algunas de las más importantes demandas populares, afectando algunos de los “superprivilegios” de la oligarquía, ésta no implica un cambio sustancial de las estructuras de poder y segregación que existen en el país, pero al ser el proceso constituyente una demanda popular, su logro se convierte en una victoria política de los movimientos sociales, inaceptable para los sectores de como por su significado histórico.

En los hechos el objetivo final de los grupos oligárquicos es la retoma del control político del país y esta victoria popular que consolida el avance de los movimientos sociales se convierte en un obstáculo que los ha obligado a endurecer y radicalizar su posición, al punto de no sólo amenazar sino dar pasos serios en dirección a vaciar de contenido al Estado central e incluso dividir el país. Esta radicalización de la postura de la derecha boliviana es, en nuestro criterio, la que cambia sustancialmente la cualidad de la actual confrontación respecto de todos los anteriores enfrentamientos que han tenido lugar en el país. Ya no se trata de hacer fracasar el proceso constituyente, sino de “patear el tablero” para recuperar su hegemonía política plena.

En efecto, los sectores radicalmente más conservadores del país, han pasado de la táctica de la “autonomía al andar” a la táctica de la “autonomía de hecho”, que no significa más que desconocer las determinaciones del Estado central, copar las representaciones estatales regionales y asumir el control y la determinación sobre los recursos naturales, en definitiva, truncar los cambios que denodadamente han venido impulsando los pobres del país, prolongar el sometimiento del país a las transnacionales -ahora a partir de las regiones- y mantener los privilegios de clanes familiares que siempre han controlado Bolivia.

Para lograrlo, su razonamiento y lógica de actuación son bastante sencillos: en el país se hace lo que ellos quieren y los “cambios” sólo se aceptan si sirven para mantener su control del país. No otra cosa desnuda la redacción de Estatutos Autonómicos, al margen de la ley, pero más importante que ello, sin la participación de los sectores empobrecidos del país, es decir, sin la participación de indígenas y trabajadores. Replicando así lo que los dueños y apoderados de este país han hecho a lo largo de la historia, los marginados de siempre no han sido tomados en cuenta ni consultados el momento de redactar los mentados Estatutos.

Otra de las resoluciones del CONALDE, que agrupa en su seno a todos los prefectos y parlamentarios conservadores y neoliberales del país, fue que el único referendo dirimible que van a permitir es el referido a la Capitalía Plena para la ciudad de Sucre así como se negarán rotundamente a un referendo sobre la vigencia o no del latifundio. De manera clara y directa el planteamiento fue dado a conocer por Roberto Ruiz Bass Werner, Senador por Tarija, que fue secundado, como no es de extrañar, por Branco Marincovich actualmente cabeza visible de todos los terratenientes del país.

Dicha declaración no es casual ni mucho menos, simplemente desnuda una de las razones por las cuales han organizado una oposición férrea, dura y mentirosa a todo el proceso constituyente en el país y al gobierno de Evo Morales, a saber: que no quieren perder el control ni la propiedad sobre la tierra en Bolivia, uno de los principales recursos naturales del país y fuente de poder en las regiones.

Como secundando la reacción de la derecha terrateniente en el país muchos analistas y opinadores en los medios de comunicación han señalado que se trata de eliminar la propiedad privada de la tierra. Nada más alejado de la verdad, pues, en la NCPE se ratifica la propiedad privada, individual y colectiva, sobre la tierra y el derecho de sucesión hereditaria. El problema no está ni de lejos en que el proyecto de NCPE quiera colectivizar, socializar o nacionalizar la tierra, el problema está en que los acaparadores de tierra y sus corifeos quieren que la tierra continué concentrándose en manos de los terratenientes (Ver Cuadro Nº 1), aun cuando sea improductiva y contraria a la función económica y social.

Acaparadores de Tierras en Santa Cruz Superficie en hectáreas

Luis Saavedra Bruno 11.074,3950 Familia Saavedra Bruno/Saavedra Tardío 5.054,6973 Total Familia Saavedra Bruno Tardío 16.129,0923 Osvaldo Monasterio Nieme 13.533,3700 Familia Monasterio Nieme 0,0000 Total Familia Monasterio Nieme 13.533,3700 FAMILIA JUSTINIANO RUIZ 43.579,9200 FAMILIA ROIG PACHECO 43.166,2500 RAPP MARTINEZ y OTROS 52.146,6800 JORGE ANTELO URDININEA 57.108,1100 FAMILIA KELLER RAMOS 37.140,6377 FAMILIA CANDIA MEJIA 27.426,5240 FAMILIA CASTRO VILLAZON 26.014,8211 LUIS OVANDO CANDIA 15.863,8212 DANILO ROBERTO FRACARO 19.920,0000 AGROPECUARIA OB S.R.L. 28.172,2200 ELENA SANCHEZ PEÑA 49.950,0000 FAMILIA LARSEN NIELSEN ZURITA 48.839,0000 GUILLERMO BAUER ELSNER 33.094,8239 Total 482.422,8079

Nota: 482 mil hectáreas es igual a 25 veces la extensión de Santa Cruz está en manos de sólo 15 familias y de acuerdo con la información del INRA sólo el 25% de toda esa extensión está saneada.

Para comprender mejor la calidad de dichas actitudes y opiniones veamos en precisión lo que nos plantean las preguntas del referendo dirimidor que textualmente dicen:

1. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de mayoría de la Asamblea Constituyente, para que el artículo 398 de la Nueva Constitución Política del Estado, sea incorporado a la nueva Constitución Política del Estado, con la siguiente redacción:?

"SE PROHIBE EL LATIFUNDIO Y LA DOBLE TITULACIÓN POR SER CONTRARIOS AL INTERES COLECTIVO Y AL DESARROLLO DEL PAÍS. SE ENTIENDE POR LATIFUNDIO LA TENENCIA IMPRODUCTIVA DE LA TIERRA; LA TIERRA QUE NO CUMPLA LA FUNCIÓN ECONOMICA Y SOCIAL; LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA QUE APLICA UN SISTEMA DE SERVIDUMBRE, SEMIESCLAVITUD O ESCLAVITUD EN LA RELACIÓN LABORAL, O LA PROPIEDAD QUE SOBREPASA LA SUPERFICIE MAXIMA ZONIFICADA ESTABLECIDA EN LA LEY. EN NINGUN CASO LA SUPERFICIE MAXIMA PODRA EXCEDER LAS DIEZ MIL HECTAREAS"

2. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de minoría de la Asamblea Constituyente, para que el artículo 398 de la Nueva Constitución Política del Estado, sea incorporado a la nueva Constitución Política del Estado, con la siguiente redacción:?

"SE PROHIBE EL LATIFUNDIO Y LA DOBLE TITULACIÓN POR SER CONTRARIOS AL INTERES COLECTIVO Y AL DESARROLLO DEL PAIS. SE ENTIENDE POR LATIFUNDIO LA TENENCIA IMPRODUCTIVA DE LA TIERRA; LA TIERRA QUE NO CUMPLA LA FUNCIÓN ECONOMICA Y SOCIAL; LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA QUE APLICA UN SISTEMA DE SERVIDUMBRE, SEMIESCLAVITUD O ESCLAVITUD EN LA RELACIÓN LABORAL O LA PROPIEDAD QUE SOBREPASA LA SUPERFICIE MAXIMA ZONIFICADA ESTABLECIDA EN LA LEY. EN NINGUN CASO LA SUPERFICIE MAXIMA PODRA EXCEDER DE CINCO MIL HECTAREAS"

Como podrá desprenderse de la lectura lo que se busca no es eliminar la propiedad privada sobre el recurso natural que analizamos, sino, tal cual hacen las legislaciones más modernas y que nada tienen que ver con socialismo o comunismo, solamente se quiere poner un límite al latifundio. Para tener una idea más precisa del ánimo de acaparamiento que existe en los terratenientes bolivianos, es suficiente tener en cuenta que un estadio de fútbol es equivalente a media hectárea, por lo que si gana la primera opción un terrateniente poseerá el equivalente a 20.000 estadios y si gana la segunda opción la propiedad máxima de la tierra sería equivalente a 10.000 estadios de fútbol.

No fue Marx sino el pensamiento liberal, tanto del siglo XIX como el contemporáneo, que los que proponen que la propiedad privada debe tener los límites que la sociedad y el colectivo necesitan. En esa lógica, ¿en un país donde el 80% de la población vive en condiciones precarias, puede permitirse que sólo 100 familias controlen el 90% de la tierra cultivable? Más aún, ¿puede permitirse dicho acaparamiento de la tierra con fines netamente especulativos y de “engorde” como lo hace la oligarquía boliviana y no para producir y generar empleo dignamente? Por supuesto que no, sin embargo, ese cambio, mínimo en nuestro criterio, es al cual tan sañudamente se oponen los actuales prefectos y dirigentes cívicos de la media luna.


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